Antonio José Chinchetru, 08 de febrero de 2013
No se sabe para qué sirve pero sus consejeros cobran un mínimo de 112.560 euros anuales
El Tribunal de cuentas
politizado y con pocos vocales de prestigio
Los políticos lo utilizan para colocar a parientes y amigos: Aznar puso allí a su hermano
Dice el refrán español que 'las cosas de palacio van despacio'. Más lentos aún parecen los asuntos que pasan por las manos del Tribunal de Cuentas, una carísima institución que no ha mostrado eficacia alguna a la hora de cumplir con su función de fiscalizar los partidos políticos.
Mientras los escándalos de corrupción en el seno de las principales formaciones partidos no dejan de aparecer en los medios de comunicación ni llegar a los juzgados, el Tribunal de Cuentas no da muestras de una gran capacidad indagadora en esa materia, y mucho menos de velocidad. En febrero de 2013 todavía está pendiente la elaboración del informe correspondiente a 2008 y a los años posteriores.
A pesar de su falta de eficacia, el Tribunal de Cuentas resulta muy caro para el bolsillo de los contribuyentes. Su presupuesto total ha sufrido un ligero recorte en el último ejercicio, al pasar de 62,216 millones de euros en 2012 a 61,335 millones en 2013. Pero eso no ha afectado a los gastos de personal, que han aumentado de 52,904 millones a 53,115 millones.
MÁS DE 112.000 EUROS POR CONSEJERO
En esta partida entran tanto las retribuciones de los 12 consejeros, que conforman junto con el fiscal General de la institución el Pleno de la misa, como las de los trabajadores del mismo. Estos se dividen en tres grupos. A finales de 2011, que son los últimos datos públicos disponibles, tenía 601 funcionarios, 169 contratados como personal laboral y 31 miembros del denominado 'personal eventual'. Estos últimos son los cargos 'de confianza o de asesoramiento especial a altos cargos'.
Los sueldos más altos corresponden a los consejeros de Cuentas y al presidente del Tribunal. Según se recoge en los Presupuestos Generales (PGE) del Estado de 2013, les corresponde a todos ellos un sueldo anual de 112.578,34 euros en 14 pagas anuales.
El fiscal general cobra 26.069,96 euros de sueldo anual, a los que se le suman otros 80.853 euros en concepto de 'otras remuneraciones'. En total, los PGE de 2013 recogen para este fiscal una retribución de 106.922,26 euros. El secretario general de la institución tiene una remuneración anual de 96.921,72 euros anuales, también en 14 pagas.
Las cantidades finales cobradas por todos ellos pueden ser aún mayores. Las retribuciones se incrementan por antigüedad de los interesados según decida del propio Pleno y pueden llegar a ser aún mayores si se trata de personas que son o han sido funcionarios y a los que se les reconoce trienios.
Todos los consejeros cuentan con un coche oficial con conductor a su disposición. La única excepción es María Antonia Lozano Álvares, propuesta por el PSOE tras alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida.
A LA MEDIDA DE LOS PARTIDOS
A pesar de que el Tribunal de Cuentas tiene entre sus funciones, o precisamente por eso, controlar las cuentas de las instituciones públicas y los partidos, la elección de los consejeros está totalmente politizada. Seis de ellos son elegidos por el Congreso de los Diputados, mientras que los otros seis son elegidos por el Senado.
De hecho, tan sólo los dos grupos parlamentarios mayoritarios, el popular y socialista, tienen voz a la hora de proponer los nombres de los miembros del Tribunal. En la actualidad siete de ellos lo son a propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE, si bien una de estos últimos fue presentada por los socialistas tras alcanzar un acuerdo con IU.
POCO PERSONAL PARA FISCALIZAR A LOS PARTIDOS
Periodista Digital ha preguntado al gabinete de prensa del Tribunal de Cuentas el motivo por el qué todavía no están disponible el informe de las cuentas de los partidos políticos en 2008, así como los correspondientes a los siguientes años. Han explicado que el departamento encargado de elaborar dichos informes dispone de muy poco personal. De hecho, según ha explicado, recientemente se ha ampliado su plantilla de 12 a 26 personas. Además, esos mismos trabajadores son los encargados de la fiscalización de las campañas electorales.
Esta última función, según han explicado, tiene fijado por ley unos plazos que se deben cumplir. Así que, cuando hay elecciones la fiscalización de los partidos políticos se paraliza para poder hacer la de las campañas electorales, de manera que retrasa los informes relativos a las formaciones políticos.
ALTOS CARGOS Y FAMILIARES DE POLÍTICOS
Si el método de elección de los miembros del Tribunal ya deja en evidencia su politización, la identidad de algunos de ellos lo demuestra en un grado aún mayor. Así, entre los consejeros de Cuentas figuran una ex ministra popular, un ex senador y ex diputado autonómico del PSC, un antiguo diputado de la extinta UCD, una ex presidenta de una ONG socialista, la hija de un concejal del PSOE y un hermano de José María Aznar. Son estos:
- Ramón Álvarez de Miranda (nombrado a propuesta del PP y presidente del Pleno): Diputado de UCD entre 1975 y 1982.
- Enriqueta Chicano Jávela (a propuesta del PSOE): Ex presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y ex miembro del comité coordinador federal de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana del PSOE.
- Lluis Armet i Coma (a propuesta del PSOE): Diputado del Parlamento catalán desde 1980 y durante seis legislaturas y senador del PSC entre 1995 y 2001. También fue primer teniente de alcalde de Barcelona.
- Manuel Aznar López (a propuesta del PP): Hermano del ex presidente del Gobierno José María Aznar.
- Margarita Mariscal de Gante y Mirón (a propuesta del PP): Ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar (1996 a 2000).
- Maria Dolores Genaro Moya (a propuesta del PSOE): Profesora de la Universidad de Granada hija de un antiguo concejal del PSOE en Baza (Granada).
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
El Tribunal de Cuentas, un organismo cuya función debería ser vigilar por una mayor transparencia en la cosa pública no da ejemplo en esta materia. Así, la advertencia legal de su sitio web impone fuertes restricciones al libre uso de las informaciones en él contenidos siempre que no sea para su mera reproducción.
De esta manera, avisa que para la "elaboración propia de materiales" a partir de la información que ofrece dicho sitio de Internet se ha de pedir y obtener autorización por escrito del presidente del Tribunal de Cuentas. Añade que en la solicitud de permiso ha de constar de forma expresa:
- La ausencia de ánimo de lucro de los materiales a realizar.
- La enumeración detallada de los materiales de la Web requeridos.
- La finalidad, destinatarios y formato (soporte electrónico, papel, etc.) del producto a realizar.
- En el caso de que la finalidad dé lugar a una publicación con soporte físico deberá expresarse el compromiso de remitir un ejemplar de esta publicación al Tribunal de Cuentas.
Desde el gabinete de prensa de la institución han explicado que dicha 'advertencia legal' en la práctica no funciona, que constantemente se elaboran todo tipo de contenidos con informaciones extraídas de la web sin perdir permiso y sin que pase nada por ello.
Vía:http://www.periodistadigital.com/politica/partidos-politicos/2013/02/08/tribunal-de-cuentas-consejeros-partidos-aznar-psoe-pp-mujeres-progresistas.shtml
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