Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 19 de agosto de 2014.
Este artículo señala la importancia de limitar los salarios tan exuberantes que reciben los banqueros y grandes empresarios en España, salarios que no guardan ninguna relación con su productividad.
El enorme incremento de las desigualdades que hemos estado viendo en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte (y muy en particular en EEUU, el Reino Unido y España) ha reavivado el debate sobre la necesidad de incrementar el nivel salarial de los sectores con menos ingresos de la sociedad a fin de evitar el deterioro de sus ingresos en relación con los del resto de la población asalariada. De ahí las presiones para que se suban los salarios mínimos, medida que en realidad favorece no solo a los trabajadores con salarios bajos sino a todos los demás, pues el aumento del salario mínimo favorece el incremento del nivel salarial de la gran mayoría de asalariados, pues dicho aumento refuerza al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial. En realidad, la reducción salarial (que generalmente acompaña al elevado desempleo) es la medida que favorece el empresariado, pues debilita al mundo del trabajo y con ello disminuyen la gran mayoría de salarios. Por el contrario, el aumento del salario mínimo y un descenso del desempleo favorecen al mundo del trabajo en su negociación con el empresariado.
Ahora bien, esta medida, aunque positiva y necesaria, tendría poco impacto en el enorme nivel de desigualdades que estos países han estado experimentando. Y la causa de ello es que el gran crecimiento de las desigualdades se debe al enorme crecimiento de la concentración de la riqueza y de las rentas en una minoría de la sociedad que deriva sus ingresos bien de las rentas del capital, bien de la gestión de la propiedad del capital, es decir, de lo que antes se llamaba los capitalistas y los gestores del capital, entre los cuales, los gestores del capital financiero (es decir, los banqueros y gestores de instituciones financieras) son los más beneficiados de esta concentración. Son personas, estas últimas asalariadas, que reciben todo tipo de beneficios salariales, en unos términos y en unas cantidades muy por encima de los de la gran mayoría de la población asalariada.
Cuando analizamos cómo han ido evolucionando las rentas de la población, vemos, pues, que las rentas superiores han ido creciendo mucho más rápidamente que las rentas de la gran mayoría de la población. Así, los cien dirigentes empresariales más bien pagados en aquellos países han pasado de ingresar 20 veces la renta del trabajador promedio en los años ochenta, a 60 veces en 1998 y 160 veces en 2012.
Este crecimiento se atribuye, en círculos económicos próximos al capital financiero, al crecimiento de la productividad de esos empresarios. Este es el argumento que constantemente se presenta para justificar el crecimiento desmesurado de las rentas superiores. El error y la falacia de dicho razonamiento es fácil de mostrar. El que tales remuneraciones hayan crecido tanto en estos países no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con incrementos de productividad, sino con el poder político que estos sectores muy minoritarios tienen. A más poder político mayor es el crecimiento de su riqueza.
Por qué los salarios de los banqueros y de los grandes empresarios son tan altos
Y la manera como se expresa este poder es también fácil de ver. Miren la política fiscal. Donde estos ingresos han subido más rápidamente ha sido donde el gravamen fiscal real (y no el nominal o teórico) que existe sobre las rentas del capital y sobre los salarios de los individuos de mayor renta ha descendido más. El gravamen de las rentas superiores ha ido descendiendo de una manera muy notable, siendo esta una de las causas del aumento de las desigualdades.
De este análisis se derivaría que la solución –es decir, la disminución de las enormes desigualdades– pasaría por un aumento muy notable y muy generalizado del gravamen a las rentas derivadas de la propiedad y también de la gestión del capital, lo cual no ocurriría a no ser que haya un giro de casi 180º en la relación capital-trabajo en estos países. La mayor causa del crecimiento de las desigualdades es el enorme incremento del poder político del capital sobre el mundo del trabajo (ver “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual”, Le Monde Diplomatique, julio de 2013).
El hecho de que ello no ocurra no se debe a que la población se haya ido derechizando. En realidad, el grado de tolerancia de la mayoría de la población a los lados del Atlántico Norte hacia las desigualdades ha disminuido exponencialmente. Unos porcentajes elevadísimos de la población (del 74% al 82%) señalan que las desigualdades son demasiado elevadas. Ahora bien, la captura del estamento político por dichos sectores sociales explica la continuidad y permanencia de estas desigualdades. Ello explica que en los países cuyo sistema democrático permite formas de democracia directa como referéndums, haya habido un número creciente de propuestas para limitar el salario máximo. El caso más reciente fue el ocurrido en Suiza, en el que se puso a referéndum la propuesta de que ningún salario fuera más de 12 veces superior al salario mínimo (un abanico salarial mucho más reducido que el existente hoy en la mayoría de países de economías avanzadas). Es interesante que un 35% de la población votara a favor, un porcentaje mucho mayor de lo que se esperaba, en el primer intento de controlar directamente las desigualdades. Sería interesante que ese referéndum se hiciera en España (donde las enormes limitaciones de la democracia no permiten tales tipos de referéndums).
En EEUU ha habido un movimiento bastante exitoso en varios Estados que exige no ya el salario mínimo, sino un salario decente (fair wages), de manera que en muchos contratos con autoridades públicas se exige este tipo de salario en lugar del salario mínimo. Sería muy importante que en España hubiera un movimiento, liderado por los sindicatos, que exigiera a las autoridades públicas no contratar a empresas que pagaran menos que lo que se debería definir como salario digno, añadiendo, además, la necesidad de que se hiciera un referéndum, como se hizo en Suiza, limitando el nivel salarial del uno por ciento de la población con nivel de renta superior del país.
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