Camino de servidumbre

24 diciembre 2013 

Javier Martínez – ATTAC Madrid

La ley de seguridad ciudadana, La ley de Seguridad Privada y la Reforma ultraconservadora del Código Penal, tres pilares en la represión y mordaza de los derechos ciudadanos.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (ALSC) es en realidad un proyecto represivo del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, con objeto de evitar cualquier oposición ciudadana libre y pública a las políticas austericidas que azotan a las clases sociales más desfavorecidas.

No está justificada su necesidad por ninguna de las razones expuestas en su exposición de motivos, a saber:

Ni el mero transcurso del tiempo de la ley anterior de 1992 o llamada Ley Corcuera, que por cierto ya abría la puerta a la privatización de la seguridad ciudadana, ni los cambios sociales y las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad ciudadana la demandan ya que si observamos las cifras de criminalidad, la tasa de criminalidad española está muy por debajo de la media de la UE, que es de 64,9 infracciones penales por cada mil habitantes, en España de 50 (datos del año 2009).

Tampoco existe una demanda social de actualizar el régimen sancionador en materia de seguridad ciudadana, salvo que la ley se dirija al exiguo 0.2%  de la población que considera la seguridad ciudadana como el primer problema actualmente existente en España, frente al 55,5 % que considera que es el paro o el 13,5 % que considera que es la corrupción y el fraude, según datos del propio Gobierno (Barómetro CIS, julio 2013).

La nueva ley que preparan sancionará conductas que hasta ahora figuraban como “faltas” en el Código Penal y que ahora se convertirán en “infracciones administrativas”, castigadas con unas multas salvajes que el gobierno podrá imponer a su antojo sin más apoyo que la sola palabra de la policía y la guardia civil. De paso, eliminan de raíz las garantías judiciales, que incluyen la posibilidad de reclamar pruebas en el juicio y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta  que la infracción se considere judicialmente probada.

Ahora ya no intervendrá ningún juez, como los que han dado la razón a los manifestantes detenidos en las concentraciones ante el Congreso o en los escraches a políticos. La multa será ejecutiva desde el principio y, en caso de impago, el Gobierno podrá embargar las cuentas o el sueldo del multado. Para recurrir será necesario haber pagado previamente la multa y hacer frente a elevadas tasas judiciales.

Atendiendo a tales datos la desproporción punitiva es el rasgo esencial de este proyecto de Ley Mordaza, ley esencialmente sancionadora, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Se roba a manos llenas, las mentiras y los engaños empiezan a reventar (1)

Correspondería a los medios de comunicación españoles explicar lo que sucede en el país, no lo hacen. Caben dos posibilidades que, estos medios, estén anestesiados por sus “amos” o que su colectivo esté adaptado como lo estuvo la fauna de la isla de las Galápagos por una nomina a final de mes, o las dos cosas juntas. El resultado final ya lo hemos podido apreciar, en toda su extensión, con el cierre de Canal 9 de la televisión valenciana. Décadas de sometimiento en ensalzar las virtudes y hazañas de los políticos que controlan una televisión pública en un carrusel de ¡Vamos a contar mentiras! acaba en tararí, el ente endeudado hasta lo impagable, una plantilla de 800 empleados y 1000 enchufados y mientras esto sucedía, una caída de la audiencia del 21 al 3%. Ahora, los empleados y enchufados solicitan la colaboración ciudadana. A buenas horas mangas verdes, en décadas se ha tenido tiempo de hacer algo digno y honesto ya que a quien se estaba mintiendo y engañando era a la ciudadanía fiel cumplidor de las condiciones impuestas en el sistema democrático. ¿La ciudadanía también es responsable de ejercer un voto acrítico?  Lo debe de ser, pero hay un pero, es fácilmente manipulable. Han sido muchos los años de bombardeo de eslóganes que han calado: España va bien, y toda una retórica patriótica que deja corto el letrero: Todo por la patria expuesto en la puerta de entrada de los cuarteles de la Guardia Civil. Toda esta confirmación de que vamos de “puta madre” y este signo de gallardía a pie de calle se añade lo escrito en la Carta Magna donde sin resquicios se esculpe en piedra que la soberanía emana del pueblo, pues resulta que toda esta carretada de voces y palabras se las lleva el viento a la hora de la verdad. No hay nada que sea efectivo en toda esta palabrería y propaganda que repercuta a favor de una indefensa ciudadanía. No hay nada honrado y sincero, ni tan siquiera la actitud de los empleados y enchufados de Canal 9 que cuando se han visto en la “puta calle” se han dedicado en editar las corrupciones que en su día callaron.

Gregorio Morán: «Los padres de la Transición eran absolutamente impresentables»

Publicado por Antonio Yelo

Leídos los libros de Gregorio Morán (Oviedo, 1947) no se entiende por qué aún no ha sido aupado por los medios de comunicación de nuestro país a la categoría de leyenda del periodismo de investigación como sí se ha hecho en los Estados Unidos con Seymour H. Hersh o Bob Woodward por poner solo dos ejemplos. Algo tan injusto e incomprensible tiene dos ventajas. La primera que el protagonista de esta entrevista sigue trabajando en lo que mejor sabe hacer, escribir ensayo periodístico. Y la segunda que continúa siendo una persona accesible que se caracteriza por la claridad con la que habla. Caiga quien caiga, Gregorio Morán se mantiene fiel a sus principios y sigue compartiendo con sus conciudadanos toda aquella verdad de la que tiene conocimiento. Esa suerte tenemos.

