25/3/2014
Jaume Asens y Gerardo Pisarello
“La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”. Con esta consigna arrancaba hace más de dos siglos, en las calles de París, una de las Marchas por la Dignidad que mayor huella dejaría en la historia de la humanidad. La semana pasada, esas palabras volvieron a resonar, en diferentes lenguas, entre las miles de mujeres, hombres y niños que, desde diferentes rincones del Estado, ocuparon las calles de Madrid para alzarse contra el despojo de sus derechos más elementales. Dignidad, dignidá, dignitat, dignidade, duitasuna.
Esta exigencia de dignidad, de respeto, es la respuesta a una política que pretende convertir el miedo en una categoría central de la vida cotidiana. El miedo al endeudamiento, al desahucio, al exilio forzoso, a la pérdida de unos ahorros o de un empleo cada vez más miserables. Esta política del miedo, de la ignorancia y del desprecio por los derechos, tiene dos caras. Una, la de los antisociales decretos leyes de los viernes, la de las contrarreformas laborales, la de la conversión de la vivienda en un lujo para pocos, la del asalto privatizador a la sanidad y a la educación, la de los 200.000 millones de euros para la banca. La otra, la represiva. La que arma a la policía hasta los dientes y la lanza como un mastín desbocado, babeante, contra una ciudadanía indefensa. La que siempre tiene a mano una reforma amenazadora del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de las infames leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada, de la Ley del Aborto.
Quienes impulsan esta política del miedo son gente creyente, como el Ministro Fernández Díaz, que encomienda a Santa Teresa la resolución de la crisis mientras recibe a los desesperados en Ceuta y Melilla con vallas cortantes y disparos. También son gente piadosa, como el Ministro Ruiz Gallardón, artífice de una justicia para ricos y del enésimo intento de controlar el cuerpo de las mujeres, comenzando por las más pobres, por las que nunca podrán burlar la ley en clínicas privadas de pago.
Esta gente creyente, esta gente piadosa, autorizó a la policía a irrumpir en Madrid con balas de goma y gases lacrimógenos mientras las integrantes del Coro de la Solfónica, dirigida por Sonia Megías, gritaban “estas son nuestra armas”, enseñando sus instrumentos y las partituras. Esta gente creyente, esta gente piadosa, toleró infiltraciones, cargas desmesuradas y permitió que decenas de detenidos tuvieran que permanecer siete horas contra una pared y con los brazos en alto en los calabozos de Moratalaz, sin poder ir al servicio, sin beber ni comer hasta el día domingo. Y esta misma gente ordenó a la policía que disolviera la concentración legítima de apoyo y de solidaridad con quienes, en la más absoluta impotencia, habían visto avasallados sus derechos.
Da igual que el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, haya pedido, hace solo unos meses, el fin de la impunidad con la que las autoridades españolas suelen tratar los abusos policiales en manifestaciones y comisarías. Da igual que desde el Consejo General de Poder Judicial se hayan confirmado muchos de los vicios de inconstitucionalidad que las asociaciones de derechos humanos señalaron en la llamada Ley Mordaza. Da igual también que hasta los sindicatos policiales cuestionen la política irresponsable de unos altos mandos empeñados en presentar todo acto de protesta como una conspiración terrorista o filonazi.
Esta imperturbabilidad, esta incapacidad para rectificar, es consustancial al Régimen del miedo, del desprecio por los derechos, tan necesario cuando lo que se pretende es blindar privilegios que solo pueden prosperar en las alcantarillas del poder, sin luz pública alguna. De ahí el sutil pero efectivo golpe mediático que se ha producido en los últimos meses. El que permite a los grandes periódicos y televisiones silenciar y ridiculizar la protesta social. La de ahora y la de siempre. La hipócrita e interesada recuperación de la figura Adolfo Suárez como emblema de un “Consenso sin conflicto” tiene ese propósito. Borrar la memoria de la presión en la calle que forzó al Régimen franquista a abrirse más de lo que hubiera querido, y evitar, claro, que esta presión pueda llegar a imponer hoy la ruptura democrática que entonces no se consiguió.
En un momento de desasosiego social muy profundo, la Marcha por la Dignidad ha espoleado la esperanza de miles de personas que asistían impotentes, atemorizadas, a la expropiación de sus derechos y de la capacidad de decidir sobre sus vidas. Ese grito de esperanza tendrá continuidad en decenas de actos y manifestaciones como la que tendrá lugar este sábado en Barcelona para denunciar las políticas represivas y apoyar a quienes, hace más de dos años, rodearon el Parlament de Catalunya para impugnar los presupuestos más anti-sociales aprobados desde tiempos del franquismo. Cada uno de estos actos, cada una de estas manifestaciones, será una confirmación, modesta pero irrevocable ya, del viejo aforismo del cardenal de Retz: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. No se trata más que de eso: de exigir dignidad, de plantar cara, a una gente que lo ha hecho todo por convertirse en la encarnación más acabada de la desvergüenza.
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