8 agosto 2012
Plataforma por la Nacionalización de las
Cajas de ahorro y por una Banca Pública. Carlos Sánchez Mato
El Fondo de Garantía de Depósitos ha
publicado el 3 de agosto los estados financieros correspondientes a 2011.
Seguramente la pretensión del Gobierno y de los propios gestores del Fondo de
Garantía era que su situación pasara desapercibida. Nada mejor para
ello que publicar con sordina su desesperada situación.
La memoria arroja
un espeluznante resultado: Sin tener en cuenta el deterioro producido por
Unnim (que superó los 953 millones de euros sin tener en cuenta el esquema
de protección de activos), el patrimonio neto del organismo encargado de
garantizar los depósitos de los ciudadanos es negativo en 2.025 millones
de euros. Es decir, para garantizar 1,2 billones de euros de depósitos, el
Fondo de Garantía de Depósitos posee una cantidad negativa de patrimonio
(-2025 millones) a lo que habría que restar los compromisos adquiridos en
los esquemas de protección de activos vigentes (Caja Castilla la Mancha,
Caja de Ahorros del Mediterráneo y Unnim) y el deterioro por el regalo de
Unnim al BBVA. Si se tuvieran en cuenta estos elementos que ya se han
materializado en las fechas actuales, el desfase patrimonial superaría los
21 mil millones de euros.
Para solucionar esta situación el Fondo
planteará a las entidades bancarias
una aportación extra durante 10 años.
En resumen, para arreglar una insolvencia flagrante de hoy, se plantea una
derrama que solventaría el desfase negativo en varios años. Al final de este
período estaría resuelto el agujero patrimonial (si no hay nuevos quebrantos
derivados de los Esquemas de Protección de Activos o alguna
otra intervención en otra entidad) y el FGD tendría 0 euros para
asegurar posibles quebrantos o pérdidas de 1,2 billones de euros de
depósitos (de los que debido al máximo legalmente establecido, solamente
se indemnizarían 792 mil millones de euros).
El modelo financiero de banca privada no es
sostenible sin la conciencia
general de la ciudadanía de que el Estado afianza a los bancos. La quiebra
del Fondo de Garantía de Depósitos es exponente claro de la situación. Es
evidente que solo el aval del Estado permite que los ahorradores sigan
confiando en que sus depósitos están seguros y sigan financiando
la operativa de estas entidades.
¿Qué coste tendrían que abonar al Estado
las entidades financieras por la
formalización de un aval que nos garantizara a los ciudadanos
la recuperación de nuestros ahorros?
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