9/10/2016
Por primera vez en la historia, hay dinero suficiente para sacar a todo el mundo de la pobreza. Aun así, millones de personas se van a la cama con hambre, no por falta de recursos, sino por la desigualdad provocada por los sistemas económicos crueles.
La mitad de la riqueza global se encuentra en manos del 1% de la población, los más ricos. Sorprendentemente, únicamente 62 personas son más ricas que la mitad más pobre del planeta, cuya cuota conjunta de recursos globales ha ido cayendo en picado durante los últimos años.
La creciente red internacional de paraísos fiscales es uno de los factores clave causantes de esta desigualdad, ya que permiten que los más ricos del mundo no paguen impuestos o paguen mucho menos de lo que deberían. Aunque el turbio entorno de los paraísos fiscales dificulte la obtención de cifras exactas, una de las estimaciones más bajas indica que hay 7,6 billones de dólares escondidos en paraísos fiscales.
La evasión de impuestos por norma por parte de personas ricas y de empresas priva a los Gobiernos de una fuente vital de impuestos que podrían invertirse en los servicios públicos (la Hacienda de Estados Unidos pierde 100.000 millones de dólares al año por la evasión de impuestos de los gigantes empresariales. Pero si esta situación perjudica a los países ricos, el impacto es todavía peor en los países en vías de desarrollo que necesitan urgentemente recursos para asegurar las necesidades básicas de su población. Por eso, la evasión de impuestos es un asunto de derechos humanos apremiante.
Las revelaciones englobadas en los papeles de Panamá arrojaron luz sobre esta operación sistemática de evasión de impuestos. Los líderes mundiales deberían hacer de este un momento decisivo para poner fin a los paraísos fiscales. Pero eso sólo ocurrirá si los Gobiernos se niegan a permitir que los evasores vuelvan a hacer negocios como si nada. Por eso, Ecuador ha decidido actuar.
Vamos a dar un paso valiente y vamos a organizar un referéndum nacional para decidir si los políticos electos y los funcionarios podrán tener dinero en paraísos fiscales. Si nuestra propuesta (conocida como "Pacto Ético") supera el referéndum, todos estos trabajadores públicos tendrán un año a partir del referéndum para retirar su dinero de los paraísos fiscales y traerlo de vuelta al país; de lo contrario, serán destituidos. En todos los rincones del mundo, los candidatos políticos tienen que cumplir unos requisitos para poder ser candidatos. En Ecuador, no tener el patrimonio en paraísos fiscales pasaría a ser uno de esos requisitos.
El secreto fiscal beneficia a la corrupción y a aquellos que realizan otro tipo de actividades ilegales: desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de personas. Tanto la democracia como el pacto social se ven perjudicados cuando una pequeña élite se enriquece a expensas de la mayoría por medio de la evasión de la normativa fiscal que todo el mundo tiene que cumplir. Necesitamos poner fin a este capital anónimo que opera sin ética ni responsabilidad.
Los Gobiernos tienen que servir de ejemplo para acabar con estas prácticas abusivas. Pero es menos probable que ocurra si los propios políticos evaden impuestos deliberadamente y perjudican conscientemente al país al que afirman servir.
El referéndum de Ecuador es la continuación de nuestros incansables esfuerzos por transformar el sistema de impuestos del país y frenar la evasión fiscal. Como consecuencia, la recaudación fiscal se triplicó entre 2007 y 2014. El 92% de los ingresos es fruto de una mayor transparencia y eficiencia a la hora de recaudar impuestos, el 8% restante se debe a la subida de los impuestos. Estas medidas han aportado recursos vitales para nuestra mundialmente conocida pobreza y para nuestras políticas de reducción de la desigualdad.
Sin embargo, se calcula que los activos, que equivalen a un tercio del PIB de Ecuador, están escondidos en paraísos fiscales extranjeros. Solo en los dos últimos años, se estima que la suma ascienda a 3000 millones de dólares (2.680 millones de euros), justo por debajo de la cantidad necesaria para la reconstrucción del horrible terremoto que nos sacudió el pasado abril.
Este problema no sólo afecta a Ecuador. Es generalizado. En todo Latinoamérica, se evaden 340.000 millones de dólares (unos 304.000 millones de euros) de impuestos al año, en detrimento de la reducción de pobreza y la desigualdad (en la región del mundo en la que más desigualdad existe) a pesar del enorme progreso de la última década. Imagina el impulso que supondría para la economía y los trabajos que generaría, imagina la inversión pública en educación, en ciencia, en tecnología, en energías renovables o en infraestructuras de transporte que sería posible si ese dinero se invirtiera dentro del país en vez de estar escondido en el extranjero. Oxfam calcula que 32 millones de personas en Latinoamérica saldrían de la pobreza si se pagaran todos los impuestos de la región en vez de esconderlos en paraísos fiscales.
Ningún país puede enfrentarse a esta compleja conspiración financiera global a solas. Se necesita una acción coordinada y coherente a escala global. Las medidas actuales que intentan que haya una mayor transparencia con respecto a los dueños del dinero depositado en las empresas fantasma pueden ser parte de la solución, pero estas iniciativas modestas que buscan conseguir una mayor transparencia no son suficientes. Necesitamos deshacernos de los paraísos fiscales de raíz.
Por eso he decidido unirme a cientos de economistas para firmar la carta abierta de Oxfam que exige el fin de la era de los paraísos fiscales. Por eso tenemos que trabajar junto a ONGs que ya llevan tiempo en la vanguardia de esta lucha, para poder seguir sensibilizando a la población sobre este tema tan importante. Por eso, en la Asamblea General de la ONU de la semana pasada, Ecuador hizo un llamamiento a favor de crear una comisión de la ONU que alerte de este escándalo.
No será fácil. Nos hemos dado cuenta de que hay mucha resistencia. El boicot de una serie de países ricos al programa de justicia fiscal durante la Conferencia de la Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar el año pasado en Adís Abeba (Etiopía) sirvió como aviso de la oposición y de los vergonzosos argumentos a los que nos enfrentaremos al defender esta causa.
Pero, desde entonces, el clamor por la acción ha crecido. Es el momento de llegar a un acuerdo ético histórico para conseguir que haya justicia fiscal en todo el mundo.
Este post fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Irene de Andrés Armenteros.
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