Publicado en Público.es el 21 de diciembre de 2013
1. En el primer semestre de este año, y según los datos que proporciona Eurostat, el coste del kilovatio/hora que pagamos las familias españolas es el tercero más caro de la Unión Europea (detrás de lo que se paga en Chipre e Irlanda) y un 27,6% más elevado que la media de los 28 países que la componen. En los diez últimos años ha subido algo más del 70% y el 77% desde 2007, lo habrá hecho casi un 4% cuando termine 2013 y se prevé una subida inicial del 11% a principios de 2014.
Las consecuencias de ello son nefastas. En 2012, las empresas eléctricas cortaron por impago un servicio tan básico como la luz a 1,4 millones de familias españolas y el recibo para las pequeñas y medianas empresas (que la pagan a precio más caro que las grandes) es una rémora cada vez más insoportable, lo que se traduce en pérdidas de competitividad y de la rentabilidad necesaria para mantener el empleo.2. No hay razones técnicas que justifiquen que en España se pague la luz tan cara en relación con los demás países de nuestro alrededor. La única explicación es que aquí la producción y distribución de energía eléctrica está en manos de un pequeño grupo de empresas (lo que en economía se llama un oligopolio) que domina el mercado, que se ponen de acuerdo para conseguir sus objetivos y que han alcanzado un poder político extraordinario que les permite escribir a ellas mismas las leyes y normas que regulan el sector y las condiciones en que actúan.
3. Las búsqueda de beneficios extraordinarios es tan compulsiva en ese sector y el poder de las empresas tan grande que para aumentarlos no han duda en cometer auténticas estafas que han redundado en abusos y en subidas artificiales de costes y tarifas, de las cuales, además, es muy difícil que se puedan defender los consumidores porque muchos altos funcionarios que deben de resolver sus quejas están al servicio de las compañías eléctricas (como muchos investigadores han demostrado al sacar a la luz sus resoluciones) y porque muchos jueces cobran y trabajan igualmente para ellas, como también demuestran muchas sentencias (alguna incluso del Tribunal Supremo) materialmente aberrantes que han favorecido a esas empresas. Y a ello hay que añadir los errores y vaivenes de los sucesivos gobiernos en política energética, así como su sumisión antes los intereses de las grandes empresas europeas y, sobre todo, de las alemanas.
4. Las principales estafas y abusos que vienen cometiendo las eléctricas y que hacen que el recibo de la luz sea tan caro en España, entre otras, son las siguientes:
a) Haber aumentado irresponsablemente, con la connivencia y aprobación del gobierno de Aznar, la infraestructura para la producción, lo que ha incrementado -en su mayor parte innecesariamente- los costes del sector.
b) Facturar a los consumidores por tener el derecho a conectar la potencia contratada cuando, a pesar de lo anterior, las compañías eléctricas no están en condiciones de garantizar el suministro de esa potencia por el inadecuado diseño de la red de distribución, por la existencia de cientos de puntos críticos y por el colapso del sistema que se produce si la potencia conectada llegara incluso al tercio de la potencia contratada. Y, con idependencia de ello, la imposición de una estrategia que de facto obliga a contratar más potencia de la necesaria.
c) Cobrar a los consumidores por la renovación, actualización y mantenimiento del parque de contadores cuando no lo hecho en su totalidad, lo que da lugar a que paguen continuamente las imprecisiones y errores que producen como si fuese consumo efectivo.
d) Imponer un sistema de cómputo de la energía consumida por medio de un nuevo tipo de contadores que se pueden manipular a distancia, lo que impide que los consumidores puedan saber a ciencia cierta lo que de verdad están consumiendo o si se está manipulando su consumo real.