Gregorio Morán escribe desde hace veinticinco años una columna en La Vanguardia, «Sabatinas Intempestivas», ha trabajado también en Diario 16, Opinión y La Gaceta del Norte, rotativa de la que fue director. Tiene publicados varios libros sobre los temas más polémicos de los últimos cuarenta años de la historia de España de los que destacan las dos biografías sobre el primer presidente del democracia: Adolfo Suárez: Historia de una ambición (Planeta, 1979) yAdolfo Suárez: Ambición y destino (Debate, 2009). Se le sigue considerando uno de los más fiables expertos en un tema siempre controvertido: la Transición política española del franquismo a la democracia.

Carrillera de ternera al vino tinto (blanco o txacolí)

27/12/2013

4/6 personas

Ingredientes:

2 carrilleras de ternera (1 kg. aprox.)

3 o 4 patatas medianas

1 manzana (al gusto)

2 o 3 cebollas francesas (chalotas)

1 cebolla seca (mediana)

1 cebolleta
1/2 puerro

3/4 dientes de ajo

8/10 piñones (opcional)

6/7 granos de pimienta negra

Harina de trigo (para enharinar la carne)

1 cucharada de maizena para espesar la salsa (si hace falta)

1 cuchara de café de pimentón dulce (opcional)

1 o 2 hojas de laurel

1 Vaso de vino tinto o txakoli (al gusto, también puede ser blanco)
Aceite de oliva virgen

Sal

Pimienta molida

Agua

Perejil

 Elaboración:

Fotos y arte

Por qué la nueva ley del aborto es inaceptable

Es una reforma machista, degradante, injusta, incostitucional, insultante, paternalista y cruel.

28/12/2013 - Javier Gallego

Dejemos de lado el interminable debate ideológico, religioso, incluso metafísico sobre el aborto. Más allá de las cuestiones irreconciliables, hay razones incontrovertibles por las que la nueva ley del aborto es inaceptable en un estado de derecho. Veamos.

Porque es una ley machista y degradante. Esta ley fulmina cualquier derecho de decisión de la madre que ya no podrá abortar nunca cuando decida libremente sino solo cuando el Estado, médicos y jueces lo dictaminen y los supuestos de violación o riesgo para su salud decidan por ella. La mujer pierde toda libertad de elección sobre su propio cuerpo. Ahora es papá Estado y los padres en el caso de que la mujer sea menor de edad, los que toman el control de su organismo. La mujer aunque sea mayor de edad es reducida a la minoría de edad legal. Queda reducida a un recipiente para producir vida. La mujer será solo una incubadora del hombre.

Porque es una ley injusta y autoritaria. Le arrebata a la mujer todo derecho sobre su cuerpo para dárselo al no nacido. Primero es absurdo que un ser que depende de ella y que es parte de su cuerpo, tenga más control sobre la mujer que ella misma. Después es intolerable. En el cuerpo de la mujer ya no manda su cabeza sino su útero y sobre su útero, el Estado. Mujer, tu vientre no es tuyo, es del gobierno. Se debe buscar un equilibrio entre los derechos de ambos pero con esta ley pasamos a darle toda la protección al concebido quitándosela a la madre.

Porque es una ley ilegal y misógina. La mujer tendrá menos derechos que una criatura que aún no tiene personalidad jurídica según el artículo 30 del Código Civil que establece el nacimiento como el momento en el que nos convertimos legalmente en personas. Es una ley ilegal. Y es misógina. La mujer queda por debajo de un ente anterior a la ley. Es menos que un ser que aún no es. La mujer no es. La mujer no existe, luego no tiene derechos. Tiene menos derechos que una no persona. El gobierno no solo es machista y relega a la mujer, más aún, es misógino y la elimina.

Porque es una ley inconstitucional e insultante. La mujer embarazada no existe como sujeto de derecho durante la gestación, solo vuelve a serlo cuando es madre. Ya lo dijo Gallardón: “La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres”. El gobierno obliga a la mujer a ser madre para que sea libre. Un oxímoron en toda regla. Para este gobierno la mujer es un ser incompleto que solo llega a ser una ciudadana completa con derechos y libertades cuando se convierte en madre (como dios manda)  y por eso hay que obligarla porque sola no es capaz de llegar a ser alguien. Otros la completan: los hijos, el esposo, la familia, el jefe, el Estado. Esta ley es una vulneración flagrante del artículo 10 de la Constitución que defiende la dignidad de las personas.

Por favor, no insulten a la clase trabajadora

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 26 de diciembre de 2013

Este artículo denuncia la constante discriminación en contra de la clase trabajadora al definírsela como clase media-baja o clase baja.

El movimiento antirracista ha señalado y denunciado el continuo insulto que se reproduce en el lenguaje cotidiano utilizado por la población hacia ciertas razas y grupos étnicos minoritarios. El término “negritos” para definir a personas de raza negra es un ejemplo de ello. Bajo este término se intenta ridiculizar a un colectivo, presentándolo como inmaduro e infantil. Un tanto semejante ocurre con los términos utilizados en nuestras sociedades, dominadas por los hombres, para referirse a las mujeres de forma estereotipada, tal como han documentado autoras de sensibilidad feminista. Las denuncias de las prácticas racistas y machistas que aparecen en el lenguaje han concienciado a la sociedad de la necesidad de que se eviten las palabras ofensivas a esos colectivos sociales, sujetos de abundante discriminación.

