20 de febrero de 2013
Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios
Al ciudadano español Luis Bárcenas le han descubierto una cuenta en un banco suizo por la que se han movido a sus anchas 22 millones de euros. El dato no sería noticia si el mencionado ciudadano no hubiese desempeñado durante 20 años los cargos de gerente y de tesorero del Partido Popular. La buena nueva ha desencadenado el correspondiente escándalo, como si, a estas alturas, alguien pudiera extrañarse de cuales son las fórmulas y artificios utilizados para la financiación de algunos partidos políticos.
La Constitución proclama que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación democrática, por lo que están justificadas determinadas subvenciones con fondos públicos. Los responsables de su funcionamiento nunca quisieron encontrar una fórmula aceptable para sufragar sus gastos. Regularon la financiación desde el año 1987 pero siempre dejaron abiertos dos agujeros negros por los que se introducía el virus de la corrupción: las donaciones anónimas y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las primeras se corrigieron en el año 2007, después de muchas reticencias por parte del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas continúa con la misma agilidad que en los tiempos del Conde Duque de Olivares.
La financiación de los partidos políticos se consigue, como es lógico, a través de las aportaciones de sus afiliados, cantidad que no alcanza cifras significativas, por lo que ha tenido que ser complementada con subvenciones públicas. Cuando los ingresos se consideraban insuficientes para el funcionamiento de las sedes de los partidos y para hacer frente a las campañas electorales, algunos decidieron acudir a la picaresca, incluso a conductas delictivas para ingresar un dinero extra. Quizá pensaron que la cuota de poder que le asignaban los ciudadanos les permitía toda clase de irregularidades.
Una vez instalados en los centros decisorios de los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o en el aparato del Estado decidieron utilizarlos para aumentar las asignaciones. Las concesiones de obras y servicios y las licencias urbanísticas se convirtieron en una fuente inagotable de recursos ilícitos.
Los reguladores de la financiación de partidos dejaron dos agujeros negros: las donaciones y el Tribunal de Cuentas
El tesorero de un partido político contabiliza las cantidades que entran en la caja. Si las sumas son ilícitas, negras o delictivas hay que buscarles algún refugio seguro para que no se descubra su verdadero origen. No se necesita demasiada inteligencia financiera para envolverlas bajo donaciones anónimas. Cuando se les puso un tope, el dinero ilícito comenzó a desbordar los cauces previstos y era necesario buscar otras guaridas. Suiza, especialista en ensombrecer el color del dinero, era el lugar indicado. Desde el 17 de enero del presente año los helvéticos han levantado el secreto bancario en los casos de investigaciones judiciales.
Según denuncias no desmentidas, algunos dirigentes decidieron adjudicarse remuneraciones generosas por los servicios prestados al partido. Situados ante este espejo, los señalados tienen la ineludible obligación de comparecer voluntariamente ante la opinión pública y negar tajantemente los hechos. No pueden refugiarse en evasivas y agravios. En una democracia la responsabilidad ética y política del dirigente ante los ciudadanos les obliga a responder sin ambages a las imputaciones.
El color del dinero es variopinto. Lo que importa es su procedencia. Las cantidades procedentes del pago de comisiones por concesiones de obras o servicios son beneficios generados por cohechos delictivos. Estas cantidades se consignaban como donaciones anónimas lo cual a su vez constituye un delito de falsedad contable. Esta prestidigitación contable transformaba el dinero ilícito en un en asiento aparentemente lícito.
El principal artífice de todo este entramado era incuestionablemente el tesorero Luis Bárcenas, porque sin él todas estas maniobras no se habrían materializado. Tampoco sin la cooperación o el asentimiento y, ¿por qué no?, la inducción de los dirigentes del partido político, si esto se puede llegar a demostrar. Por ello el dinero de la cuenta suiza no es un dinero opaco que se sustrae al fisco sino un dinero procedente de actividades ilícitas que al ser retornado a España a través de la amnistía fiscal se convierte no en dinero lícito, sino en una maniobra delictiva de blanqueo de capitales.
La amnistía fiscal rompe todos los principios admisibles en el campo del derecho penal para despenalizar conductas delictivas. Solo puede hacerse por vía de ley orgánica y nunca por real decreto-ley. Pero lo más grave no es el vicio legal sino la catadura moral de las personas a las que se aplica. Se trata de ciudadanos que han ocultado o evadido sus capitales sustrayéndolos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de gravísimas carencias sociales. El Estado no puede tolerar ni excusar la insolidaridad y discriminar a otros delincuentes.
Nuestro país tiene muchas carencias, culturales, sociales, éticas y democráticas. Demasiados ciudadanos se han hecho partícipes y alentadores de estas conductas votando de forma abrumadora a personas implicadas en tramas de corrupción. Las multitudes padecen el síndrome de Barrabás, prefieren a los golfos en lugar de a los justos. Me resisto a caer en el desaliento y la melancolía. Estoy convencido de que la mayor parte de la sociedad española está indignada y desmoralizada. Es vital para la democracia recuperar la fuerza política de la moral pública en estos momentos difíciles.
José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)
El País
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