03 Nov 2012
De repente, las autoridades municipales de Madrid han descubierto que se bebe mucho alcohol en las macro fiestas. Un lugar con autorización para vender entradas para casi diez mil personas, en donde el boleto da derecho a barra libre, es lo más proclive al exceso de consumo de alcohol. Eso va en el libreto de quien organiza la fiesta y de quien la autoriza. Y además, a estas alturas parece claro que se vendieron muchas más entradas de las autorizadas.
Supongamos que las autoridades que fiscalizan el acto son conscientes de que allí se reunían miles de adolescentes dispuestos a amortizar una entrada de 22 euros en todas las copas que fueran capaces de digerir. ¿No sería razonable, exigible e inevitable extremar los controles y las medidas de seguridad para que una aglomeración semejante tuviera garantías de que las situaciones de emergencia fueran controladas preservando la seguridad de los asistentes?.
Es mucho más fácil criminalizar a las víctimas que a los organizadores, sobre todo porque por extensión tienen responsabilidad la administración que es propietaria del local y que además autorizó el evento.
En vez de hacer hincapié en la investigación de las responsabilidades de los organizadores, en la sobreventa de entradas y en la falta de personal habilitado para encarar una emergencia, la alcaldesa de Madrid ha incidido en la circunstancia obvia de que los asistentes bebían demasiado. ¿Por qué autorizó una fiesta en la que todas las consumiciones estaban pagadas de antemano con el precio de la entrada?
Una vez más no queda otro opción que confiar en la Justicia para establecer las imprudencias temerarias que ocasionaron las muertes y los heridos. Pero además hay una responsabilidad política en el Ayuntamiento de Madrid por no fiscalizar adecuadamente las condiciones en las que se realizaba la fiesta. El Ayuntamiento puede tener una responsabilidad penal subsidiaria por no velar por la seguridad de la fiesta.
La política está especializándose en satanizar a las víctimas y proteger a los verdugos. Ocurre con los parados, a los que se les vigila porque se sospecha que no quieren encontrar un empleo. Ocurre con los desahuciados, a los que se les despoja de una vivienda porque la crisis les ha empujado a la pobreza. Con los funcionarios, a los que se les castiga en la consideración de que en vez de trabajadores son unos privilegiados. En esta espiral, al final nos satanizarán a los ciudadanos por vivir demasiado tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario