Los gobernantes españoles no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos

 Eduardo Garzón el 13 noviembre, 2012

El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no paga los impuestos que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación vigente. Un fontanero que emite una factura sin IVA está cometiendo fraude fiscal. También lo está cometiendo una gran empresa si declara a Hacienda menos beneficios de los que en realidad obtiene. Y hay muchas otras formas de evadir impuestos. En todos los países se comete fraude fiscal, porque para el Estado es prácticamente imposible controlar todas las esferas de la economía (pensemos lo difícil que es descubrir si un fontanero ha emitido una factura con IVA o sin IVA a un cliente). Pero en algunos países se evaden más impuestos que en otros. Y España, según numerosas y diversas estimaciones, es uno de los países donde más fraude fiscal se comete.

Según la organización Tax Justice Network, España ocupa el décimo lugar en el ranking mundial  de fraude fiscal en cantidad total. En cantidades relativas ocupa el puesto número 93 de 145 países analizados. Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB (1), mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13%. Muchas otras estimaciones apuntan cifras parecidas, lo cual deja en un lugar muy preocupante al Estado español. Recordemos que todo el dinero que deja de ingresar el Estado por esta vía es dinero que no puede dedicar a gastos como sanidad, educación, sueldos o  prestaciones sociales, entre otros. Al mismo tiempo ese dinero que deja de ingresar es dinero que tendrá que pedir prestado el Estado en el caso de querer mantener unos gastos concretos (en sanidad, educación, etc), lo que aumentará su deuda. Es decir, cuanto más fraude fiscal exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o aumentar) gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública.

Alguien podría pensar que en momentos de crisis es incluso sano que el Estado no agobie a los ciudadanos con la recaudación de impuestos, puesto que hay muchas personas pasándolo muy mal y si se les forzara a cumplir con las obligaciones tributarias terminarían por hundirse económicamente. Esto es cierto para muchas familias de renta baja, autónomos y pequeñas empresas que andan con la soga al cuello. Pero no para muchas familias de renta alta, o grandes empresas, que tienen recursos de sobra para cumplir con las obligaciones que la ley establece (y que incluso son más laxas para ellos que en años anteriores). Además, y esto no es ninguna sorpresa, quienes más impuestos evaden son precisamente estas grandes fortunas y grandes empresas. En el siguiente gráfico se comprueba claramente.

Casi las tres cuartas partes del fraude fiscal total corresponden a las grandes fortunas y a las grandes empresas (2). Luego ya tenemos dos motivos para combatir este tipo de fraude: por un lado las grandes fortunas y las grandes empresas son quienes más impuestos dejan de pagar, y por otro lado son precisamente quienes se pueden permitir el pago de los mismos en mejores condiciones. Perseguir el fraude de pequeños empresarios puede ser injusto y además ineficaz, pero no es así con el fraude de los peces gordos.

Sin embargo, y a pesar de lo razonable y lógica que resulta la conclusión a la que hemos llegado, ningún gobierno español ha mostrado interés en controlar y vigilar los impuestos que evaden estos agentes económicos. A pesar de que los sucesivos gobernantes españoles siempre han asegurado públicamente que dedican numerosos esfuerzos a perseguir el fraude fiscal, un simple vistazo a los datos y a los hechos acontecidos en los últimos años nos revelará que tales afirmaciones son rotundamente falsas. Y por la enorme distancia que separa lo enunciado por estos gobernantes de la realidad, estamos en condiciones plenas de afirmar que mienten intencionadamente.

1) Para empezar, ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni la Agencia Tributaria tienen una cifra oficial del fraude fiscal español (y mucho menos de quienes lo cometen). Parecería sensato pensar que el gobierno, si quisiera combatir decididamente el fraude fiscal tal y como afirma, debiera empezar por realizar un estudio que cuantificara cuántos impuestos se evaden y quiénes los evaden. Pero desde el año 2004 no se ha realizado ningún estudio oficial de este tipo, lo que demuestra el escaso interés de los sucesivos gobiernos por disminuir el fraude fiscal.

2) Por otro lado, los recursos que han destinado los gobiernos a investigar el fraude fiscal español son notablemente escasos e insuficientes. En España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Francia y Alemania. Esta escasez de recursos se debe a una cuestión política y no técnica. No tiene sentido argumentar que no hay dinero para contratar a más inspectores, ya que ese gasto inicial se vería sobradamente recompensado con los ingresos que se obtendrían por el hecho de combatir mejor la evasión de impuestos. Es decir, si no se destinan más recursos a la lucha del fraude es porque no hay interés, no porque no sea rentable.

3) No solamente se destinan pocos recursos a combatir el fraude fiscal, sino que cada vez se destinan menos. El presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se reducirá en 2013 un 7,7% respecto al ejercicio anterior. Resulta muy curioso escuchar a los gobernantes decir que se esforzarán al máximo por combatir el fraude fiscal a la vez que retiran recursos y medios para combatirlo.

4) El 20% de esa reducilla plantilla de Hacienda se dedica a la investigación de fraudes en lo que respecta a las grandes empresas, en las cuales hemos visto que se producen la mayoría de las irregularidades. El resto de la plantilla, la inmensa mayoría (el 80%), investiga a autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. Una asignación que no parece muy coherente si lo que se busca es combatir el fraude y además combatirlo de la forma menos dañina posible.

5) Por si no bastara con la inacción de la Agencia Tributaria para investigar el fraude de los peces gordos, nos encontramos con que cuando éstos acaban siendo descubiertos, los inspectores les proponen facilidades para salir del paso de la forma menos perjudicial posible. Estas facilidades van desde aplazamientos en el pago que no tuvo lugar hasta la simple condonación total de la sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). Es decir, cuando el gran defraudador es pescado, se le concede tiempo para que pague lo que no pagó en su día y se le perdona la multa que debería pagar por haberse saltado la ley. (Para ver un ejemplo reciente leer este artículo). Delinquir les sale gratis. Algo que jamás ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto ocultando información en la declaración de su renta.

6) Y para terminar, el colmo de todos los colmos: la amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea perdonado y olvidado para siempre. Sobra decir que los beneficiados de esta medida son las grandes empresas y fortunas que utilizan en sus actividades paraísos fiscales así como otras rentas y patrimonios de volumen sobresaliente. Mientras los que han cumplido la ley a rajatabla y pagado sus impuestos religiosamente no reciben ningún trato especial, los que se la saltan son perdonados a cambio de una limosna.

Toda la evidencia posible demuestra que los gobernantes no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos. Y no solo eso, sino que además intentan por todos los medios sacarles las castañas del fuego cuando por algún motivo han sido cazados. Esta constatación, unida a la queplanteábamos el otro día referente a lo profundamente injusto que es el sistema impositivo español, refuerza la idea de que nuestro régimen político dista mucho de ser una democracia verdadera. En una democracia real, donde el poder reside en el pueblo, no puede ocurrir que los más ricos se salten las leyes impunemente bajo el beneplácito de los gobernantes.

 Notas:

(1)   En realidad lo que alcanza el 23% del PIB es la cantidad de economía sumergida. Pero con objeto de simplificar, identificamos fraude fiscal con economía sumergida. Aunque estrictamente son conceptos diferentes, para el propósito del artículo esta comparación es permisible porque no perturba el análisis.

(2) Para la Agencia Tributaria estatal las grandes empresas son aquellas que realizan operaciones por importe superior a 6 millones de euros al año.

Vía:http://eduardogarzon.net/?p=388