David Noriega - 9/11/2013
El politólogo Antón Losada advierte de los peligros del 'neoliberalismo corsario' en su libro 'Piratas de lo público' (Ediciones Deusto)
"El recorte es selectivo: se produce en inversión social, no en subvenciones a grandes empresas"
"La socialdemocracia se ha quedado desconcertada mientras el neoliberalismo piensa mejor y más rápido"
Cree que "estamos ante una enorme ofensiva contra el Estado de bienestar". Por eso, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, politólogo, comentarista y analista político, Antón Losada, ha escrito el libro Piratas de lo público, una defensa abierta y sin complejos del sistema público español.
Pero no solo eso, porque en esta obra, que saldrá a la venta el próximo día 14 bajo el sello de Ediciones Deusto, Losada realiza "un rastreo de las personas que mandan en el área económica", para destapar de dónde viene y qué es lo que pretenden. Y nos advierte, también, de los peligros que entraña el 'neoliberalismo corsario' que, hambriento de nuevas privatizaciones, pone sobre la mesa un sinfín de argumentos "falsos" para convencernos de que lo público ya no vale.
Tratemos de desmontar o confirmar un dogma muchas veces repetido, ¿hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?
No. Algunos han vivido por encima de sus posibilidades y al margen de la ley, pero ni España ni muchos españoles lo han hecho. En términos de gasto público estábamos por debajo de la media de todos esos países con los que tanto nos gusta compararnos, como Alemania, Francia o Italia, a pesar de que no gastamos lo mismo en casi nada y esperamos obtener los mismos resultados.
España era un país bastante aseado en términos de gasto público y recaudación cuando arranca la crisis. Más de la mitad del endeudamiento del que tanto se habla es, principalmente, de las grandes corporaciones. La deuda pública apenas es una cuarta parte del total. O era la cuarta parte cuando comenzó la crisis, porque ahora ha crecido al asumir el Estado parte de esa deuda privada.
¿Ha salido lo público al rescate de lo privado?
Se tomó la decisión política de que el Estado asumiera los errores cometidos por decisiones privadas, con recortes tremendos en sanidad, en educación y en pensiones. Hemos asumido que vamos a pagar la enorme bola de deuda privada de 1,7 billones de euros de las grandes empresas. A nuestra banca, que tantas lecciones nos da, y a nuestras grandes empresas en el año 2008 los mercados les cerraron la financiación. No al Estado español, sino a la banca. Pero el Estado se plantea si asumir esa deuda. Y los mercados se plantean si el Estado español se endeudará de manera masiva para asumir esa deuda y nos prestan a un interés mucho más caro. Por eso sube la prima de riesgo y pasamos la tempestad que pasamos. Es como cuando tu padre te avala para comprar un piso. Si eres irresponsable y no pagas, paga tu padre. Pues nosotros nos hemos convertido en los padres de los Botín, de los Francisco González, de los César Alierta, de los Rivero.
¿Eso se debe a la tecnoestructura público/privada que explica en el libro?
Manejo el concepto de 'burócrata corsario', una persona que se forma en la Administración. Gracias a su paso por ella, da el salto a la empresa privada. Después, vuelve al sector público con un objetivo muy claro: desmontarlo y trasferir parte del negocio al sector privado. Ya pasó en los 90, con una gran crisis, una tasa de paro insoportable y un déficit altísimo. Ese escenario fue aprovechado para desmontar el sector industrial público. Son ejemplos claros de las privatizaciones de los noventa, Josep Piqué, que venía de La Caixa, una de las grandes beneficiarias, Francisco González, un burócrata puesto por el Gobierno al frente de la banca pública que acaba convertido en empresario de la banca privada, Miguel Pizarro, o Miguel Blesa, a los que todos conocemos. Ahora quieren hacer lo mismo con los sectores emergentes del siglo XXI: la sanidad, la educación y las pensiones.
¿Estamos ante el final de Estado de bienestar tal y como lo conocemos?
No. Yo creo que estamos ante una enorme ofensiva contra el Estado de bienestar. Hay un intento muy claro por que buena parte de los recursos en los que ahora mismo invertimos –reivindico dejar de hablar de gasto, porque el lenguaje no es inocente– se dualicen. Que haya una red pública, básicamente asistencial, para las personas que no puedan pagar y otra, semipública, a la que accedan las personas que si tengan capacidad. Las empresas que asuman esos servicios harán negocio seguro porque, si tienen que tener un mínimo de facturación y no factura, se lo compra el Estado para que lo haga.
Pero si profundizas un poco en los datos reales y la valoración ciudadana, te das cuenta de que el Estado de bienestar permanece sólidamente asentado en la percepción de una gran mayoría. Estamos ante una guerra que acaba de empezar y cuyo resultado final no está escrito.
¿Quién va a liderar ese contraataque?
