25/9/2016
La lentitud de la justicia y las relaciones entre el poder político y el judicial, principales escollos para que se depuren las responsabilidades en casos de corrupción.
Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, será una de las caras conocidas que pasarán por los juzgados este otoño. / ÁLVARO MINGUITO
“En las novelas policíacas siempre se encuentra al culpable, en la vida real casi nunca ocurre”. Una frase tan sencilla cobra más significado cuando se advierte que la dijoGiulio Andreotti, senador vitalicio, figura clave en la historia de la democracia italiana y primer ministro durante el inicio del fin del sistema político que supuso el caso Manos Blancas, o de las tangentes (las mordidas). Pero esto no es una novela, ni la Italia previa a Berlusconi. La vida real transcurrirá en las próximas semanas en torno a los tribunales de Madrid. Se trata de encontrar a los culpables de varios casos de corrupción que han puesto patas arriba el régimen bipartidista.
El 4 de octubre dará comienzo la vista oral del caso Gürtel. Antes, el 23 de septiembre, comenzarán las declaraciones de las Tarjetas Black, una pieza separada del caso Bankia. Mientras, en el Congreso, se apurarán los plazos del fin de la legislatura, con la incógnita de saber si se formará Gobierno, y con esos casos de corrupción marcando la agenda política. Así ha sido con el caso Taula, el episodio que ha supuesto la salida de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del Partido Popular, en el que llevaba 40 años.
“Me daré por satisfecha cuando se devuelva el dinero”, dice la diputada que destapó el caso Taula
Gürtel, Bankia o Taula nunca hubieran salido a la luz sin el trabajo y la convicción de determinadas fuentes. En el caso que ha acabado con la carrera política de Barberá, la primera protagonista fue una diputada de Esquerra Unida. Rosa Pérez Garijo entró en la Diputación de Valencia con un objetivo claro: levantar las alfombras. “Desde el minuto uno empiezo a pedir expedientes, a ver cómo se funciona, a ponerlo todo en cuestión, las subvenciones, las ayudas para los ayuntamientos, que no se ponían en cuestión”, explica a Diagonal.
Pérez Garijo chocó contra una estructura que acumulaba el poder autonómico, las grandes ciudades y las diputaciones. “Lo que hace diferente a éste de otros casos es que en otros son determinadas corruptelas, en un tiempo determinado, en determinados cargos, pero el caso Taula lo liga todo. Estamos hablando de las primeras instituciones y de los principales cargos del PP. Eso lo que permite ver es que es una estructura bastante firme”. Sus denuncias políticas –“fiscalizar era a lo que podías llegar desde las instituciones, y fiscalizamos de una manera brutal”–, se encontraban con el silencio de los medios de comunicación –“por aquella época se pagaba mucha publicidad”– y con las trabas “que ellos te ponen desde el poder”.
Pero las pesquisas de Rosa Pérez no se quedaron en las instituciones y se volcaron en un expediente que entregó a la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces, ya ha sido denunciada cinco veces –por eso pone “presuntamente” a todas sus valoraciones sobre la estructura de Taula–y ha tenido que oír cómo Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, decía que los comunistas que le han denunciado “saltarán por los aires”.
Silencio y acoso
El caso de Ana Garrido Ramos ha saltado a las portadas de la prensa internacional. Esta técnica del área de juventud y deportes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se resistió a “entrar en la rueda” que funcionaba en la época del alcalde Arturo González Panero. Garrido explica que se presionaba a los técnicos para realizar “adjudicaciones a dedo y para elaborar pliegos de condiciones a medida”.
Sus primeros pasos fueron decididos, pero más tarde se dio cuenta de que había cometido errores. “Es un común denominador que nos pasa a quienes hemos denunciado corrupción, lo primero que haces es ponerlo en conocimiento de tus superiores, que crees que no están implicados en este tipo de prácticas”.
Escribió una carta a Esperanza Aguirre, entonces presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, pero sólo encontró silencio. “El año y pico que estuve de baja pensé que yo no tenía que estar en esa situación, quien tenía que estar fuera del Ayuntamiento era él [el entonces alcalde Arturo González Panero]”. Con el consejo de dos periodistas, Garrido empezó a investigar por su cuenta. “Pedí colaboración a los compañeros, les pedí documentación y expedientes que considerasen irregulares, les conté para lo que eran, les dije que iban a estar en el anonimato y hasta el día de hoy es así”.
“Si yo tuviera hijos seguramente habría tirado la toalla”, dice la denunciante del Caso Gürtel
En 2009, Ana Garrido entregó un dossier con 300 páginas a Anticorrupción. Sus evidencias se sumaban a las grabaciones de José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda, que, simultáneamente, había recopilado información sobre la trama creada en torno a Rafael Correa. Pero Garrido había cometido otro error. Confió en Manos Limpias, un sindicato del que apenas sabía nada más que era el sindicato “de funcionarios que luchaban contra la corrupción”. Poco después de que su dossier llegase a los juzgados, en Génova ya se sabía que Garrido era la fuente. Y tras aquello llegó más acoso laboral, ahora con un nuevo alcalde, nuevos juicios y una campaña de desprestigio que ha tenido efectos irreparables sobre su día a día.
“Si yo tuviera hijos no hubiera podido llegar hasta aquí, habría tirado la toalla seguramente. No es lo mismo que todo revierta sobre ti a que recibas una llamada, como le sucedió a una persona que conozco que estaba denunciando la [trama] Púnica a la que dijeron dónde estudia y a qué hora sale su hijo del colegio”.
Garrido ha aprendido la importancia de que los filtradores tengan garantías, y ahora promueve una Plataforma por la Honestidad cuyo primer punto es que los partidos políticos se comprometan a poner en pie una Ley de Protección al Denunciante. De momento, todos los grupos se han puesto de acuerdo. Todos menos el PP.
Sin protección
“Mucha veces la gente denuncia sin saber la falta de protección que va a tener que sufrir”, dice Simona Levi. Ella es miembro de XNet, Partido X y 15MpaRato. Esta última organización se formó para presentarse como acusación particular en el caso Bankia y a través de ella salieron a la luz los correos de Blesa. En uno de esos miles de correos apareció una referencia a unas tarjetas opacas al fisco, un tema que se convirtió en un nuevo caso judicial en cuyo marco pasarán por la Audiencia Nacional 78 consejeros de esta entidad como imputados de delitos de administración desleal o apropiación indebida.
“En nuestro caso a la o las personas que han filtrado ni las conocemos nosotros ni las conoce nadie”, continúa Levi, quien detalla que, cuando llegaron los correos de Blesa al buzón de filtraciones de 15MpaRato, hubo un trabajo durante días realizado por la sociedad civil y fue luego cuando se llevó a los medios de comunicación. “Y no fue lo único que ha llegado, llegaron también más cosas que han sido muy útiles para el juicio, sobre el tema de las preferentes o trabajadores de Bankia que han aportado informaciones…”.
Los casos de corrupción investigados en España han supuesto una pérdida del 4% del PIB para las arcas públicas. Son 40.000 millones de euros menos
Los miembros del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies también saben de amenazas. Ésta es una de las entidades que se han presentado como acusación particular en el caso de los sobrecostes del Puerto del Musel, en Gijón. “Era un caso muy claro por las enormes cifras en sobrecostes, era una obra megalómana e innecesaria, realizada con un montón de deficiencias”, explica José Ángel Gayol, presidente del observatorio. Ellos comenzaron a preparar la demanda al ver el informe realizado por la Oficina Antifraude de la Unión Europea, y tras ello también presentó acusaciones la Fiscalía. “El actual presidente del Musel [José Luis Barettino] ya ha dicho que una vez terminara el proceso iría contra nosotros”, señala Gayó.
