27/4/2014 - Alejandro Lopez de Miguel
Expertos y fuentes del organismo denuncian la parcialidad de la institución
y su incapacidad para investigar y sacar a la luz casos como el de la
contabilidad b del Partido Popular. "Ninguno de los casos de
irregularidades en las cuentas de los partidos ha salido del Tribunal de
Cuentas"
Sobre el papel, el Tribunal de Cuentas es el "supremo órgano fiscalizador contable"; un ente presuntamente autónomo, encargado de revisar las cuentas de las administraciones públicas, fundaciones y partidos políticos, pero según fuentes del propio Tribunal la realidad es otra.
"El Tribunal es un paripé", aseguran estos medios a Público. "No puede ser que el control sea únicamente una operación cosmética, tiene que haber un órgano que investigue", afirman, cuestionando el funcionamiento del organismo desde la cúspide de la pirámide, elegida por una comisión mixta del Senado y el Congreso, donde PP y PSOE tienen mayoría.
Entre los consejeros, el hermano de José María Aznar, y entre los trabajadores varios familiares de Javier Medina, presidente de la Sección de Fiscalización
De hecho, entre los 12 consejeros que durante 9 años estarán a los mandos de la institución se encuentra el hermano del expresidente del Gobierno José María Aznar, Manuel Aznar, y entre sus trabajadores, varios familiares del presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina -su mujer, un hermano y una hermana-, como han confirmado las mismas fuentes a este diario.
"Se tendrían que reforzar los órganos de supervisión independientes a través de criterios de imposibilidad de control político ", asegura el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que pide que incrementar el número de técnicos "fijos e inamovibles", para "impedir que puedan ser instrumentalizados por parte del poder político". A su juicio, "se dan problemas de credibilidad tanto formales, por el modo en que son elegidos sus integrantes, como por el funcionamiento de la institución, que no ha sido capaz de fiscalizar los partidos de manera efectiva", afirma.
Por su parte, el diputado de IU y miembro de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas por Izquierda Plural, Ricardo Sixto, reconoce que la efectividad del Tribunal es "muy limitada", recordando que en los informes de los años 2009, 2010 y 2011 de las cuentas de los partidos no hay "ni siquiera una línea que explique lo que se estaba produciendo en el PP", en referencia a la presunta financiación irregular del partido que gobierna.
Y ésto, sin tener en cuenta su papel como organismo con capacidad sancionadora. Esta misma semana, el Tribunal ha comunicado la apertura de expedientes por financiación irregular a 13 partidos y 24 fundaciones, pero según fuentes de la institución "las irregularidades que el fiscal ha puesto de manifiesto no son las más relevantes, son totalmente adjetivas, defectos de tercera división. No se ha desplegado un trabajo de auditoria de campo".
Joaquim Bosch: "Los partidos han conseguido neutralizar a los órganos que actúan como contrapoderes
El portavoz de Jueces para la Democracia se suma a estas críticas, asegurando que "su actividad sancionadora ha sido insignificante. En gran parte se debe a la falta de detección de patologías que sí han sido percibidas en investigaciones penales. Su actuación no es lo bastante incisiva", sostiene.
De vuelta a la Cámara Baja, mientras el Grupo Socialista aseguraba haber sido incapaz de encontrar a un portavoz apropiado para responder a las preguntas de este medio sobre el Tribunal de Cuentas a lo largo de este viernes, el Portavoz de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y Diputado del PP, Eloy Suárez, defiende sin reservas la labor de la institución. La misma que ha rechazado proporcionar a Público información sobre su actividad sancionadora y otros procedimientos básicos de su funcionamiento, alegando los trabajadores del gabinete de comunicación de la institución que "el Tribunal de Cuentas no hace ningún tipo de declaraciones".
Necesidad de transparencia
Sí ha accedido a colaborar el presidente del Consejo General del Colegio de Economistas,Valentín Pitch. Preguntado por las capacidades y la actividad del ente fiscalizador, Pitch, ha destacado "la necesidad de la claridad y la transparencia en el sector público"; dos conceptos que, en palabras de Bosch, no pueden aplicarse a la hora de describir la gestión del Tribunal de Cuentas y otros organismos.
