Andreu Missé - 4/9/2013
La verdadera reforma estructural que precisa este país es la fiscal. España se está quedando sin ingresos tributarios, mientras que la economía sumergida ha vuelto a repuntar. La Hacienda española es la segunda que ha registrado una mayor caída de ingresos fiscales y cotizaciones sociales de la UE, que en conjunto representaron el 32,4% del PIB en 2011. Se trata de un porcentaje muy inferioral 40,8 % de la media de la zona euro. En relación con 2007, la recaudación española ha caído 5,6 puntos.
Esta pérdida de ingresos convive con unos tipos máximos en el impuesto sobre la renta que se sitúan entre los más altos de Europa. El tipo máximo español es del 52%, que en Cataluña, con el recargo autonómico, alcanza el 56%, solo superado por Suecia (56,6%). España es un buen ejemplo de cómo las subidas de los tipos impositivos no conducen a una mayor recaudación. Hay sin duda un serio problema de diseño fiscal y eficiencia en la gestión tributaria.
El desafío es doble. Por una parte, se trata de ensanchar las bases imponibles para que paguen todas las actividades, y de eliminar la larga lista de deducciones privilegiadas. Por otra parte, se debe taponar la multitud de escapatorias existentes, especialmente en las operaciones internacionales de las grandes corporaciones a través de los paraísos fiscales.
Ensanchar las bases de cotización supone regularizar la mayor parte posible de la economía sumergida, que representa entre el 19% y el 23% de la producción total. Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha estiman que una reducción de 10 puntos de la economía sumergida hasta situarla al nivel de los grandes países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania (en los que la actividad oculta oscila entre el 10% y el 13%), proporcionaría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros. La Fundación de Estudios Financieros rebaja estos posibles ingresos adicionales a unos 18.000 y 20.000 millones de euros, que también es una cifra relevante.
Pero donde se está produciendo la sangría mayor es en el impuesto de sociedades, que se ha convertido en una auténtica ganga para los grandes grupos empresariales, que solo pagaron el 3,5% de los 86.000 millones de euros declarados en 2011, frente al 12% pagado por las familias en el impuesto sobre la renta.
En el caso de la banca, la situación es mucho más perjudicial para Hacienda. Las pérdidas y provisiones registradas por el conjunto del sector financiero permitieron contabilizar 16.185 millones como impuestos negativos entre 2011 y 2012 y así poder reducir las pérdidas por esta misma cuantía. Este resultado contrasta con las aportaciones del sector a Hacienda durante los años del boom, que oscilaron entre 2.000 y 4.500 millones anuales.
Algunos descuentos fiscales que se han atribuido ciertos bancos, con el beneplácito de la Administración, no son aceptables, pues no derivan de las pérdidas de las propias entidades, sino de las absorciones de entidades quebradas después de que estas fueran saneadas con dinero público, del que ya se dan por perdidos 37.000 millones. Así, ciertas operaciones de fusión han permitido a algunos bancos apuntarse las pérdidas de las entidades absorbidas para deducirlas de su factura fiscal en los próximos años como ya hicieron en 2012.
Un caso especialmente grave es el de las grandes multinacionales estadounidenses; por ejemplo, Apple,Google y Microsoft, que pagan una factura mínima de impuestos gracias a una red de sociedades filiales en algunos países, como Irlanda, con tipos privilegiados sobre los beneficios del 12,5%, pero que pueden llegar prácticamente al 0% endeterminadas circunstancias. En estos casos, es decisiva la insoportable colaboración de los paraísos fiscales.
La falta de una mínima armonización fiscal en Europa juega en contra de los esfuerzos que quiera llevara cabo cualquier Gobierno. Lo que se está imponiendo es una nueva carrera fiscal de los tipos a la baja entre países para captar inversiones y evitar la fuga de capitales. Portugal es el último ejemplo. Con un tipo fiscal del 31,5% en el impuesto sobre sociedades, planea una rebaja hasta el 19% en los próximos cinco años.
La lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y los privilegios de algunos grupos y sectores se ha convertido en una cuestión de supervivencia para el mantenimiento de un mínimo Estado de bienestar en incesante deterioro. La falta de voluntad política es palpable. La evasión y el fraude fiscal suponen que cada familia tiene que pagar 2.000 euros de más por los que no pagan. Es una situación insostenible si además coincide con un creciente recorte de las prestaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario