Por: Alternativas | 31 de octubre de 2014
JORGE JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO
La situación actual del modelo político, económico y social de la UE y en particular, en los países periféricos, demuestra que la política de ajuste estructural que busca disminuir el gasto público, reducir salarios y flexibilizar los mercados laborales con el propósito de bajar los niveles de endeudamiento y aminorar los intereses de la deuda, ha sido un completo fracaso. Estas políticas presupuestarias basadas en la austeridad a ultranza bajo la recomendación –imposición– de la denominadaTroika (Comisión Europea, BCE y FMI) se han demostrado desgarradoras para la gran mayoría de la población de los países periféricos de la Unión Europea y han desmantelado los mecanismos que reducen la desigualdad y hacen posible un crecimiento equitativo.
Parece ya evidente que las políticas de austeridad no han estado motivadas por un diagnóstico certero y mucho menos compartido, sobre los orígenes de la crisis. En realidad, la historia siempre se repite, aunque en este caso, con diferentes actores, pero con las mismas reglas de juego. La evidencia empírica en torno a los resultados de la aplicación de estas medidas ya eran conocidas tanto por los economistas como por los dirigentes políticos de las instituciones comunitarias. Los países de América Latina, el Este Asiático y África subsahariana sufrieron graves crisis financieras, económicas y de divisas durante las décadas de 1980 y 1990. El FMI y el Banco Mundial (BM) aplicaron la misma receta a todos los países: un paquete de ajuste estructural, en virtud del cual los países recibieron ayuda financiera con la condición de adoptar una serie de políticas económicas que incluían el recorte del gasto público, la nacionalización de la deuda privada, la reducción de los salarios del sector público, la descentralización de la negociación colectiva y un modelo de gestión de deuda que primaba el pago a los acreedores de la banca comercial sobre la recuperación social y económica.
Esta «melodía» tiene unos orígenes –el Consenso de Washington– que no conviene olvidar: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, liberalización financiera y comercial, privatizaciones, desregulaciones, etc. Los defensores de estas políticas asumían que las reformas estructurales generarían rápidamente un aumento de la inversión y el crecimiento, lo cual incrementaría a su vez el empleo y los salarios. ¿Nos suena de algo esta cantinela?
Pero realmente, ¿qué se ha conseguido con la aplicación de esta matrizde política económica aplicada por los estados miembros a instancia de las instituciones de la UE? La realidad es tozuda y desoladora. Entre los hitos que se han conseguido podemos destacar en primer lugar el impacto de estas políticas en las sociedades de la periferia europea. Y es que la progresiva comunitarización de la política económica, la emergencia del debate sobre la necesidad de los rescates financieros y las consecuencias sociales de las drásticas decisiones de política económica, han conllevado un descenso general de la confianza de los europeos en las instituciones de la Unión y en su capacidad para resolver positivamente la grave situación de crisis en la que nos encontramos.
En el terreno económico, lo más notable que podemos resaltar del contexto socioeconómico actual es que estas medidas, con un sesgo ideológico y moral claro, tampoco han sido exitosas en los objetivos que se plantearon alcanzar, como el descenso de la deuda pública de los países rescatados. De hecho, algunos de los países de la periferia de la UE que han sufrido la aplicación de esta medidas, como Grecia, España o Italia, han visto desde el año 2010 un descenso sin precedentes en su crecimiento económico. ¿Y esto a qué se debe? Pues a una reflexión muy simple, pero que por lo que parece a simple vista, no ha sido comprendida, pues en esencia estamos hablando de políticas que reducen la demanda doméstica –de bienes y servicios– lo que a su vez provoca un descenso del crecimiento. También hay que resaltar que el déficit público de estos países ha aumentado de forma considerable –por la reducción de ingreso de los Estados y por la enorme cantidad de gasto público destinado al rescate del sector bancario–. Y así, entramos en un circulo vicioso del que es difícil salir con los instrumentos habituales de una política económica nacional. Pero como afirman algunos autores, el dogma neoliberal se alimenta de fe y no de evidencia empírica.