"Hay una percepción social de que varias instituciones funcionan sin control efectivo, y no es sólo problema de este organismo; el Tribunal Constitucional tocó temas políticos y su presidente era del PP", argumenta el magistrado. "La reforma del Consejo General del Poder Judicial ha servido para que Gallardón sitúe a quienes le son más afines a nivel político. Los partidos han conseguido neutralizar a los órganos que actúan como contrapoderes, ponerlos a su servicio", denuncia.
Una reforma imposible
El organismo fiscaliza también las cuentas de varias comunidades, a las que esta semana se ha unido Castilla-La Mancha, por la decisión de la presidenta María Dolores de Cospedal de cerrar el Tribunal de Cuentas de la autonomía, por lo que la fiscalización de su etapa al poder no estará lista hasta después de las elecciones.
Sin embargo, la fiscalización de la contabilidad de los partidos es sólo una más de las tareas del ente, que apenas destina 25 de los más de 600 trabajadores con los que cuenta -integrados en 10 departamentos- para este fin. Fuentes del Tribunal de Cuentas denuncian que la normativa que regula su funcionamiento está obsoleta -Ley 7/1988, de 5 de abril- y tiene "deficiencias clarísimas". "Hay problemas técnicos que paralizan la institución, y no ha habido manera de que los grupos lleguen a un acuerdo nunca", esgrimen.
Acumula importantes retrasos: la contabilidad de los partidos en 2008 no fue revisada hasta 2013
En palabras de Bosch, "todos somos conscientes de que haría falta una reforma estructural, pero sólo puede hacerse a través del Parlamento, y hasta ahora esa voluntad no ha existido", lamenta. El diputado de Izquierda Unida añade un nuevo motivo de queja: las resoluciones aprobadas no son llevadas a la práctica."El Congreso aprueba una serie de resoluciones por unanimidad, pero las instituciones llevan años sin aplicar las correcciones que hay que aplicar. Sistemáticamente, no se hace caso a muchos de los acuerdos alcanzados por el Congreso", denuncia.
Fuera del marco de la reforma de la institución, defiende que la Comisión ha aumentado la periodicidad de sus reuniones, y que por fin está poniéndose al día en materia de fiscalizaciones -baste recordar que la contabilidad de los partidos correspondiente a 2008 no fue revisada hasta 2013-. "Últimamente nos reunimos más a menudo, intentamos ver y resolver sobre informes de la penúltima legislatura, sobre cuestiones que estaban de la anterior. El Tribunal se ha puesto las pilas y nos reunimos hasta un par de veces al mes", asegura.
"Ni una línea sobre los pagos en b del PP"
Las citadas fuentes denuncian que las fiscalizaciones no son exhaustivas, sólo se llevan a cabo en muestras-distintos aspectos de la contabilidad bien acotados-, y lo que analiza el Tribunal es únicamente la información que remiten los partidos."Se está dando por buena la información de los partidos políticos, no se está haciendo una labor inquisitorial sobre el terreno. En otros países se hace una labor de investigación de los partidos políticos. Aquí no se cruza información con la Agencia Tributaria", sostienen, antes de criticar la impasibilidad del organismo ante las evidencias de la existencia de una contabilidad b en el Partido Popular, reflejadas en los papeles de Bárcenas y los informes de la UDEF.
"Se está dando por buena la información de los partidos políticos, no se está haciendo una labor inquisitorial sobre el terreno" , denuncian fuentes internasSixto se muestra crítico: "Lo que he recriminado al TC es que en ninguno de los informes aparece ni siquiera una sola línea de que se estaba produciendo lo que ha pasado con el Partido Popular: el enorme desajuste entre las contabilidades del PP, el hecho de que haya cajas b en todas las provincias. Ningún informe deja entrever nada sobre el desajuste de la contabilidad del PP y su caja b", asegura.
"La actividad del Tribunal de Cuentas va solamente a decir si la contabilidad que se presenta está hecha de acuerdo a la legislación, no va a la actividad de fiscalización. Si tienes tantos ingresos y tantos gastos, si fiscalizas que tienes más bienes y ganas más, si la realidad no responde a lo que dices, es lo que falla, y ha fallado con el PP. Año tras año salía limpia, pero debajo había un mar de dinero funcionando en b, ayudas de campañas como la de Castilla-La Mancha. Todo un flujo de dinero en b que no pasaba por contabilidad", argumenta.
