¿Mayoría silenciosa o amordazada?

2 diciembre 2013 

Jaume Asens / Gerardo Pisarello - Público.es

La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan —contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia— son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan. El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o la propuesta de restricción del derecho de huelga deben entenderse dentro de esta última estrategia.

La idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha acompañado cada movilización en su contra con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. Primero fue la reforma del Código Penal, pensada para erradicar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Una ofensiva punitiva que permitía llevar al banquillo de los acusados a activistas del 15-M, Yayoflautas, miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este tipo de medidas se combinaría con una progresiva ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. Tras la aparición del 15-M, numerosos organismos de derechos humanos han detectado un preocupante aumento de los abusos policiales vinculado a las protestas contra las medidas anti-crisis. La mayoría de ellos no han merecido siquiera la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, casi siempre han contado con el aval institucional. El crédito casi ilimitado concedido a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos ha permitido ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad: desde los maltratos directos y las detenciones e identificaciones arbitrarias, hasta la imposición de multas desproporcionadas, pasando por las constantes grabaciones de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La llamada Ley mordaza viene a reforzar el corporativismo y la impunidad policial. Ni grabaciones ni difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Toda una forma de censura que acabará vaciando el derecho ciudadano a obtener información veraz y obtener pruebas de actuaciones policiales ilegales. No en vano, el diseño de la reforma ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido un Secretario de Estado de Seguridad que ha defendido sin ambages el uso de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.

La Justicia está anulada por la tecnojerarquía, es decir: la distancia entre los jueces y la ciudadanía

Conferencia de Manuela Carmena en el curso de verano "Pasado, presente y futuro democrático en España" - 18 de julio de 2013

• "O vinculamos la justicia y las leyes, a la sociedad, o no valen para nada"
• "Decimos grandes palabras que no sirven para nada; las normas tienen que indicar una conducta"

La segunda jornada del Curso de Verano en El Escorial ha sido inaugurada por Manuela Carmena, jurista jubilada, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, entre otros muchos cargos, destacando sus comienzos en los despachos laboralistas vinculados al movimiento sindical de los primeros años de la transición y de la democracia.

Manuela Carmena, en primer plano, junto a la secretaria de Empleo de CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira

Esta mujer, luchadora infatigable, después de dar las gracias a los asistentes “por haber venido a pensar”, dejó clara desde el principio la falta de datos para poder analizar la corrupción y la justicia, y “solo podemos gobernarnos a nosotros mismos si tenemos datos, imprescindibles para diagnosticar la corrupción”.

Según los Índices de Transparencia Interna, de 176 países España ocupas el puesto 30 en cuanto a corrupción. A tener en cuenta que los índices se hacen por percepción ciudadana, elaborándose así sus estadísticas.

Pero en nuestro país carecemos de datos, no sabemos dónde están los corruptos, ni tan siquiera si han cumplido sus penas. De hecho “es una vergüenza que no tengamos los datos”, afirma Carmena. Los datos son imprescindibles para saber los efectos que producen las sentencias, y eso impide una evaluación. No obstante, la jurista informó de que el CGP tiene su centro de datos en San Sebastián, donde están digitalizadas el 90% de las sentencias, y cualquier estudiosos siempre puede acudir allí. Aunque nos encontremos con grandes sentencias y miles de folios, siempre se puede hacer un buen trabajo seleccionando el principio y el final de las sentencias, es decir, los hechos probados y las condenas.

Por su parte, el Fiscal General del Estado ofrece la memoria de los delitos cometidos, matizando el número de denuncias, pero no las sentencias.

La violencia institucional del Gobierno del PP

Alicia Miyares - Doctora en Filosofía y docente de Secundaria - 29/11/2013

Solemos atribuir los actos violentos a un Gobierno cuando éstos son teocráticos, totalitarios y dictatoriales y, por el mismo razonamiento, solemos eximir a los Gobiernos democráticos de ejercer violencia institucional. Pero lo cierto es que este axioma político, según se van consolidando las democracias, es cada vez menos pertinente.

  

Hoy en día, la medida de una democracia es otra democracia. Un Gobierno democrático se ha de comparar con otro Gobierno democrático por las leyes que elabora, por los derechos que hace suyos, por las actitudes que promueve, por los grupos de interés que favorece, por gobernar, en definitiva, de cara a la ciudadanía o contra ella.

Así, pues, para percibir la violencia ejercida en una democracia, no hay mejor registro que tomar a un grupo, clase social o colectivo sobre el que históricamente se ha ejercido violencia y comprobar cuánta de ella se ha resuelto con la práctica democrática. Las mujeres, desgraciadamente,  pertenecemos a ese grupo social de referencia.

En el fenómeno de la violencia se reconocen tres tipos: violencia estructural, violencia cultural y violencia directa, y esperamos de los Gobiernos democráticos rigor para abordarlas y leyes para combatirlas. A su vez, el grado de erradicación de las manifestaciones violentas nos sirve a todo efecto como indicador de calidad democrática y como medida evaluadora de la acción de un Gobierno. Por ello, si un Gobierno, por dejación u omisión (cuando no, beligerancia), no actúa decididamente en contra de los tres tipos de violencia, se puede afirmar de él que ejerce violencia institucional.