Ahora bien, hay una enorme discriminación –promovida por las élites políticas, mediáticas y culturales del país- contra un grupo social que es incluso mayoritario en nuestros países –la clase trabajadora–, que constantemente aparece definida en el lenguaje mediático como clase baja, lo que apenas ha despertado protesta.

Incluso una periodista tan sensible al lenguaje “políticamente correcto” (en cuanto a raza y género) como Soledad Gallego-Díaz, columnista de El País, continúa utilizando el término clase baja para definir lo que es clase trabajadora. En su artículo en la nueva revista económica, Alternativas Económicas, esta autora divide a los españoles en españoles de clase alta, de clase media y de clase baja (“Frenazo al ascensor social”, 12.12.13, nº 9). Su tesis es que el ciudadano medio español (que resulta ser –según ella- una mujer de unos 43 años) está descubriendo que está pasando “de la clase media a la clase baja”. Los datos que utiliza proceden en su mayoría de los estudios del analista, también de El País, José Juan Toharia, que ha presentado datos de la evolución de las clases sociales en España, dividiéndolas en clase alta, clase media-alta, clase media-baja y clase baja. Supongo que pronto van a añadir otra categoría, que van a llamar clase baja-baja o clase bajísima. Esta narrativa aparece también en círculos políticos e intelectuales de izquierdas. Uno de los intelectuales de izquierda más conocidos en España hacía referencia a las clases populares catalanas, compuestas de clases medias y bajas (le tengo demasiada estima para citar su nombre).

España (incluyendo Catalunya) no es un país de castas

Esta transformación de la estructura de clases, definiéndola de esta manera, transforma España en un país de castas, como ocurre en ciertos Estados de la India. Y así queda redefinida la clase trabajadora como clase media-baja, clase baja y, pronto, clase bajísima.

Yo no sé como usted, lector o lectora de este artículo, le respondería a un encuestador que le parara por la calle y le preguntara: ¿Es usted de clase baja? Yo tengo que admitirle que probablemente le miraría a la cara y le contestaría “Y su madre también”. No creo que a nadie le agrade ser definido como clase baja y, por lo tanto, se debería protestar porque dicho término se utilice constantemente. Cuando se utilizan tales términos, ¿no se dan cuenta de que están insultando a la clase trabajadora?

Crisis constitucional en España

8/12/2012 - Santiago Muñoz Machado – Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense

En su libro 'Informe sobre España', el catedrático Santiago Muñoz Machado explica que España sufre una crisis constitucional de enorme hondura, agravada por una característica singular de su historia. Ninguna de sus constituciones ha sido muy duradera y siempre se ha preferido empezar de cero antes que optar por la reforma de los textos en vigor. Aun así, los obstáculos políticos no pueden ocultar el hecho de que ahora los cambios son necesarios. El libro, del que ofrecemos un extracto de su primer capítulo, ha sido publicado por la Editorial Crítica.

Avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos a los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, de la administración estatal a la municipal, funciona adecuadamente en España. Se alude a estos problemas en los medios de comunicación mucho menos que a los derivados de la crisis económica que está arrasando empresas, destruyendo puestos de trabajo y haciendo retroceder a trancos la calidad de vida de los ciudadanos. Pero las encuestas más solventes muestran el crecimiento del desafecto del pueblo hacia la clase gobernante, cualquiera que sea el signo político de sus miembros, al tiempo que se consolida la convicción de que son necesarias amplias y profundas reformas del Estado.

Son las manifestaciones más generales de una crisis constitucional de enorme hondura, y que resulta más grave para España, y será más duradera y difícil de resolver, que la crisis económica. La generalidad de los ciudadanos, que entienden mal la economía y peor aún los análisis, diagnósticos y pronósticos de los sabios economistas, tan discrepantes entre sí y con tanta holgura para el yerro, creen que el arreglo no vendrá de las acciones de los gobiernos, sino que lo traerá la invisible ley de los ciclos económicos que, en un futuro no lejano, hará resurgir la riqueza de un modo tan inesperado y asombroso como un día nos abandonó. Ese momento llegará necesariamente, cualquiera que sea el monto de las equivocaciones con que el Gobierno afronte la actual depresión. Pero la crisis constitucional es, sin embargo, asunto de más difícil arreglo.

La relación de los españoles con sus Constituciones, desde 1812 hasta hoy, es bastante singular. Ninguna de ellas ha sido muy duradera y casi todas fueron cambiadas en el marco de revoluciones o convulsiones sociales o políticas. No han sido reformadas sino derogadas u olvidadas. Es decir que, de acuerdo con nuestra historia constitucional, ha bastado un lustro a veces, o no ha sido necesario que transcurriera el tiempo de una generación, para que se haya considerado que todo el esfuerzo constituyente previo era perfectamente inútil e inaprovechable. Es llamativa esta afición española por situarse siempre en el borde de todos los precipicios y preferir la confrontación y los momentos revolucionarios a cualquier otra alternativa de continuidad y mejora que parta de las soluciones alcanzadas en algún momento anterior. Los españoles han sido siempre más partidarios del poder constituyente, que permite empezar de nuevo y derribar las instituciones políticas desde sus cimientos, que asegurar la continuidad, el respeto y la mejora de las opciones ya establecidas.

