Manel García Biel 19/12/2012
La crisis que estamos sufriendo en el país es fundamentalmente la del sistema financiero, derivada de una “burbuja inmobiliaria” estimulada por las entidades financieras. A pesar de ello su Reforma ha sido la última a la que han hecho frente nuestros gobernantes.
Quizás sería bueno recordar, en estos tiempos, que durante la década expansiva las instituciones financieras tenían beneficios superiores al 30% anual y muchas llegaron a triplicar su dimensión en pocos años.
La reforma que se quiere llevar a cabo con respecto al sistema financiero es una verdadera estafa para el conjunto de la ciudadanía. Todos los recortes de derechos y de condiciones de vida de la gente, todos los miles de millones de los recortes que nos están haciendo pagar, se vierten alegremente en la salvación del sistema financiero. Las entidades financieras y sus directivos privatizaron los beneficios en tiempos de “vacas gordas” y ahora socializan las pérdidas y se financian con el dinero de todos para volver a hacer beneficios privados en un futuro.
Aquí hay quien como siempre gana, un 1% el de la gente más rica del país, los banqueros entre ellos, y un 99% que pierde, el conjunto de la ciudadanía que paga los costes y especialmente los clientes de entidades financieras en crisis que habían suscrito preferentes o subordinadas y ahora ven cómo pierden sus ahorros, y los trabajadores de los bancos o cajas en crisis que han perdido su puesto de trabajo, y que pueden llegar a sumar al final del proceso la cifra de más de 30.000 trabajadores.
Podemos poner un ejemplo reciente de esta estafa. El Banco de Valencia ha sido comprado por CaixaBank por 1 euro. Eso si, la compra llevaba bajo el brazo 5.500 millones de euros en ayudas públicas para la compra de una entidad que tiene 20.000 millones de activos, es decir 1 euro de ayuda pública por cada 4 euros de activos del Banco de Valencia. Pero eso no es todo, la entidad presidida por Isidre Fainé colocará en el banco malo los inmuebles o activos tóxicos del Banco de Valencia y además contará con un Esquema de Protección de Activos (EPA) que conllevará que el Estado, es decir todos los ciudadanos, nos hagamos cargo del 72,5% de la morosidad que pueda surgir durante los próximos 10 años en créditos morosos a pymes, autónomos y avalistas. A todo esto añadiremos que la mitad de la plantilla de Banco de Valencia se irá a la calle y ya no entrará en CaixaBank, es decir la venta se hace libre de “polvo y paja”. En fin Fainé y CaixaBank ganan mientras los ciudadanos añadimos miles de millones en nuestra deuda, es decir en la deuda pública del Estado.