Amigos, ¿lo oyen?

13/5/2014

Olga Rodríguez

En los últimos años se ha perpetrado un golpe de Estado silencioso, ideológico y económico, para deleite de un poder financiero insaciable. Por eso tenemos que señalar con el dedo a los responsables, y pedir colaboración, como Cortázar hizo desde su exilio, gritando “Amigo, lo oyes?”

En un artículo publicado en 1975, Julio Cortázar recordaba a Catón el Viejo y su exigencia, Delenda est Cartago (Cartago debe ser destruida), con la que terminaba todos sus discursos en el Senado romano durante los últimos años de las Guerras Púnicas, para reclamar la invasión de Cartago. Con ese ejemplo, Cortázar reivindicaba una insistencia similar contra el dictador chileno Augusto Pinochet: 

“Estoy despierto a lo que me rodea como historia y por eso, una vez más, Delenda est Pinochet. (...). Un escritor latinoamericano tiene la obligación de ser Catón, de repetir hasta el hartazgo:Delenda est Pinochet”.

Eran tiempos de represión e infamia en Chile, mientras grandes sectores satisfechos con las medidas económicas neoliberales implantadas por el dictador, miraban hacia otro lado. 

También por aquella época Argentina vivía días de terror, pero eso poco importó a la hora de seguir adelante con la celebración del Mundial de fútbol en suelo argentino. En el país latinoamericano los vuelos de la muerte, las descargas eléctricas, los robos de niños, las torturas, asesinatos y desapariciones se mezclaron con celebraciones en el estadio de fútbol, con vítores y goles. 

Buena parte de los países occidentales miraron hacia otro lado, sin importarles el horror y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se estaban cometiendo en aquél país. Con su participación en el Mundial legitimaron la dictadura argentina, más de lo que algunos, con EEUU a la cabeza, lo habían hecho hasta entonces. Entre algunos supervivientes argentinos que pudieron exiliarse y salvar la vida se organizó una campaña de concienciación, bajo el título de “Amigo, ¿lo oyes?”, que Cortázar divulgó en sus artículos. 

La reforma financiera de los partidos no acaba con las cajas B ni afecta a los líderes

3/5/2014

Luis Díez

Efe

El radar del conocimiento con el que el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Jacobo Dopico Gómez-Aller, iluminó en la Comisión Constitucional del Congreso la propuesta gubernamental de reforma de la financiación de los partidos para evitar la corrupción, detectó unos agujeros negros como catedrales. Quiere decirse que la reforma de la ley de financiación y las medidas penales no impedirían sobornos de gurtélidos, sobresueldos en negro, cajas B, falsedad contable e improbidad política como la que ha reconocido el extesorero del PP,Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz.

El profesor Dopico cerró la ronda de comparecencias en la Comisión Constitucional sobre las medidas anticorrupción que el presidente Mariano Rajoy Brey, tocado por el caso Bárcenas, desea pactar con la oposición. El primer agujero es un “penelopismo” reformista de la financiación de los partidos políticos. Ahora se dice que las personas jurídicas (empresas) no pueden pagar directamente a los partidos, pero sí podrán hacerlo indirectamente a través de sus administradores de hecho o de derecho o de algún representante.

Se dice que las personas jurídicas no podrán hacer donaciones a los partidos, pero sí podrán pagar con interesantes descuento de impuestos a las fundaciones de los partidos. Se establecen límites a las cuantías de las donaciones, pero desde diciembre de 2012 se elimina esa limitación a las fundaciones, que ya la tenían más alta. Y además, esos límites no rigen cuando el pago no es una transferencia dineraria sino un inmueble. En vez de equis cantidad, ahí tienen ustedes un ático, unos garajes o incluso la concesión de esos chiringuitos playeros que tanto han preocupado al exministro y candidato al Parlamento Europeo Arias Cañete.

