El borrador del proyecto de Ley que crea este nuevo "impuesto sobre las transacciones financieras", al que ha tenido acceso
El Confidencial, establece que el impuesto
gravará la adquisición de acciones desde España no sólo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Establecerá un mínimo de capitalización de los valores que estarán sujetos a la tasa, todavía por definir, aunque expertos consultados consideran que al menos incluirá a los miembros del Ibex 35.
También estarán sujetos al gravamen los valores que den derecho a adquirir las acciones, lo que da a entender que se refiere a derechos, opciones y warrants; las operaciones de trading automatizado de alta frecuencia referidas a acciones españolas por cuenta propia cuando superen un porcentaje de la negociación en el día del valor; y la adquisición de CDS (seguros de impago) sobre deuda soberana de un país de la UE si el comprador no posee los bonos que teóricamente va a cubrir, es decir, si está especulando.
Quedan exentas de la tasa las OPV y las ampliaciones de capital -esto es, se aplica sólo al mercado secundario-, la operativa de las cámaras de compensación o de los creadores de mercado, las operaciones entre sociedades del mismo grupo, las cesiones temporales de acciones y la compra de bonos convertibles en acciones.
Los tipos del impuesto tampoco se han definido aún y habrá dos: uno para las compras de acciones y otro para el trading y los CDS. Los expertos consultados consideran que "lo normal es que sea el mismo que se ha establecido en Francia", es decir, el 0,2% del volumen de la operación para las acciones. Los brokers serán los encargados de recaudar el tributo, y deberán hacer declaraciones trimestrales y anuales, como sucede actualmente con el IVA. Hacienda tendrá acceso a los datos de Iberclear para comprobar la veracidad de las declaraciones.
Rajoy adopta una demanda histórica de la izquierda
La Dirección General de Tributos comunicó ayer la medida al principal afectado por la misma, el holding BME (Bolsas y Mercados Españoles) y hoy hará lo propio con las patronales de los bancos y las cajas de ahorros, la AEB y la CECA. Ninguno de ellos ha sido consultado para la elaboración de esta norma, a pesar del importante perjuicio que les puede ocasionar por la huida de los inversores hacia otros mercados más 'amables'.
La 'Tasa Tobin' que va a establecer Mariano Rajoy -llamada por algunos la'Tasa Robin Hood' porque se pretendía que su recaudación sirviera para fines sociales-, es una demanda tradicional de la izquierda e incluso de los grupos antisistema, ya que grava a "los especuladores", culpables a su juicio de la crisis actual. En efecto, el diseño propuesto en España (el borrador puede ser modificado a última hora) castiga en especial a los grandes inversores y a los que utilizan sistemas de trading, aunque también impone el gravamen a los inversores de a pie. Algunos profesionales consideran que será muy difícil imponerlo a los grandes fondos extranjeros y que serán los pequeños inversores los que acaben soportando el grueso del impuesto.
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