Antonio Aramayona
27/11/2013
Leo que la ley que el Gobierno de Rajoy ultima sobre "seguridad ciudadana", "restringe, entre otros, el derecho de manifestación". Craso error informativo: los derechos pueden ser reprimidos, pero nadie puede restringirlos, porque son tan míos como mi hígado, los padres que me engendraron, mis brazos o mi libertad. Pueden detenerme, encarcelarme, molerme a palos, imponerme sanciones de 600.000 euros, pero con ello no arrancan ni restringen mis derechos. Estos me constituyen, me humanizan, me identifican como ser libre y autónomo. Nadie puede quitarme o restringir mis derechos, salvo que se me quite la vida. Solo asesinando o "ajusticiando" a otra persona se eliminan sus derechos y su libertad.
27/11/2013
Leo que la ley que el Gobierno de Rajoy ultima sobre "seguridad ciudadana", "restringe, entre otros, el derecho de manifestación". Craso error informativo: los derechos pueden ser reprimidos, pero nadie puede restringirlos, porque son tan míos como mi hígado, los padres que me engendraron, mis brazos o mi libertad. Pueden detenerme, encarcelarme, molerme a palos, imponerme sanciones de 600.000 euros, pero con ello no arrancan ni restringen mis derechos. Estos me constituyen, me humanizan, me identifican como ser libre y autónomo. Nadie puede quitarme o restringir mis derechos, salvo que se me quite la vida. Solo asesinando o "ajusticiando" a otra persona se eliminan sus derechos y su libertad.
Algunos califican esa ley de "regulación de la seguridad ciudadana". Hace muchos años, el candidato de la CDU a Canciller Helmut Kohl se presentaba a las elecciones bajo el lema "Sicherheit und Ordnung"(seguridad y orden), lema también de la policía germana. La derecha repite sin descanso el mantra de la seguridad y el orden porque así lo exige su clientela: seguridad y orden para los terratenientes, para los especuladores del suelo y de la vivienda, y para los bancos, aunque millones de personas vivan diariamente la inseguridad y el desorden de la hipoteca y de quedarse en la calle. Seguridad y orden para el contratante en negro, en precario y en condiciones de explotación, aunque quien pida trabajo y dignidad en la calle junto a decenas de miles de desempleados solo obtendrá con seguridad del gobernante generalidades y falsas promesas. La ley del ministro del Interior, Fernández Díaz, habla de seguridad ciudadana, pero tiene poco que ver con la ciudadanía, pues proyecta convertirnos en súbditos.
El principal cometido de un político es salvaguardar, explicitar y fomentar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Ese es su norte, ese es el criterio definitivo de su labor: los derechos y las libertades de la ciudadanía. Las leyes deben regular la convivencia y la conciliación de estos derechos y libertades en el marco de una determinada sociedad y cultura, pero en ningún caso pueden coartarlos o restringirlos según los intereses del poder, las encuestas electorales o la opinión de su electorado habitual. Una ley que restrinja o reprima derechos es una ley que no se debe acatar, sino desobedecer, pues nace injusta e ilegítima. Como decía Emiliano Zapata, "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno".
Según la "ley de seguridad ciudadana" del Partido Popular se me podrá imponer una multa de hasta 600.000 euros, por ejemplo, por perturbar el "orden público" en actos políticos, deportivos o religiosos, pero no considera delito arrojar al pozo del paro a seis millones de personas, lo cual constituye una perturbación mucho mayor del orden publico. Si una ley castiga al ciudadano que reclama un derecho fundamental y al mismo tiempo deja impune la comisión de grandes estafas, apropiaciones indebidas y blanqueo de dinero que atentan directamente contra el bienestar de la ciudadanía en su conjunto, esa ley es solo una excrecencia bastarda al servicio del poder económico y político.
Asimismo, una ley que castiga con multas de hasta 600.000 euros una supuesta "intromisión" en las circunstancias y la "intimidad" de una persona (principalmente, si se trata de un cargo público) cuando las decisiones de ese cargo público están lesionando derechos fundamentales de la ciudadanía es una ley sesgada, represora e injustamente parcial. Una ley, por ejemplo, que se muestra muy sensible ante la intimidad de una persona políticamente responsable de la Educación en una Comunidad por estar una persona apostada en el portal de su casa en plena vía pública, es una ley injusta si omite que las decisiones y omisiones de ese cargo público conllevan unos recortes salvajes en becas, ayudas, recursos, infraestructuras, profesorado, servicios y personal auxiliar que afectan al estómago, al cerebro y al cabal desarrollo físico y mental de los niños y los jóvenes, así como de sus familias, penetrando así en la intimidad más personal de sus comedores, sus platos, sus dormitorios, sus cocinas y sus cuentas de ahorro.
La historia de España relativamente reciente ya conoce ese tipo de leyes. Construyen un régimen reprimido y represor a su imagen y semejanza, donde se pretende que la ciudadanía se conduzca por el miedo al castigo y donde la policía está solo para detener, golpear y multar. Rajoy, Gallardón y Fernández Díaz nos vienen ahora con una ley, que, tras enorme maquillaje, quieren presentar como protectora de una seguridad que no atiende a la ciudadanía, sino a los ricos y los poderosos. Pretenden engatusarnos con cuentos. Pero sabemos, con León Felipe, que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre... ha inventado todos los cuentos.
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