Hay obligación de pagar por vía bancaria, pero se establecen los atajos para convalidar el cash. Según el profesor Dopico “es imprescindible que las mismas limitaciones que rigen para partidos políticos, rijan también para sus fundaciones. Y además, como dice el Tribunal de Cuentas, la contabilidad de los partidos ha de recoger las cuentas consolidadas de sus fundaciones”. Una criminalización como la que se propone sobre las donaciones en metálico que infrinjan los requisitos formales no pasa de ser más “penelopismo” y mareo de la perdiz.

El timo del PP sobre el empleo

10 mayo 2014 

Antonio Aramayona – ATTAC España

Engañan los estafadores. Engañan los trileros. Engañan los embaucadores. Hoy engañan masivamente los dirigentes (¿hacia dónde?) políticos y empresariales, que, asesorados por especialistas en el dolo, utilizan el lenguaje y las palabras para confundir, en lugar de comunicar e informar. Así, una de las palabras más repetidas últimamente: “empleo” es la que, utilizada siempre “en la buena dirección” (eslogan del PP cara a las últimas elecciones), contiene más argucias y trampas para intentar engañar a la ciudadanía.

El aparato propagandístico del Partido Popular repite por todos los medios a su alcance que va a crear en un futuro próximo centenares de miles de “empleos”, que la “recuperación” económica es ya una realidad y que la ciudadanía notará pronto la mejoría (principalmente la “creación de empleo”) que ya ponen de manifiesto los datos macroeconómicos del país. Curiosamente, ni Gobierno ni oposición ni sindicatos ni medios de comunicación han puesto muchos reparos en desterrar de su vocabulario la palabra “trabajo” o las expresiones “derecho al trabajo” o “puestos de trabajo” para emplear casi exclusivamente el término “empleo”. Y ahí precisamente radican la trampa y el engaño.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 23 que todos los seres humanos tienen “derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, así como “a igual salario por trabajo igual, sin discriminación alguna”. El trabajo, prosigue la Declaración, debe tener “una remuneración equitativa y satisfactoria”, que asegure al trabajador y a su familia “una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. Pues bien, la mayor parte de los “empleos” de los que hablan Rajoy, Montoro o De Guindos incumplen por su precariedad, temporalidad y más que escasa remuneración las condiciones laborales contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿O es que un hombre o una mujer contratados hoy en los términos previstos por la demoledora Reforma Laboral del Gobierno del PP pueden hablar de condiciones laborales equitativas y satisfactorias, o de aseguramiento para la persona trabajadora y su familia de una existencia conforme a la dignidad humana mediante su trabajo? ¿En qué se parecen los “empleos” generados estos últimos años al “trabajo” a la Carta Universal de los Derechos Humanos?

A la inmensa mayoría del personal trabajador español se le está privando igualmente del derecho “al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (Declaración ONU, art. 24), por la sencilla razón de que ahora el empleo, cualquier empleo (no, puesto de trabajo) de los empleos creados actualmente desde la política de recortes del Gobierno dependen solo del empleador, de las leyes creadas a gusto de los intereses del empleador y de acurdo con las directrices impuestas por la Troika. ¿Alguien se imagina un 1º de Mayo como Día del Empleado? ¿Es lo mismo que Día del Trabajador?

Una alimentación adicta al petróleo

Esther Vivas | Público 04/05/2014.

Comemos petróleo, aunque no lo parezca. El actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos es adicto al “oro negro”. Sin petroleo, no podríamos comer como lo hacemos. Sin embargo, ante un escenario donde cada vez va a ser más difícil extraer petróleo y éste resultará más caro, ¿cómo vamos a alimentarnos?

La agricultura industrial nos ha hecho dependientes del petróleo. Desde el cultivo, la recolección, la comercialización y hasta el consumo, necesitamos de él. La revolución verde, las políticas que nos dijeron modernizarían la agricultura y acabarían con el hambre, y que se implementaron entre los años 40 y 70, nos convirtieron en “yonquis” de este combustible fósil, en parte gracias a su precio relativamente barato. La maquinización de los sistemas agrícolas y el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos son el mejor ejemplo. Estas políticas significaron la privatización de la agricultura, dejándonos, a campesinos y consumidores, en manos de un puñado de empresas del agronegocio.