13 imágenes de cabras locas en los acantilados

13 octubre de 2013

Supongo, ya que es su instinto, estas cabras que suben alrededor de los acantilados no son literalmente loco. Es justo lo que hacen. Pero aún así ... una locura.

( Fuente )

( Fuente )

¿Por qué sube tanto el recibo de la luz?

Publicado en Público.es el 21 de diciembre de 2013

1. En el primer semestre de este año, y según los datos que proporciona Eurostat, el coste del kilovatio/hora que pagamos las familias españolas es el tercero más caro de la Unión Europea (detrás de lo que se paga en Chipre e Irlanda) y un 27,6% más elevado que la media de los 28 países que la componen. En los diez últimos años ha subido algo más del 70% y el 77% desde 2007, lo habrá hecho casi un 4% cuando termine 2013 y se prevé una subida inicial del 11% a principios de 2014.

Las consecuencias de ello son nefastas. En 2012, las empresas eléctricas cortaron por impago un servicio tan básico como la luz a 1,4 millones de familias españolas y el recibo para las pequeñas y medianas empresas (que la pagan a precio más caro que las grandes) es una rémora cada vez más insoportable, lo que se traduce en pérdidas de competitividad y de la rentabilidad necesaria para mantener el empleo.2. No hay razones técnicas que justifiquen que en España se pague la luz tan cara en relación con los demás países de nuestro alrededor. La única explicación es que aquí la producción y distribución de energía eléctrica está en manos de un pequeño grupo de empresas (lo que en economía se llama un oligopolio) que domina el mercado, que se ponen de acuerdo para conseguir sus objetivos y que han alcanzado un poder político extraordinario que les permite escribir a ellas mismas las leyes y normas que regulan el sector y las condiciones en que actúan.

3. Las búsqueda de beneficios extraordinarios es tan compulsiva en ese sector y el poder de las empresas tan grande que para aumentarlos no han duda en cometer auténticas estafas que han redundado en abusos y en subidas artificiales de costes y tarifas, de las cuales, además, es muy difícil que se puedan defender los consumidores porque muchos altos funcionarios que deben de resolver sus quejas están al servicio de las compañías eléctricas (como muchos investigadores han demostrado al sacar a la luz sus resoluciones) y porque muchos jueces cobran y trabajan igualmente para ellas, como también demuestran muchas sentencias (alguna incluso del Tribunal Supremo) materialmente aberrantes que han favorecido a esas empresas. Y a ello hay que añadir los errores y vaivenes de los sucesivos gobiernos en política energética, así como su sumisión antes los intereses de las grandes empresas europeas y, sobre todo, de las alemanas.

4. Las principales estafas y abusos que vienen cometiendo las eléctricas y que hacen que el recibo de la luz sea tan caro en España, entre otras, son las siguientes:

La democracia como obstáculo

16 diciembre 2013 

Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

Las llamadas leyes del mercado no operan en el vacío sino que se encuentran siempre institucionalizadas, es decir, sujetas a un conjunto de reglas, normas, leyes, valores y costumbres que operan como su límite. En consecuencia, hablar de tal cosa como el libre mercado es tanto una exageración como una utopía. Es una exageración porque siempre hay, aunque sea en grado reducido, algún tipo de regulación. Y es una utopía porque, como advirtió K. Polanyi, cualquier avance de ese mercado autorregulado pone en riesgo el orden social y genera un contramovimiento de protesta/protección que acaba por neutralizarlo.

Afortunadamente, en nuestras sociedades constitucionales la dinámica del mercado está limitada por las normas jurídicas, siendo la Constitución la norma suprema. De no organizarnos así estaríamos aún más expuestos a los caprichos irracionales del mercado, que todo lo sacrifica en aras de una ganancia económica cortoplacista. Las Constituciones, primero, y las leyes, después, moldean y constituyen el diseño institucional en el que vivimos como sociedad. Dicho de otra forma, constituyen las reglas de juego.

Y es cierto que la lucha social, ejercida por los trabajadores, ha conseguido históricamente modificar esas reglas de juego en su favor y consolidar en ellas garantías constitucionales que en otro tiempo no existieron (tanto derechos negativos, tales como el derecho a la libertad de expresión, como derechos positivos, tales como el derecho a las prestaciones sociales). Lo que sucede es que también el desarrollo capitalista requiere la permanente adecuación de estas reglas de juego, las instituciones, a sus propias necesidades. La fuerza salvaje de la lógica capitalista presiona constantemente sobre las instituciones, convirtiéndolas en ineficientes de facto. Este fenómeno de «fuerzas encontradas» permite estudiar las constituciones, y las leyes, como la cristalización de una determinada correlación de fuerzas, en un momento histórico dado, entre trabajo y capital.