A la luz de estas premisas, repasemos nuestras leyes y la acción del Gobierno del PP.

La violencia estructural se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades como resultado de los procesos de estratificación o jerarquía social, y se concreta, precisamente, en la negación de estas necesidades. De las leyes hoy vigentes, y tomando como referente al grupo de las mujeres, la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres es la que más fielmente refleja el combate contra la violencia estructural.

En ella se abordan medidas para erradicar la estratificación social y jerárquica de un sexo sobre otro en la interpretación de las normas, en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, en la política, en la educación, en las empresas, en los medios de comunicación, etc. Determina, además, cuáles han de ser las actuaciones de los poderes públicos para erradicar las desigualdades y satisfacer así las necesidades de las mujeres.

La banca contra España

27 de noviembre de 2013

Publicado en Público.es el 26 de noviembre de 2013

Lo que está ocurriendo en España no es otra cosa que el desarrollo de una nueva estafa por parte de la banca, otro colosal engaño al que los partidos políticos mayoritarios (no solo el PP, sino también los nacionalistas de derechas, el PSOE o también Izquierda Unida que no termina de romper con todo esto) no le hacen frente porque son esclavos materiales de los bancos y de las grandes empresas que los financian.

La primera mentira se refiere a la cuantía de las ayudas que los españoles hemos dado y seguimos dando a la banca. No es verdad, como se viene diciendo, que hayan sido de unos 60.000 millones de euros y tampoco es cierto que el rescate haya acabado y que ya no se vaya a dedicar más dinero público a los bancos españoles.

La realidad es otra: si se suman la ayudas a la capitalización (unos 60.000 millones de euros), los avales (110.000 millones), los esquemas de protección de activos (28.000), la adquisición de activos (72.000) y otras ayudas de liquidez (unos 5.000 millones) la ayuda total sería de unos 275.000 millones de euros. Pero si a eso se le añaden, como debe ser a pesar de que la Comisión Europea diga lo contrario, los préstamos del Banco Central Europeo (360.000) y los avales implícitos del Estado al asegurar 100.000 euros por cada titular de depósitos bancarios (792.000 millones) el total de la ayuda recibida por los bancos españoles es mucho mayor, de 1,4 billones de euros (un desglose con más detalle en Carlos Sánchez Mato, Por una banca pública).

La segunda gran mentira es que la situación de la banca española esté saneada cuando lo cierto es que está quebrada prácticamente en su totalidad.

Los grandes banqueros impusieron a los gobiernos de Zapatero y Rajoy una estrategia inteligente para resolver su situación: “tirar de la manta” de las cajas para que quedara al descubierto su insolvencia mientras se seguía ayudando a los bancos privados. Con la excusa de la politización y mala gestión de las cajas ha sido fácil acabar con ellas para que los bancos privados terminen quedándose con el mercado que dejarían libres como forma de salir del hoyo en el que se encuentran .

Pero ni siquiera así, ni con las ayudas millonarias que han recibido, se puede seguir ocultando la situación real de la banca española si no es a base de las mentiras que el señor Botín y sus acólitos se empeñan en difundir mientras cubren su impresionante irresponsabilidad de años anteriores con dinero gratis de los españoles de a pie.

La realidad de la banca española es que su patrimonio neto disminuye y que su deuda es gigantesca a pesar, como he dicho, de las ayudas que ha recibido y de que se le está permitiendo que tome aire sin cesar dándole liquidez prácticamente gratis y sin límite desde el Banco Central Europeo para que haga el negocio del siglo comprando a buen precio deuda pública.

Golpe de Estado a la información

29/11/2013

Lo más parecido a otro golpe de estado que he visto, es la forma en la que se ha querido cerrar Canal 9, con la policía en la puerta impidiendo a los trabajadores entrar a trabajar de madrugada.

A la una de la mañana, después de cortar la señal de la radio, llega un tal “Paco Telefunken”, escoltado por la policía para cortar la señal de la televisión pública valenciana; sin orden judicial, y creo que sin alicates, porque nueve horas después no la habían cortado, se negó, aunque después si lo han conseguido. A las 12,19 minutos, la policía, junto con el ejecutor de turno y la correspondiente orden judicial, han llevado a negro la televisión valenciana. 

Es un día para enmarcar como otro día contra la democracia y la libertad de expresión. Este gobierno nos quiere acostumbrar a ello.

La orden del cierre, de Fabra, por sus cojones, pero Canal 9 no lo intenta cerrar Fabra, la orden se la ha dado alguien que manda más que él, dígase Rajoy, porque es su presidente y Fabra es una marioneta de este, para eso se reunió el otro día con él, ¿por qué?, los motivos son varios y todos tienen algo que ver con la corrupción ocultada en la comunidad durante todos estos años y que afecta a todo el partido en el poder. No es porque no sea viable, la televisión podría ser eficiente si no se hubiera hecho de ella un cortijo al servicio del poder, es, porque ahora que los trabajadores se ven en la calle y han perdido el miedo, los que tienen el miedo metido en el cuerpo son los que han sido dueños y señores de la televisión pública de todos, y es ahora, cuando el problema parece no tener solución,  cuando nos vamos a enterar de todo lo que nos han estado ocultado desde su inicio. Un poco tarde, sí, pero más vale tarde que nunca.

