Manel García Biel 19/12/2012
La crisis que estamos sufriendo en el país es fundamentalmente la del sistema financiero, derivada de una “burbuja inmobiliaria” estimulada por las entidades financieras. A pesar de ello su Reforma ha sido la última a la que han hecho frente nuestros gobernantes.
Quizás sería bueno recordar, en estos tiempos, que durante la década expansiva las instituciones financieras tenían beneficios superiores al 30% anual y muchas llegaron a triplicar su dimensión en pocos años.
La reforma que se quiere llevar a cabo con respecto al sistema financiero es una verdadera estafa para el conjunto de la ciudadanía. Todos los recortes de derechos y de condiciones de vida de la gente, todos los miles de millones de los recortes que nos están haciendo pagar, se vierten alegremente en la salvación del sistema financiero. Las entidades financieras y sus directivos privatizaron los beneficios en tiempos de “vacas gordas” y ahora socializan las pérdidas y se financian con el dinero de todos para volver a hacer beneficios privados en un futuro.
Aquí hay quien como siempre gana, un 1% el de la gente más rica del país, los banqueros entre ellos, y un 99% que pierde, el conjunto de la ciudadanía que paga los costes y especialmente los clientes de entidades financieras en crisis que habían suscrito preferentes o subordinadas y ahora ven cómo pierden sus ahorros, y los trabajadores de los bancos o cajas en crisis que han perdido su puesto de trabajo, y que pueden llegar a sumar al final del proceso la cifra de más de 30.000 trabajadores.
Podemos poner un ejemplo reciente de esta estafa. El Banco de Valencia ha sido comprado por CaixaBank por 1 euro. Eso si, la compra llevaba bajo el brazo 5.500 millones de euros en ayudas públicas para la compra de una entidad que tiene 20.000 millones de activos, es decir 1 euro de ayuda pública por cada 4 euros de activos del Banco de Valencia. Pero eso no es todo, la entidad presidida por Isidre Fainé colocará en el banco malo los inmuebles o activos tóxicos del Banco de Valencia y además contará con un Esquema de Protección de Activos (EPA) que conllevará que el Estado, es decir todos los ciudadanos, nos hagamos cargo del 72,5% de la morosidad que pueda surgir durante los próximos 10 años en créditos morosos a pymes, autónomos y avalistas. A todo esto añadiremos que la mitad de la plantilla de Banco de Valencia se irá a la calle y ya no entrará en CaixaBank, es decir la venta se hace libre de “polvo y paja”. En fin Fainé y CaixaBank ganan mientras los ciudadanos añadimos miles de millones en nuestra deuda, es decir en la deuda pública del Estado.
Este es sólo un ejemplo, pérdidas públicas y beneficios privados, lo mismo que ocurrió con la adquisición de la Caja del Mediterráneo por el Banco de Sabadell, y tantos otros casos, como será el multimillonario rescate de Bankia o la venta de CatalunyaCaixa o de Novacaixagalicia a algún miembro del oligopolio bancario que están creando con esta reforma. Podemos citar el caso de la compra de Unnim por parte del BBVA, donde se ha despedido a los trabajadores jóvenes de Unnim en vez de prejubilar trabajadores de más de 55 años del BBVA, simplemente por que su sueldo era algo más elevado.
Esta crisis es una estafa por la que sólo paga el conjunto de la ciudadanía mientras los responsables de la crisis, los que dirigían las entidades en crisis, salen de “rositas” o incluso salen beneficiados en el caso del Oligopolio financiero que formarán fundamentalmente el Santander, el BBVA y La Caixa.
La reforma financiera ha conllevado invertir dinero público para rescate de los bancos o cajas en quiebra y darles en buenas condiciones a las grandes entidades financieras del país. Incluso hemos tenido que pedir un rescate a la UE, rescate del que somos y seremos deudores todos y cada uno de nosotros, para darle después el dinero a los grandes bancos.
Es evidente que toda esta reforma es una estafa. Rescatar con dinero público sólo podría justificarse si se hiciera para constituir una banca pública potente que se encargara de hacer fluir el crédito hacia la economía productiva y ayudara a sacar al país de la crisis que padece. Nada de esto se ha hecho y los grandes banqueros ya han dicho que el crédito no fluirá por que antes deben hacer sus dotaciones y reducir sus deudas. Y todo esto lo dicen aquellos que nos han traspasado su deuda privada y la han convertido en deuda pública.
Incluso en estos momentos, las entidades financieras que han aceptado la rebaja de la deuda de las grandes inmobiliarias niegan esta rebaja a los particulares, a los que les quitan la vivienda, los desahucian, en caso de morosidad sin que ello les suponga la liquidación de la deuda, que se continúa acumulando y creciendo de forma desmesurada debido a unos intereses de mora abusivos. Y el Gobierno de Rajoy la única actuación que de le ocurre es recomendar a las entidades financieras que sean consideradas con los más vulnerables. Es incapaz de exigirles nada, lo que podría hacer después de la cantidad de recursos económicos públicos invertidos en la crisis bancaria.
Sólo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), con múltiples iniciativas, han sido capaces de poner de relieve esta grave contradicción y trato diferenciado que el poder político tiene con los poderosos por un lado, poniéndose a su servicio, y con el resto de la sociedad, por el otro, a la que le recorta sus derechos y con la que no tiene ninguna consideración.
La renuncia a crear una banca pública tendrá a la vez una grave repercusión social, especialmente derivada de la desaparición de las cajas de ahorro, con la pérdida del dividendo social que las cajas dedicaban al Tercer Sector, y la exclusión financiera que se producirá con los sectores de la población con menor capacidad económica que no serán rentables para la banca privada y que serán rechazados del sistema financiero.
nuevatribuna.es
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