"En ningún caso solicita otro papel ni pregunta si hay contabilidad paralela", aseguran las fuentes citadas. "Sólo da por cierto lo que los partidos mandan. Sólo se pronuncia sobre lo que le quieres enviar, y evidentemente sólo fiscalizas lo que está fetén. Los partidos saben que es un tema controlado".
"Insignificante" actividad sancionadora
Eloy Suárez, portavoz de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas recuerda que la capacidad de imponer sanciones económicas del Tribunal fue establecida por el PP en 2012, pero asegura que "a lo largo de la vida del organismo ha habido sanciones fuertes, sobre todo de devolución de dinero. Hay alcaldes e interventores que han sido condenados y han tenido que devolver dinero", sostiene.
Fuentes del Tribunal de Cuentas y el representante de Jueces para la Democracia aseguran que su actividad sancionadora ha sido, hasta hoy, insignificante, y Valentín Pitch va un paso más allá: "Los partidos políticos han degenerado. Las cuentas deberían estar disponibles y deberían ser comprensibles. Hay que crear una cultura donde no haga falta tener un estatus sancionador especial, en la que cualquier informe tenga una influencia reputacional con unos costes políticos gordos, y esto no existe en este país", lamenta.
La defensa del PP
El portavoz de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eloy Suárez, desmiente que el Tribunal pueda ser considerado parcial. "Al final, la contabilidad tiene unas normas muy claras; el Tribunal se limita a comprobar si se cumplen o si no se cumplen las normas de partidos e instituciones", asegura el también diputado del Partido Popular en el Congreso.
Suárez: "El Tribunal ha fiscalizado los años de 2009, 2010 y 2011, y no ha encontrado ningún indicio de contabilidades b del PP
En respuesta a las denuncias de fuentes del Tribunal de que el organismo no investiga las contabilidades b, Suárez asegura que el ente cuenta con "mecanismos más que suficientes para constatar estas informaciones, y colabora incluso entidades bancarias". "En el caso de Marbella hizo un trabajo excepcional", recuerda.
"El Tribunal ha llegado a descubrir contabilidades B", sostiene, adoptando la línea del partido para desmentir que en el PP exista la contabilidad paralela documentada en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. "El Tribunal ha fiscalizado los años de 2009 10 y 11, y no ha encontrado ningún indicio de contabilidades b del PP. Estas cuestiones se están resolviendo ahora mismo en un juzgado", añade.
Sí reconoce que la estructura del organismo es mejorable, y sugiere "incorporar parte del modelo anglosajón, donde se hacen otro tipo de auditorías", además de modernizar la estructura y los mecanismos de colaboración, para hacer fiscalizaciones más rápidas".
Las auditorías mejorarían la situación
Todos los expertos consultados, incluso el diputado del Partido Popular, reconocen que las auditorías mejorarían sensiblemente los resultados obtenidos por el Tribunal de Cuentas. Por su parte, el diputado de Izquierda Unida reclama la necesidad de comprobar el modo en el que se ha empleado el dinero público presupuestado y fiscalizado: "No hay análisis de viabilidad o de fallos, tampoco de rentabilidad; no se mira si el dinero se ha gastado de acuerdo a las necesidades que debía cubrir".
El presidente del Consejo de Economistas considera necesario exigir a las entidades que se fiscalicen "que entreguen la información en plazo, que ésta sea concreta", además de publicitar los casos de quienes incumplan esta normativa, "para que tenga un coste reputacional".
Defiende la creación de "una cultura colectiva de lo público", y compara la situación de España con la de los países anglosajones. "En el mundo anglosajón, que un político utilice mal un recurso público aunque sea insignificante es una mancha. Es una cultura que aún no tenemos".
Nadie fiscaliza al órgano fiscalizador
Cuenta con un presupuesto de 61.413.190,00 euros, y su presidente cobra más de 112.000 euros de salario base por su labor en este organismo. La función del Tribunal de Cuentas aparece recogida en el artículo 136 de la Constitución, y su actividad se rige por la ley anteriormente citada, pero el Tribunal no tiene que dar cuentas ante ningún organismo, más allá de sus comparecencias en el Congreso. Dicho de otro modo: no hay ninguna institución externa encargada de supervisar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. "Es el órgano supremo fiscalizador contable, con un estatus similar al del Tribunal Supremo", aseguran fuentes internas.
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