Todas las claves de la subasta eléctrica

Márius Fort - 19/12/2013

Jorge Morales de Labra JMdl

Se celebra cada trimestre y su resultado supone casi la mitad de lo que los consumidores pagan en el recibo de la luz.

El recibo de la luz de los consumidores españoles se compone de tres partes. Dos de ellas las controla el Gobierno, que son los impuestos y los peajes. Es lo que se llama tramo regulado. Una tercera parte es el precio de la energía, el denominado tramo liberalizado, y se decide mediante una subasta trimestral.

Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial. Experto en regulación eléctrica, pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), es socio protector de la Fundación Renovables y miembro activo de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Morales explica a LaVanguardia.com qué son y cómo funcionan las subastas y cómo podemos tratar de averiguar qué subidas del precio de la luz aguardan a millones de consumidores.  

¿Cuándo se realizan las subastas eléctricas que repercuten en el recibo de la luz?
Cada trimestre. La última ha sido el 19 de diciembre de 2013. Ha empezado a las 8h30 de la mañana y se ha prolongado hasta que los precios se han ajustado, alrededor de las 12h20. Este tipo de subasta se llama CESUR (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso) y esta última ha sido la vigésimo quinta.

¿Quién fija la cantidad de energía a subastar?
El Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Energía, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La cantidad objetivo del producto base en el primer trimestre de 2014 es de 2.500 MW, la misma cantidad que en la última subasta de septiembre de 2013.

El PP no es el único culpable

Rosa María Artal - 3/12/2013 

Cuesta creer que el PP de Rajoy haya llegado a colar una ley tan regresiva como la que ha llamado de Seguridad Ciudadana. No es que no estuviéramos avisados: cinco siglos de derecha española sin regenerar ni pagar ni uno solo de sus atropellos –algunos de desorbitada gravedad– terminan por desembocar en esta locura. Pero no resulta lógico que la cadena de desmanes emprendida por el PP no encuentre contestación efectiva de quienes pueden proporcionarla: políticos, Justicia, todos los estamentos de la vida social.

Sin freno alguno, los dirigentes del PP parecen entregados a una especie de lujuria represora sádica en la que cada miembro del Gobierno envida a ver si supera al anterior. Es el nuevo Código Penal de Gallardón, la reforma laboral de Bañez, la de Mato, la ley Wert, las medidas fiscales de Montoro, el Gobierno en pleno de Rajoy y Sáenz de Santamaría. Y las cacicadas de sus ayuntamientos y Gobiernos autonómicos. Y sus parlamentarios, que se pasaron por el arco del triunfo millón y medio de firmas para una ley justa de desahucios. Y como pregonera Andrea Fabra –la hija del condenado pero poco–, que ya anticipó cuánto nos iban a joder, según sus palabras textuales.

Se da así la paradoja de que uno de los pueblos más castigados pero también más sufridos e incluso sumisos de Europa recibe la consigna adicional de que será duramente penado como se le ocurra protestar. Es que algunos lo hacen. Con extraordinaria mesura, por cierto. El 15M, como anticipo, fue calificado como el movimiento más serio y civilizado de aquellas primaveras de dignidad tan premonitorias, hace 2 años tan sólo. Así lo contaban los medios extranjeros. Asombrados. Porque en el resto del mundo nos conocen, conocen sobre todo cómo se las gasta la derecha local con poder. Se han alarmado ahora mucho. Creen algunos que con esta ley estamos en “camino a la dictadura”. No es previsible que nadie haga nada, sin embargo. Y eso es lo terrible.

Soy tu padre

Javier Gallego - 3/12/2013

Es extraño pero la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el Consejo de Ministros, me hizo darme cuenta de que tengo una edad. Casi 40 ya. No soy ningún niño, así que me resulta muy molesto que este gobierno me trate como si lo fuera y como si él fuera mi padre. De pronto, me asqueó la sensación de sentir que unos adultos a los que tengo en muy baja estima intelectual, tuvieran la desfachatez de tratarme con la condescendencia con la que algunos mayores tratan a los pequeños. Y con alivio y mala leche pensé: “Yo ya tengo padre y no tiene la cara de ninguno de estos”.

Perdonen la brusquedad pero me he dejado la paciencia entre las páginas del BOE. Ya basta, hombre, ya basta. Quiénes son estos señoritingos para limitar mis libertades como ciudadano recogidas en la Constitución y protegidas por las leyes. Que tienen mayoría absoluta, dicen. La mayoría absoluta es solo una herramienta, no un arma ni una coartada. Además, que no les ha votado ni el 30% del censo electoral. Relativicen. No son más que unos políticos que pasaban por aquí. Y no son ustedes señores del cortijo, solo son el administrador. Recuérdenlo, que se les olvida lo más obvio.