Los datos nos muestran un panorama desolador. Por regla general, los países sometidos a las más duras medidas de ajuste (Grecia, Portugal, Irlanda y España) han sufrido una importante pérdida de ingresos, un aumento vertiginoso de la tasa de desempleo –sobre todo en la población joven– y recortes generalizados en los sistemas de seguridad social. Resulta aún más preocupante la erosión de los sistemas de negociación colectiva en los casos de Grecia, Portugal y España, un factor que reduce todavía más la capacidad de los trabajadores para garantizar el aumento de los salarios vitales. Según Eurostat, en lo concerniente al desempleo, en Irlanda, Grecia y España, la tasa de paro de larga duración se cuadruplicó entre 2008 y 2013 [1]. En Portugal, la tasa de paro de larga duración creció desde el 4% de 2008 hasta el 7,7% de 2013, su nivel más alto desde 1992. Resulta especialmente preocupante el hecho de que más de la mitad de los parados de larga duración en Europa llevan más de dos años sin trabajo. La tasa de paro juvenil es especialmente alta en Portugal (35,6%), España (53,7%) y Grecia (51,5%), más del doble que en 2008 [2].
Ante esta situación, cabe señalar que en cuestión de semanas han aparecido tres informes de tres instituciones internacionales –el Banco Mundial [3], la OCDE [4] y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [5]– que expresan su gran alarma por el enorme deterioro del tejido social, laboral, político y económico que se está produciendo en el seno de la UE. A estos análisis se une el último estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) –Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos [6]–, el cual revela que en España, Irlanda y Luxemburgo los ingresos medios de los hogares se hundieron hasta los niveles de 1998, perdiendo más de una década de avances en cuanto a ingresos. En esta misma línea se encuentra el informe llevado a cabo por la organización católica Cáritas –La crisis europea y su coste Humano [7]–, en el que se analiza la situación social de los países periféricos de la Unión Europea que han sido rescatados: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre e Italia. Estos informes no hacen más que documentar y aportar datos de cómo las políticas de ajuste han afectado a los grupos con ingresos más bajos, estableciendo una relación causal entre los recortes del gasto social y el crecimiento de las tasas de suicidio o de exclusión social y el aumento de las personas sin techo.
¿Es posible revertir esta situación de eventual ruptura del modelo social europeo? ¿Qué pueden esperar los países de la periferia europea de las instituciones comunitarias? A pesar del nuevo reequilibrio institucional por todos conocido, a favor del Parlamento Europeo, ahora con mayores competencias, no podemos obviar que su capacidad para afectar a la legislación que inicia la Comisión –siempre bajo la atenta mirada de un Consejo Europeo cada vez más poderoso– sigue siendo muy limitada. Por tanto, debemos fijar la atención tanto en la Comisión como en el Banco Central Europeo.
La nueva Comisión Europea apuesta desde el punto de vista de la política económica por la continuidad, o quizá por posiciones más ortodoxas, favorables a las políticas de austeridad y de ajuste rígido de las cuentas macroeconómicas. Si bien es cierto que la intención de la Comisión de poner en marcha una iniciativa que movilice 300.000 millones de euros durante un periodo comprendido entre 2015 y 2017 es un buen inicio, se antoja insuficiente. Ante este panorama, el BCE, se ha convertido en uno de los actores políticos principales, emergiendo como la institución más federal de la UE. A través de su presidente, Mario Draghi, ha indicado que las políticas de austeridad no son suficientes, e incluso ha admitido que pueden ser desaconsejables en momentos de recesión económica como el actual, sugiriendo que se deberían flexibilizar las políticas fiscales.
La propuesta para retornar a una senda de crecimiento inclusivo, gira en torno a la implementación de políticas expansivas que se centran en dos dimensiones: préstamos a la banca para que facilite el crédito y así estimular la economía, lo que se ha conocido como barra libre de liquidez; y la segunda dimensión se concreta en la estimulación de la economía a través de bajos tipos de interés y la reducción de ciertos tipos impositivos. Es cuanto menos curioso que en este preciso momento que Europa se lanza a un cambio en su programa económico, la Reserva Federal estadounidense haya decididodar por concluido su programa de compra de deuda –que ha evitado una crisis de deuda del tipo que hemos vivido en Europa, que ha favorecido el crecimiento de la economía norteamericana y ha situado el paro por debajo del 6%–.
