- "O vinculamos la justicia y las leyes, a la sociedad, o no valen para nada"
- "Decimos grandes palabras que no sirven para nada; las normas tienen que indicar una conducta"
Según los Índices de Transparencia Interna, de 176 países España ocupas el puesto 30 en cuanto a corrupción. A tener en cuenta que los índices se hacen por percepción ciudadana, elaborándose así sus estadísticas.
Pero en nuestro país carecemos de datos, no sabemos dónde están los corruptos, ni tan siquiera si han cumplido sus penas. De hecho “es una vergüenza que no tengamos los datos”, afirma Carmena. Los datos son imprescindibles para saber los efectos que producen las sentencias, y eso impide una evaluación. No obstante, la jurista informó de que el CGP tiene su centro de datos en San Sebastián, donde están digitalizadas el 90% de las sentencias, y cualquier estudiosos siempre puede acudir allí. Aunque nos encontremos con grandes sentencias y miles de folios, siempre se puede hacer un buen trabajo seleccionando el principio y el final de las sentencias, es decir, los hechos probados y las condenas.
Por su parte, el Fiscal General del Estado ofrece la memoria de los delitos cometidos, matizando el número de denuncias, pero no las sentencias.
Sin embargo, la Fundación CIVIO ofrece información sobre el seguimiento de los indultos por corrupción.
También llaman la atención los datos que ofrece la Audiencia Provincial de Madrid, con Ana Ferrer como presidenta, donde se dan estadísticas de número de delitos. Así, durante el 2012 se cometieron 1.225 delitos contra la salud, es decir, en materia de droga, sin embargo, tan sólo se cometieron 4 como delitos contra la Administración Pública, es decir, corrupción. Esto quiere decir, que la justicia dedica su actividad en un 75 por ciento a la droga.
Basándose en estos datos, Manuela Carmena afirma que “no hay corrupción en la sociedad española, donde hay corrupción es en la clase política”. Los funcionarios no son corruptos, los corruptos son los políticos. La magistrada cogió como ejemplo las sentencias condenatorias del caso de Marbella con 2 años y seis meses de cárcel por cohecho, y sin embargo, a un parado que acude a la Oficina de Empleo y al que no se le tramita su necesidad de empleo, y pone encima de la mesa 20 euros para el funcionario, se le sentencia a 8 meses de cárcel.
La salida pasa por “investigar y castigar” a los corruptos.
En España, aunque están separados los tres poderes, no lo están en su estructura, en la gestión. La estructura de la corrupción es muy grave y está en el seno de la división de los poderes. La justicia tiene grandes males; es esencialmente independiente y sin embargo no funciona como tal. Uno de sus grandes defectos es su “enorme oscuridad”, afirma la ex vocal del CGPJ. “Las sentencias no se hacen públicas”, y para esta jurista, la salida pasa por que los jueces las expliquen de palabra. De hecho, “deberíamos acostumbrarnos a que las sentencias fueran habladas, comunicadas, en mesas redondas, etc.”. Sin embargo, el CGPJ castiga al juez que habla de sus asuntos.
Para Carmena, Bankia es un caso claro de tecnojerarquía: un magistrado, el juez Silva, mete en la cárcel, a Blesa, presidente de la entidad; seguidamente, dos magistradas de la Audiencia Provincial lo liberan tomando su decisión sobre una resolución, un año atrás, y lo anulan todo, porque no había base, no estaba bien justificado en aquél momento, faltaban papeles. Según Carmena, la tecnojerarquía es como un ajedrez siniestro, que desvincula la justicia de los valores de los ciudadanos, dicen que no ha pasado y anulan todo el proceso. “Empiezo a pensar que no debe de haber facultades de derecho, las normas tienen que estar vinculadas a la vida, a hechos concretos, y la tecnojerarquía distancia a jueces y ciudadanos”, dice Manuela Carmena ante esta respuesta.
La falta de medios en la justicia genera un problema más grave, porque con la excusa de que no hay medios, los jueces no asumen la responsabilidad de gestionar los medios, o el proceso. En un problema como el de Blesa, la justicia nos sabe gestionar, porque ni siquiera organiza los papeles.
Carmena ha terminado su ponencia haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que exija a los jueces que den los datos. Para ello, es imprescindible que “la sociedad civil se organice en redes, que exijan claridad del lenguaje, que exijan la interpretación de las sentencias, entre otros muchos puntos”, sentencia la jurista.
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