De ahí que la reciente avalancha de reformas legislativas, e incluso constitucionales, tenga que ser interpretada como parte de la ofensiva del capital contra los derechos conquistados previamente, es decir, contra aquellos que había logrado afianzar el movimiento obrero. Sólo en España se han aprobado 44 Reales Decreto-Ley en el año 2011, 29 en 2012 y 14 en 2013. La reforma constitucional de 2011 fue, de hecho, una exigencia bastante clara del capital al institucionalizar la prioridad de la devolución de la deuda pública a los mercados por encima de cualquier cosa[1].

Algunas de las nuevas leyes tienen que ver directamente con el proceso de circulación del capital, como son la decena de leyes destinadas a rescatar el sistema financiero o las distintas reformas laborales, y mantienen como objetivo servir a la configuración de un nuevo modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la precariedad laboral y las ganancias de competitividad derivadas de devaluaciones salariales. Otras leyes han sido aprobadas con propósitos indirectos, como la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, con objetivos que tienen que ver con la represión, en un sentido amplio, de los movimientos de crítica y protesta social que emergen en contextos como el actual. Un contexto que refleja, sin duda, la ruptura de la paz social.

¿Para quién gobiernan los gobiernos?

22 diciembre 2013 

Juan Espino – Attac Canarias

Lo escrito a continuación, viene a ser un resumen de las diversas ideas que ¡¡¡ en el año 97 del pasado siglo !!!, expresaron Ramonet, Cassen y de Brie, en el Monde Diplomatique del mes de mayo de ese año.
La crisis que recorre Europa en estos momentos, hace enormemente actuales dichos planteamientos y pone sobre la mesa, la necesidad de plantear alternativas que garanticen que el sistema democrático responde a los intereses de la mayoría ciudadana.
Parafraseando a Marx, “ un fantasma recorre el mundo, las crisis capitalistas, que arrasan con los derechos y las conquistas logradas con tanto esfuerzo, sangre y sacrificio”.

La estructura política desarrollada a lo largo de los últimos dos siglos, es decir, el sistema democrático parlamentario, se manifiesta como un sistema gastado y alejado cada vez más de los intereses y preocupaciones de la mayoría ciudadana.

En esta etapa de desarrollo capitalista neoliberal, los parlamentos se han convertido en instituciones que dan apariencia democrática a proyectos inspirados por grupos de presión pertenecientes a las élites de poder y elaborados por los poderes ejecutivos.
La transferencia progresiva del poder político a tecnoburocracias gubernamentales y poderes alejados de todo control ciudadano, matan la ilusión democrática de la ciudadanía. El debate político, preparado con técnicas profesionales del discurso publicitario, se convierte en un espectáculo. A la vez que, la personalización del poder y el anonimato de los verdaderos centros de toma de decisiones, muestran la inoperancia del sistema democrático establecido.

El funcionamiento del sistema parlamentario, muestra cada vez más su papel transformador de los intereses privados de la plutocracia en voluntad colectiva. Oscuros consejos de administración e instituciones no representativas, fijan las decisiones que determinan las condiciones de vida-( rentas, empleo, salud, educación,…), de la gran mayoría de la ciudadanía. Ésta percibe de forma progresiva la decadencia de la función parlamentaria, en la que los cargos electos son simples espectadores ante la toma de decisiones ajenas al interés de la mayoría ciudadana que representan.

La actual crisis ha agudizado la evidencia de que las grandes decisiones que afectan a la mayoría de la población, son tomadas e impuestas por instituciones al servicio de los grandes poderes económicos,( FMI, BM OMC,…), quedando así la democracia confiscada por esos poderes ocultos.
Por otro lado, las estructuras partitocráticas de “obediencia debida”, hacen que los parlamentarios, lejos de defender los intereses de sus representados, estén al servicio del gobierno de turno, el cual es un mero ejecutor de esas decisiones.

Un crimen organizado

Olga Rodríguez - 24/12/2013

Otro año más, las máximas fortunas de España aumentan su riqueza, mientras crece el número de pobres y la desigualdad alcanza sus cotas más altas

En el mundo hay suficientes alimentos para todos, pero casi mil millones de personas pasan hambre

En el mundo hay suficiente comida para que todas las personas dispongan de los alimentos necesarios para gozar de una vida sana y productiva. Esta frase es una cita exacta rescatada de la FAO, la Organización para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas. 

De hecho, según cálculos de la ONU, en la actualidad se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas en un planeta habitado por 7.000 millones. Y sin embargo, cerca de 3,1 millones de niños se mueren de hambre cada año y una de cada ocho personas no recibe suficiente comida para estar saludable y poder llevar una vida activa, también según datos de la FAO. 

Además, más de 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar al día, y casi 3.000 millones lo hacen con menos de 2 dólares. Mientras, los ricos son más ricos. Los 100 multimillonarios más adinerados del mundo poseen una fortuna de 2,1 billones de dólares -200.000 millones más que en 2012-, equivalente al 2,9% del PIB mundial.

En España un total de 30 familias se reparte gran parte del capital. Las 100 mayores fortunas de la Bolsa suman 88.735 millones de euros, un 13% más que en 2012. Mientras, la pobreza infantil en nuestro país afecta ya al 26,7% de los menores de 16 años y la pobreza severa se ha duplicado en pocos años, alcanzando ya a 3 millones de españoles.

Las cifras son contudentes: este modelo no funciona. O, dicho de otro modo, solo funciona para satisfacer la voracidad de una minoría. 

