Luis Díez - 27/9/2013
Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo y especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias, denuncia en esta entrevista la laminación de la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria en España por parte del Gobierno de Mariano Rajoy Brey y su ministra Ana Mato Adrover al tiempo que desmiente, uno por uno, los argumentos del Ejecutivo para acometer un recorte que ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas, 2.300 cada día desde septiembre de 2013, y que ha introducido y ampliado el copago de los medicamentos, incluso los que dispensaban las farmacias de los hospitales a enfermos de cáncer y otras enfermedades graves. “El próximo paso será el cobro por la habitación y la limpieza de los hospitales”, pronostica. Este defensor de la sanidad pública y, por tanto, partidario de que el rey se hubiera operado en una clínica del Sistema Nacional de Salud, de 42 años, demuestra cómo la reforma sanitaria del Gobierno del PP por razones económicas, aunque sin memoria económica, va en una dirección manifiestamente contraria a las recomendaciones de la OMS y, según los expertos, va a suponer un retroceso de diez años en la esperanza de vida de los españoles, que ahora es la segunda más alta del mundo en las mujeres y la tercera en los hombres. La ONG que preside presentó el martes su campaña “Nadie desechado”.
– ¿Estamos viviendo en materia sanitaria un proceso similar al que describió Bertolt Brecht en su famoso poema: “…después vinieron a por mí, pero ya era tarde”?
– La verdad es que están yendo contra un colectivo detrás de otro: primero eran los inmigrantes sin papeles, después los jubilados, ahora los enfermos crónicos; no sabemos contra quién irán el mes que viene, pero están destruyendo el sistema sanitario público y universal, y eso nos afecta a todos.
– Los carteles en las paradas de los autobuses con el lema “desechado”, impresionan. Cuando uno ve el anagrama de Médicos del Mundo y se da cuenta de que no anuncian una película sino que denuncian situaciones de rechazo, exclusión y negación del derecho a la asistencia sanitaria universal, se pregunta cómo diablos puede estar justificado.
– No hay justificación alguna para desechar a nadie. Desde el punto de vista de los derechos humanos, esa política es injusta y contraria a las convenciones suscritas por el Gobierno español hace años; desde el punto de vista de los profesionales choca frontalmente con el código deontológico y el juramento hipocrático de los médicos; si atendemos a los criterios de salud pública, esa política es muy peligrosa: las enfermedades no entienden de barreras ni situaciones administrativas y España es ya el país con una tasa de tuberculosis muy superior a la Unión Europea.
– ¿Por culpa de los emigrantes de países empobrecidos que logran entrar ilegalmente?
– Quieren que creamos eso, pero no es cierto. Los emigrantes no traen la tuberculosis, la mayoría son sanos y jóvenes. Las personas enfermas difícilmente se pueden desplazar y entrar en pateras. El problema es la penuria y las condiciones de hacinamiento y que cuando enferman se les niega la asistencia en los centros de salud, como después de muchas mentiras oficiales del Gobierno de Baleares conseguimos demostrar en el caso de Alpha Pam. Al negarles la asistencia y el diagnóstico, se imposibilita el análisis de los grupos de contacto y de riesgo, lo que facilita la extensión de la enfermedad.
– ¿Tienen datos sobre la exclusión sanitaria desde que entró en vigor la reforma del PP, en septiembre de 2012, de la que la ministra Mato ha declarado sentirse moderadamente satisfecha?
– La realidad es que más de 2.300 personas han perdido cada día su tarjeta sanitaria desde que entró en vigor esa reforma. El dato no es nuestro, sino del propio Gobierno, que reconoce haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, a personas de origen foráneo que llevaban años viviendo y trabajando en España, que han formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado han perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.
– ¿Entonces debemos creer que ustedes no hacen demagogia, claro?
– Sólo damos datos basados en las personas que acuden a la organización. En Grecia, los dispensarios de Médicos del Mundo no dan abasto y saben lo que está ocurriendo con el hundimiento de la sanidad pública. Por ejemplo, la negativa a la asistencia a personas con el VIH y la dispensa de jeringuillas gratis ha dado lugar a un crecimiento del 1.500% de los contagios. En Grecia hay que comprar las vacunas, y los niños no vacunados están siendo excluidos de los colegios. Son sólo dos referencias cercanas.
Cartel de la campaña de Medicos del Mundo.
– ¿Y aquí?
– Decía que nosotros damos datos recogidos por nuestra organización, en contraste con una reforma aprobada por decreto que el Gobierno no acompañó de memoria económica alguna. En el informe que entregamos hace una semana a la Defensora del Pueblo sobre el impacto de la reforma en el derecho a la salud y que está basado en 1.192 casos de vulneraciones de este derecho fundamental documentados por Médicos del Mundo, queda claro el sufrimiento que ha provocado esta norma a cientos de personas. Llevamos 24 años atendiendo a población en riesgo de exclusión, pero en los últimos meses las consultas que recibe la entidad ya no provienen exclusivamente de estos colectivos, sino también de personas con rentas moderadas, que están desesperadas por no poder adquirir la medicación que necesitan, y de inmigrantes, incluso con autorización legal de residencia, a quienes se ha negado el seguimiento médico para sus patologías crónicas.