A pesar de que la revolución verde insistió en que aumentaría la producción de comida y, en consecuencia, acabaría con el hambre, la realidad no resultó ser así. Por un lado, sí que la producción por hectárea creció. Según datos de la FAO, entre los años 70 y 90, el total de alimentos per cápita a nivel mundial subió un 11%. Sin embargo, esto no repercutió, como señala Jorge Riechmann en su obra ‘Cuidar la (T)tierra’, en una disminución real del hambre, ya que el número de personas hambrientas en el planeta, en ese mismo período y sin contar a China cuya política agrícola se regía por otros parámetros, ascendió, también, en un 11%, pasando de los 536 millones a los 597.

En cambio, la revolución verde tuvo consecuencias muy negativas para pequeños y medianos campesinos y para la seguridad alimentaria a largo plazo. En concreto, aumentó el poder de las empresas agroindustriales en toda la cadena productiva, provocó la pérdida del 90% de la agro y la biodiversidad, redujo masivamente el nivel freático, aumentó la salinización y la erosión del suelo, desplazó a millones de agricultores del campo a las ciudades miseria, desmantelando los sistemas agrícolas tradicionales, y nos convirtió en dependientes del petróleo.

Una agricultura ‘yonqui’

La introducción de maquinaria agrícola a gran escala fue uno de los primeros pasos. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1850, como recoge el informe Food, Energy and Society, la tracción animal era la principal fuente de energía en el campo, representaba un 53% del total, seguida de la fuerza humana, con un 13%. Cien años más tarde, en 1950, ambas sumaban tan solo el 1%, ante la introducción de maquinas de combustible fósil. La dependencia de la maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, camiones…), más necesaria si cabe en grandes plantaciones y monocultivos, es enorme. Desde la producción, la agricultura está “enganchada” al petroleo.

El sistema agrícola actual con el cultivo de alimentos en grandes invernaderos independientemente de su temporalidad y el clima muestra, asimismo, su necesidad de derivados del petróleo y el elevado consumo energético. Desde mangueras pasando por contenedores, acolchados, mallas hasta techos y cubiertas, todo es plástico. El Estado español, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, está a la cabeza del cultivo bajo plásticos en la Europa mediterránea con 66 mil hectáreas cultivadas, la mayor parte en Andalucía, y en particular Almería, seguida, a más distancia, de Murcia y Canarias. Y, ¿qué hacer con tanto plástico una vez finaliza su vida útil?

¡Basta de silencios!

5/5/2014/
Esther Palomera

No es sólo la crisis, ni los recortes, ni la obsesión por el déficit público. Cuando se instauran copagos, se recorta en becas y dependencia o se imponen tasas judiciales que llevan a los que no tienen recursos a desistir de la defensa, hay detrás todo un modelo doctrinal. Lo llaman obligación pero es ideología. Un credo para otra España que no es la construida con el esfuerzo de todos en los últimos 30 años. Pero con todo, lo peor no son los ajustes, ni la presión fiscal, ni siquiera la propaganda que pretende instaurar el relato de un país que ha atravesado con éxito el Cabo de Hornos (Rajoy dixit).

El retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales va directamente al corazón del sistema democrático. Y el ritmo cardiaco del nuestro adolece ya de una patología que precisa tratamiento urgente, quizá de una rebelión cívica en la que cada uno desde su ámbito de actuación asuma activamente sus responsabilidades y no se conforme con el "España vuelve a ir bien". Si no hacemos nada, cuando un día miremos para atrás, nos daremos cuenta de lo que perdimos y será una ingente tarea recuperar lo perdido.