Recuerden también que no estamos en ninguna dictadura (se supone, aunque ya lo voy dudando), así que dejen de tutelarme como si no fuera capaz de regir mis propios actos. Conozco las leyes, mis derechos, los límites, mi responsabilidad. Sé que hay leyes, Código Penal y multas que se han demostrado eficaces para que en España no haya habido grandes algaradas en las calles a pesar de las miles de manifestaciones. No necesitamos ninguna nueva ley de Seguridad Ciudadana, excepto para protegernos de gobiernos autoritarios como el suyo y de banquerzuelos, financieritos y politicuchos. Para eso sí hace falta una ley de seguridad.

Pero no necesito ninguna ley que me proteja de ciudadanos cívicos como yo. Dejen de protegernos de nosotros mismos. No necesitamos que un gobierno cuide de nuestra seguridad en la calle poniéndonos multas como un padre castiga a su hijo cuando llega a casa tarde. Para eso tenemos a los jueces, para eso ya tuve a unos padres que me educaron bien. Dejen de insultarles. Dejen de insultarme tratándome como si fuera un delincuente. 

Ya sé que esta ley solo quiere protegerles a ustedes y a sus perros de presa, pero lo único que van a conseguir es que la gente tranquila perdamos los nervios y las formas. Hasta Alfonso XIII lo comprendió como recoge Josep Pla en “El advenimiento de la República”: “Podría resistir pero la fuerza material no puede emplearse cuando no se tiene la fuerza moral”. Tratan ustedes de imponer por la fuerza lo que no pueden conseguir con razones y cuando se actúa con violencia y sin razón, se cosechan tempestades.

Cuando arrasa la mayoría

Víctor Alonso Rocafort  - 29/11/2012
En apenas dos años el Gobierno ha barrido derechos sociales y, tras afanarse este tiempo en incrementar la represión policial, ahora acomete un recorte directo de libertades fundamentales

El jueves se aprobó la LOMCE. Sólo votó a favor el PP, evidenciando su soledad en este asunto. La comunidad educativa en su conjunto, de manera inédita, así como una amplia mayoría social, le ha hecho saber al Gobierno que estaba en contra. Pero ha dado igual.

Con su aprobación este viernes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPC) ya está lanzado. En apenas dos años, el Gobierno ha barrido derechos sociales y, tras afanarse este tiempo en incrementar la represión policial, ahora acomete un recorte directo de libertades fundamentales.

En el pack represivo se pretende, además, introducir una reforma del Código Penal y una ley de huelga que "regule" los servicios mínimos. Para todo ello se escuda en la mayoría parlamentaria que posee.

Frente a todo esto, es preciso recordar que la democracia representativa moderna se concibió, precisamente, para evitar este tipo de actuaciones.

El gran experimento político de la modernidad consistió en apostar por la representación, sí, pero a la vez se trataba de no renunciar del todo a la democracia. La caída del Antiguo Régimen en Francia y la liberación norteamericana del imperialismo británico exigían que no se dejaran de lado dos asuntos fundamentales: la protección de derechos y la inclusión de algún tipo de participación ciudadana, aunque fuera cada cierto tiempo.

En todo ello latía un miedo principal: la formación de una mayoría parlamentaria que pudiera comportarse despóticamente una vez conseguido el poder. Las grandes obras de ingeniería política levantadas entonces trataron de resolver esta cuestión y, con sus aciertos y errores, han influido de forma capital en nuestros regímenes políticos.

Cuando en 1978 nos quisimos dotar de una Constitución, en lugar de apostar por un proceso colectivo que partiera desde abajo nos inclinamos por el Gran Legislador rousseauniano: un sabio –en nuestro caso, siete– que propusiera los términos de una nueva legislación a los miembros de la comunidad política.

El decálogo (sarcástico) del perfecto político corrupto

José María Olmo - 8/12/2013

La corrupción ha contaminado hasta el último rincón de España, pero en los partidos políticos ha encontrado el mejor hábitat para instalarse, fortalecerse y expandirse. La crisis económica ha coincidido con el esplendor del fenómeno. Sin embargo, las acusaciones que surgen todos los días no terminan con las consecuencias penales que demanda la sociedad. Probablemente, ese sea uno de los motivos por los que, según Transparencia Internacional, ha empeorado la percepción de la corrupción y los ciudadanos consideran que esta lacra es el segundo mayor problema, según el CIS. Si alguna enseñanza está dejando la camorrización de la política es que sus máximos responsables manejan con destreza un manual que les permite escapar de la acción de la Justicia o limitar sus consecuencias. La crisis exacerbó el malestar de los votantes pero la economía va camino de la recuperación sin que se hayan producido cambios reales en la política española. Aquí va una propuesta de código anti-Justicia basado en experiencias reales. El sarcasmo como alternativa al enfado.

