5/11/2014
Juan Laborda
El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), erre que erre, vuelve de nuevo a las andadas. Resulta atrevido que las mismas grandes empresas que han destruido masivamente empleo en los últimos quince años se permitan el lujo de recomendarnos como se puede generar puestos de trabajo en nuestro país. Pero más hilarante todavía son las recomendaciones propuestas. Bien sea por desconocimiento de la realidad, o bien por la defensa de una serie de intereses espurios, su diagnóstico sobre la situación actual de la economía española, así como las recetas necesarias para salir de la misma, son tremendamente deficientes sino falsas.
Juan Laborda
El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), erre que erre, vuelve de nuevo a las andadas. Resulta atrevido que las mismas grandes empresas que han destruido masivamente empleo en los últimos quince años se permitan el lujo de recomendarnos como se puede generar puestos de trabajo en nuestro país. Pero más hilarante todavía son las recomendaciones propuestas. Bien sea por desconocimiento de la realidad, o bien por la defensa de una serie de intereses espurios, su diagnóstico sobre la situación actual de la economía española, así como las recetas necesarias para salir de la misma, son tremendamente deficientes sino falsas.
La mayoría de las empresas que forman parte del CEC se han internacionalizado, pero no producen bienes exportables, simplemente realizan actividades en los países donde invierten. Esas inversiones se hicieron a precios excesivos, compraron muy caro. Como consecuencia, su retorno financiero es muy bajo, apenas del 2%. Pero además aquellas empresas que sí tienen que ver con la producción de bienes exportables la han externalizado.
Si profundizamos en el comportamiento de estas empresas, veremos que no han hecho prácticamente nada por cambiar el modelo productivo de nuestro país. Su actividad investigadora es nula, debido en parte a que se trata de grandes oligopolios, sino monopolios. Sólo nueve empresas españolas figuran entre las mil primeras inversoras mundiales en investigación y desarrollo.
Eso sí, los consejos de administración de las mismas han sido raudos y veloces a la hora de atribuirse mayores remuneraciones. A finales de 2013, la retribución media de un consejero de una empresa Ibex era de 496.000 euros, frente a los 449.000 euros que percibían antes de que la crisis comenzara a mostrar sus primeros efectos. Pero además, los principales órganos de administración de las grandes compañías han seguido el camino opuesto al de las plantillas, no sólo en cuanto a los salarios, sino también en cuanto al número de personas que los componen. Desde 2007, los consejos de administración de las grandes empresas cuentan con una treintena de miembros más, un incremento del 7% en relación con el dato de 2007.
Las recetas propuestas
Y con estos mimbres pretenden darnos lecciones sobre cómo resolver y hacer frente al drama del desempleo y de la pobreza en nuestro país. Digámoslo suavemente, son muy atrevidos. Algunas de las ideas propuestas ni las practican ni las practicarán, como aumentar por ejemplo el gasto en I+D. Otras, son un brindis al Sol, como incrementar el tamaño de las empresas y su capacidad para exportar, prueba de que realmente desconocen qué factores idiosincráticos y macroeconómicos determinan tanto la probabilidad de exportar de las empresas manufactureras patrias como la intensidad en las exportaciones.
En realidad, muchos de los sectores representados en el CEC no están abiertos a la competencia, de manera que el ajuste lo están pagando tanto sus empleados, con salarios menores, como sus clientes, con precios mayores. Predominan antiguos monopolios naturales, básicamente empresas eléctricas, petroleras, y del sector de telecomunicaciones. Junto a ellos, el sector inmobiliario, ligado al BOE, y el bancario, que ni está ni se le espera.
Pero es sin duda en las recetas ideológicas donde definitivamente se acaban quitando la careta. Resulta que en un contexto donde la inversión productiva privada está prácticamente estancada, a pesar de la reducción del coste financiero y laboral, el Estado debe seguir reduciendo el gasto público. Siguen falseando la realidad. Los males que afligen a la economía española no son consecuencia de la ineficiencia de un sector público sobredimensionado, que exige según ellos continuos ajustes presupuestarios; y una baja productividad del factor trabajo, que debe compensarse, siguiendo sus recetas, vía salarios más bajos.
Apalancamiento sin control del riesgo
Han sido fundamentalmente las élites económicas, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. La inmensa mayoría de nuestra deuda a principios de la crisis correspondía a las empresas no financieras y a las sociedades financieras. Pero fueron estas empresas, con la complicidad de los acreedores foráneos y la genuflexión de sus brazos políticos patrios, quienes decidieron que los ciudadanos financiaran vía deuda soberana y salarios sus desaguisados.
Reclaman más crédito para las empresas, cuando más del 45% del crédito bancario va destinado a
las grandes empresas, en una gran parte para refinanciar una deuda brutal
impagable. Siguen sin enterarse de nada, lo que hace falta es más renta, salarios más altos.
Hicieron caso omiso a las recomendaciones de Richard Koo, en una
conferencia magistral que impartió a finales de 2011 invitado por la Fundación Telefónica. Ahora,
al menos deberían
leer la reciente comparecencia, el 17 de septiembre,
del profesor Amir
Sufi ante el Comité
del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos donde
afirmó que “el
crecimiento del crédito sin crecimiento de la renta es una receta para el
desastre”.
Las élites
gerenciales dominantes hace tiempo que vienen distorsionando multitud de
conceptos económicos, políticos y sociales, no por accidente, sino
intencionadamente, con el fin de acomodar posiciones de conveniencia para
determinados grupos. Surge
así el intervencionismo del mercado en nombre del no intervencionismo.
En la práctica,el libre
mercado, tal como lo entienden estos grupos de poder, no es
otra cosa que intervenir
el mismo por medio de lobbies, comprando voluntades políticas,
para que subsidien a determinados grupos con dinero estatal -véanse, por
ejemplo, los rescates bancarios-, o hagan la vista gorda en las posiciones
dominantes de muchos de estos oligopolios. Entonces, puestos a exigir, piden
que el gobierno no interfiera para proteger al ciudadano en situaciones límites
como la actual. Corrompen el gobierno y luego piden un gobierno pequeño. Y en
este contexto pretenden darnos lecciones sobre cómo reducir el desempleo.
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