13 abril 2013
COMO PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA GRANDES CLIENTES
La tormenta se desata sobre las sedes de UBS y Credit Suisse. (REUTERS)
El dinero tiene siempre a su servicio a buenos profesionales. Contables, abogados y banqueros cobran caro a las grandes fortunas por el asesoramiento y diseño de estrategias para preservar sus patrimonios. Un modus operandi tolerado de forma implícita por el sistema hasta que alguien señala con el dedo el rastro de los millones, sobre todo cuando afecta a personajes públicos, existen sospechas sobre su legitimidad o ampara actuaciones delictivas. Entonces sí, como acaba de ocurrir tras la publicación a escala mundial de la investigación realizada por ICIJ junto a otros medios de comunicación, las reacciones se suceden en cadena.
En las 48 horas posteriores a la difusión mundial del trabajo sobre el mundo offshore, dirigentes de algunos de los países protagonistas han salido al paso. Reino Unido, Francia, Italia, Grecia y Alemania, por citar algunos de entre los europeos, han reaccionado ante el impacto de las primeras informaciones, tras conocerse la relación de ciudadanos de sus países que aparecen como beneficiarios de paraísos fiscales. Hasta el primer ministro británico, David Cameron, en declaraciones efectuadas el mismo jueves, aseguró que conviene revisar la situación especial que caracteriza a las Islas Vírgenes, como si desconociera la existencia de esta situación extraordinaria.
Los resultados del trabajo, fruto de la filtración de más de 2,5 millones de archivos, destapan sólo la punta de un inmenso iceberg. Además de descubrir a los beneficiarios y clientes de estos servicios, la investigación pone de relieve el papel necesario de las entidades financieras. Los datos obtenidos por el ICIJ demuestran cómo los colosos suizos UBS y Credit Suisse (su filial Clariden) han trabajado de manera habitual con Portcullis TrustNet, uno de los proveedores utilizados para ofrecer sociedades opacas con garantías máximas de confidencialidad en las Islas Vírgenes Británicas y otros centros offshore a cuyos archivos se ha tenido acceso tras la filtración original.
Más que negar la evidencia, los bancos defienden su actividad sin ofrecer detalles. Credit Suisse apela al secreto bancario y al cumplimiento de todas las leyes de los países en los que opera para defenderse. Por su parte, UBS asegura que usan “los más altos estándares internacionales” para combatir el lavado de dinero y que Portcullis TrustNet “es sólo uno de los más de 800 proveedores de servicios a nivel mundial utilizados para dar servicio a los clientes”. Sin embargo, todo este celo profesional ha sido insuficiente en ocasiones, como demuestran las multas millonarias que ambas entidades afrontaron en 2009 ante el Gobierno de EEUU por ayudar a ciudadanos del país a evadir impuestos.
Tampoco queda libre de sospecha el gigante alemán Deutsche Bank. Según la investigación desarrollada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y la emisora pública alemana NDR, el primer banco de la eurozonaayudó a sus clientes a través de su oficina de Singapur a establecer más de 300 sociedades opacas y fideicomisos extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales, en su caso también gracias a los servicios del proveedor TrustNet. Al igual que otras de las entidades financieras descubiertas en la investigación, un portavoz afirmó que no ofrecen asesoramiento fiscal a sus clientes ni instrumentos para evadir impuestos.
Alineado en este discurso se pronunció ayer Andreas Schmitz, presidente de la Asociación de Bancos Alemanes, que subrayó que “en primera línea están aquellas personas de carácter privado y organizaciones que depositan su dinero en los paraísos fiscales”. Sin embargo, para librar de culpa a los bancos de su país, el responsable de la patronal aseguró que las entidades no pueden comprobar si ha habido o no pago de impuestos por meras transacciones, porque carecen de autoridad. Por ello, no sería correcto “poner en la picota a los bancos”, sin entrar a valorar la potencial “zona de impunidad” que generan los paraísos fiscales para facilitar delitos financieros.
La misma suerte han corrido los dos bancos de referencia franceses. Según ha publicado el diario Le Monde, tanto BNP Paribas y Credit Agricole habilitaron sociedades para clientes en paraísos como las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y Singapur desde finales de los años 90. Para ellos, ambas entidades empleaban sus sucursales en Singapur y Hong Kong, o las filiales suizas con sede en Ginebra. En todos los casos, contaron con la inestimable colaboración de la firma TrustNet, especializada en la creación llave en mano de vehículos offshore, cuya base de datos forma parte del trabajo de investigación abordado por el ICIJ durante quince meses.
Aún así, el caso francés más controvertido tiene perfil político y llega en pleno debate sobre los paraísos fiscales, con varios casos apuntando al entorno del presidente François Hollande. Este martes, su exministro de Finanzas, Jérôme Cahuzac, reconoció haber tenido una cuenta en Suiza con cerca de 600.000 euros durante años, hecho por el que ahora está imputado por fraude fiscal y blanqueo. Gracias al análisis de los documentos del ICIJ, el diario Le Monde reveló dos días después que Jean-Jacques Augier, el que fue tesorero de la campaña electoral de Hollande, utilizó dos sociedades en las Caimán. A pesar de los datos, ambos han salido al paso con evasivas del tipo “no sé nada” sobre estas “actividades privadas” y “nada es ilegal”.
La repercusión de la investigación ha provocado que las autoridades fiscales de diferentes países hayan pedido una copia de los archivos filtrados al ICIJ, al considerar relevante el potencial de los datos y documentos. En este sentido, los primeros en actuar han sido las agencias gubernamentales de Alemania, Grecia, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, que reclaman los 2.5 millones de documentos y la lista de casi 130.000 nombres de personas con sociedadesoffshore, petición que ICIJ se ha negado a cumplir.
El motivo principal de la negativa es que la investigación está hecha por periodistas independientes y no por parte de ningún gobierno. El objetivo es contar historias y “si hay más que encontrar, queremos hacerlo de manera conjunta con otros colaboradores” dijo el director Gerard Ryle. Además, ICIJ anunció que contempla la posibilidad de publicar parte de los datos, a la espera de resolver aspectos legales, técnicos y periodísticos. En este sentido, El Confidencial viene publicando varios artículos sobre algunos de los protagonistas españoles, que se pueden leer en este especial, y de los que pronto habrá más informaciones.
NOTA DE REDACCION
El Confidencial publica una serie de reportajes elaborados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red independiente de periodistas repartidos en más de 60 países que colaboran en investigaciones transfronterizas impulsado y amparado por el organismo estadounidense sin ánimo de lucro Center for Public Integrity. Para la elaboración de este trabajo, los periodistas han tenido acceso a información original sobre firmas especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales, además de documentos y testimonios de fuentes expertas en asuntos fiscales. Los directamente afectados han tenido la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos
El confidencial
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