1. Todo es mentira. Si te han pillado robando niégalo todo. Por evidentes que sean las pruebas y difícil que te sea conciliar el sueño, la base para toda estrategia de defensa es negar los hechos. Da una rueda de prensa rodeado de tus colaboradores para defender tu honorabilidad y amenaza con demandar a todo aquel que se atreva a airear tus trapos sucios. Incluso pon alguna. Así conseguirás mayor credibilidad. Lo importante es que rechaces con la máxima contundencia posible todas las acusaciones. Seguro que convences a alguien. Si montan una manifestación en tu apoyo, mejor. Y si te sientes acorralado por las acusaciones, échale la culpa a otro. La imagen de los tesoreros de los partidos no pasa por su mejor momento. Aprovéchalo.

2. Nunca abandones tu cargo. Bajo ningún concepto permitas que las presiones de los ciudadanos e incluso de tu propio partido te fuercen a renunciar a tus responsabilidades. Debes mantener tu escaño o tu puesto en el partido hasta el último segundo. Si desapareces de la vida pública, tus contactos con los dirigentes que pueden mejorar tu situación procesal se irán diluyendo. Además, dejarás de representar un problema para tu partido y, por tanto, dejará de preocuparse por lo que pueda ocurrirte. ¿Dimitir? Nunca. Sólo hay que echar un vistazo a las Cortes de la Comunidad Valenciana o atender del ejemplo de exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Blanco. Mantuvo su escaño en contra del criterio que él mismo había mantenido siempre con los cargos políticos de los partidos de la oposición. Finalmente fue absuelto, pero antes advirtió públicamente de que no dimitiría hasta que no se abriera la fase de juicio oral. Eso fue lo que hizo. Y sigue en el Congreso.

Emergencias Concretas y Constitución

Algunos de los artículos que nuestros representantes incumplen de su tan alabada Constitución.

La Constitución se merece un respeto que nuestros políticos no le tienen; fue lo mejor que se pudo hacer en su momento para mejorar nuestro país y que hoy queda obsoleta, pero si además la incumplen, el resultado es el que tenemos ahora mismo: Corrupción, Corrupción, y más Corrupción…

No leo en la Constitución ningún artículo que avale la corrupción.
Necesita cambios para adaptarla a los nuevos tiempos, pero simplemente haciendo valer los principios que en ella se recogieron en su día, serían suficientes para evitar el saqueo al que está sometida desde su inicio.
Y aquí sí que no podemos salvar a nadie; no valen los colores ni los ideales que tengamos si queremos ser justos, porque unos son culpables por incumplirla, pero los otros por permitirlo. Todos los que nos representan son participes del deterioro al que la han llevado.

La Corrupción es el cáncer de la política. La Constitución la quebrantan los poderes públicos y los mismos políticos. Por eso necesita una revisión urgente.

O la democracia acaba con la corrupción, o la corrupción acaba con la democracia. Y es una pena, que algo tan valioso para la convivencia en un país que se le dice democrático, no se le tenga el respeto que se merece.

Olvidan una cosa los que hablan con la boca llena de ella, creen que les pertenece sólo a ellos porque son los que se sientan en los sillones que nosotros les ponemos, pero es nuestra y de todos por igual, por eso merece el respeto que no le prestan.
Algunos no merecen ni hablar con la boca pequeña de ella.

Opinión: Luis Escamilla, articulo en: http://partidox.org/emergencias-concretas-y-constitucion/

¿Mayoría silenciosa o amordazada?

2 diciembre 2013 

Jaume Asens / Gerardo Pisarello - Público.es

La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan —contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia— son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan. El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o la propuesta de restricción del derecho de huelga deben entenderse dentro de esta última estrategia.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

La Justicia está anulada por la tecnojerarquía, es decir: la distancia entre los jueces y la ciudadanía

Conferencia de Manuela Carmena en el curso de verano "Pasado, presente y futuro democrático en España" - 18 de julio de 2013

• "O vinculamos la justicia y las leyes, a la sociedad, o no valen para nada"
• "Decimos grandes palabras que no sirven para nada; las normas tienen que indicar una conducta"

La segunda jornada del Curso de Verano en El Escorial ha sido inaugurada por Manuela Carmena, jurista jubilada, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, entre otros muchos cargos, destacando sus comienzos en los despachos laboralistas vinculados al movimiento sindical de los primeros años de la transición y de la democracia.

Manuela Carmena, en primer plano, junto a la secretaria de Empleo de CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira

Esta mujer, luchadora infatigable, después de dar las gracias a los asistentes “por haber venido a pensar”, dejó clara desde el principio la falta de datos para poder analizar la corrupción y la justicia, y “solo podemos gobernarnos a nosotros mismos si tenemos datos, imprescindibles para diagnosticar la corrupción”.

Según los Índices de Transparencia Interna, de 176 países España ocupas el puesto 30 en cuanto a corrupción. A tener en cuenta que los índices se hacen por percepción ciudadana, elaborándose así sus estadísticas.

