Los poderes públicos –el Gobierno– han reaccionado duramente ante la reacción y la protesta airada de la sociedad, argumentando que deben defender el orden público y los derechos y libertades de los demás ciudadanos
El nuevo artículo 559 castiga la intención, o, lo que es más grave, castiga como delito la emisión de un mensaje que, aun sin pretenderlo, pudiera estimular o afianzar la intención de otros de alterar el orden público
Fernando Flores Giménez - 11/11/2013
Como comunidad política, tener una Constitución significa optar por la limitación y control de quienes ejercen poder, por la protección de los derechos y las libertades, y por procedimientos e instituciones que garanticen un sistema democrático. Si esa opción no tiene efecto, no existe Constitución real.
En España, la crisis económica ha desvelado para muchos la crisis política (que ya existía), y las políticas de austeridad han enervado a una sociedad que a estas alturas es consciente de que la han estafado. Hoy la mayoría de ciudadanos sabe que el verdadero poder político reside fuera de las instituciones del Estado, y que éstas, aun manteniendo el nombre de representativas, sirven más, mejor y en primer lugar a los intereses de privados que al interés general. En este contexto, no debe extrañar que la sociedad reaccione y proteste airadamente, y que, en consecuencia, se incrementen las manifestaciones públicas, más o menos airadas, de queja y reivindicación de responsabilidades.
Los poderes públicos –el Gobierno– han reaccionado duramente ante la protesta, argumentando que deben defender el orden público y los derechos y libertades de los demás ciudadanos. El argumento es lógico. Sin embargo, al mismo tiempo que comprendemos la preocupación del Gobierno, y nos preguntamos con cierta retórica si sus argumentos no ocultan en realidad la defensa de aquellos mismos intereses particulares que nos han conducido a la crisis (la política y la económica), también debemos invocar el orden público que en sí mismo supone el respeto y protección de los derechos y las libertades públicas de quienes protestan. Fundamentalmente porque está siendo a través de su ejercicio, aun áspero e incómodo, que los poderes se ven fiscalizados, tal y como la Constitución exige.
Pero el poder se defiende, y los instrumentos que usa para sofocar y reprimir la efervescencia social y la expresión de la protesta ya son de todos conocidos: el control de la información, la dureza policial, la buro-represión yla criminalización de la protesta por la vía de la reforma del Código Penal… Todos ellos son mecanismos que superan la cobertura constitucional que la limitación de cualquier derecho permite, y todos merecen atención. Sin embargo, quisiera detenerme en la reforma del Código Penal (en uno de sus aspectos concretos), por los clarísimos mensajes que revela, en lo que contiene y en lo que no contiene.
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