Pero quizá el margen de actuación del BCE –a pesar de no ser un prestamista de última instancia– quede mermado a tenor de las últimas declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel en el Bundestag, quien a través de un breve discurso, que puede resumirse en un Pacta sunt servanda, ha insistido en la necesidad de «respetar los acuerdos sellados en 2012 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento». De esta forma se mantiene firme en sus objetivos de consolidación fiscal –objetivos de déficit públicos–, a través de las medidas de austeridad y mejora de la competitividad.
Como reza el libro del premio Nobel de Economía Paul Krugman titulado ¡Acabad ya con esta crisis!, para revertir el deseo austeríaco de dar tijeretazo al gasto gubernamental y reducir los déficits, aún en el contexto de una economía deprimida –ya hoy en su tercera recesión– lo que se requiere es claridad intelectual y voluntad política, «podemos acabar con esta crisis ya, y deberíamos de hacerlo». Pero es necesaria una última reflexión, ya que al margen de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, no podemos obviar que las políticas adoptadas en Europa revelan un dilema fundamental que afecta al modelo social europeo: el que se plantea entre las presiones competitivas de la globalización a comienzos del siglo XXI; las cargas financieras que supone el Estado del bienestar y la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros.
*Jorge José Hernández Moreno es licenciado en Relaciones Internacionales, actualmente es investigador junior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
[1] Eurostat. (2014). «Tasa de paro de larga duración por sexo» [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1uy8w5z
[2] Eurostat. (2014). «Tasa de paso juvenil» [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1yecpAg
[3] El Banco Mundial (2014) Riesgo y oportunidad: La administración del riesgo como instrumento de desarrollo. [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1euQ7Cu
[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2014) Social Justice in the EU-A Cross- National Comparison [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1BIm5Fc
[5] Organización Internacional del Trabajo (2014) World of Work 2014: Developing with jobs.[En línea]. Disponoble en: http://bit.ly/1ns1MbC
[6] Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2014) Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos. [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1tGCU2g
[7] Cáritas Europa, (2014) The European Crisis And Its Human Cost: A Call For Fair Alternatives And Solutions.!A Study Of The Impact Of The Crisis And Austerity On People, With A Special Focus On Cyprus, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Romania And Spain [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1pG13Pz
Por: Alternativas | 31 de octubre de 2014
JORGE JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO
La situación actual del modelo político, económico y social de la UE y en particular, en los países periféricos, demuestra que la política de ajuste estructural que busca disminuir el gasto público, reducir salarios y flexibilizar los mercados laborales con el propósito de bajar los niveles de endeudamiento y aminorar los intereses de la deuda, ha sido un completo fracaso. Estas políticas presupuestarias basadas en la austeridad a ultranza bajo la recomendación –imposición– de la denominadaTroika (Comisión Europea, BCE y FMI) se han demostrado desgarradoras para la gran mayoría de la población de los países periféricos de la Unión Europea y han desmantelado los mecanismos que reducen la desigualdad y hacen posible un crecimiento equitativo.
Parece ya evidente que las políticas de austeridad no han estado motivadas por un diagnóstico certero y mucho menos compartido, sobre los orígenes de la crisis. En realidad, la historia siempre se repite, aunque en este caso, con diferentes actores, pero con las mismas reglas de juego. La evidencia empírica en torno a los resultados de la aplicación de estas medidas ya eran conocidas tanto por los economistas como por los dirigentes políticos de las instituciones comunitarias. Los países de América Latina, el Este Asiático y África subsahariana sufrieron graves crisis financieras, económicas y de divisas durante las décadas de 1980 y 1990. El FMI y el Banco Mundial (BM) aplicaron la misma receta a todos los países: un paquete de ajuste estructural, en virtud del cual los países recibieron ayuda financiera con la condición de adoptar una serie de políticas económicas que incluían el recorte del gasto público, la nacionalización de la deuda privada, la reducción de los salarios del sector público, la descentralización de la negociación colectiva y un modelo de gestión de deuda que primaba el pago a los acreedores de la banca comercial sobre la recuperación social y económica.
Esta «melodía» tiene unos orígenes –el Consenso de Washington– que no conviene olvidar: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, liberalización financiera y comercial, privatizaciones, desregulaciones, etc. Los defensores de estas políticas asumían que las reformas estructurales generarían rápidamente un aumento de la inversión y el crecimiento, lo cual incrementaría a su vez el empleo y los salarios. ¿Nos suena de algo esta cantinela?