Pero en nuestro país carecemos de datos, no sabemos dónde están los corruptos, ni tan siquiera si han cumplido sus penas. De hecho “es una vergüenza que no tengamos los datos”, afirma Carmena. Los datos son imprescindibles para saber los efectos que producen las sentencias, y eso impide una evaluación. No obstante, la jurista informó de que el CGP tiene su centro de datos en San Sebastián, donde están digitalizadas el 90% de las sentencias, y cualquier estudiosos siempre puede acudir allí. Aunque nos encontremos con grandes sentencias y miles de folios, siempre se puede hacer un buen trabajo seleccionando el principio y el final de las sentencias, es decir, los hechos probados y las condenas.

Por su parte, el Fiscal General del Estado ofrece la memoria de los delitos cometidos, matizando el número de denuncias, pero no las sentencias.

Un instrumento tosco para controlar a las personas que protestan

Javier García Fernández - Catedrático de Derecho constitucional. Universidad Complutense de Madrid

27/11/2013

El borrador de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana que empieza a conocerse rebasa todos los temores que se difundían hace algún tiempo. Es un instrumento para impedir y reprimir las protestas ciudadanas y, por ello, puede contener artículos inconstitucionales. 

En primer lugar, sin entrar en regulaciones singulares, el borrador filtrado es doctrinario, reiterativo y hasta pretende ser denso pero bajo esa densidad solo hay la utilización desmesurada de conceptos jurídicos indeterminados que, según quien aplique la Ley, pueden ser utilizados para aminorar las garantías de los ciudadanos en beneficio de prácticas rutinarias de las fuerzas y Cuerpos de  seguridad.

Es preocupante, de entrada, un artículo como el 3º, que relaciona los fines de la Ley. En el ámbito de las libertades públicas los conceptos indeterminados de configuración legal que pretenden completar los principios constitucionales son siempre peligrosos aunque sólo sea porque van a ser interpretados y aplicados por una pluralidad amplísima de sujetos (desde un Delegado del Gobierno hasta un cabo de la Guardia Civil) que pueden tener visiones y concepciones diferentes, lo que crea inseguridad jurídica para los ciudadanos porque los conceptos no son precisos. Tanto fin indeterminado recogido en ese artículo 3º (respeto a las leyes, a la paz, preservación de la seguridad y convivencia ciudadanas) conllevan una minoración del principio constitucional de seguridad jurídica (artículo 9º) porque al amparo de unos conceptos abiertos e indefinidos se puede prohibir el ejercicio de derechos y libertades y se pueden sancionar con una desproporción notable, como veremos más abajo. Incluso el borrador llega al ridículo cuando pone como fin de la futura Ley “[L]a erradicación de cualquier forma de violencia”. 

Pero si en algunas expresiones el borrador es ridículo en otras expresiones es peligroso: es fin de la Ley “[L]a prevención de la comisión de delitos y faltas y de infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores…”. Esta es una expresión totalitaria porque otorga a la Administración aplicadora de la Ley, es decir, a los órganos del Ministerio del Interior y a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, una atribuciones exorbitantes sobre la vida y los intereses de los ciudadanos. Peor aún, con unas atribuciones que descansan en fines exorbitantes, el Ministerio del Interior y los Delegados y Subdelegados del Gobierno (es decir, la parte del Gobierno encargada de velar por las libertades) pueden caer en la tentación de utilizar políticamente a las Fueras y Cuerpos de Seguridad para sofocar las protestas de los ciudadanos.

No es una Ley de Seguridad Ciudadana, es una Ley que nos convertirá en Súbditos

Antonio Aramayona

27/11/2013

Leo que la ley que el Gobierno de Rajoy ultima sobre "seguridad ciudadana", "restringe, entre otros, el derecho de manifestación". Craso error informativo: los derechos pueden ser reprimidos, pero nadie puede restringirlos, porque son tan míos como mi hígado, los padres que me engendraron, mis brazos o mi libertad. Pueden detenerme, encarcelarme, molerme a palos, imponerme sanciones de 600.000 euros, pero con ello no arrancan ni restringen mis derechos. Estos me constituyen, me humanizan, me identifican como ser libre y autónomo. Nadie puede quitarme o restringir mis derechos, salvo que se me quite la vida. Solo asesinando o "ajusticiando" a otra persona se eliminan sus derechos y su libertad.

Algunos califican esa ley de "regulación de la seguridad ciudadana". Hace muchos años, el candidato de la CDU a Canciller Helmut Kohl se presentaba a las elecciones bajo el lema "Sicherheit und Ordnung"(seguridad y orden), lema también de la policía germana. La derecha repite sin descanso el mantra de la seguridad y el orden porque así lo exige su clientela: seguridad y orden para los terratenientes, para los especuladores del suelo y de la vivienda, y para los bancos, aunque millones de personas vivan diariamente la inseguridad y el desorden de la hipoteca y de quedarse en la calle. Seguridad y orden para el contratante en negro, en precario y en condiciones de explotación, aunque quien pida trabajo y dignidad en la calle junto a decenas de miles de desempleados solo obtendrá con seguridad del gobernante generalidades y falsas promesas. La ley del ministro del Interior, Fernández Díaz, habla de seguridad ciudadana, pero tiene poco que ver con la ciudadanía, pues proyecta convertirnos en súbditos.