"Los casos de corrupción salpican a todas las instituciones de la Comunidad Valenciana controladas por el PP, y en los que ya hay más de un centenar de imputados y condenados, desde expresidentes y exvicepresidentes de la Generalitat a alcaldes y concejales, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, altos cargos y funcionarios". De esto, la culpa no la tienen los trabajadores de RTVV, aunque si es verdad, que siendo conocedores de ellos, algo mas podrían haber  hecho y haberlo denunciado en su momento y de la misma forma que lo están haciendo ahora; aún sabiendo que se jugaban el puesto, porque visto lo visto, se lo han jugado igual y no les ha valido de nada. Son ellos los que ahora están en la calle mientras que los corruptos andan sueltos. 

La factura del despilfarro: Valencia dilapidó 12.500 millones de euros en grandes fastos

José L. Lobo - 24/11/2013

José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel con sus conversaciones grabadas a escondidas a Francisco Correa y sus secuaces, encendió por última vez su casete el 12 de diciembre de 2007. Fue en un salón del hotel madrileño Gran Meliá Fénix, donde el cabecilla de la trama tenía alquiladas dos suites. Ese día, recuerda ahora Peñas, "recogí la frase en la que decía que había llevado mil 'kilos' a Bárcenas de comisiones en el Ministerio de Fomento y sus alardeos por el negocio que iba a hacer con Paco Camps con motivo de la Fórmula 1 en Valencia".

El exconcejal ha escrito el prólogo de Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que el periodista Sergi Castillo destripa los casos de corrupción que salpican a todas las instituciones de la Comunidad Valenciana controladas por el PP, y en los que ya hay más de un centenar de imputados y condenados, desde expresidentes y exvicepresidentes de la Generalitat a alcaldes y concejales, pasando por parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, altos cargos y funcionarios.

El Gran Premio de Fórmula 1 de la Comunidad Valenciana del que alardeaba Correa fue sólo uno más en la larga lista de grandes eventos que Eduardo Zaplana, primero, y sobre todo Camps, promovieron como tributo a su desmedido ego. "Jugaron con el dinero de todos a ser los faraones de los nuevos tiempos", afirma Castillo, que añade: "Al deseo de perpetuarse y ser recordados se suma el de ser admirados y reconocidos. El discurso es digno de psicoanálisis, pero lo esencial era tener el edificio, el acontecimiento o el acto más grande. Sin más. El tamaño no es que fuera lo más importante; era lo único importante".

Estética y hedonismo

El catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón José Antonio Piqueras bucea incluso en las raíces antropológicas de la megalomanía de los gobernantes valencianos, al frente de una sociedad que goza con las fallas, la pólvora, la música... "Aquí ha habido una predisposición a la estética y el hedonismo efímeros. Tenemos monumentos que arden, cabalgatas que se consumen y gaiatas que son para el desfile. En el mismo acto que se realizan se consume la alegría y ya está". Y, como recuerda, Castillo, "las hemerotecas están llenas de frases de Camps asociando un supuesto liderazgo de la Comunidad Valenciana a su política de grandes eventos".

Un instrumento tosco para controlar a las personas que protestan

Javier García Fernández - Catedrático de Derecho constitucional. Universidad Complutense de Madrid

27/11/2013

El borrador de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana que empieza a conocerse rebasa todos los temores que se difundían hace algún tiempo. Es un instrumento para impedir y reprimir las protestas ciudadanas y, por ello, puede contener artículos inconstitucionales. 

En primer lugar, sin entrar en regulaciones singulares, el borrador filtrado es doctrinario, reiterativo y hasta pretende ser denso pero bajo esa densidad solo hay la utilización desmesurada de conceptos jurídicos indeterminados que, según quien aplique la Ley, pueden ser utilizados para aminorar las garantías de los ciudadanos en beneficio de prácticas rutinarias de las fuerzas y Cuerpos de  seguridad.

Es preocupante, de entrada, un artículo como el 3º, que relaciona los fines de la Ley. En el ámbito de las libertades públicas los conceptos indeterminados de configuración legal que pretenden completar los principios constitucionales son siempre peligrosos aunque sólo sea porque van a ser interpretados y aplicados por una pluralidad amplísima de sujetos (desde un Delegado del Gobierno hasta un cabo de la Guardia Civil) que pueden tener visiones y concepciones diferentes, lo que crea inseguridad jurídica para los ciudadanos porque los conceptos no son precisos. Tanto fin indeterminado recogido en ese artículo 3º (respeto a las leyes, a la paz, preservación de la seguridad y convivencia ciudadanas) conllevan una minoración del principio constitucional de seguridad jurídica (artículo 9º) porque al amparo de unos conceptos abiertos e indefinidos se puede prohibir el ejercicio de derechos y libertades y se pueden sancionar con una desproporción notable, como veremos más abajo. Incluso el borrador llega al ridículo cuando pone como fin de la futura Ley “[L]a erradicación de cualquier forma de violencia”. 