Y aquí es donde aún estamos a tiempo de que el periodismo esté a la altura. En todo periodo de cambio radical, y éste sin duda lo es, hay damnificados. Muertos que quedan por el camino. Y si el derecho a la información y la libertad de expresión es uno de ellos, mal vamos. ¡No lo permitamos! Ni callemos, ni finjamos normalidad. Hace unos días Marty Baron, el director de The Washington Post, decía en una entrevista con María Ramírez enEl Mundo: "Si no nos levantamos contra el poder, sacrificaremos nuestro futuro". Así que glosemos sin escatimar tipografía las reformas legislativas con las que el gobierno del PP quiere cercenar derechos individuales y libertades públicas. Ahí está la reforma del Código Penal que instaura la prisión permanente revisable en contra del criterio de la mayoría de juristas; impone la libertad vigilada no sólo para delitos de terrorismo y elimina el artículo que protege el ejercicio de derechos como el de huelga, reunión o manifestación. Un texto que aguarda que pasen las elecciones europeas para evitar el escándalo y se diluya el eco de los contundentes informes en contra.

Echen un vistazo además a la pretendida ley de Seguridad Ciudadana que restringe derechos a los medios de comunicación al limitar la actuación de los fotoperiodistas en las manifestaciones y busca minimizar la protesta ciudadana. Límites, mordazas, advertencias... La derecha española quiere una mayoría silenciosa que ni informe ni proteste. Qué pretende si no el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón al establecer que cuando los jueces consideren perturbada su independencia, se pueda ordenar a un medio de comunicación que no informe de un asunto judicial (léase Gúrtel, Bárcenas o Noos). Una legislación predemocrática. De eso se trata. De eso y de limitar el derecho a la información.

Hundamos su Unión Europea

8/5/2014

Publicado en Público.es

Las novelas distópicas operan como antagonistas de las novelas utópicas, y en lugar de relatarnos cómo debería ser el mundo ideal prefieren describirnos un hipotético mundo plagado de injusticias y maldad. 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin embargo, con mucho menos conocimiento público, la Comisión Europea está trabajando mano a mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento que podría estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es que amenaza con ir más allá de la literatura y podría convertirse en una dramática realidad.

La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].

Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.

“Con la comida que se tira podrían alimentarse 2.000 millones de personas”

25/4/2014

Entrevista a Olivier de Schutter, Relator de la ONU del Derecho a la Alimentación (2008-2014)

El relator de la ONU para la alimentación deja el cargo alertando de que el sistema internacional de producción agroalimentaria no es sostenible por más tiempo, y critica con dureza la liberación a que ha sido sometido este sector.

Olivier de Schutter, profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Lovaina (Bélgica), deja su cargo de relator de la ONU por el Derecho a la Alimentación, una responsabilidad que ha ejercido desde 2008. El informe final presentado al término de su mandato a Naciones Unidas en Ginebra el pasado 10 de marzo alerta de que el sistema internacional de producción agroalimentaria no es sostenible por más tiempo y critica con dureza la liberación a que ha sido sometido este sector, que incluso cotiza en las bolsas internacionales. De Schutter reclama un cambio de paradigma en el modelo agroalimentario mundial, pero no sólo por los motivos expuestos sino también porque, a pesar de todos los desmanes que ha implicado dicho modelo, no ha servido siquiera para resolver su principal objetivo: acabar con el hambre en el mundo. El sistema, arguye, se ha basado sólo en la producción de alimentos sin límite, pero sin que el modelo se haya vinculado a políticas de nutrición o sanitarias sino a las meras leyes de la economía de mercado: producción masiva en un mercado desregulado para ofrecer productos baratos en un mercado a gran escala, eso sin contar con el enorme impacto ambiental que este sistema de producción está suponiendo en el mundo y su influencia cada vez mayor en el cambio climático.

