23 noviembre 2012
Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España
En el artículo anterior (Los gobernantes españoles no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos:http://lewiscarrol.blogspot.com.es/2012/11/los-gobernantes-espanoles-no-tienen.html ) vimos cómo la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas, y analizamos el nulo interés que tiene la Agencia Tributaria en investigar a ese tipo de defraudadores. En este artículo se expone un ejemplo reciente que pone de manifiesto no solo la forma en la que el gobierno protege a los grandes defraudadores, sino también la forma en la que, una vez son descubiertos, el gobierno les ofrece facilidades para que el coste a pagar sea el mínimo posible. Un objetivo paralelo de este artículo es demostrar que no ha importado el color político del gobierno en este tipo de actuación. El gobierno de Rajoy ya ha demostrado notablemente con la última y vergonzosa amnistía fiscal que protege y perdona a los grandes defraudadores. El ejemplo que prosigue hace referencia al gobierno de Zapatero. La constatación de todo ello nos demuestra que ningún gobierno español ha estado por la labor de perseguir a los grandes defraudadores, lo cual nos sugiere la existencia de un problema de raíz en nuestro régimen político y económico y no la de un problema coyuntural.
Una forma muy extendida de cometer fraude fiscal consiste en realizar determinados pagos únicamente con dinero en efectivo, para que así la transacción no deje un rastro que pueda ser descubierto por los inspectores de Hacienda. Las transacciones bancarias, por ejemplo, quedan anotadas en las correspondientes cuentas bancarias, por lo que si se comete alguna irregularidad, Hacienda puede descubrirla leyendo los movimientos realizados en dicha cuenta bancaria.
Estos pagos en efectivo han sido muy frecuentes en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, donde los abultados precios permitían que pasara desapercibido declarar solamente una parte del pago en la compra-venta. La parte que no era declarada es la correspondiente al fraude fiscal, y era satisfecha mediante dinero en efectivo, fundamentalmente a través de billetes de 500 euros por razones evidentes (comodidad en el transporte, mayor disimulo, etc). Tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico, esta práctica fue crecientemente utilizada durante los años de la burbuja inmobiliaria, hasta su estancamiento con el estallido de la crisis.
Los billetes de 500 euros inundaron la economía española de una forma sobresaliente, hasta llegar a suponer hoy día el 67,24% del total del dinero efectivo en circulación en España. Hay tantos billetes de 500 euros en nuestro país que cada ciudadano español debería tener 2,2 billetes si el reparto de los mismos fuera equitativo; o viéndolo de otra manera, una familia media de una pareja y dos hijos debería disponer en efectivo de casi 9 billetes de 500 euros (en metálico en su cartera o en su casa, no en el banco). Esta monumental cantidad nos sirve para hacernos una idea de cuán recurrida ha sido esta forma de fraude fiscal y la enorme suma de dinero que no ha entrado en las arcas del Tesoro.
Pues bien, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda consideró que existían suficientes sospechas como para que fuese investigado este posible fraude fiscal, así que en 2004 pidió a la Agencia Tributaria que iniciara una investigación al respecto. Pero no se hizo ningún caso; lo cual era algo que no podía entenderse teniendo en cuenta la cantidad de indicios que sugerían la existencia de un enorme fraude fiscal. La única explicación coherente a este suceso era que la Agencia Tributaria buscara proteger a los defraudadores, algo que suena verdaderamente extraño si pensamos que es un organismo dedicado a investigar y perseguir el fraude fiscal.
Únicamente con la irrupción de la crisis en 2008, y por lo tanto con la merma de ingresos del Estado, la Agencia Tributaria emprendió materialmente una investigación sobre la tenencia de los billetes de 500 euros. Pero lo hizo de una forma muy peculiar: en vez de abrir una inspección formal (como ocurre con el resto de los mortales que defraudan dinero a Hacienda), se abrió un requerimiento informativo. Esto significa que se les concedía tiempo a las empresas defraudadoras para que ingresaran voluntariamente a Hacienda el dinero que no habían declarado con el importe utilizado en billetes de 500 euros. Es decir, que en vez de ser sancionadas por el delito que habían cometido, a estas empresas se les perdonaba la multa a cambio de que pagaran el dinero defraudado. Sobra decir que este tipo de favores jamás son concedidos al pequeño defraudador que es descubierto cometiendo alguna irregularidad. Al pequeño defraudador se le obliga a pagar lo defraudado y además la multa correspondiente. Pero algún motivo tendrán los dirigentes de la Agencia Tributaria para perdonar y otorgar facilidades a los grandes defraudadores y no a los pequeños defraudadores.
Y es que no se trata de una cuestión baladí. La mayor parte de estas empresas cometieron una falta tributaria muy grave, por la cual deberían haber sido sancionadas pagando el 65,625% de lo defraudado. Puesto que al final la Agencia Tributaria destapó 1.000 millones de euros (entre 2008 y mayo de 2010), estas empresas se ahorraron sanciones por más de 656 millones de euros. Y eso sin tener en cuenta que según los técnicos del Sindicato de Hacienda lo defraudado fue mucho más: 8.200 millones de euros y no 1.000 millones, lo cual implicaría que estas empresas deberían pagar esa cantidad más unos 5.000 millones de euros en concepto de intereses y sanciones. En total, unos 13.200 millones de euros (8200 + 5000); una séptima parte del déficit fiscal español actual.
Estamos hablando de una cantidad de dinero que ha sido perdonada a estas grandes empresas defraudadoras. Esto es absolutamente intolerable por dos motivos: el primero es que los gobiernos españoles andan perdonando a los grandes delincuentes fiscales saltándose a la torera la legislación vigente; el segundo es que mientras perdonan a estos delincuentes dejan de ingresar una cantidad de dinero que vendría muy bien a un Estado que actualmente está recortando salarios, educación, sanidad y prestaciones de todo tipo empeorando las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Es el mundo al revés, donde los ricos estafadores son perdonados y agasajados, mientras el resto de la población es condenada a pagar una crisis con la que muy poco han tenido que ver. Quien siga creyendo que este sistema es democrático, debería ir pensando en revisar su concepto de democracia.
Saque de esquina
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Vía:http://www.attac.es/2012/11/23/ejemplo-reciente-de-como-el-gobierno-espanol-protege-y-perdona-a-los-grandes-defraudadores-fiscales/
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