Pero si en algunas expresiones el borrador es ridículo en otras expresiones es peligroso: es fin de la Ley “[L]a prevención de la comisión de delitos y faltas y de infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores…”. Esta es una expresión totalitaria porque otorga a la Administración aplicadora de la Ley, es decir, a los órganos del Ministerio del Interior y a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, una atribuciones exorbitantes sobre la vida y los intereses de los ciudadanos. Peor aún, con unas atribuciones que descansan en fines exorbitantes, el Ministerio del Interior y los Delegados y Subdelegados del Gobierno (es decir, la parte del Gobierno encargada de velar por las libertades) pueden caer en la tentación de utilizar políticamente a las Fueras y Cuerpos de Seguridad para sofocar las protestas de los ciudadanos.

No es una Ley de Seguridad Ciudadana, es una Ley que nos convertirá en Súbditos

Antonio Aramayona

27/11/2013

Leo que la ley que el Gobierno de Rajoy ultima sobre "seguridad ciudadana", "restringe, entre otros, el derecho de manifestación". Craso error informativo: los derechos pueden ser reprimidos, pero nadie puede restringirlos, porque son tan míos como mi hígado, los padres que me engendraron, mis brazos o mi libertad. Pueden detenerme, encarcelarme, molerme a palos, imponerme sanciones de 600.000 euros, pero con ello no arrancan ni restringen mis derechos. Estos me constituyen, me humanizan, me identifican como ser libre y autónomo. Nadie puede quitarme o restringir mis derechos, salvo que se me quite la vida. Solo asesinando o "ajusticiando" a otra persona se eliminan sus derechos y su libertad.

Algunos califican esa ley de "regulación de la seguridad ciudadana". Hace muchos años, el candidato de la CDU a Canciller Helmut Kohl se presentaba a las elecciones bajo el lema "Sicherheit und Ordnung"(seguridad y orden), lema también de la policía germana. La derecha repite sin descanso el mantra de la seguridad y el orden porque así lo exige su clientela: seguridad y orden para los terratenientes, para los especuladores del suelo y de la vivienda, y para los bancos, aunque millones de personas vivan diariamente la inseguridad y el desorden de la hipoteca y de quedarse en la calle. Seguridad y orden para el contratante en negro, en precario y en condiciones de explotación, aunque quien pida trabajo y dignidad en la calle junto a decenas de miles de desempleados solo obtendrá con seguridad del gobernante generalidades y falsas promesas. La ley del ministro del Interior, Fernández Díaz, habla de seguridad ciudadana, pero tiene poco que ver con la ciudadanía, pues proyecta convertirnos en súbditos.

El principal cometido de un político es salvaguardar, explicitar y fomentar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Ese es su norte, ese es el criterio definitivo de su labor: los derechos y las libertades de la ciudadanía. Las leyes deben regular la convivencia y la conciliación de estos derechos y libertades en el marco de una determinada sociedad y cultura, pero en ningún caso pueden coartarlos o restringirlos según los intereses del poder, las encuestas electorales o la opinión de su electorado habitual. Una ley que restrinja o reprima derechos es una ley que no se debe acatar, sino desobedecer, pues nace injusta e ilegítima. Como decía Emiliano Zapata, "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno".

Qué es (y para qué sirve) el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

Argèlia Queralt - 21/10/2013

A partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos humanos sobre el desalojo del bloque de Salt y respecto la doctrina Parot en el caso del Río Prada, Argèlia Queralt analiza las implicaciones para los diferentes Estados parte.

Esta semana celebrábamos una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que paralizaba un desalojo colectivo en Salt (Girona). Asimismo, hemos pasado días de expectación ante la Sentencia de la Gran Sala de este mismo Tribunal en el caso del Río Prada que ha decidido sobre la conformidad de la doctrina Parot con legalidad internacional. Y, como estos podrían ponerse, sin duda, muchos otros ejemplos. Pero ¿sabemos qué es el Tribunal Europeo? ¿Sabemos para qué sirve?

Esta jurisdicción con sede en Estrasburgo empezó su andadura en los sesenta y vela por la tutela de los derechos y libertades recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), en su mayoría, derechos individuales y civiles. Este catálogo de derechos y su Tribunal se enmarcan en el conjunto de instrumentos desarrollado en el seno del Consejo de Europa, organización internacional que promociona el desarrollo y consolidación de los estados de derecho democráticos entre sus miembros, que son a día de hoy 47 Estados, desde España, Portugal o Grecia, pasando por Francia, Suecia o Alemania, llegando hasta Turquía, Rusia o Azerbajan.

En este contexto el Tribunal Europeo se erige en garantía última del respeto de los derechos convencionales en estos 47 Estados y, en breve, también en la Unión Europea. Con esta finalidad de tutela, tanto Estados como individuos pueden presentar sus demandas ante Estrasburgo alegando que una determinada actuación estatal ha vulnerado alguno de los derechos del Convenio.

De hecho, el Tribunal es a día de hoy la única jurisdicción internacional a la que los particulares pueden acceder en igualdad de condiciones que los Estados. Así, volviendo a los ejemplos con que se iniciaba este texto, en el asunto de Salt (caso Ceesay Cessay y otros contra España), los demandantes alegaban haber vulnerado, entre otros, su derecho a la intimidad familiar, y en el caso del Río Prada se alegaba la conculcación del derecho a no sufrir pena sin delito (legalidad penal) y el derecho a la libertad.