– Pero no podrán negar el efecto económico positivo para contener el gasto.
– Han reducido el gasto por el copago de los medicamentos. Seguro que compran menos. Eso es indiscutible.
– Y con la extensión del copago a 42 medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves en las farmacias de los hospitales, el ahorro será mayor, ¿no cree?
– En absoluto. Desde el punto de vista económico, esta reforma tampoco está funcionando. En primer lugar se están derivando enfermos a las urgencias, donde el coste sanitario es más alto, por negarles el tratamiento. El copago penaliza a dos colectivos: los crónicos y los de rentas bajas. Y está demostrado que no sirve para ahorrar, que incide al alza en las urgencias hospitalarias y que sólo sirve para desviar los costes. .
– ¿Demostrado?
– En Estados Unidos, las aseguradoras sanitarias quitaron el copago hace ocho años porque los asegurados ahorraban en fármacos y les salían más caros, en Alemania lo han quitado también. La investigadora Helena Legido-Quinsey, de la prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha desvelado que un estudio publicado recientemente por su equipo en la revista PLOS Medicine mantiene que introducir el copago por medicamentos puede reducir el acceso a los cuidados necesarios y tener consecuencias negativas en la salud. Un claro ejemplo es el caso de la hipertensión, donde hay evidencia de que cuanto mayor es el copago farmaceútico, son también más los tratamientos que se interrumpen. Supongamos que una persona que necesita antimicóticos no los toma por motivos económicos. ¿A quién se deriva el coste de acabar en la cárcel? En la cárcel se los dan, sale y se los niegan.
– Volviendo a los versos de Brecht, ¿a por quién irán con el repago?
– El copago ya nos afecta a todos. Esa es la realidad. Y ya se ha hablado del pago de las habitaciones, los alimentos y hasta la limpieza en los hospitales.
– ¿Disfrutábamos de una sanidad universal por encima de nuestras posibilidades?
– Con la retirada de 870.000 tarjetas y el copago, el concepto de universalidad se ha cambiado. ¿Podemos o no sufragar la sanidad? Desde fuera no se entiende esta reforma porque estábamos en el tercio superior de la tabla en universalidad y calidad y en el tercio inferior en coste.
– La “marca España” podía alardear de ser el segundo país del mundo en esperanza de vida de las mujeres y el tercero de los hombres. ¿Qué ocurrirá ahora?
– En el documental de Médicos del Mundo se reseña una investigación de un grupo de especialistas de Toronto (Canadá) sobre una caída de la esperanza de vida de una década.
– ¿Qué hacer para desmentir esos pronósticos?
–Fortalecer la atención y el acceso a la sanidad. En todos nuestros proyectos de cooperación en el mundo siempre hemos defendido el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud porque está demostrado que es el mejor modelo. En España, el Gobierno actual va justo en sentido contrario a las recomendaciones de la OMS, basadas en la atención a la población –que aquí se recorta–, la provisión de servicios –que aquí se recorta– y la financiación pública vía impuestos –que aquí se recorta, aunque bajan los salarios y suben los impuestos. Un dato: 150 millones de personas caen cada año en la pobreza a causa de una enfermedad sobrevenida.
– ¿Quizá por eso se producía el efecto llamada y el turismo sanitario?
– ¿Cuál? Según Red Internacional, de las notificaciones de inmigración irregular sólo el 1,5% requería atención sanitaria. ¿Qué se ha hecho contra el turismo sanitario? Nada. ¿Por qué no se cobra la factura de 911 millones de euros por asistencia sanitaria a los visitantes? Porque las facturas se hacen mal y no son reconocidos los costes específicos. Los acuerdos con algunos países comunitarios con residentes establecidos en España sitúan el pago al Estado español en 2.500 euros al año, una cantidad ventajosa si tenemos en cuenta que nuestro coste es de 1.500 euros por español al año.
–¿Qué objetivos persiguen con la campaña Nadie Desechado?
–Sensibilizar a la ciudadanía sobre una realidad: que se está desmantelando el sistema público de sanidad universal, que se está rechazando a quienes más lo necesitan, que están destrozando uno de los mejores sistemas del mundo, que están yendo a por un colectivo tras otro. Y recabar apoyo económico para mantener los proyectos de cooperación y contra la exclusión. Pero, sobre todo, que el Gobierno reconozca que se ha equivocado y de marcha atrás, que rectifique, que no pasa nada. Podemos gestionar mejor y ser más eficientes, sin desechar a nadie. Podemos y lo vamos a conseguir.
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