Domingo, 17 de Junio 2012
La corrupción en España no es un accidente, sino una forma perversa de entender la política y el poder. Es espeluznante ver al presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, defender a uno de sus consejeros que ha sido encarcelado por estar implicado en gravísimas chorizadas, corrupciones y abusos de poder o a Carlos Divar aferrado a su sillón, sin dimitir a pesar de las evidencias de abuso. España cada día es menos un país democrático y se exhibe ante el mundo, sin pudor, como un conjunto de tribus corrompidas y, a veces, delictivas.
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En España se ha producido una llegada masiva de delincuentes al poder político. Esa es la verdadera base de la corrupción que nos invade. Pero lo original y genuino del caso español, lo que nos diferencia de otros estados mundiales corruptos, es que la corrupción española no parece un accidente o la consecuencia de una serie de casualidades, sino una conspiración para saquear el Estado, cuidadosamente ideada y desplegada desde las mismas entrañas del poder.
Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes.
Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amiguismo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.
Ese comportamiento ha hecho posible que personajes como el andaluz Manuel Cahves, con la ayuda de su partido, el PSOE, cubra con un manto protector a toda su familia, colocándolos en cargos públicos y permitiéndo a sus miembros hacer negocios ventajosos con impunidad, como lo demuestran las diversas pruebas y denuncias, la última de las cuales la de un jefe de policía que fue destituido por investigar las actividades presuntamente delictivas de Ivan Chaves, hijo del expresidente andaluz.
Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes.
Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amiguismo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.
Ese comportamiento ha hecho posible que personajes como el andaluz Manuel Cahves, con la ayuda de su partido, el PSOE, cubra con un manto protector a toda su familia, colocándolos en cargos públicos y permitiéndo a sus miembros hacer negocios ventajosos con impunidad, como lo demuestran las diversas pruebas y denuncias, la última de las cuales la de un jefe de policía que fue destituido por investigar las actividades presuntamente delictivas de Ivan Chaves, hijo del expresidente andaluz.
