Joaquín Mayordomo - 28/10/2013
Poco a poco, pero de forma inexorable, el Gobierno va ajustando el Sistema Nacional de Salud (SNS) a su idea: una Sanidad de beneficencia. Sin embargo, el que ahora goce de una mayoría absoluta, entendemos, no le da derecho a acabar con algunos de los hitos más importantes que han alcanzado los españoles; uno de ellos, el de la Seguridad Social a través de un asegurador único, el Estado, está a punto de desmoronarse. Mas ya se sabe que gobernar es cuestión de ideología… Y la ideología de los populares parece estar clara: a ver qué réditos nos deja la finca.
Si el Gobierno atacó primero el gasto farmacéutico por receta, penalizando a pensionistas y jubilados al obligarles a pagar un porcentaje por los medicamentos que a diario necesitan para vivir, —muchos de ellos, por haber fallecido ya no podrán “celebrar” nunca esa devolución de sus ahorros que el Gobierno “les prometió” que haría—, ahora le toca el medicamentazo a los enfermos que hacen uso de la farmacia hospitalaria, que, según qué fármacos necesiten, también tendrán que pagarlos, con un tope máximo de 4,20 € por medicamento.
El Ejecutivo del PP no se anda con miramientos y ataca allí dónde hay un eslabón débil: enfermos crónicos o con enfermedades graves (distintos tipos de cáncer, hepatitis, esclerosis múltiple, artritis, enfermedades de las llamadas infrecuentes…) o donde ve más posibilidad de hacer negocio; aunque, en este caso, el negocio va a ser escaso pues los pacientes que paguen por esos 42 fármacos sometidos al nuevo copago no le reportarán a las arcas del Estado ni siquiera el 0,1% de ahorro sobre el total de gasto en fármacos dispensados en el hospital, y sí un gasto añadido en burocracia, como han señalado al menos nueve comunidades autónomas —Asturias, Aragón, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, País Vasco y Navarra— al oponerse, de entrada, a esta norma.
Algunas comunidades, como la vasca, que acaba de plantear un recurso de alzada al considerar la medida “ineficaz e injusta”, además de que entiende que “atenta contra el principio de equidad, al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves”, no se resignan. Desde el País Vasco se insiste que si el recurso es rechazado, acudirían a los tribunales de justicia. Pero para el Gobierno, tanto la Salud como lo la Educación parece que son, por lo que se ve, dos estupendos filones de especulación.
Lo curioso es que los españoles, después de una década de vacas gordas en la que parecía que se había casi logrado “la perfección” del sistema sanitario público, universal y gratuito para todos, asistan ahora callados a su derrumbamiento. Como si no fuese con ellos el tema. Mientras tanto, el Gobierno popular ha emprendido una especie de liquidación por derribo —medicamentazo aquí y allá, exclusión de los inmigrantes de la asistencia sanitaria, privatización de hospitales, etcétera— cuyo final parece que ya se vislumbra. Lo apuntaba en su facebook, no hace mucho, el que fuera en su día consejero de Salud de la Junta de Andalucía, José Luís García de Arboleya: “el sistema público se irá adelgazando hasta quedarse sólo con los pobres, los jubilados y los indigentes”. Desgraciadamente, así parece que va a ser.
Mas, volviendo al copago en medicamentos dispensados por la farmacia hospitalaria —la medida entró en vigor el pasado 1 de octubre— se mire por dónde se mire es un disparate. En uneditorial de la revista Farmacia Hospitalaria (FH), publicación que representa la opinión de quienes trabajan en España en este servicio, se afirma que los enfermos “no deben sentir que la elección de la mejor opción terapéutica dependa de sus posibilidades económicas”. ¿Como va a prescribir un médico, preguntamos aquí, el mejor tratamiento a personas sin recursos cuando este tratamiento lo condiciona el dinero? Una posible respuesta sería que “con dudas”. Sobre todo si el binomio coste/efectividad se cuestiona y esto condiciona, a la postre, la prescripción. Está claro, pues, que la medida aprobada por el Ministerio de Sanidad tendrá funestas consecuencias para los enfermos más pobres.
El editorial de FH también concluye que ninguna de las tres finalidades que deben exigírsele a los mecanismos de copago, aplicados a los servicios públicos —ayudar a racionalizar el consumo, propiciar información y que la medida actué como “instrumento” de financiación adicional— cumplen, en este caso, estos objetivos. La medida en cuestión no ayudará a “reducir el consumo”, pues quienes acuden a ese servicio son personas conscientes de que necesitan estas medicinas y no van a renunciar a ellas; tampoco supondrá más información, pues estos pacientes se consideran bien informados y, finalmente, ya se ha dicho antes, el ahorro va a ser insignificante, e incluso negativo si, como parece, requerirá más burocracia.
En definitiva, si no fuese porque se sabe a qué juega el Gobierno nadie entendería a qué viene este nuevo copago. Su esfuerzo por ir estrujando el SNS hasta convertirlo en pedazos que se repartirán luego empresas privadas y fondos buitres de inversión, parece claro. Esto, a pesar de que, como en este caso, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores, de defensa de la sanidad pública, de afectados y sociedad civil han rechazado de plano el nuevo medicamentazo.
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