Este Tribunal está formado por el mismo número de jueces que Estados parte (hoy 47), jueces que son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los jueces poseen un mandato de 9 años y son independientes e imparciales en el ejercicio de su cargo. El Tribunal funciona en formaciones de 1 (juez único), 3 (comité de 3 jueces), 7 (Sala) y, excepcionalmente, de 17 (Gran Sala) jueces. Los casos se estudian a través de un procedimiento regido por los principios de publicidad, igualdad en los medios de defensa y contradicción entre las partes.

Sopa de pescado

Ingredientes para 4 personas

Para el caldo:

·         2 huesos de rape (más los dos huesos de las 2 colas)

·         2 o 3 huesos de merluza

·         Morralla (opcional)

·         1 tomate maduro – le hacemos una cruz en la parte superior

·         ½ cebolla

·         ½ puerro

·         1 o 2 hojas de laurel

·         2 o 3 dientes de ajos chafados

·         4 o 5 granos de pimienta negra

1     1 chorrito de aceite de oliva

       

Preparación del caldo:

Ponemos todos los ingredientes para el caldo en un puchero, cubrimos de agua y en 20/30 minutos tenemos el caldo. Desgrasar las veces que haga falta.

Poner las gambas crudas en un colador que quepa en el puchero y dejamos cocer unos minutos cuando el caldo este hirviendo (3/4 minutos es suficiente). Retirarlas y pasarlas por el grifo rápido para limpiarlas de la posible espuma, si la tiene.  Reservar las gambas hasta 5 minutos antes de terminar la sopa.

Colar el caldo y reservar caliente. Una vez limpio añadir el azafrán.

Esto no puede continuar. Ya no tenemos tiempo. Antes preso que silenciado.

23 noviembre 2013 

Carlos Martínez - ATTAC Andalucía

Estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación.
Se está atacando el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y preparando unas leyes represivas que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente.

Si una huelga no produce quebranto a la patronal y no crea situaciones difíciles, no tiene sentido hacerla y solo puede conducir a la derrota y a la frustración. Echo de menos un o una sindicalista con cargo importante en una estructura sindical de clase que, con valentía y de una vez, denuncie que el reino de España ya no hay libertad sindical. No hay libertad sindical, puesto que los convenios colectivos ya no sirven pues no obligan a la patronal. El derecho de huelga es una falacia en la inmensa mayoría de las empresas privadas y los servicios mal llamados mínimos siempre son abusivos ¿Es que no hay nadie capaz de decir las cosas por su nombre? ¿Es que no hay nadie capaz de llamar a luchar por la libertad y contra esta dictadura conservadora que poco a poco se nos está imponiendo?

Hecho de menos un sujeto político y popular que con valentía llame a enfrentarse a tanta represión y tanta crueldad social. A tanta corrupción, a tanto negocio sucio. Nos están robando lo público para hacer negocio ellos, los de arriba, los banqueros, los ricos, los que tienen el poder. Los parlamentarios del PSOE son cómplices, pues ellos votaron e impulsaron la reforma express de la Constitución que sacraliza el derecho de los bancos y nos vende a la gran mentira y al gran atraco de la deuda, que si algo no es, es pública. Pero ¿los parlamentarios de IU qué hacen? Deben estar más en la calle y hablar más alto, fuerte y claro denunciando la dictadura que se está perpretando, y dejar de participar en esa farsa haciéndola patente y declarándose en rebeldía, ellos y ellas y todas las restantes izquierdas.

Hace falta de una vez el sujeto político que nos impulse a salir más y mejor a la calle y que conecte con el pueblo soberano, pero sufriente y ninguneado. No logramos conectar con las personas víctimas de la crisis. Aunque muchas de ellas están también dormidas, asustadas, resignadas y desconfiadas. Pues bien, o reaccionan o aquí palmamos todas y todos. Si la gente no se rebela sus hijos quedarán sin estudios, sin pensiones, sin dignidad ¿Qué le pasa a tanta y tanta gente que no se mueve ni por sus hijos? Malditos cobardes. Mientras tanto los ricos nos están arrinconando y embruteciendo. Por eso hace falta claridad y valor.

¿Sabemos lo que comemos?

"Hay que limitar el poder económico de las empresas"

Ana Requena Aguilar - 22/11/2013

Christian Felber es el impulsor de la economía del bien común, una corriente que propone poner la economía al servicio de la ciudadanía, potenciar las empresas y productos éticos y medir el bienestar de las personas

"La característica más destacada de la construcción de la unión monetaria es la falta de democracia"

"Es un éxito ideológico el que el mercado aparezca como natural, cuando es en su totalidad creación del Estado"

Christian Felber no es economista pero su propuesta, la llamada economía del bien común, tiene cada vez más adeptos. Sus ideas son sencillas y con un parecido razonable a las que desde otras corrientes de pensamiento heterodoxo han cobrado fuerza aupadas por la crisis y la búsqueda de alternativas: economía al servicio de la ciudadanía, medir el bienestar más allá de datos económicos, potenciar el comercio justo...

Este pensador austriaco propone, por ejemplo, un semáforo del bien común que sirva para identificar rápidamente cómo de ético es un producto o empresa. En Austria, están también poniendo las bases de un futuro banco del bien común, con las mismas funciones de una entidad financiera habitual pero guiado no sólo por la viabilidad económica, sino por su aportación a la sociedad. Y donde la palabra especular, claro está, estaría prohibida.

¿Qué es la economía del bien común?

