Carlos Elordi - 27/9/2013
Con el seguimiento entusiasta de los medios oficiales y oficiosos y la aquiescencia de la mayor parte de los que no lo son, el gobierno está intensificando su campaña de optimismo económico. De nuevo, el ministro Montoro lidera ese esfuerzo. Sus intervenciones en la rueda de prensa que tuvo lugar en La Moncloa tras el consejo ministros de este viernes rayaron el disparate. Aunque, sentado a su lado, el titular de economía, De Guindos, dijo que, en el mejor de los supuestos, el porcentaje de parados bajará únicamente un 0,1 % al final de 2014, Montoro no dejó de repetir que hemos entrado en una nueva era, en la era del crecimiento y que a partir de ahora todos los problemas de la economía se resolverán como por ensalmo. También pregonó como un éxito que la inflación no llegará este año al 1 %, cuando los expertos coinciden en que la caída de los precios confirma que la economía está entrando en un proceso de deflación, de caída de la actividad económica, una situación de la que se puede tardar más de una década en salir.
Montoro adujo todo eso, y algunas cosas más, no menos insostenibles, para justificar el recorte de pensiones que prepara el gobierno –que, según él, quedaría en “nada” gracias al descenso de los precios- y también el presupuesto para 2014, marcado, en todos sus capítulos, y no sólo el relativo a los sueldos de los funcionarios, por la más estricta austeridad: caen los gastos en todos los frentes y no se recortan un ápice los ya altos impuestos que pagan los ciudadanos corrientes. De esto último habló poco el ministro. Y tampoco hizo referencia alguna a algo que esa misma mañana contaba el Financial Times y que tiene que ver directamente con su departamento.
Aunque el asunto ya había sido citado con anterioridad por algún medio español –sin que tuviera mayor trascendencia, como suele ocurrir con este tipo de informaciones-, el diario británico desvelaba con toda suerte de detalles que desde 1996 en España se permite la creación y funcionamiento de un tipo de empresas, las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) que son lisa y llanamente instrumentos para la evasión de impuestos. Gigantes como Exxon, Hewlett Packard, Pepsi, Eli Lilly, Anheuser-Busch o Vodafone, llevan años utilizando las ETVE para transformar los beneficios obtenidos por sus filiales en todo el mundo en dinero libre de impuestos –de los países en los que se generaron y, por supuesto, de los españoles- que trasladan a sus casas matrices. Gracias a esa figura totalmente legal, no sólo España es, de hecho, un paraíso fiscal, sino que buena parte de los capitales que en nuestras macro-cuentas figuran como “inversiones extranjeras” y que, en la práctica, son dinero de paso que aquí no rinde un duro ni crea trabajo. En efecto, según el Financial Times, la mayoría de las ETVE tienen como mucho una pequeña sede, a lo más un despacho, y un solo empleado. Y, a veces, ni eso. En 2010, más del 50 % de la inversión extranjera fue a las ETVE.
Montoro tampoco explicó el porqué de esa reducción del déficit del Estado –del 0,2 %, sobre el 6,9 % previsto, sin contar el rescate bancario- del que tanto ha alardeado Mariano Rajoy en sus recientes reuniones y entrevistas televisivas en Nueva York. Tal logro nada tiene que ver con la gestión presupuestaria de nuestro gobierno. Es simplemente una concesión que nos van a hacer Bruselas y Berlín –a cambio de seguir negándonos apoyos más sustanciales, como podrían ser los eurobonos- y que consiste en un cambio del método de cálculo del llamado “déficit estructural” -el que se considera que no se deriva de la situación coyuntural- que se reduciría en el porcentaje citado –que parece poco, pero que en cuanto a expresión de una tendencia no es pequeño- y que permitiría al gobierno español alardear de un éxito en su “lucha” contra el desarreglo en las cuentas públicas sin tener que molestar a los beneficiarios de las grandes subvenciones estatales… ni a los dueños de las citadas ETVE.
Otro asunto que pasó desapercibido en la reseña del Consejo de Ministros de este viernes, es que el ministerio de Hacienda y el Banco de España tienen ya lista y a punto de publicarse una norma fiscal que permitirá a los bancos computar los llamados “activos fiscales diferidos” (DTA) como capital: un bien del que éstos andan tan escasos que el gobierno se podría ver obligado a pedir una ampliación del rescate bancario que la UE, el FMI y el BCE articularon hace un año y del que sólo se han utilizado 41.000 millones de euros sobre un total concedido de 100.000. Los bancos acumulan en torno a 50.000 millones de euros de DTA sobre todo como consecuencia de las quiebras de empresas inmobiliarias y de construcción.
Gracias a la generosidad del gobierno –seguramente movido por la presión de los bancos al respecto, pero también por su necesidad política y electoral de evitar nuevos rescates- esas cantidades, que de hecho son pérdidas de las entidades financieras, se convertirán en ganancias y les eximirán de hacer mayores esfuerzos para conseguir el capital necesario para cumplir con los requisitos europeos y sobre todo con la normativa bancaria internacional, la llamada Basilea III. Tal favor del gobierno se suma a los 87.000 millones de inyecciones de capital que el Estado ha hecho en la banca, a los 67.000 millones que le llegaron por compra de activos y a los 64.000 de avales del Tesoro, por no hablar del maná que para las entidades financieras supone la compra de deuda pública española a los altos tipos que se registran desde hace años.
Se dice que la contrapartida que De Guindos ha pedido a los bancos a cambio de su gesto es que se comprometieran a no repartir dividendos en unos cuantos años. Pues bien, el BBVA acaba de anunciar que va a proceder una ampliación del 1,22 % de su capital –mediante una fórmula que no supondrá desembolso para sus accionistas- justamente para poder financiar el dividendo de este año.
En definitiva que seguimos en lo de siempre. Y no podía ser de otra manera, porque aquí el que manda, manda. En silencio. Es clamoroso que los grandes medios españoles ignoren absolutamente todo cuanto tiene que ver con la banca. Es un tema tabú. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en los que también cuecen habas en lo que a los privilegios del sector financiero se refiere. O acompañados de cantos a una “nueva era” económica que solo ve Cristóbal Montoro y cuya única base real es que las instituciones económicas internacionales están algo más tranquilas que hace un año sobre el riesgo de que las finanzas españolas entren, de un momento a otro, en quiebra.
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