El principal cometido de un político es salvaguardar, explicitar y fomentar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Ese es su norte, ese es el criterio definitivo de su labor: los derechos y las libertades de la ciudadanía. Las leyes deben regular la convivencia y la conciliación de estos derechos y libertades en el marco de una determinada sociedad y cultura, pero en ningún caso pueden coartarlos o restringirlos según los intereses del poder, las encuestas electorales o la opinión de su electorado habitual. Una ley que restrinja o reprima derechos es una ley que no se debe acatar, sino desobedecer, pues nace injusta e ilegítima. Como decía Emiliano Zapata, "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno".

Qué es (y para qué sirve) el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

Argèlia Queralt - 21/10/2013

A partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos humanos sobre el desalojo del bloque de Salt y respecto la doctrina Parot en el caso del Río Prada, Argèlia Queralt analiza las implicaciones para los diferentes Estados parte.

Esta semana celebrábamos una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que paralizaba un desalojo colectivo en Salt (Girona). Asimismo, hemos pasado días de expectación ante la Sentencia de la Gran Sala de este mismo Tribunal en el caso del Río Prada que ha decidido sobre la conformidad de la doctrina Parot con legalidad internacional. Y, como estos podrían ponerse, sin duda, muchos otros ejemplos. Pero ¿sabemos qué es el Tribunal Europeo? ¿Sabemos para qué sirve?

Esta jurisdicción con sede en Estrasburgo empezó su andadura en los sesenta y vela por la tutela de los derechos y libertades recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), en su mayoría, derechos individuales y civiles. Este catálogo de derechos y su Tribunal se enmarcan en el conjunto de instrumentos desarrollado en el seno del Consejo de Europa, organización internacional que promociona el desarrollo y consolidación de los estados de derecho democráticos entre sus miembros, que son a día de hoy 47 Estados, desde España, Portugal o Grecia, pasando por Francia, Suecia o Alemania, llegando hasta Turquía, Rusia o Azerbajan.

En este contexto el Tribunal Europeo se erige en garantía última del respeto de los derechos convencionales en estos 47 Estados y, en breve, también en la Unión Europea. Con esta finalidad de tutela, tanto Estados como individuos pueden presentar sus demandas ante Estrasburgo alegando que una determinada actuación estatal ha vulnerado alguno de los derechos del Convenio.

De hecho, el Tribunal es a día de hoy la única jurisdicción internacional a la que los particulares pueden acceder en igualdad de condiciones que los Estados. Así, volviendo a los ejemplos con que se iniciaba este texto, en el asunto de Salt (caso Ceesay Cessay y otros contra España), los demandantes alegaban haber vulnerado, entre otros, su derecho a la intimidad familiar, y en el caso del Río Prada se alegaba la conculcación del derecho a no sufrir pena sin delito (legalidad penal) y el derecho a la libertad.

Este Tribunal está formado por el mismo número de jueces que Estados parte (hoy 47), jueces que son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los jueces poseen un mandato de 9 años y son independientes e imparciales en el ejercicio de su cargo. El Tribunal funciona en formaciones de 1 (juez único), 3 (comité de 3 jueces), 7 (Sala) y, excepcionalmente, de 17 (Gran Sala) jueces. Los casos se estudian a través de un procedimiento regido por los principios de publicidad, igualdad en los medios de defensa y contradicción entre las partes.

La intención de la libertad como delito

Los poderes públicos –el Gobierno– han reaccionado duramente ante la reacción y la protesta airada de la sociedad, argumentando que deben defender el orden público y los derechos y libertades de los demás ciudadanos

El nuevo artículo 559 castiga la intención, o, lo que es más grave, castiga como delito la emisión de un mensaje que, aun sin pretenderlo, pudiera estimular o afianzar la intención de otros de alterar el orden público

Fernando Flores Giménez - 11/11/2013

Como comunidad política, tener una Constitución significa optar por la limitación y control de quienes ejercen poder, por la protección de los derechos y las libertades, y por procedimientos e instituciones que garanticen un sistema democrático. Si esa opción no tiene efecto, no existe Constitución real.

En España, la crisis económica ha desvelado para muchos la crisis política (que ya existía), y las políticas de austeridad han enervado a una sociedad que a estas alturas es consciente de que la han estafado. Hoy la mayoría de ciudadanos sabe que el verdadero poder político reside fuera de las instituciones del Estado, y que éstas, aun manteniendo el nombre de representativas, sirven más, mejor y en primer lugar a los intereses de privados que al interés general. En este contexto, no debe extrañar que la sociedad reaccione y proteste airadamente, y que, en consecuencia, se incrementen las manifestaciones públicas, más o menos airadas, de queja y reivindicación de responsabilidades.

