07/09/2012
Isidro López
El Banco Central Europeo es la pieza central del proceso neoliberal de construcción europea. Recordemos que este proceso ha consistido fundamentalmente en la creación de una esfera transnacional europea desde la que se han impuesto una serie de imperativos políticos de aspecto económico, supuestamente técnicos, sin posibilidad alguna de contestación democrática. Como acompañamiento fundamental, tanto el conflicto social que provocaban estas medidas como su legitimación electoral, que no democrática, se producía en la arena de los estados-nación que la componen, siempre sin llegar a arañar aunque sea superficialmente los mandatos económicos que se han venido imponiendo como un “there is no alternative” desde el ámbito europeo. En realidad, esta configuración es el resultado de una fortísima batalla política en torno a la política continental librada a principios de los años ochenta en la que una alianza de neoliberales thatcherianos atlánticos y ordoliberales alemanes se impusieron a la concepción federalista encabezada por Delors que pretendía profundizar los principios democratacristianos, socialdemócratas y corporativistas que habían dado forma a la CEE hasta los años ochenta.
El Banco Central Europeo es la culminación de este proceso que, a su vez, se ha desarrollado casi íntegramente en el interior de la construcción del Sistema Monetario Europeo, es decir, del Euro. Concebido desde unos estrictos dogmas monetaristas, la escuela económica de Milton Friedman, el Banco Central Europeo tiene un mandato de único de control de la inflación y, sobre todo, de “total” independencia frente los países miembros, siendo este un eufemismo para referirse a sus electorados. Es decir, la institución perfecta para manejar una arena económica transnacional europea alejada de cualquier escrutinio democrático. El centro del proyecto de constitución del BCE estaba en evitar que se convirtiera en lo que se llama un prestamista en última instancia, es decir, una figura económica vinculada a las crisis financieras que se encarga mediante la disposición de grandes sumas, de creación de dinero en realidad, de detener las caídas de los precios de los activos financieros.
Esto planteaba dos problemas. Por un lado, como ha sostenido el economista poskeynesiano Hyman Mynsky contra los dogmas neoliberales de la autorregulación de mercado, en una economía financiarizada como la nuestra, el banco central no puede dejar de funcionar como un prestamista en última instancia, aunque ideológicamente sus estatutos digan otra cosa, si es que quiere evitar depresiones rápidas y extremadamente profundas de sus economías. Por otro, que para ejercer este papel el Banco Central, en la medida en que absorbe la deuda de los agentes financieros mediante la creación de dinero, debe tener el respaldo de un Estado, en última instancia de un cuerpo social productivo con un estatuto político definido, que responda por la deuda emitida. Precisamente, este último punto es lo que Alemania ha intentado evitar por todos los medios a lo largo del proceso de construcción europea, que en ausencia de un Estado formalmente constituido con poderes redistributivos, la figura del Banco Central Europeo introdujese la redistribución entre países pobres y ricos de la UE por la puerta de atrás al dejar implícitamente las garantías de sus intervenciones en caso de crisis financiera en manos de Alemania. Los tratados de Maastricht y el Plan de Estabilidad son las consecuencias políticas de este planteamiento que, hay que recordar, aunque dirigido por Alemania, Francia e Inglaterra, ha permitido la integración de las elites de todo el continente en un proyecto político único.
Pero la realidad es muy cabezona y, al final, resulta que el viejo Hyman Mynsky tenía razón. Desde el principio de la crisis el BCE ha actuado casi exclusivamente como prestamista en última instancia pero sin aceptar este estatuto más que de manera interina y revocable. Y en concreto como parte de estas operaciones, inicio en 2010 un programa de compra de deuda soberana en los mercados secundarios que se ha extendido irregularmente hasta principios de 2012. Este programa ha sido relativamente eficaz en la contención de las primas de riesgo, y si se le empuja un poco más, podría mantener los tipos de interés sobre la deuda soberana en los niveles que quisiera el BCE, o mejor, dicho, que le impusieran las poblaciones de los países de la UE. De hecho, la escalada agonística de los intereses de la deuda que hemos vivido en los últimos meses coincide con una suspensión en las compras de deuda por parte del BCE por motivos disciplinarios, es decir para que la fuerza de la presión de los agentes financieros obligara a España y a Italia a aceptar las contrapartidas políticas de un rescate que necesariamente se va a tener que escalonar a lo largo de los próximos años.
