14 de abril de 2013 - Carlos Carnicero
En el proceso de demonización de las protestas ciudadanas, la hipérbole puede ser muy peligrosa cuando se trata de relacionar conceptos desiguales e imposibles.
María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido que gobierna, ha comparado las protestas ciudadanos en el entorno personal de los dirigentes políticos con las prácticas que realizó el nazismo en Alemania, como preludio del exterminio de los judíos.
Las fuerzas paramilitares del nazismo no se manifestaban ante las casas o los negocios de los judíos; las asaltaban y destruían. Y con estos episodios, que tuvieron su epicentro en la llamada “noche de los cristales rotos”, se abrió la espita progresiva que condujo a Auschwitz Birkenau y otros campos de concentración para labores de exterminio sistemático.
Lo que en España, importando un concepto que se acuñó en Argentina, está ocurriendo, es que grupos de personas organizadas se desplazan a los lugares donde residen o trabajan quienes consideran responsables de las consecuencias de esta crisis, para protestar de forma pacífica ante ellos. No ha ocurrido un solo episodio de violencia, o como máximo, subidas de tono en los gritos que se profieren. Nada de asaltos ni cristales rotos.
Pero la diferencia más importante y sustantiva es que los escraches no los organiza el poder establecido, como ocurría en Alemania. Y no existe ningún plan para linchar, agredir o destruir las propiedades de quienes sufren las protestas. Se trata del desahogo ciudadana allí donde pueden encontrar a los dirigentes que gobiernan esta crisis. Y se realizan en ese entorno privado porque estos líderes están blindados en cualquier lugar, inaccesibles a la ciudadanía.
Cuando se intentó protestar ante el Congreso de los Diputados, residencia de la soberanía popular, la policía se encargó de que el lugar fuera inaccesible. Se calificó la iniciativa de “intolerable”. ¿Dónde considera el Gobierno que pueden protestar los ciudadanos?
La comparación de Cospedal de los escraches con el nazismo no solo es insoportable, imposible e intolerable, sino además, una escalada en la criminalización de la ciudadanía y sus representantes.
El PP ha jugado fuerte en esa demonización. Sucesivamente lo ha hecho con los inmigrantes ilegales, a los que ha privado de asistencia sanitaria, los sindicatos, los médicos en protesta, los maestros e incluso los jueces.
Ahora llaman nazis a los participantes en los escraches. La tentación sería utilizar otra hipérbole como respuesta a la que ha promovido Cospedal. Pero una escalada no conduce a nada. Habría que pensar si no se parece más al nazismo ayudar con dinero público a la Banca y permitir que siga desalojando a ciudadanos de sus casas sin regular la forma de impedirlo.
Los nazis se quedaban con las propiedades de los judíos. Los escrachistas solo tratan de evitar que los ciudadanos comunes, “los judíos” de esta España desigual, sigan perdiendo sus propiedades en manos de los bancos que han sido auxiliados y protegidos económicamente por el estado.
Reflexionemos con serenidad. El problema esencial no son las protestas sino los desahucios. Demonizando y persiguiendo a los manifestantes se empuja hacia protestas más radicales, porque no desaparece la injusticia que las promueve.
Debiera relajarse la señora Cospedal que, a diferencia de los judíos alemanes y los pobres de España, tiene mucha protección y blindaje para su vida personal. Debiera preocuparse por los perseguidos y no por los perseguidores. Esa sería la única comparación posible –naturalmente exagerada e inadmisible- entre la Alemania Nazi y la España que todavía es democrática.
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