La apertura de buzones como Filtrala, o la difusión de casos como los Papeles de Panamá o el de las Tarjetas Black han ampliado el papel que cargos técnicos, políticos o extrabajadores de grandes compañías tienen para denunciar posibles casos de corrupción. Sin embargo, la lentitud de la justicia en casos de estas dimensiones, y, sobre todo, la relación entre el poder judicial y el poder político, son factores que desaniman a las personas que han destapado algunos de estos procesos. Porque, como dijo Andreotti, en la vida real casi nunca se encuentra al culpable. Y si se le encuentra, puede que más tarde sea indultado. A pesar de ello, las personas que han denunciado corrupción tienen la esperanza de que se haga justicia.
El poder judicial “es el muro con el que chocamos: denuncié, imputaron, pero la inmunidad sigue”
Garrido cree que el poder judicial “es el muro con el que chocamos al final. Muchas veces me planteo: denuncié, imputaron, pero la inmunidad sigue vigente”. Respecto a Gürtel, son conocidos los intentos del PP por colocar a jueces afines a la FAES, la fundación del PP. En el caso Taula, explica Rosa Pérez, es “extraño” que no se hayan aceptado denuncias adjuntas que afectan al Ayuntamiento de Valencia o a los hermanos Costa, Juan (exministro de Ciencia) y Ricardo, exsecretario general del PP del País Valencià.
Dónde está el dinero
Las cerca de 1.700 causas por corrupción abiertas por todo el Estado suman medio millar de imputados y suponen la evasión de más de 40.000 millones de euros, un 4% del PIB, según un estudio de la Universidad de Las Palmas.
Rosa Pérez explica que considerará “que he cumplido totalmente con mi trabajo y me daré por satisfecha cuando estos señores paguen por lo que han hecho y cuando se devuelva el dinero. Porque ¿dónde está todo el dinero que se ha expoliado a las arcas públicas en detrimento de la sanidad, de la educación, del bienestar social?”, concluye Pérez.
“A pesar de todo, creo que es una obligación del ciudadano luchar para defender el estado de derecho y los derechos que nos han sido arrebatados”, finaliza Ana Garrido, quien coloca su activismo contra la corrupción al nivel de la defensa de los servicios públicos.
Gürtel y Tarjetas Black, a juicio
‘Black is black, I want my baby back’... En mayo de 2012 nació 15MpaRato, una plataforma que tenía como objetivo llevar a juicio a Rodrigo Rato y al resto de la junta directiva de la antigua Caja Madrid por la estafa cometida contra miles de preferentistas. Entre la documentación recibida de filtradores anónimos figuraban los ‘Correos de Blesa’, un archivo con miles de correos electrónicos enviados o recibidos por Miguel Blesa, expresidente de la entidad. En varios de estos correos se hacía mención a unas tarjetas opacas al fisco que Caja Madrid ponía a disposición de los consejeros y que sumaron un gasto superior a los 15 millones de euros. El caso Tarjetas Black cuenta 78 imputados y ha causado ya la expulsión de diez militantes del PSOE y la apertura de expediente, por parte del PP, a Rodrigo Rato y a otros doce afiliados al partido que figuraban como titulares de estas tarjetas.
Gürtel, nueve años del caso paradigma... En noviembre de 2007, José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid), llevó a la Fiscalía Anticorrupción unas grabaciones en las que empleados de varias empresas de Francisco Correa hablaban sobre la trama por la que se hacían con fondos públicos. Dos años después, Ana Garrido denunciaba la corrupción en el Ayuntamiento de Boadilla. Eran los inicios del caso Gürtel, que pronto llegaría también a Valencia y a Galicia. El juicio que comienza el próximo 4 de octubre tratará sobre la primera etapa de la Gürtel, de 1999 a 2005, y sentará en el banquillo a 39 personas imputadas, entre ellas el cabecilla de la trama, Francisco Correa, para quien la Fiscalía pide 125 años de cárcel, y varios exconcejales, exalcaldes, exconsejeros y tres extesoreros del Partido Popular. El caso Gürtel sigue la estela de una trama anterior, Naseiro –que toma el nombre de un tesorero anterior de este partido político–, y tiene como principal spin-off el caso Bárcenas.
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