16/7/2014
Las elecciones europeas del pasado 25 de mayo en España, que vieron la irrupción de ‘Podemos’, se desarrollaron en un contexto de grave crisis social y democrática. Por un lado, las políticas de ajuste impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan un masivo empobrecimiento, un incremento de las desigualdades y una desposesión de las mayorías sociales para una mayor concentración de la renta y del poder en manos de la oligarquía. Al mismo tiempo, la capacidad de las elites para generar consenso está erosionada, y lo que algunos llaman “desafección democrática” es un fenómeno de divorcio entre la ciudadanía y sus representantes, percibidos como un grupo cerrado que trabaja para sus propios intereses y no para los de España.
En España, el descontento, en aumento con las medidas de ajuste y con el secuestro de la soberanía popular por los poderes oligárquicos, había dado lugar a un ciclo de protestas y de creación de espacios de cooperación social, aunque sin producir efectos en el sistema político y sus equilibrios internos. El bloque de poder dominante ha sido capaz hasta ahora, pese a sus dificultades y a su crisis de hegemonía, de conducir el proyecto de ajuste (que no debe confundirse sólo con sus medidas económicas sino también con un horizonte político: modificar el Estado en un sentido de estrechamiento oligárquico y también de una gobernabilidad postpolítica que reduzca lo discutible al interior del sistema) y recortando la capacidad contractual de los subalternos a su interior, avanzando a la ofensiva sobre el pacto social de 1978. La solidez de los aparatos del Estado y administrativos ha asegurado que ninguna “irrupción catastrófica” de protestas haya podido –más allá de loables éxitos locales– cortocircuitar las políticas de empobrecimiento y revertir el proyecto del saqueo del país y sus gentes.
Así, los comicios del 25 de mayo ocurrían en un momento de reflujo de la movilización social. Entre gran parte de la izquierda hacían mella las hipótesis más pesimistas, a pesar de la rapidez de la pérdida de credibilidad de las elites políticas y las principales instituciones del sistema político. Junto a la crisis social y de legitimidad, el otro rasgo crucial del momento es el de la expansión de un descontento inorgánico, transversal y que no se expresa en los códigos de las identidades políticas tradicionales, en medio de una sociedad civil en general desorganizada, de una ruptura de los lazos comunitarios y de varias décadas de retroceso de los valores de cooperación social. Un ánimo destituyente, así, difuso y fragmentado.
En este contexto, las elecciones europeas estuvieron presididas por una lógica doméstica y así deben leerse sus resultados: predominaron los temas de política española y el voto se expresó en clave estatal. El primer y más importante dato es el descalabro de los dos partidos dinásticos: el Partido Popular (PP) ganó las elecciones pese a perder 2,6 millones de votos, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) perdía 2,5 millones de votos, siendo su crisis un elemento central, si no el fundamental, de la crisis del régimen de 1978. Los dos principales partidos se dejaron 30 puntos de apoyo popular y pasaron de sumar el 81% en las elecciones europeas de 2009 al 49% en estas. Por primera vez, los partidos del turno, juntos, no alcanzaban ni la mitad de los electores. El juego de vasos comunicantes que oxigenaba el sistema político protegiendo los consensos centrales se colapsó y el desgaste de uno no lo capitalizó el otro. Esto es un hito histórico que reconfigura el escenario político. En Catalunya ganaba las elecciones Esquerra Republicana (ERC), con un voto anticipado proindependencia, y el abanico del sistema de partidos se abría notablemente: Izquierda Unida (IU), en coalición con otras formaciones, alcanzaba el 10% del voto y 6 diputados.