e) Haber cobrado los llamados Costes de Transición a la Competencia alegando el gobierno para ello que acabar con el monopolio del que disfrutaban supondría una reducción de precios y de beneficios, cuando éstos no han dejado de subir. Y han subido sin cesar porque, aunque haya desaparecido formalmente el monopolio, las empresas siguen manteniendo un poder total sobre el mercado que les permite manipular los costes e influir sobre el gobierno a la hora de fijar las tarifas.
f) Establecimiento de un sistema de subasta para fijar el precio de la luz que está desnaturalizado y en manos de las grandes compañías y grupos financieros. En esas subastas no se compran y venden kilovatios sino productos financieros en unos mercados llamados OTC (Over The Counter o sobre el mostrador) que son los que sirven para llevar a cabo las operaciones especulativas (ver el libro de V. Navarro y J. Torres Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero. Planeta 2012). Los precios que se fijan allí están en realidad determinados por la actuación de los grandes grupos financieros como Goldman Sachs y Morgan Stanley y otros grupos eléctricos que antes de cada subasta hacen que suban según les convenga. Las compañías españolas se dejan llevar por esa “financiarización” del mercado de la luz porque les conviene que los precios suban (es lo que buscan siempre los especuladores) y porque ganan también mucho dinero especulando ellas mismas con esos productos financieros.
g) Manipular los costes del sector para justificar el llamado “déficit de tarifa”. Este “déficit” consiste resumidamente en lo siguiente: las estafas a las que me he referido se traducen artificialmente en tarifas muy elevadas. Los gobiernos de Felipe González y de Aznar nunca se atrevieron a cortar de raíz estos abusos haciendo que bajaran las tarifas y los beneficios de las eléctricas pero eso hacía que los índices generales de precios subieran considerablemente. Para poder presentar datos de la inflación aparentemente mejores, el gobierno de Aznar limitó la tarifa y reconoció entonces que ésta era menor que los costes que soportaban las empresas eléctricas, comprometiéndose a devolver esa diferencia, ese “déficit”, a las empresas por otra vía.
La estafa radica en que, gracias a lo que estableció el gobierno de Aznar, ese déficit no es la diferencia entre lo que las empresas ingresan por tarifas y sus costes reales, sino entre lo que ingresan (la tarifa) y los costes muy sobrevalorados que presentan al gobierno y que éste acepta sin rechistar. Más concretamente, esa estafa se lleva cabo, entre otros, por los siguientes procedimientos:
- No se reflejan los costes reales de la producción de energía según las diferentes tecnologías o fuentes sino que se utiliza el más caro, por ejemplo, aplicando el coste de las nuevas centrales a otras que ya están completamente amortizadas y que producen mucho más barato.
- Se toma como coste de la electricidad de cada franja horaria el de la unidad generadora más cara.
- Como he dicho antes, se sobrevaloran las inversiones que se hicieron en los últimos años.
Y, para colmo, el gobierno estableció como sistema de pago de este déficit un sistema que en la práctica lo convierte en una especie de préstamo hipotecario pero de garantía pública y con un sistema que es el que más intereses genera, naturalmente en perjuicio de los consumidores.
5) La prueba manifiesta de estas estafas y de la connivencia de los grandes partidos con los intereses de las eléctricas, es que se hayan negado en el Parlamento a poner en marcha una auditoría energética que aclarase los costes reales del sector, tal y como propuso el grupo parlamentario Izquierda Plural.
6) Para proteger a las compañías eléctricas y también para seguir las órdenes del gobierno alemán que está interesado en promover un gigantesco proyecto de producción y distribución de energía solar desde el Sáhara hacia Europa y no quiere competidores, el gobierno de Rajoy ha comenzado a perseguir y desmantelar el sector de energías alternativas y renovables en el que España ha sido una potencia mundial y que puede proporcionar energía mucho más limpia y barata.
7) En particular, el gobierno persigue y penaliza el autoconsumo, que si se hiciera en las condiciones que prevalecen en otros países desarrollados podría ahorrar hasta un 50% en la factura de los consumidores.