El valor máximo del sistema actual es el dinero. Con el beneplácito de gobiernos y organismos internacionales, las corporaciones y multinacionales especulan con lo más básico, los alimentos, decidiendo así quién come y quién no, quién vive y quién muere. 

Casi 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo, mientras se desperdician o se retienen alimentos, mientras se especula con su precio, limitando por tanto el acceso a ellos. 

“Hay una epidemia de miedo que está provocando un problema de salud mental en la sociedad”

Carlos Artundo Purroy, tras un largo periplo profesional que le ha llevado a vivir en países tan diferentes como Inglaterra, Cuba o Ruanda, es desde 2011 Consejero Delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Este psiquiatra de formación considera que recortar en Salud es la peor de las decisiones posibles y que se está jugando con la salud de la gente.

Para este experto en salud pública, en la sociedad existe una epidemia de miedo, que unida a la falta de esperanza, está provocando serios problemas de salud mental en la población.

Los recortes, considera el ex consejero de Salud de Navarra, están abriendo la brecha de las desigualdades.

Ángeles Huertas - 31/8/2013

Pregunta: ¿Qué es la Salud Pública?

Respuesta: Principalmente se ocupa de la salud del conjunto de la población. Podemos decir que el médico lo hace a nivel individual y en salud pública se hace para toda la sociedad.

Un trabajo bastante amplio

R: Las funciones básicas de la Salud Pública son cinco. La promoción de la salud como son los estilos de vida, las campañas contra el tábaco o para hacer ejercicio físico; la prevención de la enfermedad con el programa estrella de las vacunaciones, por ejemplo; la protección en dos ámbitos principales que son la Salud Ambiental y la Alimentaria; la vigilancia epidemiológica, y por último la organización de los servicios de Salud.

¿Esto es lo hacen en la Escuela Andaluza de Salud Pública?

R: En la EASP tenemos tres puntos importantes. La Formación de los profesionales sanitarios, su actualización, con cursos, másteres, expertos… y la consultoría con proyectos en todos los ámbitos relacionados con la Salud y la Investigación. Por esta escuela han pasado, en sus 27 años de historia, cerca de 100.000 profesionales para ampliar conocimientos.

La salud es importante y hay cierto interés en cuidarla. Pero, ¿la cuidamos?

R: Si preguntas a la gente en términos de valores, la Salud siempre sale arriba en todas las encuestas seguida de la Educación. Sin embargo, no siempre se corresponde con las prioridades que marcan los gobiernos. Algo que es un gran error puesto que no se puede recortar en Salud; lo que hay que hacer es mejorar la eficiencia y optimizar recursos, sacarle más brillo a un euro.

Derecho a la vida sí, y también el derecho a decidir

Mi opinión sobre el aborto

Las noticias vertidas estos días por algunos medios y personas sobre el aborto activan la mente, aún sin ser mujer ni estar embarazado. Gallardón tampoco lo está ni lo ha estado nunca, por lo tanto, puedo cometer el mismo error que él y hablar sin saber lo que digo, o sí. Lo que no haré, será, imponer mi criterio por encima de todas las cosas sin pararme a pensar por un momento, sólo por un momento antes de cometer un error,  y dejarme llevar por ideologías o doctrinas que me recuerdan a una época que ya no quiero volver a vivir, y por supuesto, tampoco se la deseo a las generaciones venideras.

No soy mujer, por lo tanto, me cuesta mucho meterme en el cuerpo y en la mente de cualquier mujer embarazada y sentir lo mismo. Sin embargo, me puedo hacer una idea de sus sentimientos llevando un futuro ser en tu interior.

Imagino, que cuando el embarazo es deseado, no habrá nada más que le pueda hacer sentir mejor a esa mujer. Será, seguramente, la mujer más feliz mientras pasan los meses y espera con deseo la llegada de su retoño. 

Dicen, entre las mujeres, que para sentirse mujer de verdad, se debe de sentir dentro el palpitar de un ser extraño qué en meses se convierte en persona. Les cambia la vida, y lo entiendo, o imagino y quiero entenderlo, porque no es fácil ponerse en su lugar. Yo mismo, a veces, me he parado a pensar fríamente que pasaría por mi cabeza estando embarazado. Nunca lo sabré, y por mucho que imagine, no creo que llegue a sentir lo mismo, pero sí que me habría gustado para poder hablar con conocimiento de causa.  Es muy difícil, que por mucha imaginación que le ponga lo llegue a sentir. Por eso me sorprende tanto, que un hombre hable con esa excitación (como si no hubiera otra razón) de lo que es mejor para esa mujer embarazada.                                                                                                                                                                

Imagino, por otro lado, que puede pasar por la cabeza de esa misma mujer si el embarazo no es deseado. Será, seguramente, una mujer atormentada a diario pensando en lo que lleva en su interior. Pienso, que no habrá ni un solo día que no se levante y lo primero que haga sea preocuparse en la transformación que está sufriendo su cuerpo, y, por muchas razones que tenga para seguir adelante con su vida, esa transformación le haga pensar diferente y hasta con miedo en su futuro. 

Seguramente, no será al levantarse la única vez durante el día que le haga pensar en ello, habrá más momentos en los que su mente la lleve a su interior y la ponga en una tesitura difícil de resolver. 