Es un modelo económico completo alternativo, tanto al capitalismo como al comunismo, que describe la totalidad de los elementos clave de un orden económico. En Austria y Alemania, el 90% de la población desea otro orden económico porque el que actúa ya no está en sintonía con los valores que están en la Constitución y en los corazones de la gente. La economía del bien común es una economía de mercado ética, solidaria, democrática, humana, sostenible, justa y también liberal, en el sentido de que todos gocen realmente de los mismos derechos y libertades, también económicos.

¿Y es compatible con el sistema actual o es algo que hay que ir sustituyendo poco a poco?

No hay que cambiarlo todo, también sería una economía de mercado, también habría oferta y demanda, empresas y dinero. Pero algunos factores se modificarían, otros se intercambiarían por completo y otros se mantendrían iguales. Actualmente, el bien común es un efecto secundario posible pero no garantizado, y el crecimiento del capital es el objetivo supremo. Eso se invertiría: el capital sería un medio para el nuevo objetivo, que es el bien común. En la mayoría de las constituciones de los países democráticos se dice que el objetivo debe ser el bien común, y el capital, el dinero y el beneficio deben ser el medio para conseguirlo.

La necesidad de disminuir el tiempo de trabajo

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 14 de noviembre de 2013

Este artículo analiza la necesidad de reducir el tiempo de trabajo como parte de las políticas de creación de empleo, así como componente importante de las políticas familiares y culturales del país.

Una medida que ha sido propuesta para disminuir el elevado desempleo es la de compartir el tiempo de trabajo de manera que cada trabajador trabaje menos horas por día, necesitándose así un número mayor de puestos de trabajo para realizar la misma tarea. Esta medida ya se ha experimentado ampliamente en varios países, como en Alemania, y en varias empresas (como varias cooperativas del País Vasco), evitando el despido masivo de trabajadores cuando la necesidad de producción disminuye como consecuencia de la reducción de la demanda de los productos producidos.

Una de las causas de que no se haya implantado con mayor intensidad esta medida es el enorme dominio que la patronal, y muy en especial la gran patronal, tiene en los centros de trabajo. Una de las causas de la resistencia a compartir el trabajo es que el empresario quiere evitar los costes de formación de nuevos trabajadores, prefiriendo retener a los que ya tiene y conoce, adaptando el tiempo de trabajo a sus necesidades de producción. La gran flexibilidad del mercado de trabajo en España, muy favorable para el empresario, explica que este prefiera la reducción del número de trabajadores cuando baja la producción y aumentar las horas extra del trabajador que permanece en la empresa cuando aumenta la demanda de sus productos, y por lo tanto, la necesidad de que aumente la producción.

Es interesante subrayar que el trabajador puede también ser reacio a compartir el tiempo de trabajo si ello significa que sufrirá una reducción del salario. De ahí que en varios países, como en Alemania, el gobierno permita el acceso a fondos públicos (por regla general, del seguro de desempleo) para complementar esa reducción salarial, manteniendo así su nivel de ingresos. Para el Estado es más económico hacer este subsidio complementario al trabajador que ve reducido su salario al disminuir el tiempo de trabajo, que pagar el seguro de desempleo completo en caso de que el trabajador dejara el trabajo.

Ahora bien, estas medidas, seguidas en momentos de gran recesión y elevado desempleo, no deberían retrasar la muy necesaria reducción del tiempo de trabajo manteniendo el nivel salarial. Hay que darse cuenta de que el día laboral de ocho horas no ha cambiado desde el siglo XIX, cuando se consiguió por primera vez reducir el tiempo de trabajo diario a este número de horas. Es importante subrayar que los mismos economistas neoliberales (de los cuales hay una gran densidad en los fórums mediáticos del país) que se alarman de que la edad de jubilación no haya variado desde hace algo más de noventa años (desde 1919, con el Retiro Obrero Obligatorio, hasta 2012), deseando que se retrase la jubilación, no dicen ni pío sobre el horario laboral, que no ha variado desde el siglo XIX. En realidad, la productividad se ha incrementado enormemente, permitiendo que el PIB español sea 24 veces más grande ahora que en 1900. En cambio, los salarios no han cambiado en la misma proporción. Y el horario laboral tampoco. Esta falta de cambio del horario laboral frente al enorme aumento de la productividad es un indicador del enorme poder del mundo empresarial. En realidad, John Maynard Keynes había predicho que en 2030 la gente trabajaría solo 15 horas a la semana (“Economic Possibilities for our Grandchildren”, citado en “Work-Time Reduction: Possibilities and Problems”, de Herbert J. Gans), predicción que hizo basándose en su estimación del crecimiento de la productividad. Ahora bien, lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. La reducción del tiempo de trabajo se está haciendo a costa de la reducción del salario y del crecimiento del pluriempleo para sostener el nivel de ingresos. Ello ocurre como consecuencia de la debilidad del mundo del trabajo.

Una evaluación de las instituciones españolas con vistas a la prevención y la lucha contra la corrupción

Manuel Villoria - 27/4/2013

• Las instituciones generadas durante la Transición dificultan el control y la accountability, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción.
• Las debilidades más notables de los partidos están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización, y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción.
• Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.

Cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional que habría de regir nuestro sistema político decidieron, probablemente de forma acertada para aquel momento, que las normas deberían incentivar la gobernabilidad y desincentivar la inestabilidad. El resultado ha sido bueno, en términos de prosperidad, convivencia y justicia. Pero ha llegado, muy posiblemente, a su punto de agotamiento. Las instituciones generadas dificultan el control y la accountability de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción. Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.

La clave para la estabilidad y previsibilidad de un sistema político se entendió que pasaba por asegurar un bipartidismo. Para ello, una normativa electoral que tomara la provincia como circunscripción electoral, unida a la Ley D’Hont y un número de diputados no muy elevado, generaba incentivos para ello. Por otra parte, el control interno de los partidos y la gobernación interna de los mismos se aseguraba con un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Con estos dos elementos ya se configuraban unas bases partidistas que permitirían  disfrutar, si sus dirigentes actuaban sensatamente, de la estabilidad necesaria como para consolidar una democracia sólida y previsible. A partir de la victoria electoral, máxime si era por mayoría absoluta, el líder del partido ganador podría controlar el legislativo y el ejecutivo, pero, además, con los diseños correspondientes, podría controlar los órganos constitucionales y, algunos nombramientos clave del poder judicial. Todo ello aseguraba la gobernabilidad, es decir, la capacidad de seleccionar problemas sociales, buscar soluciones para ellos e implantarlas. Pero no incentivaba ni la representatividad democrática, ni la gobernanza en sentido moderno, hecha de implicación cívica y de sistemas de controles mucho más sofisticados.

Claves para amarse a uno mismo

Borja Vilaseca- 31/10/2013

Nuestra independencia depende de aprender a ser felices por nosotros mismos. Esta es la conquista más difícil y la más sincera.

Cuenta una leyenda que en un pasado remoto los seres humanos éramos dioses. Pero abusamos tanto de nuestros privilegios, que la vida decidió retirarnos este poder y esconderlo hasta que realmente hubiéramos madurado.

El comité de eruditos de la vida sugirió enterrar el poder de la divinidad bajo tierra, en el fondo de los océanos, en la luna... La vida desechó todas estas opciones: "Veo que ignoráis hasta qué punto los seres humanos son tozudos. Explorarán, excavarán o gastarán una fortuna en naves para intentar conquistar el espacio hasta dar con el escondite".

El comité de eruditos se quedó sin saber qué decir. "Según lo que afirmas, no hay lugar donde los seres humanos no vayan a mirar nunca". Tras escuchar estas palabras, la vida tuvo una revelación. "¡Ya lo tengo! ¡Esconderemos el poder de la divinidad en lo más profundo de su corazón, pues es el único lugar donde a muy pocos se les ocurrirá buscar!". 

"Más allá del éxito o la respetabilidad, lo que en realidad necesitamos para ser felices se encuentra en nuestro corazón"

¿QUÉ HAY DE NOSOTROS?

"No hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma" (Irene Orce)

Muchos de nosotros todavía no hemos encontrado ese poder que andamos buscando. Al vivir desconectados de nuestro corazón, intuimos que nos falta algo esencial para ser felices. De ahí que haya personas que no soporten estar consigo mismas, sin hacer nada, a solas con su vacío interior. Y dado que la sociedad nos condiciona para creer que el amor hacia nosotros mismos es un acto de egoísmo, vanidad y narcisismo, solemos esperar que los demás nos amen para dejar de sentirnos incompletos e insatisfechos.

Pero esta búsqueda está condenada al fracaso, pues es precisamente nuestra conexión interna lo único que falta en nuestra vida. Más allá del placer y la satisfacción temporal que nos proporcionan el éxito y la respetabilidad, así como el consumo y el entretenimiento, lo que en realidad necesitamos para ser felices ya se encuentra en nuestro corazón. Seamos honestos: ¿cuánto tiempo, dinero y energía dedicamos en conocernos, cuidarnos y mimarnos? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos paz? ¿Qué hemos hecho recientemente para amarnos?

Como en cualquier otro ámbito de la vida, gozar de un saludable bienestar emocional es una cuestión de comprensión, compromiso y entrenamiento.

La intención de la libertad como delito

Los poderes públicos –el Gobierno– han reaccionado duramente ante la reacción y la protesta airada de la sociedad, argumentando que deben defender el orden público y los derechos y libertades de los demás ciudadanos

El nuevo artículo 559 castiga la intención, o, lo que es más grave, castiga como delito la emisión de un mensaje que, aun sin pretenderlo, pudiera estimular o afianzar la intención de otros de alterar el orden público

Fernando Flores Giménez - 11/11/2013

Como comunidad política, tener una Constitución significa optar por la limitación y control de quienes ejercen poder, por la protección de los derechos y las libertades, y por procedimientos e instituciones que garanticen un sistema democrático. Si esa opción no tiene efecto, no existe Constitución real.

En España, la crisis económica ha desvelado para muchos la crisis política (que ya existía), y las políticas de austeridad han enervado a una sociedad que a estas alturas es consciente de que la han estafado. Hoy la mayoría de ciudadanos sabe que el verdadero poder político reside fuera de las instituciones del Estado, y que éstas, aun manteniendo el nombre de representativas, sirven más, mejor y en primer lugar a los intereses de privados que al interés general. En este contexto, no debe extrañar que la sociedad reaccione y proteste airadamente, y que, en consecuencia, se incrementen las manifestaciones públicas, más o menos airadas, de queja y reivindicación de responsabilidades.