8) Los sucesivos gobiernos desde hace años han mantenido una política errática y muy condicionada por los grandes grupos industriales en materia de energía nuclear y subvenciones que ha generado grandes costes a los contribuyentes y al sector en su conjunto, así como una gran pérdida de eficiencia.
9) Todas estas estafas, abusos, privilegios y errores han dado lugar a que las empresas eléctricas españolas tengan unos beneficios extraordinarios, mucho más elevados que las del resto de los países, y a que las retribuciones de los directivos que los ponen en marcha sean posiblemente las más altas del mundo. Y todo ello solo se ha podido llevar a cabo gracias a que los gobiernos de turno han puesto el Boletín Oficial del Estado a su servicio. Para garantizarlo, las empresas eléctricas tienen en nómina a multitud de ex políticos y altos cargos, antiguos presidentes de gobierno, ministros, directores generales, consejeros de las autonomías, dirigentes de los grandes partidos pero también a funcionarios e incluso a ex jueces o magistrados en activo (González, Aznar, de Guindos, Roca, Boyer, Salgado, Solbes, Pizarro, Cabanillas, Martín Villa, Acebes…, entre los más conocidos).
10) Para reducir el coste del recibo de la luz hay que poner fin al predominio de los intereses privados oligopolistas sobre los de toda la sociedad acabando con el poder político de las eléctricas. Hay que nacionalizarlas pero sometiéndolas a un severísimo control técnico y social que evite los abusos y la estafas actuales o que caigan en manos de los partidos y políticos corruptos; hay que racionalizar el sector promoviendo el equilibrio entre las diferentes fuentes de energía, el autoconsumo y el uso de las limpias y respetuosas con el medio ambiente y la vida. Y para que ello sea posible es imprescindible que la sociedad sepa lo que ha pasado en estos años: hay que obligar a que los medios de comunicación informen de estos abusos, hay que realizar una auditoría energética independiente; hay que poner en claro las responsabilidades y pedir cuentas a quienes desde hace años vienen estafando y robando a los españoles, a los responsables directos del negocio y a los políticos que lo han permitido.
10+1) Nada de eso se podrá conseguir graciosamente ni será aprobado por los actuales grupos políticos mayoritarios. Para reducir el recibo de la luz acabando con los abusos y las estafas que he mencionado es necesario que se realice una inmensa presión social: que las personas normales y corrientes nos pongamos de acuerdo y digamos ¡Basta! a esta vergüenza. Por ejemplo, comenzando por realizar “apagones” primero una vez cada quince días, luego una vez a la semana, luego cada día, hasta que España se quede a oscuras como símbolo de que no queremos ver más a los empresarios que estafan y a los políticos corruptos; llamando sin cesar a los medios de comunicación para denunciar y pedir debates y soluciones. Y, finalmente, llegando a un acuerdo bien sonado para dejar de pagar los recibos. Y todo ello, entendiendo bien que ninguna de esas medidas será efectiva si se lleva cabo solo testimonial o simbólicamente por pequeños grupos de personas.
Las consecuencias de ello son nefastas. En 2012, las empresas eléctricas cortaron por impago un servicio tan básico como la luz a 1,4 millones de familias españolas y el recibo para las pequeñas y medianas empresas (que la pagan a precio más caro que las grandes) es una rémora cada vez más insoportable, lo que se traduce en pérdidas de competitividad y de la rentabilidad necesaria para mantener el empleo.2. No hay razones técnicas que justifiquen que en España se pague la luz tan cara en relación con los demás países de nuestro alrededor. La única explicación es que aquí la producción y distribución de energía eléctrica está en manos de un pequeño grupo de empresas (lo que en economía se llama un oligopolio) que domina el mercado, que se ponen de acuerdo para conseguir sus objetivos y que han alcanzado un poder político extraordinario que les permite escribir a ellas mismas las leyes y normas que regulan el sector y las condiciones en que actúan.
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