Los poderes públicos –el Gobierno– han reaccionado duramente ante la protesta, argumentando que deben defender el orden público y los derechos y libertades de los demás ciudadanos. El argumento es lógico. Sin embargo, al mismo tiempo que comprendemos la preocupación del Gobierno, y nos preguntamos con cierta retórica si sus argumentos no ocultan en realidad la defensa de aquellos mismos intereses particulares que nos han conducido a la crisis (la política y la económica), también debemos invocar el orden público que en sí mismo supone el respeto y protección de los derechos y las libertades públicas de quienes protestan. Fundamentalmente porque está siendo a través de su ejercicio, aun áspero e incómodo, que los poderes se ven fiscalizados, tal y como la Constitución exige.

Pero el poder se defiende, y los instrumentos que usa para sofocar y reprimir la efervescencia social y la expresión de la protesta ya son de todos conocidos: el control de la información, la dureza policial, la buro-represión yla criminalización de la protesta por la vía de la reforma del Código Penal… Todos ellos son mecanismos que superan la cobertura constitucional que la limitación de cualquier derecho permite, y todos merecen atención. Sin embargo, quisiera detenerme en la reforma del Código Penal (en uno de sus aspectos concretos), por los clarísimos mensajes que revela, en lo que contiene y en lo que no contiene.

Jueces atacados: no habrá paz para la justicia

La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pero a la hora de la verdad parece que no todo está tan claro. Existen varias formas de influir en la decisión de un juez. laSexta Columna hace un repaso por la  guía de fórmulas sobre cómo ser político y distorsionar la justicia sin tener problemas.

Presión, sustituciones sin justificación, asignación a conveniencia, intereses políticos en la mayoría de los casos. Total: manipulación absoluta por los dos grandes partidos políticos en unas corporaciones que de justas tienen poco, al ejercer un poder abusivo sobre el órgano que manda sobre todos los jueces, el CGPJ, que es elegido por ellos mismos.
La justicia no es igual para todos, por mucho que nos quieran mentir diciéndonos que sí. El resultado es el que vemos, si no hay justicia, los delincuentes de cuello blanco hacen lo que quieren, abogados les sobran, y, encima se los pagamos nosotros del dinero robado a todos. 

ver el video

Publicado originalmente en: - La Sexta - Programas - La Sexta Columna

Ver vídeo: http://www.lasexta.com/videos-online/programas/sexta-columna/jueces-atacados-habra-paz-justicia_2013111500251.html

Punto número uno: presionar al juez. Las posibilidades de recibir una sentencia favorable son directamente proporcionales a la presión ejercida sobre tu magistrado.

La jueza del caso Pokémon de corrupción en Galicia recibió, según la policía, amenazas e insultos de uno de los imputados. Resultado: la Audiencia de Lugo prohíbe a su señoría que se ocupe de la instrucción de parte del caso porque el enfrentamiento con el acusado “puede afectar a su apariencia de imparcialidad”.

Hay presiones más sutiles. Cuando a un juzgado de Nules, en Castellón, le cayó la misión de investigar al presidente de la Diputación, Carlos Fabra no se imaginaban la que les caería encima. Uno tras otro, los jueces que se metían con el todopoderoso líder, fueron cayendo.  Dos pidieron el traslado por motivos personales, dos fueron ascendidas... Así hasta nueve jueces y cuatro fiscales hasta que FAbra, tras nueve años de instrucción se sentó en el banquillo.

Venenos legales: El Bisfenol A y el Mercurio

[Escrito por: ManuEscrig] de MAER - 8 NOVIEMBRE, 2013

Wikipedia: El Bisfenol A, usualmente abreviado como BPA, es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol. Es un bloque disfuncional de muchos importantes plásticos y aditivos plásticos. Sospechoso de ser dañino para los humanos desde la década del 30, los riesgos acerca del uso del Bisfenol A en productos de consumo fueron regularmente resaltados en los medios de comunicación después de que varios gobiernos emitieran informes cuestionando su seguridad, esto también provocó que algunas cadenas de venta retiraran los productos que lo tuvieran de sus vitrinas. Más info.

Virtualmente todos los occidentales tenemos Bisfenol A en nuestros organismos. Y es una sustancia que se sabe que puede causar efectos por ejemplo como alterador hormonal, a niveles bajísimos de concentración, muy por debajo con frecuencia de los niveles que han establecido como referencia “segura” las mismas vendidas administraciones de siempre que sirven a sus amos de la élite, como veremos más adelante.

¿Cuál es el principio básico de una economía sana, competitiva y sostenible(ética)?

Ramon FD - 27/10/2013

Parece una pregunta nueva pero subyace en casi todos los conflictos económicos de mayor o menor importancia. Me imagino que muchos de ustedes ya se han dado cuenta qué principio no se respeta en muchos conflictos económicos; me refiero al principio de responsabilidad.

