Publicado por Óscar Carrión
“Buenas tardes, señor Adelson, tenemos un proyecto que seguro le interesará. No se preocupe por las trabas legales, de eso llevamos ya un tiempo encargándonos nosotros junto a unos cuantos amigos del Partido Popular.”
Situémonos: 2007, la burbuja inmobiliaria en su cénit, proyectos de macrocasinos por toda España y una familia de empresarios de Alcorcón visitando EEUU. Tienen varios miles de metros cuadrados de suelo, la idea de construir una ciudad del juego y una recalificación que acredita sus terrenos como edificables. Todo encaja; y lo suyo les ha costado.
Esperanza Aguirre ha prácticamente confirmado hace unos días que Eurovegas se erigirá en Alcorcón, como al parecer desea Sheldon Adelson. Este anuncio no es más que la culminación de una batalla empresarial, política y legal por conseguir los mayores beneficios posibles que lleva años librándose.
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Imagen de eldiario.es |
La familia de empresarios antes mencionada son los González Rodríguez, propietarios del Grupo Urtinsa y herederos de una gran superficie de suelo que se remonta a José Sanchiz de Quesada, capitán de artillería que posteriormente se convertiría en Marqués de Valderas y que compró numerosas pequeñas parcelas para unificarlas y sobre ellas construir en 1917 el palacio del marquesado. En 1936 en estas mismas tierras se situaría el Cuartel General de primera línea del bando franquista. La familia González acabó comprando esta superficie a los marqueses y desde entonces fue una zona rural sin mayor interés económico.
La zona donde más probablemente se edificará “Europa Vegas”, marca que ya ha sido registrada en Europa por Las Vegas Sands, lleva desde 1999, año PP llegó en aquel año a la alcaldía con Pablo Zúñiga a la cabeza, envuelta en recalificaciones, proyectos fallidos y conflictos legales. En primera instancia se proyectó la construcción de 33.000 viviendas en el llamado Ensanche Norte de Alcorcón. Para la recalificación de los terrenos el ayuntamiento se sirvió de Leopoldo Arnáiz, arquitecto al que recurren la mayoría de municipios madrileños gobernados por el PP, y que no dudó en negociar de forma privada con pequeños propietarios para comprar suelo a precio de zona rural y venderlo como urbanizable. Negocio redondo que le costó a Arnáiz una querella en 2003 (que aún no se ha resuelto) y al alcalde su puesto en las elecciones de ese mismo año. Con el nuevo gobierno local de PSOE e IU se denuncian los hechos a la fiscalía y se paraliza el proyecto, pero los propietarios, de los que más adelante hablaremos, se agruparon y recurrieron la decisión. Finalmente, y tras algún desacuerdo con la Comunidad de Madrid, se aprobó una recalificación que incorporaba más viviendas protegidas y que en última instancia sirvió para que el suelo de propiedad municipal pasase a manos privadas antes del gran pelotazo inmobiliario que se les venía encima.