Albert Sales e Inés Marco
4 noviembre 2012
El 8 de octubre empezó a funcionar el MEDE (Mecanismo Europeo De Estabilidad), una nueva institución financiera intergubernamental que tiene como objetivo garantizar la solvencia de los estados miembro facilitándoles crédito y asumiendo las funciones hasta ahora desempeñadas por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. La creación del MEDE ha sido posible gracias a la modificación del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se llevo a cabo en 2011 para “salvaguardar la estabilidad de la zona euro” e introducir “condiciones estrictas” para los beneficiarios de la ayuda financiera.
El MEDE debe convertirse en una especie de Fondo Monetario Internacional para los estados miembros de la UE. La capacidad de crédito inicial prevista es de 700.000 millones de euros, de los cuales 80.000 procederán de la aportaciones directas de los estados y el resto se alcanzaran mediante capital “movilizable” y garantías, es decir, comprometiendo futuras cuotas de los países antes de haberlas ingresado. Las explicaciones técnicas sobre la capacidad de crédito del MEDE son, como es habitual en estos casos, auténticos jeroglíficos para la ciudadanía. Ni la información resulta de fácil acceso, ni es comprensible para la gran mayoría de personas que acabaran sufriendo las consecuencias del funcionamiento de esta institución, ni el tema tiene la relevancia mediática que merece, atendiendo al atentado contra el funcionamiento de las instituciones democráticas que supone el articulado del tratado fundacional del MEDE.
El único debate sobre el MEDE que ha tenido cierta repercusión ha sido el rechazo de Alemania a la propuesta inicial de que esta institución pudiera requerir capital ilimitado de los estados miembros para ampliar su capacidad de crédito. A pesar de que organizaciones ciudadanas presentaron multitud de recursos de inconstitucionalidad por considerar que el MEDE agrede la soberanía de las instituciones democráticas, el Tribunal Constitucional Alemán abrió las puertas a la firma del tratado exigiendo tan sólo una modificación: que se fijará un límite a la aportación alemana de 190.000 millones de euros (efectivo más avales). Más allá de esta cifra, la contribución deberá ser votada en el Parlamento. El resto de recursos han sido rechazados considerando que el MEDE es creado el 11 de julio de 2011 por los ministros de Finanzas de la zona euro actuando como representantes de la soberanía de sus respectivos estados.
Pero el texto del tratado por el que se constituye el MEDE contiene otros muchos aspectos preocupantes des de el punto de vista político y de calidad democrática que escapan al debate de las cifras. Según el articulado inicial, que todos los diputados y diputadas el Europarlemento han tenido en sus manos, el MEDE, sus propiedades y sus activos, van a gozar de una inmunidad total frente a los estados miembro. No podrán ser objeto de ninguna forma de acción legal en su contra ni podrán ser “intervenidos, confiscados o embargados” ya sea por vía ejecutiva, judicial, administrativa o legislativa. Lo cual coloca a esta institución, creada a la sombra de la opinión pública europea (si es que existe tal cosa), fuera del control de las instituciones de las ya debilitadas democracias liberales estatales. En el terreno de las responsabilidades personales, el tratado establece que directores, subdirectores, director ejecutivo y demás empleados del MEDE serán inmunes a cualquier tipo de proceso legal por actividades ejercidas en el desempeño de sus funciones, y gozarán de inviolabilidad de sus archivos y documentos oficiales. Lo que significa que los tribunales de los países europeos no podrán, bajo ningún concepto, investigar las actividades profesionales de los altos cargos del MEDE.
Esta institución, que tendrá su sede en Luxemburgo, cristaliza la subordinación de toda forma de ejercicio de la soberanía popular en Europa a las necesidades financieras que, ante la deriva de los acontecimientos, son las necesidades de los grandes bancos. Las condiciones ligadas a los créditos y la conversión de deuda privada en deuda pública, consolida el golpe de estado financiero que vive la Unión Europea como consecuencia del profundo déficit democrático que arrastra desde su fundación.
Albert Sales e Inés Marco
Rebelión
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