Alemania, siguiendo su línea política, ha venido oponiéndose, no tanto a estas operaciones en sí, sino a consolidarlas como una herramienta política previsible. La justificación para no hacerlo ha sido, como hasta ahora, de orden disciplinario, si Alemania garantiza la neutralización de la formación de deuda mediante la emisión de moneda del BCE, la presión de los mercados dejaría de sentirse en los países díscolos y las normas políticas, privatizaciones y recortes, que se prescriben desde la “neutral” esfera europea dejarían de aplicarse. Esto es tanto como decir que se vendría abajo parcialmente ese gran triunfo neoliberal que es la constitución un ámbito transnacional europeo donde manda la “necesidad económica” de unos estados-nación que asumen estos mandatos y contienen el conflicto social que generan dentro de los límites de sus fronteras. Recordemos que, además de que este régimen sea el soporte de la gobernabilidad neoliberal de Europa, Alemania obtiene ventajas económicas directas al lograr financiarse a un coste infinitamente menor que los países señalados por los agentes financieros y, por tanto, evitar mediante el gasto público su propia crisis social. Este es el cuadro en el que se enmarca la reanudación hoy de las compras de deuda por parte del BCE.
La pregunta entonces, como siempre, es ¿A nosotros que nos va en esto? La conclusión es que el BCE es el germen de un futuro estado europeo. Esto, por supuesto, no quiere decir que necesariamente esa potencialidad se desarrolle sino que simplemente la tiene desde el momento en que es una entidad emisora de una moneda que, en términos de la economía política clásica, es la representación de las fuerzas productivas europeas articuladas en una división social y territorial del trabajo que funciona por encima de las fronteras nacionales. Los agentes financieros con sus aliados políticos, los jefes de estado de la UE, han visto esta potencialidad como un peligro tanto para la gobernabilidad neoliberal como para el actual modelo de extracción de beneficio financiero a partir de los intereses de la deuda soberana.
Los estados contemporáneos son poco más que cristalizaciones de la lucha de clases – al que le moleste este término lo puede cambiar por conflicto social- y también lo son los amagos de Estado en potencia como el BCE. Si los dirigentes europeos, en representación de las élites nacionales, se arriesgan a iniciar un proceso que puede acabar, o al menos cuestionar seriamente, el arreglo que les ha otorgado un poder casi absoluto sobre sus territorios y poblaciones es porque saben que el espectro de una agudización irreversible del conflicto es ya una realidad y que las consecuencias de esa agudización, desde el impago de la deuda hasta una crisis abierta de la representación política, pueden suponer el derrumbamiento a muy corto plazo de los soportes sobre los que han articulado su poder a escala continental. El movimiento estratégico “a la desesperada” de las elites, desde distintas posiciones, consiste, entonces, en sacrificar partes de lo que han sido sus principios constitutivos a nivel europeo para evitar una explosión en las escalas nacionales. En última instancia se supone que este tipo de movimientos permanecen en la esfera técnica y que las poblaciones no van a saber leer políticamente lo que significan, al menos durante un tiempo. A los poderes financieros se les intenta mantener contentos apelando a la interinidad de estas medidas y a su subordinación a la apertura de nichos de beneficio en las economías nacionales mediante las privatizaciones y los recortes pero también intentando conjurar el fantasma del impago. Por supuesto, aquí nuestro papel es profundizar en el conflicto, seguir presionando para conseguir un impago democrático y cuestionando los actuales mecanismos de representación política, hasta que estos parches estratégicos se conviertan en derechos y garantías democráticas que obliguen a Europa a asumir sus responsabilidades redistributivas.
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