Por: Autor invitado | 01 de septiembre de 2012
Esta entrada ha sido escrita por Marta Mendiola, del Departamento de Campañas de Amnistía Internacional. Con ella destacamos la entrada en vigor de la infame reforma sanitaria que excluye del derecho a la salud a la población inmigrante en situación irregular. @3500M se une a las miles de personas e instituciones que se han negado a hacerse cómplices de una norma que desampara a uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país.
Foto: © UNHCR/A.Rodríguez, July-October 2007.
“Derechos como la salud, la vivienda, la educación y el acceso a la justicia no son bienes a la venta, disponibles sólo para una minoría”. Así abría la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas la última sesión del Consejo de Derechos Humanos.
No es casual que la Alta Comisionada utilizase estas palabras. Con la crisis económica de telón de fondo, asistimos a una serie de discursos institucionales y políticas que devalúan los derechos económicos sociales y culturales (DESC).
Su respeto se supedita al estado de las cuentas públicas. Se habla de sacrificios en pro de la sostenibilidad económica de su protección. Paradójicamente, los DESC se recortan en aras de su mantenimiento.
¿Por qué estos derechos son considerados un lujo que los Estados solo se pueden permitir en tiempos de bonanza económica? ¿Alguien se plantea vincular la libertad de expresión o el derecho a no sufrir torturas con el déficit público?
La crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. Y los derechos económicos y sociales están en una situación de especial desprotección. La concepción jurídica y política imperante no los contempla como derechos humanos. Pilares esenciales para la dignidad humana como la salud, la vivienda o la educación son considerados meros servicios públicos, concesiones del Estado, que pueden ser retirados en función del contexto económico.
Es hora de revertir esa idea, de hablar de los DESC como auténticos derechos humanos. El derecho internacional no permite hablar de sacrificios, de retrocesos. El derecho internacional habla de prohibición de las medidas regresivas, si no son temporales, proporcionales y si son perjudiciales para los derechos humanos.
La reforma sanitaria que hoy entra en vigor vulnera los derechos humanos. Hoy las personas migrantes en situación irregular, retroceden una década en cuanto a protección de su derecho a la salud. Lo hacen en medio de discursos que les acusan de haber hecho un uso excesivo de su derecho a la salud.
Dichas medidas regresivas, además de tener consecuencias gravísimas para la vida de las personas, vulneran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es parte. El gobierno las pone en marcha desoyendo las recomendaciones del Comité DESC, órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de dicho Pacto, quien instó al país a no limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal.
Las personas con enfermedades mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico. A partir de hoy no podrá seguir con su tratamiento. Otros colectivos, como las mujeres víctimas de trata o los enfermos crónicos se verán también gravemente afectadas por la reforma.
Estas medidas regresivas se producen porque la legislación relativa al derecho a la salud y a otros derechos sociales es débil. Cuentan con menores garantías de protección que otros derechos, dejando a las personas más expuestas a sufrir abusos. Frente a esta situación, es urgente introducir mecanismos que permitan exigir, incluso judicialmente, el respeto de estos derechos ante los Estados y estos deben cumplir con sus obligaciones y responder si los vulneran. Sólo así se blindará la protección de los DESC frente a posibles abusos. Ninguna violación de derechos humanos, incluidas las de los derechos económicos y sociales, debe quedar impune.
Como decía la Alta Comisionada de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, “en el contexto actual de crisis, el imperativo de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales adquiere aun si cabe más urgencia”.
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