La necesaria segunda Transición

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 20 de diciembre de 2013

Este artículo define la situación existente en España y en Catalunya como el fin del periodo iniciado con la Transición española, mostrando nuevos movimientos que tienen un enorme potencial transformador.

España está viendo el final de un periodo que se inició en la Transición de la dictadura a la democracia, que ocurrió después de la muerte del dictador General Franco. Este lideró una de las dictaduras más crueles que han existido en Europa durante el siglo XX. Nunca debería olvidarse que por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el régimen fascista liderado por el General Franco cometió 10.000, tal como ha documentado el Profesor Malefakis, experto en fascismo europeo, de la Columbia University de Nueva York en EEUU. Esta dictadura se inició en 1939, cuando las fuerzas golpistas que se levantaron en el año 1936 contra un gobierno democráticamente elegido triunfaron con la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano, que proveyeron el material militar utilizado por el Ejército golpista del que la República carecía.

La brutalidad de aquella dictadura era necesaria para mantener un régimen impopular, que representaba los intereses de una minoría frente a una mayoría -las clases populares de los distintos pueblos y naciones que constituían España-. Era una dictadura totalitaria –y no solo autoritaria- que intentó imponer una ideología totalizante (es decir, que invadía todas las áreas más íntimas del ser humano, incluyendo el sexo y el lenguaje) conocida como nacionalcatolicismo, que era una mezcla de un nacionalismo imperialista asfixiante, que no reconocía la plurinacionalidad de España, y un catolicismo sumamente reaccionario, promovido por una jerarquía eclesiástica que formaba parte de aquel Estado dictatorial (los sacerdotes eran pagados por el Estado y el dictador nombraba a los obispos). No es cierto, pues, que la Iglesia se limitara a apoyar al Estado fascista. No, la Iglesia estaba mucho más involucrada en aquel régimen de lo que ahora admite. En realidad, la Iglesia era parte de aquel Estado y contribuyó a la represión, tanto ideológica como física, de aquel régimen. Muchos tribunales de la dictadura, encargados de la represión, tenían sacerdotes en su seno.

Aquel régimen fue enormemente represivo y responsable del enorme retraso económico y social de España (cuando el dictador murió, España tenía el gasto público social más bajo de Europa, con el mayor porcentaje de analfabetos en este continente). La resistencia a aquel régimen la lideró el movimiento obrero, convirtiendo a España -en los últimos años de la existencia de la dictadura- en el país europeo donde hubo más días laborales inactivos como consecuencia de huelgas, y más agitación social. Esta agitación político-social, ampliamente apoyada por las clases populares en España, fue determinante para que terminara aquel régimen dictatorial. Recordemos que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

El objetivo de los movimientos progresistas

El objetivo de aquella resistencia contra la dictadura era crear una España justa (la dictadura creó uno de los países con mayores desigualdades sociales existentes en Europa), democrática y plurinacional, en la que los distintos pueblos y naciones que constituyen España pudieran convivir voluntariamente en solidaridad, en un sistema federal. Todos los partidos de izquierda en España, desde el PSOE al Partido Comunista (que lideró la resistencia antifascista), incluyendo otros partidos, tales como los partidos anarco-sindicalistas, compartían también esta visión. Todos ellos siempre habían reconocido (y continuaron haciéndolo durante la clandestinidad) la necesidad de establecer un sistema democrático federal, en el que se incluía el derecho a decidir (que se llamaba, en sus documentos, “autodeterminación”) que tenía que tener cada nación en España (véase mi artículo “Por qué lo nacional está ocultando lo social”, en Pensamiento Crítico). Durante la dictadura, la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, y la lucha por la identidad y la autodeterminación nacional, fueron juntas, siendo las izquierdas las que lideraron estos movimientos.

Adiós electricidad, luz y calefacción

20/12/2013

[en català]

Esther Vivas | Público.es

Nuestra pobreza es invisible. Si en estas fechas no se encendiera el alumbrado navideño porque la administración no pudiese pagar la tarifa de la electricidad, veríamos la noticia en las portadas de los periódicos, en la apertura de los informativos en televisión. Todos pondríamos el grito en el cielo. Si, en cambio, en mi casa no puedo encender la luz, poner el radiador o la lavadora parece ser que esto no importa. Aunque tal situación afecte ya a un 10% de los hogares del Estado, unos cuatro millones de personas. Lo que no se ve, no cuenta.

La pobreza, hoy por hoy, ya no solo implica no tener trabajo, no llegar a fin de mes, no poder pagar la hipoteca o el alquiler sino, también, no poder prender la luz, tomar una ducha o encender la calefacción. Es lo que se llama pobreza energética. Y según la Asociación de Ciencias Ambientales, sus consecuencias son: más problemas de salud, peor calidad de vida y muertes. “Se estima que la pobreza energética es responsable en España de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras”, afirma la asociación. Defunciones que, todo indica, no cuentan.

Y no cuentan porque ante una situación de emergencia social, como la descrita, vemos que el precio de la electricidad no hace sino aumentar. Así se ha anunciado este jueves: el recibo de la luz subirá en enero un 11,5%. El Gobierno, una vez más, agacha la cabeza ante las empresas eléctricas, anteponiendo los intereses económicos de estas a las necesidades básicas de las personas como no pasar frío en invierno, cocinar o encender la luz. La usura del capital no sabe de principios ni tiene moral.