¿Se imaginan que los directivos bancarios fuesen plenamente responsables de sus actos negligentes, dolosos o desleales y tuvieran castigos de tal calibre que no les fuese rentable cometerlos?

¿Se imaginan que los políticos fuesen responsables de sus actos negligentes ,dolosos o desleales siendo sometidos a una ley clara, tajante que no permitiera sacar un rédito de estos comportamientos?

¿Se imaginan que los especuladores que usan información privilegiada no sacaran rédito a pesar de ser multados según la actual ley?

¿Se imaginan que las empresas que vulneran los principios de competencia no sacaran rédito de los acuerdos de no competencia con los miembros del sector?

¿Pero cómo es posible que nuestro propio Gobernador del Banco de España recomiende a la banca que no retribuya los depósitos por encima de un nivel determinado bajo amenaza de penalización? ¿Tendrá algo que decir nuestro comisario europeo de competencia, José Joaquín Almunia? ¿O es que el sector financiero es un sector a parte del resto?

¿Por qué algunas empresas contaminan y no toman medidas para reducir a la mínima expresión el daño medioambiental que producen?

Doctrina Parot: ¿podemos pasar página?

La denominada “doctrina Parot” significaba, según Teresa Rodríguez, un subterfugio para hacer permanecer a presos en prisión tras haber cumplido sus condenas. No debió haber existido, lo que nos hubiera evitado el lamentable espectáculo de una salida masiva de presos, en su gran mayoría condenados por delitos de terrorismo.

Teresa Rodríguez Montañés - 26/10/2013

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 21 de octubre de 2013 sobre la denominada “doctrina Parot” era no sólo previsible, sino la única que cabía esperar si hablamos en términos estrictamente jurídicos. El derecho a la legalidad penal y el derecho a la libertad, en juego en el presente caso, constituyen pilares básicos en la arquitectura del Estado de Derecho, a cuyo respeto se ha comprometido el España en su Constitución y al firmar y ratificar una serie de instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal aplica.

¿Por qué afirmo que esta Sentencia era la única posible? La respuesta es simple: en un Estado de Derecho que no contempla como pena la cadena perpetua, sino que establece límites máximos de cumplimiento en todo caso, todos los presos –también los terroristas- han de ser puestos en libertad cuando cumplen sus condenas, conforme a las reglas establecidas en la ley penal en el momento en que cometieron los hechos. Esas son las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho, las reglas que España se ha comprometido a cumplir y que ha violado. Por tanto, la demandante en el presente caso y otra serie de presos han de ser puestos en libertad no como consecuencia de una cruel conjura europea contra España o contra las víctimas, sino simple y llanamente porque ya han cumplido sus condenas.

Puedo entender el estupor de los ciudadanos –creo que muy manipulados por declaraciones políticas e informaciones periodísticas sesgadas, cuando no claramente falsas-, cuando condenas de cientos o miles de años se acaban convirtiendo en 30 años de prisión, que podían verse reducidos hasta en un tercio por la redenciones de pena por trabajo. Y creo que ello merece una explicación que voy a tratar de dar. Es la siguiente:

La urraca ladrona

Quieren que el mundo sea el negocio de unos pocos, desde la sanidad y la educación, al cementerio, incluyendo la basura, y el aire quizá, quién sabe

Justo Navarro – 27/9/2013

Stephen King, inventor de historias de miedo, publica Dr. Sleep, segunda parte de El resplandor, una novela de 1977 que Stanley Kubrick, en su película de 1980, convirtió en fábula sobre el miedo que los niños tienen a un padre alcohólico. En la película el momento que desencadena el terror final llega cuando Wendy, mujer del escritor Jack Torrance, pobre dipsómano, descubre la novela en la que su marido lleva trabajando muchos días y noches: 500 páginas y una sola frase,“All work and no play makes Jack a dull boy” (“Sólo trabajar y nunca jugar han vuelto a Jack un tostón”), repetida maniáticamente página tras página muchas veces. No es una novela. Es un engaño amenazador.

Lo que repiten maniáticamente los gobernantes de la derecha desde hace años es que los servicios públicos son un desastre y que hay que privatizarlos en beneficio de los usuarios. Al usuario lo llaman cliente, porque el objetivo político es transformar a los ciudadanos en clientes forzosos de empresarios gestores de servicios tan imprescindibles como el agua. Quieren que el mundo sea el negocio de unos pocos, desde la sanidad y la educación, al cementerio, incluyendo la basura, y el aire quizá, quién sabe, convenientemente depurado o analizado. José Miguel Muñoz informaba hace unos días en estas páginas de cómo la vía privatizadora es dominante en los municipios andaluces en poder del PP.

