11 abril 2013 - Carlos Carnicero
Lamento no ser políticamente correcto. Mi compromiso intelectual no me lo permite. Me cuesta mucho trabajo abstraerme de la situación excepcional que vive la mayoría de la ciudadanía. Creo firmemente en los valores de la Constitución. Pero creo en todos ellos, sin burbujas que pretendan que algunos derechos son retóricos, aunque sea por imposibles. No concibo ninguna forma de democracia censitaria en la que los derechos y los valores tengan relación dispar con los orígenes, la renta o cualquier otro baremo asentado en la discriminación activa o pasiva.
La intimidad es un bien a proteger y se sintetiza en el adagio inglés del “derecho a estar solo sin injerencias exteriores cuando esa sea la voluntad del individuo”. Pero el mismo derecho a la intimidad tiene el Rey que el más humilde de los ciudadanos.
El más pobre de los ciudadanos tiene derecho a una vida digna y a un gobierno que le sirva. Todos tienen derecho a proteger a sus hijos y a su familia frente a cualquier situación humillante. Y no hay excepciones pero si grados de posible incumplimiento.
Un responsable político y un dirigente económico están tan protegidos como cualquiera frente a cualquier intromisión en su intimidad. Y, en consecuencia, el hogar, como reducto sagrado de esa intimidad, debe ser protegido en todos los casos y para todos los ciudadanos.
Y vayamos a los hechos que nos ocupan.
Existe un debate nacional sobre la legitimidad de los llamados escraches o protestas ante los domicilios o las oficinas de representantes políticos que tienen responsabilidad directa con la gestión de la crisis y con las medidas que se están adoptando como solución. Y el pensamiento establecido se apresura a determinar que lo que consideran derechos vulnerados de esas personas tienen que ser restablecidos, al amparo de la fuerza de la ley. Parece razonable.
Felipe González, ex presidente de Gobierno y ex líder del PSOE, también se ha pronunciado en defensa de los derechos de quienes se sienten acosados por la indignación ciudadana.
Un pensamiento políticamente correcto, el del ex presidente González. Y podía suscribirse sin matices, pero yo quiero poner algunos condicionantes.
El derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de las transacciones económicas está regulado por ley y se diseñó para su aplicación en circunstancias normales. Si alguien tiene un crédito con garantía hipotecaria, en caso de impago, está establecido que se ejecuten esas garantías. Mi disenso radica en que no estamos en circunstancias normales; son absolutamente excepcionales. El marco jurídico en que se reguló la ejecución de esas medidas de control y garantía de las hipotecas ha saltado por los aires en una crisis económica en la que tienen mucha más responsabilidad los dirigentes que sus representados. Se produce la paradoja de que muchas instituciones financieras han tenido una protección excepcional cuando su situación era de quiebra y las medidas jurídicas a adoptar eran dejarlas caer y desahuciar económicamente a sus propietarios y responsables. Ante una situación de excepcionalidad se adoptaron soluciones excepcionales. Cerca de sesenta mil millones de euros se han inyectado, con la garantía de los impuestos de los ciudadanos, a esas entidades en quiebra que sin embargo no tienen piedad con quien incumple sus obligaciones hipotecarias. ¿Puede haber una vara de medir más discriminatoria? ¿Por qué no medidas excepcionales para proteger igualmente, con los mismos criterios, a los más débiles?
La mayor violación de la intimidad de un ciudadano es el desahucio o desalojo de su casa delante de sus hijos y sus vecinos. Esa violencia legal estaba justificada cuando el marco socioeconómica determinaba también una seguridad jurídica de quien contraía esos compromisos de acuerdo a la situación que imperaba cuando los contrajo.
Cientos de miles de familias han sido desahuciados no porque ellos hayan protagonizado el marco de su situación económica sino como consecuencia de la crisis y, sobre todo, de las medidas adoptadas para combatirla. La igualdad y la universalidad de las medidas ha sido y es discriminatoria para los humildes y protege a los poderosos. Se ha creado una burbuja de protección para quienes son importantes y se ha explotado la de quienes no lo son.
La excepcionalidad de la situación convierte en ilegítima e injusta la aplicación de las clausulas de garantía de muchos desahucios. Y la protección que merecen los afectados está por encima del cumplimiento de sus contratos. Sobre todo porque las circunstancias actuales determinan y demuestran que muchos responsables de la crisis no solo no han pagado por ello sino que siguen siendo beneficiarios a costa de la tragedia colectiva.
Poner en primer plano los derechos a la intimidad y exigir la protección de este colectivo de poderosos sin resolver la tragedia de quienes pierden su casa como consecuencia de la crisis es un acto de hipocresía social insoportable.
Por eso me permito recordarle a mi admirado Felipe González que su posición políticamente correcta está huérfana de la misma radicalidad en la exigencia de que se acabe inmediatamente la progresión de las medidas que determinan una democracia desigual en que unos son protegidos y otros son abandonados en función de su dinero, su poder y su influencia.
Y mientras tanto, no seré yo quien considere ilegítima cualquier manifestación de rechazo, que sea pacífica, allí donde radiquen o se escondan los responsables de esta situación.
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