Esa es la incógnita que hay que despejar. La socialdemocracia se ha quedado completamente desconcertada, mientras el neoliberalismo corsario piensa mejor y mucho más rápido cómo aprovechar las oportunidades que les plantean la globalización y el desequilibrio entre el poder regulador del Estado y los mercados. Los piratas que atacan al Estado de bienestar tienen un objetivo y un discurso claro, mientras que quienes lo defendemos, no. Así, aceptamos como bueno el discurso ideologizado y manipulado que se nos ofrece sin percibir que haya una alternativa. Ese es el problema del PSOE en España y de la izquierda en Europa. Su único camino es plantear un programa alternativo, sin miedo y sin complejos de defensa de lo público.
Sin embargo, da la sensación de que, desde ciertos sectores, se pretende demonizar al parado, al inmigrante, a quien no tiene recursos.
Sí, pero sin ningún dato. Toda esta demonización, que es lo realmente paradójico, se basa en nada. En el libro pongo varios ejemplos de manipulación, de utilización de anécdotas para convertirlas en categorías. Ese es el discurso que encaja en el objetivo de desmontar los servicios públicos. No puedes hacerlo si asumes que hay mucha gente que puede pagar impuestos y no los paga, que dejamos de recaudar 30.000 millones de euros al año. La demonización del currito es un elemento fundamental para cargárselo todo, cuando el problema es que el 70% del fraude se concentra en las grandes empresas y en los patrimonios.
Han privatizado González, Aznar, Zapatero, Rajoy, ¿lo de vender recursos para sanear las cuentas funciona o es una cuestión ideológica?
Lo han hecho de una manera diferente. Yo critico todos los procesos de privatización, pero hay matices. Con las de Felipe González, en todas las de los socialistas, siempre se mantuvo una presencia potente del sector público. Aznar, la derecha, lo que hizo fue privatizar totalmente empresas críticas, algo que no ha hecho nadie en Europa. Desde la ultraliberal Inglaterra a la admirada Angela Merkel han mantenido participaciones significativas en empresas críticas para el funcionamiento del Estado y la economía.
¿Por qué en España se ha renunciado a eso?
Primero, por una razón ideológica. Tanto los Gobiernos de Aznar como el de Rajoy creen firmemente que el Estado no debe intervenir en la economía. Y, después, por un argumento económico, que se trataba de trasferir por completo la propiedad de empresas públicas a manos privadas amigas, previamente seleccionadas en los despachos. Si el objetivo hubiera sido realmente arreglar las cuentas públicas vendiendo patrimonio, habrían salido a bolsa, donde se pueden obtener grandes beneficios por empresas que tienen gran potencial de futuro.
¿Han mejorado los sectores en los que se mueven las empresas privatizadas?
Han empeorado. En el libro hago un examen bastante documentado y detallado sobre cuáles han sido los resultados reales de las privatizaciones. Tenemos los servicios y productos más caros de Europa. Somos los clientes más indefensos, y eso lo sabe cualquiera que haya intentado entender su factura de la luz, del gas, o cambiarse de compañía telefónica. La inversión en innovación, lejos de aumentar, como se argumentaba que haría, se ha reducido. La corrupción y el fraude han crecido. Y yo creo que existe una conexión entre la crisis y el proceso de privatización, porque el Estado, al perder su poder de intervención sobre empresas críticas, ha visto limitada su capacidad de respuesta. No somos clientes, somos rehenes.
¿La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a ser la solución a los oligopolios resultantes de las privatizaciones?
Absolutamente todo lo contrario. En un mundo de mercados cada vez más especializados, tecnificados y complejos, en lugar de concentrarlo todo en un gran superregulador, como lo llama el Gobierno, que no tiene la capacidad ni los recursos para vigilar el funcionamiento de los mercados, lo que está haciendo todo el mundo es diversificar y crear mecanismos especializados. Además, aquí ya nace controlada por las grandes empresas. Ahí está el problema con los nombramientos, con la sobrina de De Guindos, la pariente de Cañete o el propio presidente, que está vinculado con sectores empresariales.
En el libro recoge unas declaraciones de Rajoy: “Tendremos el Estado de bienestar que podamos permitirnos”. ¿Qué Estado de bienestar podemos permitirnos?
El Estado de bienestar que podemos permitirnos es el que teníamos y el que podemos llegar a tener. España es un país lo suficientemente rico como para tener un Estado de bienestar que produzca servicios universales y de calidad para todos en educación, sanidad, pensiones, dependencia. A la frase de Rajoy le falta un matiz: tendremos el Estado de bienestar que podamos pagar. Y el problema es que en España hay mucha gente que no quiere pagar y tiene muchos recursos para evitarlo.
Estamos viviendo reformas, privatizaciones y recortes en educación, sanidad, justicia, pensiones, dependencia… ¿Hay algo que se salve?
Sí. El recorte no es, como se nos ha intentado vender, generalizado, sino extraordinariamente selectivo. En el año 2013, el ministerio que más crece es el de Economía y Competitividad, el que gestiona la mayoría de subvenciones a empresas. El gasto en mantenimiento de orden público ha aumentado. El recorte se produce en inversión social; en subvenciones a grandes empresas y orden público, no.
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