Los poderes públicos –el Gobierno– han reaccionado duramente ante la protesta, argumentando que deben defender el orden público y los derechos y libertades de los demás ciudadanos. El argumento es lógico. Sin embargo, al mismo tiempo que comprendemos la preocupación del Gobierno, y nos preguntamos con cierta retórica si sus argumentos no ocultan en realidad la defensa de aquellos mismos intereses particulares que nos han conducido a la crisis (la política y la económica), también debemos invocar el orden público que en sí mismo supone el respeto y protección de los derechos y las libertades públicas de quienes protestan. Fundamentalmente porque está siendo a través de su ejercicio, aun áspero e incómodo, que los poderes se ven fiscalizados, tal y como la Constitución exige.

Pero el poder se defiende, y los instrumentos que usa para sofocar y reprimir la efervescencia social y la expresión de la protesta ya son de todos conocidos: el control de la información, la dureza policial, la buro-represión yla criminalización de la protesta por la vía de la reforma del Código Penal… Todos ellos son mecanismos que superan la cobertura constitucional que la limitación de cualquier derecho permite, y todos merecen atención. Sin embargo, quisiera detenerme en la reforma del Código Penal (en uno de sus aspectos concretos), por los clarísimos mensajes que revela, en lo que contiene y en lo que no contiene.

Los seis principios de Ferrán Adriá para los emprendedores

EFE/ elEconomista.es – 16/4/2013

La ética es el único valor que Adriá no se cuestiona nunca.

"Si uno no se transforma está muerto, porque para durar en un negocio es necesario adelantarse al pensamiento de los demás y ser único". Este consejo es de Ferrán Adriá, considerado el mejor chef del mundo entre 2005 y 2009.

El creador de 'El Bulli' (restaurante más destacado del mundo durante cinco años) se encuentra en una gira llamada 'Juntos para transformar', y que tiene como objetivo difundir la importancia de la innovación, la creatividad y las nuevas tecnologías como motores del progreso empresarial.

Adriá, además de cocinero es un importante referente para los emprendedores por su creatividad. A lo largo de sus charlas por todo el globo ha dejado seis importantes principios que reflejan su forma de trabajo, y que son aplicables a quien quiera lanzar su propia empresa.

1. Pasión

"La pasión por lo que haces es imprescindible. Si no la tienes, olvídate de todo lo demás", aseguró Adriá en una charla en A Coruña recogida por Orlando Cotado. Sin embargo, la pasión por si sola no sirve de nada: hay que acompañarla de esfuerzo, trabajo y tener muy claro el objetivo. En este punto también es importante la ambición, básica para conseguir algo grande. El objetivo de Adriá era cambiar el modelo de restauración, crear una nueva cocina.

2. Riesgo

"Es necesario arriesgar, pero controlando en la medida de los posible". El riesgo es básico para ser creativo, y hay que asumir que se pueden producir errores. Hay ideas que pueden no llevar a ninguna parte, pero no debe considerarse tiempo perdido, sino que a partir de ellas podemos haber descubierto otras ideas o aprender nuevas cosas.

Jueces atacados: no habrá paz para la justicia

La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pero a la hora de la verdad parece que no todo está tan claro. Existen varias formas de influir en la decisión de un juez. laSexta Columna hace un repaso por la  guía de fórmulas sobre cómo ser político y distorsionar la justicia sin tener problemas.

Presión, sustituciones sin justificación, asignación a conveniencia, intereses políticos en la mayoría de los casos. Total: manipulación absoluta por los dos grandes partidos políticos en unas corporaciones que de justas tienen poco, al ejercer un poder abusivo sobre el órgano que manda sobre todos los jueces, el CGPJ, que es elegido por ellos mismos.
La justicia no es igual para todos, por mucho que nos quieran mentir diciéndonos que sí. El resultado es el que vemos, si no hay justicia, los delincuentes de cuello blanco hacen lo que quieren, abogados les sobran, y, encima se los pagamos nosotros del dinero robado a todos. 

ver el video

Publicado originalmente en: - La Sexta - Programas - La Sexta Columna

Ver vídeo: http://www.lasexta.com/videos-online/programas/sexta-columna/jueces-atacados-habra-paz-justicia_2013111500251.html

Punto número uno: presionar al juez. Las posibilidades de recibir una sentencia favorable son directamente proporcionales a la presión ejercida sobre tu magistrado.

La jueza del caso Pokémon de corrupción en Galicia recibió, según la policía, amenazas e insultos de uno de los imputados. Resultado: la Audiencia de Lugo prohíbe a su señoría que se ocupe de la instrucción de parte del caso porque el enfrentamiento con el acusado “puede afectar a su apariencia de imparcialidad”.

Hay presiones más sutiles. Cuando a un juzgado de Nules, en Castellón, le cayó la misión de investigar al presidente de la Diputación, Carlos Fabra no se imaginaban la que les caería encima. Uno tras otro, los jueces que se metían con el todopoderoso líder, fueron cayendo.  Dos pidieron el traslado por motivos personales, dos fueron ascendidas... Así hasta nueve jueces y cuatro fiscales hasta que FAbra, tras nueve años de instrucción se sentó en el banquillo.