Rosa María Artal - 3/12/2013
Cuesta creer que el PP de Rajoy haya llegado a colar una ley tan regresiva como la que ha llamado de Seguridad Ciudadana. No es que no estuviéramos avisados: cinco siglos de derecha española sin regenerar ni pagar ni uno solo de sus atropellos –algunos de desorbitada gravedad– terminan por desembocar en esta locura. Pero no resulta lógico que la cadena de desmanes emprendida por el PP no encuentre contestación efectiva de quienes pueden proporcionarla: políticos, Justicia, todos los estamentos de la vida social.
Sin freno alguno, los dirigentes del PP parecen entregados a una especie de lujuria represora sádica en la que cada miembro del Gobierno envida a ver si supera al anterior. Es el nuevo Código Penal de Gallardón, la reforma laboral de Bañez, la de Mato, la ley Wert, las medidas fiscales de Montoro, el Gobierno en pleno de Rajoy y Sáenz de Santamaría. Y las cacicadas de sus ayuntamientos y Gobiernos autonómicos. Y sus parlamentarios, que se pasaron por el arco del triunfo millón y medio de firmas para una ley justa de desahucios. Y como pregonera Andrea Fabra –la hija del condenado pero poco–, que ya anticipó cuánto nos iban a joder, según sus palabras textuales.
Se da así la paradoja de que uno de los pueblos más castigados pero también más sufridos e incluso sumisos de Europa recibe la consigna adicional de que será duramente penado como se le ocurra protestar. Es que algunos lo hacen. Con extraordinaria mesura, por cierto. El 15M, como anticipo, fue calificado como el movimiento más serio y civilizado de aquellas primaveras de dignidad tan premonitorias, hace 2 años tan sólo. Así lo contaban los medios extranjeros. Asombrados. Porque en el resto del mundo nos conocen, conocen sobre todo cómo se las gasta la derecha local con poder. Se han alarmado ahora mucho. Creen algunos que con esta ley estamos en “camino a la dictadura”. No es previsible que nadie haga nada, sin embargo. Y eso es lo terrible.
Una vez aprobada definitivamente la ley Fernández, ley mordaza, se habrá acabado en España la libertad de expresión y de manifestación, ya muy mermada en la práctica. Mientras sigue la cascada de “reformas” que están dejando lívida la justicia social y la democracia. Dejémonos incluso de rebuscar en herencias y mohos, en la deseducación e infantilidad de la minoría decisiva de la sociedad española, el problema lo tenemos hoy y es hoy cuando hay que afrontarlo. Se ha ido agravando a ritmo creciente y ahora ha puesto el turbo. Sólo es menos grave que lo será mañana y que dentro de otros dos años si el PP continúa a este ritmo. Que en esa idea está.
No es posible que todo siga como si nada ocurriera. Es inconcebible que el PP enlace impunemente las mentiras de la siguiente campaña electoral –que ya ha emprendido– con las de su programa anterior incumplido. No es ni humano seguir engañando a sus fieles y crédulos con una recuperación que hace aguas por todas partes y que sin duda dejará en la cuneta –según costumbre– a los ciudadanos que no sean del muy exclusivo clan. Dos puntos de crecimiento de un año para otro, anuncia Cospedal: ¿por qué no tres millones y medio como los empleos de González Pons?
El PP, sin embargo, no está solo. Si lo estuviera, toda la sociedad lo advertiría con claridad. Y no es ésa su percepción. Porque tampoco es admisible en modo alguno que, por pillar un puesto, dos o doce en los devaluados órganos de lo que un día se llamó Justicia, se contribuya a su degradación. La ley Corcuera fue tumbada por el Tribunal Constitucional; en el actual, tienen de presidente a un militante o exmilitante del PP –aficionado a pronunciarse sobre temas polémicos reafirmando su ideología– al que la mayoría de sus colegas no ve reparo alguno. La separación de poderes, consustancial a la democracia, es una entelequia en España y así se la trata cuando gente como Esperanza Aguirre se asombra de que el Gobierno de su partido no cese magistradosde Tribunales cuyas decisiones no le gustan. Y se engulle como tantas cosas.
La política está fallando estrepitosamente. En apariencia, andan preocupados por la desafección de los ciudadanos. Por eso se disponen a atizar a quien se mueva, para ver si el amor surge de los palos, según costumbre también. Algunos medios se muestran inquietos porque cae el bipartidismo. Y porque no emerge otra fuerza que deje las cosas tan divinamente estables como están. La sociedad desearía otra política, limpia y que resolviera sus problemas. Como debe ser. Y, francamente, si no paran la deriva en la que estamos sumidos, va a ser verdad que sólo les interesa su silla, su sueldo, sus dietas y su jugosa pensión que duplica con creces la del resto de los mortales y que sólo precisa 4 años de trabajo.
Ninguna mayoría absoluta legitima un cambio de régimen. Hay que preguntar a diputados, senadores, jueces, fiscales, algo muy concreto: ¿están de acuerdo o no con estas leyes que promulga el PP? Es hora de plantarse y evidenciar lo que está ocurriendo y ponerle remedio. Dejen la silla, dimitan, hagan algo. Si el PP obra en solitario, que se vea y los ciudadanos aprecien la diferencia. Definir los papeles. Y utilizar los medios democráticos disponibles para resolver el problema. No puede seguir esta apatía, esta apariencia de normalidad, cuando en nada es “normal” que se cercenen valores fundamentales. Hechos, no más palabrería. Lo mismo cabe requerir de la UE, del FMI, del BCE, de nuestra supervisora oficiosa y oficial Alemania y toda la parentela: hemos perdido derechos, presente, futuro, ¿también van a amparar –una vez más– que nos resten libertades democráticas? En temas trascendentales, todo silencio es cómplice.
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