Javier Gallego 30/10/2012
La banda más poderosa y letal de la delincuencia organizada de nuestro país sigue actuando. No hablo de la banda terrorista ETA sino de la banca terrorista. Su último crimen lo cometió la semana pasada. Se cobró al menos una víctima mortal por ahorcamiento y otra que fue hospitalizada después de caer de un segundo piso. Lo más lamentable de estos desgraciados hechos es que podrían haber sido evitados por las autoridades pues sus causas fueron advertidas por un grupo de jueces horas antes de producirse los crímenes.
En efecto, el miércoles pasado, siete magistrados presentaron un informe en el que denunciaban las prácticas mafiosas de la banda criminal que rige nuestros destinos. En el citado escrito, se condenaba sin paliativos la “ligereza y mala praxis” con la que esta organización ha extendido durante años créditos hipotecarios sin valorar las posibilidades reales de pago del deudor.
Aunque se presentan al público como empresas respetables y responsables, las células de esta red organizada practican las más antiguas y rastreras formas de usura con el fin de obtener un rápido enriquecimiento y hacerse con una parte del patrimonio inmobiliario del país –como de hecho así ha sido– a un precio muy inferior al del mercado para revenderlo después con beneficios. Un negocio redondo. Perdón, una estafa redonda. No es la única. El informe denuncia también “la comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos”, como las llamadas “participaciones preferentes”, un timo del que han sido víctimas más de 100.00 personas en nuestro país. No llegan ni a 100 las personas que han recuperado su dinero gracias a sentencias judiciales.
Esto es lo más sangrante de todo este sangriento asunto: la banda o “La Banca” (como prefieran) cuenta con el amparo de la ley y de la autoridad para llevar a cabo su cruenta actividad. Como señalan los magistrados en su informe, en los casos de deuda hipotecaria los bancos gozan de una situación de privilegio frente al deudor al que pueden castigar con “un proceso judicial extremadamente agresivo” y más eficaz en su cumplimiento que una sentencia. Este desequilibrio legal entre las partes, a todas luces inconstitucional, se lleva produciendo desde el lejano 1909, año en el que los legisladores establecieron el vigente procedimiento “debido a la presión de los bancos”, según explican los autores del informe.
Como ven, la complicidad del Poder Legislativo con el financiero viene de muy atrás. Lejos de diluirse, los lazos se han estrechado con el tiempo hasta que uno y otro se han hecho indistinguibles. Lo sucedido en los últimos días es una constatación más de esta repulsiva hermandad. Solo unas horas después de que se presentara el informe de los jueces, el órgano político de la Justicia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se desentendió de las conclusiones de este estudio que él mismo había encargado y declinó discutirlas sin dar más explicaciones al respecto. Tendrían prisa por cogerse una de sus Semanas Caribeñas.
Los mandamases de la judicatura no quisieron entrar siquiera a debatir las sugerencias de los magistrados del informe de rescatar a los casos más desesperados como se ha rescatado a los bancos ni de ayudar a las personas que no se han endeudado por haber especulado. Costaría mucho menos rescatar a las personas, según cálculos del director de este medio: 87.000 millones fue el rescate a la banca en 2010, unos 1.600 millones al año serían necesarios para ayudar a las familias en riesgo. Pero los favores se hacen solo a los amigos no a unos pobres desahuciados.
Tampoco han querido contemplar la “dación en pago” obligatoria para las situaciones más dramáticas. No quieren llevarle la contraria al Gobierno al que sirven y que sirve a la banca criminal como también hizo el anterior Ejecutivo. Este ni se planteó la dación, el de ahora solo se ha atrevido a proponerlo como medida voluntaria. La estadística ha demostrado que esa medida populista del Partido Popular apenas se ha aplicado.
Era obvio. Hannibal Lecter no se convierte en Ghandi voluntariamente. Y Hannibal Lecter ha seguido ejecutando porque es el verdadero Ejecutivo de nuestro país como demuestran los 350.000 desahucios desde que empezó la crisis y el aumento del 20,6% en 2012. Por algo le llaman ejecuciones hipotecarias. Algunas lo son literalmente.
El jueves pasado, solo un día después de que la denuncia de unos jueces contra la banca por los desahucios fuese arrojada a la basura por sus superiores, dos hombres arrojaban sus vidas al vacío. El quiosquero José Miguel Domingo se ahorcaba en Granada porque iba a ser desahuciado y Manuel G. se tiraba desde el segundo piso de su vivienda en Burjassot (Valencia) justo antes de que la procuradora llevara a su casa la orden de desahucio. No moría. Está fuera de peligro, dicen las crónicas. Yo no lo creo mientras la banca siga provocando terror y muerte ante la pasividad del Estado.
Ambos son culpables, señoría. A la vista de los hechos, es innegable que estamos ante una red de crimen organizado que engaña, roba y extorsiona económica y moralmente a sus víctimas con la complicidad de una clase dirigente de políticos y jueces que nada hacen para evitar esta sangría. No se sienten responsables porque no aprietan ningún gatillo pero no hay mucha diferencia entre acorralar a un hombre para matarle y acorralarlo hasta hacer que se mate. ETA ha dejado las armas pero no nos hemos librado del terrorismo en nuestro país. Antes gritábamos “basta ya”. Ahora, Stop Desahucios.
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