Pero realmente, ¿qué se ha conseguido con la aplicación de esta matrizde política económica aplicada por los estados miembros a instancia de las instituciones de la UE? La realidad es tozuda y desoladora. Entre los hitos que se han conseguido podemos destacar en primer lugar el impacto de estas políticas en las sociedades de la periferia europea. Y es que la progresiva comunitarización de la política económica, la emergencia del debate sobre la necesidad de los rescates financieros y las consecuencias sociales de las drásticas decisiones de política económica, han conllevado un descenso general de la confianza de los europeos en las instituciones de la Unión y en su capacidad para resolver positivamente la grave situación de crisis en la que nos encontramos.
En el terreno económico, lo más notable que podemos resaltar del contexto socioeconómico actual es que estas medidas, con un sesgo ideológico y moral claro, tampoco han sido exitosas en los objetivos que se plantearon alcanzar, como el descenso de la deuda pública de los países rescatados. De hecho, algunos de los países de la periferia de la UE que han sufrido la aplicación de esta medidas, como Grecia, España o Italia, han visto desde el año 2010 un descenso sin precedentes en su crecimiento económico. ¿Y esto a qué se debe? Pues a una reflexión muy simple, pero que por lo que parece a simple vista, no ha sido comprendida, pues en esencia estamos hablando de políticas que reducen la demanda doméstica –de bienes y servicios– lo que a su vez provoca un descenso del crecimiento. También hay que resaltar que el déficit público de estos países ha aumentado de forma considerable –por la reducción de ingreso de los Estados y por la enorme cantidad de gasto público destinado al rescate del sector bancario–. Y así, entramos en un circulo vicioso del que es difícil salir con los instrumentos habituales de una política económica nacional. Pero como afirman algunos autores, el dogma neoliberal se alimenta de fe y no de evidencia empírica.
Los datos nos muestran un panorama desolador. Por regla general, los países sometidos a las más duras medidas de ajuste (Grecia, Portugal, Irlanda y España) han sufrido una importante pérdida de ingresos, un aumento vertiginoso de la tasa de desempleo –sobre todo en la población joven– y recortes generalizados en los sistemas de seguridad social. Resulta aún más preocupante la erosión de los sistemas de negociación colectiva en los casos de Grecia, Portugal y España, un factor que reduce todavía más la capacidad de los trabajadores para garantizar el aumento de los salarios vitales. Según Eurostat, en lo concerniente al desempleo, en Irlanda, Grecia y España, la tasa de paro de larga duración se cuadruplicó entre 2008 y 2013 [1]. En Portugal, la tasa de paro de larga duración creció desde el 4% de 2008 hasta el 7,7% de 2013, su nivel más alto desde 1992. Resulta especialmente preocupante el hecho de que más de la mitad de los parados de larga duración en Europa llevan más de dos años sin trabajo. La tasa de paro juvenil es especialmente alta en Portugal (35,6%), España (53,7%) y Grecia (51,5%), más del doble que en 2008 [2].
Ante esta situación, cabe señalar que en cuestión de semanas han aparecido tres informes de tres instituciones internacionales –el Banco Mundial [3], la OCDE [4] y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [5]– que expresan su gran alarma por el enorme deterioro del tejido social, laboral, político y económico que se está produciendo en el seno de la UE. A estos análisis se une el último estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) –Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos [6]–, el cual revela que en España, Irlanda y Luxemburgo los ingresos medios de los hogares se hundieron hasta los niveles de 1998, perdiendo más de una década de avances en cuanto a ingresos. En esta misma línea se encuentra el informe llevado a cabo por la organización católica Cáritas –La crisis europea y su coste Humano [7]–, en el que se analiza la situación social de los países periféricos de la Unión Europea que han sido rescatados: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre e Italia. Estos informes no hacen más que documentar y aportar datos de cómo las políticas de ajuste han afectado a los grupos con ingresos más bajos, estableciendo una relación causal entre los recortes del gasto social y el crecimiento de las tasas de suicidio o de exclusión social y el aumento de las personas sin techo.