En los últimos diez años, el recibo de la luz se ha encarecido un 78% y el precio del kW un 119%, según datos de FACUA, “gracias” a las políticas de liberalización del mercado llevadas a cabo tanto por el gobierno del Partido Popular como del PSOE. El oligopolio de las eléctricas es, en definitiva, quien dicta las Leyes del sector, y así nos va. Si no puedes pagar la factura, adiós electricidad, adiós luz, adiós calefacción. No importa si no tienes ingresos. El PP ya rechazó, en su momento, una tregua invernal para las familias más desfavorecidas.  Me viene ahora la cabeza el eslogan de campaña de Mariano Rajoy en las últimas elecciones: “Súmate al cambio”. Entonces, se “olvidaron” de explicar en qué consistía exactamente el cambio. Dudo, de haberlo hecho, que hubiesen ganado.

Si nos quitan el agua, la luz, la electricidad, como a muchos han quitado, también, sus casas, no nos quedará otra opción que tomar lo que es nuestro. Así lo han hecho durante años diversos movimientos sociales en países del Sur reconectando a aquellos a quienes han cortado servicios esenciales. Lo vemos, también, ahora aquí con la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ayudando a quienes se han quedado sin hogar, mientras miles de viviendas se encuentra vacías y en manos de bancos. Unos amigos míos ya lo han puesto en práctica y ponen a disposición de quien lo necesite sus “manualidades”. Les animaré a dar un taller, creo que se agotarán las plazas.

*Artículo en Público.es, 19/12/2013.

Vía:http://esthervivas.com/2013/12/20/adios-electricidad-luz-y-calefaccion/

La ignorada y ocultada discriminación contra los ancianos

14 diciembre 2013

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

España es el país, de los muchos en los que he vivido en mi vida –Suecia, Gran Bretaña, EEUU y España-, donde hay más discriminación en contra de los ancianos, y donde hay menos conciencia generalizada de la existencia de dicha discriminación. Está ocurriendo con los ancianos una situación semejante a la que ha venido ocurriendo con la discriminación de las mujeres, discriminación que continúa existiendo pero que, por fin, se admite que existe. Con los ancianos existe, pero todavía no se percibe o reconoce como discriminación.

Como ocurre en el caso de la mujer, tal discriminación permanecía oculta bajo el caparazón de la caballerosidad, en que  siempre se prestaba especial atención en la cultura latina a las mujeres. Se las dejaba pasar abriéndoles la puerta, y los caballeros se quitaban el sombrero para saludarlas. Las buenas maneras caballerescas eran siempre indicador del supuesto trato diferencial y deferencial hacia la mujer, en teoría, el centro de atención, atención caballeresca detrás de la cual existía y continúa existiendo una brutal discriminación.

Algo semejante ocurre con los ancianos, a los que se trata, en teoría, con gran amabilidad. En realidad, el término ampliamente utilizado para definir a los ancianos es el de abuelos, que da la impresión de estima y cordialidad. Llamar a una persona anciana desconocida con el nombre deabuelo es, sin embargo, un término ofensivo y condescendiente en extremo cuando es utilizado por personas que no tienen ningún parentesco con el anciano. Cuando mi nieto me llama abuelo me gusta. Cuando una persona desconocida en la calle me llama abuelo, me molesta. Siempre recordaré a mi padre, una persona muy representativa de la generación de republicanos que perdieron la guerra, que siempre mantuvo su gran dignidad y el orgullo de su pasado, que cuando alguien desconocido le llamaba abuelo, le contestaba “Mire usted, yo no soy su abuelo ni deseo serlo. Llámeme Sr. o Don Vicente”. Esto es lo que me pasa a mí y a millones de ancianos en este país. Y ya no digamos cuando se refieren a los ancianos como viejos, lo cual todavía se utiliza ampliamente como insulto, como puede el lector atestiguar leyendo algunos comentarios hostiles a mis artículos que aparecen en los diarios digitales en los que publico.

Es fácil ver la discriminación hacia los ancianos diariamente. Pequeños detalles saltan aquí y allá. Y como ocurre con todas las discriminaciones, los que discriminan, en su gran mayoría, ni se dan cuenta de ello, pues reproducen una cultura que es altamente discriminatoria. En realidad, los ancianos raramente aparecen en los medios de mayor difusión en los países latinos. Siempre recordaré que una de las cosas que me impresionó más favorablemente cuando viví en Suecia (siendo yo joven) fue ver que la periodista que daba las noticias en la televisión pública de mayor difusión era una mujer de avanzada edad. Nunca lo había visto ni lo he visto en España. En los países latinos, en general, los presentadores son jóvenes, y si son mujeres (reflejando el machismo de la sociedad) tienen que llevar un escote muy amplio. Y raramente se ven películas o programas de televisión que se centren en personajes ancianos. Los ancianos están ya marginados, esperando que se vayan, y algunos incluso les empujarían para que lo hicieran lo antes posible. Como dijo un ministro de Economía y Finanzas del gobierno japonés, “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda” (es decir, lo más pronto posible). Muchos economistas neoliberales lo piensan, pero no lo dicen.

10 cosas que estarán prohibidas

Concha Caballero - 15/12/2013

No se trata de un debate entre izquierda y derecha, sino entre un estado autoritario o democrático 

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.