El objetivo político es transformar a los ciudadanos en clientes forzosos de empresarios

Los administradores de Renfe, dependientes del Ministerio de Fomento, han decidido privatizar la gestión de parte de los aseos de la estación madrileña de Atocha. Creen que así mejorará el servicio, y lo explican: “Se pretende que el cliente perciba la importancia que tiene el cuidado de un bien público, valorándolo y haciendo un uso responsable”. Siendo palabras que parecen meditadas, medidas y razonables, demuestran una rotundidad autoritaria. La superioridad absoluta de los señores que las lanzan da por sentado que el cliente no percibe la importancia de las cosas, no sabe lo que es cuidar un bien público, no lo valora y, para colmo, lo usa irresponsablemente. La inteligencia superior del gobernante tiene que condescender a explicarse ante individuos infantilizados.

Así funciona esto

Elisa Beni - 17/10/2013

A veces parece que, cuando discutimos teóricamente sobre la perversión del sistema que supone la politización del CGPJ, perdemos la dimensión real de por qué este reparto de cromos del sistema interesa a los partidos y, sobre todo, supone una agresión a los ciudadanos.

La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, de avocar a Pleno la resolución de los recursos presentados contra la privatización sanitaria es un ejemplo de manual de cómo funciona la manipulación que el poder quiere realizar de la Justicia, que no es tan burda como para pasar por la compra/presión de los jueces sino por la utilización de los resquicios del procedimiento para obtener los fines deseados.

La privatización de la Sanidad estaba siendo estudiada por los integrantes de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con los resultados que hasta ahora hemos visto. Unos resultados que al PP y a la Comunidad de Madrid les tenían muy satisfechos. Todo quieto en apariencia, pero no duden de que han estado buscando una grieta desesperadamente, un resquicio legal, algo que permitiera intentar cambiar las tornas. La situación se ha producido cuando un nuevo recurso, de un sindicato, ha entrado en la Sección Octava y ésta lo ha rechazado. ¡Vaya!, dicen, disparidad de criterios. ¡Vaya! les digo yo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se han llevado durante años recursos atinentes a miles de asuntos, algunos graves como los de extranjería, con resultados diversos e intentos de unificación de doctrina llevados a trancas y barrancas. Héteme aquí que un recurso volandero inadmitido por la presidenta de una Sección que, según cuentan, quiere ser votada por el CGPJ para el Tribunal Supremo, permite afirmar que hay disparidad de criterios.

Es verdad que el presidente de la Sala tiene potestad para elevar el asunto a Pleno si se dan esas condiciones. Obtenidas las condiciones, obtenida la potestad. Piénsenlo bien: si el asunto te lo lleva una sección de la que una vez tras otra obtienes los mismos resultados, ¿no supone ya una opción quitarles el caso y abrir el abanico a ver qué votan 50? Eso sin contar con la "cata" previa de opinión que Martínez-Tristán habrá realizado para ver si hay posibilidades de sacar adelante la opción que él defiende. No hay presidente de un pleno que no lo sopese antes, aunque el asunto no tenga índole política, sólo para ver si puede ganarlo, máxime en este caso.

Pasa que el presidente que anda sopesando y avocando está casado con una política del Partido Popular. Más aún, con un cargo público de un gobierno del PP. Y pasa que el presidente fue nombrado y reelegido con los votos de los vocales del CGPJ respaldados por el PP. La primera parte es rara. No hay muchos jueces casados con políticos ejercientes. La segunda parte es de manual.

Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía. Erradicar la corrupción

Anexo - Partido X - Democracia y punto

31/3/2013 - 

El método utilizado por el Partido X para elaborar los cuatro puntos del programa Democracia y Punto consiste en someter un borrador creado con ciudadanos expertos a discusión pública.

El programa Democracia y Punto contempla 4 mecanismos para recuperar la soberanía ciudadana, que son Transparencia en la gestión, Derecho a voto real y permanente, WikiGobierno y Referéndum obligatorio y vinculante. Sin embargo, debido a que durante los días de discusión del programa hemos recibido muchísimas aportaciones respecto a la necesidad de vincular a la Democracia y Punto la regulación de las obligaciones de los gobiernos y de los futuros funcionarios públicos elegidos representantes de la ciudadanía, hemos introducido un quinto punto, el Anexo.

La consideración de estos aspectos estaba ya prevista en nuestro Plan mínimo de contingencia para salir de la crisis, en el apartado “No más privilegios para políticos” (de próxima redacción), pero hemos querido anticipar la recogida de las propuestas en esta materia, vista la urgencia expresada por las personas que nos han contactado.

Estas propuestas, junto con las previstas en el Plan mínimo de contingencia para salir de la crisis en el apartado “No más privilegios para políticos”, serán la base de la primera redacción de “Obligaciones de los gobiernos y de los representantes de la ciudadanía” que llevaremos a cabo más adelante.

Propuestas ya comprendidas en el plan mínimo de contingencia para salir de la crisis:

No más privilegios para políticos:

• Recorte drástico del sueldo de los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población, de modo que el régimen jurídico y retributivo de los políticos se equipare al de la Función Pública según lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.