¿Es posible revertir esta situación de eventual ruptura del modelo social europeo? ¿Qué pueden esperar los países de la periferia europea de las instituciones comunitarias? A pesar del nuevo reequilibrio institucional por todos conocido, a favor del Parlamento Europeo, ahora con mayores competencias, no podemos obviar que su capacidad para afectar a la legislación que inicia la Comisión –siempre bajo la atenta mirada de un Consejo Europeo cada vez más poderoso– sigue siendo muy limitada. Por tanto, debemos fijar la atención tanto en la Comisión como en el Banco Central Europeo.
La nueva Comisión Europea apuesta desde el punto de vista de la política económica por la continuidad, o quizá por posiciones más ortodoxas, favorables a las políticas de austeridad y de ajuste rígido de las cuentas macroeconómicas. Si bien es cierto que la intención de la Comisión de poner en marcha una iniciativa que movilice 300.000 millones de euros durante un periodo comprendido entre 2015 y 2017 es un buen inicio, se antoja insuficiente. Ante este panorama, el BCE, se ha convertido en uno de los actores políticos principales, emergiendo como la institución más federal de la UE. A través de su presidente, Mario Draghi, ha indicado que las políticas de austeridad no son suficientes, e incluso ha admitido que pueden ser desaconsejables en momentos de recesión económica como el actual, sugiriendo que se deberían flexibilizar las políticas fiscales.
La propuesta para retornar a una senda de crecimiento inclusivo, gira en torno a la implementación de políticas expansivas que se centran en dos dimensiones: préstamos a la banca para que facilite el crédito y así estimular la economía, lo que se ha conocido como barra libre de liquidez; y la segunda dimensión se concreta en la estimulación de la economía a través de bajos tipos de interés y la reducción de ciertos tipos impositivos. Es cuanto menos curioso que en este preciso momento que Europa se lanza a un cambio en su programa económico, la Reserva Federal estadounidense haya decididodar por concluido su programa de compra de deuda –que ha evitado una crisis de deuda del tipo que hemos vivido en Europa, que ha favorecido el crecimiento de la economía norteamericana y ha situado el paro por debajo del 6%–.
Pero quizá el margen de actuación del BCE –a pesar de no ser un prestamista de última instancia– quede mermado a tenor de las últimas declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel en el Bundestag, quien a través de un breve discurso, que puede resumirse en un Pacta sunt servanda, ha insistido en la necesidad de «respetar los acuerdos sellados en 2012 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento». De esta forma se mantiene firme en sus objetivos de consolidación fiscal –objetivos de déficit públicos–, a través de las medidas de austeridad y mejora de la competitividad.
Como reza el libro del premio Nobel de Economía Paul Krugman titulado ¡Acabad ya con esta crisis!, para revertir el deseo austeríaco de dar tijeretazo al gasto gubernamental y reducir los déficits, aún en el contexto de una economía deprimida –ya hoy en su tercera recesión– lo que se requiere es claridad intelectual y voluntad política, «podemos acabar con esta crisis ya, y deberíamos de hacerlo». Pero es necesaria una última reflexión, ya que al margen de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, no podemos obviar que las políticas adoptadas en Europa revelan un dilema fundamental que afecta al modelo social europeo: el que se plantea entre las presiones competitivas de la globalización a comienzos del siglo XXI; las cargas financieras que supone el Estado del bienestar y la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros.
*Jorge José Hernández Moreno es licenciado en Relaciones Internacionales, actualmente es investigador junior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
[1] Eurostat. (2014). «Tasa de paro de larga duración por sexo» [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1uy8w5z
[2] Eurostat. (2014). «Tasa de paso juvenil» [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1yecpAg
[3] El Banco Mundial (2014) Riesgo y oportunidad: La administración del riesgo como instrumento de desarrollo. [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1euQ7Cu
[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2014) Social Justice in the EU-A Cross- National Comparison [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1BIm5Fc
[5] Organización Internacional del Trabajo (2014) World of Work 2014: Developing with jobs.[En línea]. Disponoble en: http://bit.ly/1ns1MbC
[6] Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2014) Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos. [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1tGCU2g
[7] Cáritas Europa, (2014) The European Crisis And Its Human Cost: A Call For Fair Alternatives And Solutions.!A Study Of The Impact Of The Crisis And Austerity On People, With A Special Focus On Cyprus, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Romania And Spain [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1pG13Pz
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