4/12/2014
Jesús Ceberio
La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconfía de la codicia humana. Los políticos son piedra de escándalo. Y las respuestas del Gobierno son tardías e insuficientes
Jesús Ceberio
Cada vez que surge un nuevo caso de corrupción nuestros políticos se escudan en que son mayoría los servidores públicos honestos y que solo unos pocos sinvergüenzas se han colado en sus filas. Con este innovador mensaje se presentó Mariano Rajoy en el pleno monográfico del Congreso sobre la corrupción, al que aportó dos proyectos de ley visados por su Gobierno hace casi dos años. A partir de estas premisas es inconcebible que el presidente del Gobierno pueda encabezar un programa serio para combatir un problema que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles. Todas las respuestas devienen tardías e insuficientes, como acaba de demostrar la microrreforma introducida por la Cámara sobre los viajes de diputados y senadores a raíz del caso Monago.
Más de 800 Ayuntamientos (un 10% del total) están incursos en diversos procedimientos judiciales vinculados al muy heterogéneo dominio de la corrupción política; el número de imputados se cuenta por miles, según informes de la fiscalía. Minimizar estas cifras hasta el punto de convertir a esa legión de corruptos en una excepción es una desfachatez, si no un acto de cinismo. Al margen de la honradez individual, que se dilucida en los tribunales, la mayoría de los políticos tiene fundadas sospechas, cuando no indicios, de que su partido tiene vías de financiación irregulares, pero ese es un tabú cuya ruptura se castiga con la expulsión, como le sucedió al socialista Alonso Puerta en 1981. Habrían de pasar 26 años hasta que un concejal popular de Majadahonda pagara el mismo precio después de poner a la Fiscalía Anticorrupción tras la estela del caso Gürtel, una red mafiosa de la que se habría lucrado el PP, según el último auto del juez instructor.
Nuestros políticos conocen estas prácticas desde los tiempos de la Transición, pero han preferido guardar silencio para mantener el favor de sus jefes. Es hora de poner fin al espectáculo degradante de que nadie sepa en los partidos políticos, salvo sus tesoreros o sus gerentes, de dónde proceden los dineros con los que se financia la campaña electoral permanente en la que están metidos o cómo se pagan las obras de sus sedes y los salarios de sus empleados.
¿Tiene alguna lógica que los presidentes y secretarios generales puedan alegar ignorancia ante los jueces y librarse así de toda culpa en este tráfico indecente de cajas b y dineros negros? ¿Por qué los líderes que elaboran las listas electorales y aprueban los programas políticos están exentos de rendir cuentas sobre las finanzas de sus partidos? ¿Puede Rajoy eludir su responsabilidad en el caso Bárcenas con el simple trámite de pedir perdón al Parlamento por haberse equivocado en su nombramiento? Bienvenida sea la reforma del Código Penal (anunciada hace más de un año) que castigará el delito de financiación ilegal con uno a cinco años de cárcel, aunque solo se atajará el mal cuando los jefes máximos tengan que responder por una presunta administración desleal.
Este estado de cosas ha sido consustancial a la democracia creada al amparo de la Constitución de 1978. La debilidad de unos partidos renacidos tras 40 años de dictadura sirvió para blindar sus cuentas y excluirlas del escrutinio público. Galaxia Gutenberg acaba de publicar un libro póstumo de Javier Pradera titulado Corrupción y política. Los costes de la democracia. Escrito hace 20 años, en plena floración de escándalos (Juan Guerra, Hormaechea, Ibercorp, Mariano Rubio, Filesa, Cacerolo, Roldán, fondos reservados, etcétera), su lectura resulta de extraordinaria actualidad. La anatomía de la venalidad que Pradera disecciona con precisión forense es perfectamente aplicable a la sucesión de casos que monopolizan la actualidad informativa. Los cambios legislativos introducidos en estas dos décadas han tenido el efecto gatopardianode mantener intacta la corrupción estructural para financiar los partidos, a la que se ha sumado el creciente pillaje individual de muchos gestores.
Es cierto que se creó la Fiscalía Anticorrupción en 1995, que se han endurecido algunas sanciones penales, que la UDEF ha prestado una mayor dedicación a los delitos económicos que proliferan en el ámbito político, pero nada sustantivo ha cambiado en los mecanismos de adjudicación de contratos públicos, que es donde reside la gran corrupción, la que mueve millones de euros en forma de comisiones mafiosas. Este mecanismo perverso obliga por lo demás a las empresas concesionarias a falsificar su contabilidad con innumerables facturas falsas que a menudo se distribuyen entre los proveedores. En esta cadena fraudulenta participan miles de personas que están sometidas a una ley de silencio tanto más férrea cuanta mayor es la precariedad laboral. Los denunciantes no cuentan con ninguna protección.
No sorprende que en medio de este paisaje la economía sumergida suponga casi una quinta parte del PIB según diversos informes o que los inspectores de Hacienda estimen que el monto del fraude fiscal supera el déficit de todas las Administraciones públicas. Lejos de constituir un ejemplo nuestros políticos son piedra de escándalo, agravado por el impacto de una crisis económica que se traduce en el empobrecimiento de grandes grupos de población, el paro de más de cinco millones de personas según la EPA, una deflación salarial que no excluye de la pobreza a quienes trabajan y una pavorosa desigualdad que coloca a España en el segundo lugar del ranking europeo.
El Eurobarómetro de 2013 sobre corrupción registró que el 63% de los encuestados españoles (el porcentaje más alto de la UE) se consideraba afectado personalmente en su vida cotidiana, frente a una media comunitaria del 26%; el 95% consideraba que es un problema muy extendido en el país, principalmente en las instituciones locales y regionales. Todo ello consolida el convencimiento generalizado de que la gran corrupción gira en torno a las finanzas de los partidos, con una activa participación de las empresas contratistas de obras y servicios. Sindicatos y asociaciones patronales se han incorporado al festín al calor de los cursos de formación, los expedientes de regulación de empleo o las tarjetas opacas de algunas cajas. Que solo ocho de los 86 titulares de Bankia renunciaran a usarlas dice mucho del nivel ético de nuestras élites.
La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan. Un Tribunal de Cuentas nombrado mayoritariamente por los partidos, que más que vigilarse mutuamente practican una estrategia de no agresión, es un instrumento ineficaz para controlar sus finanzas. Algunos países europeos han creado comisiones independientes para fiscalizar a los partidos e incluso para adjudicar los contratos públicos. Hace casi dos años el Congreso acordó convocar una comisión de expertos para estudiar el dossier de la corrupción y proponer estrategias de choque. Nadie la ha recordado en el reciente debate parlamentario.
A un año de las elecciones generales es probable que no haya tiempo para comités, pero los partidos no pueden cruzarse de brazos tras una legislatura que ha sido una ciénaga en materia de corrupción. Y si así lo hacen estarán contribuyendo a ese súbito ascenso de Podemos, que más allá de la viabilidad o no de sus propuestas se nutre sobre todo de la náusea colectiva. Los abstencionistas de ayer, los participantes en las diversas mareas contra los recortes en sanidad y educación o simplemente la multitud de decepcionados con el PSOE suman ya un bloque de votantes potenciales que de momento ha roto, al menos en las encuestas, el statu quo de un bipartidismo asfixiante.
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