El Estado tira a la basura más de 3.500 millones en infraestructuras que no funcionan o ni se han terminado

Raul Pozo

Túneles cerrados, carreteras que no llevan a ningún sitio, tranvías que no circulan, aeropuertos sin vuelos, edificios a medio construir… En estos años, España ha quedado plagada de este tipo de proyectos que han costado el equivalente a un 0,4% del PIB y que no pueden ser ni utilizados.

El túnel del Barranco de los Garafillos, una inversión de 500 millones ahora tapada – Foto EFE

La pasada semana se conoció el último caso de despilfarro por parte de la Administración en un proyecto de infraestructuras. Casi 700 millones de euros han quedado enterrados en parte del trazado ferroviario de alta velocidad que preveía unir las provincias de Murcia y Almería, que incluía un espectacular doble túnel de 7,5 kilómetros. Pero lo más grave de este caso es que no constituye un hecho aislado sino que aquellos proyectos de infraestructuras que están sin terminar o culminados pero sin posibilidad de utilización por parte de los ciudadanos se cuentan por decenas en toda España. Y sólo sumando los más significativos, la cifra de inversión pública que las diferentes Administraciones Públicas han tirado a la basura se va por encima de los 3.500 millones de euros.

Como adelantó el diario La Vanguardia, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) procedió a cerrar el túnel del Barranco de los Garafillos, en la provincia de Almería, para evitar su deterioro, dado que, por el momento, los trabajos para la construcción de la línea de alta velocidad Murcia-Almería no van a continuar, a la espera de una evalución por parte del Ministerio de Fomento. En total, este proyecto para unir ambas localidades cuenta con un presupuesto superior a los 2.500 millones de euros para construir una línea de 186 kilómetros.

Ahora todo queda en entredicho, aunque Fomento considera que los planes aún siguen vivos. Sin embargo, aun resta poner los primeros cimientos para casi 130 kilómetros de recorrido y la misión de llegar a concluirlo en 2020 se torna imposible. Y lo peor es que lo más caro del proyecto, el llamado a ser el túnel ferroviario más largo de Andalucía, ya está construido y, por lo tanto, la inversión enterrada, nunca mejor dicho. Murcia y Almería no cuentan con conexión ferroviaria alguna y la primera opción que se pone en marcha es la más costosa.

En qué se diferencia la deflación de las rebajas

2/5/2014
Daniel Fuentes Castro
Si los productos de nueva temporada, y los que aún no se han fabricado, son más caros hoy que mañana... ¿para qué precipitarse a comprar?

Imagine por un momento que las rebajas comenzasen ahora mismo y que su duración fuese indefinida. Imagine también que, en lugar de limitarse a los productos de la temporada que termina, estas rebajas incluyesen los productos de nueva temporada. Puestos a pedir, las rebajas no estarían limitadas al stock de productos que almacenan los comerciantes sino también a los productos que aún no se han fabricado. Además de rebajar los bienes de consumo, se rebajarían también los servicios y, por qué no, los bienes de inversión (maquinaria, pisos, etc.). Y, por supuesto, se rebajarían las rebajas.

Pues bien, esas rebajas serían algo muy parecido a la deflación y, lejos de constituir una buena noticia, deprimirían la actividad económica y nos abocarían a una nueva recesión.

La deflación supone un estímulo al consumo, al menos en el corto plazo, pero sus efectos beneficiosos sobre la reactivación económica se diluyen en cuanto se tiene en cuenta el papel de las expectativas sobre la inversión y sobre el propio consumo, y los efectos de la deflación sobre el endeudamiento. La experiencia japonesa, consecutiva al boom inmobiliario de los años 90, constituye la experiencia más reciente (y temida) de lo que supone entrar en una espiral deflacionaria.

El hecho de que, a diferencia de las rebajas, la deflación no tenga una duración definida (o sí, pero no la conozcamos) tiene un efecto importante en nuestro comportamiento. Piense, por ejemplo, en la inversión inmobiliaria. Cuando el precio de la vivienda crecía desbocado, se trataba de comprar antes de que fuese todavía más caro (lo que, por otra parte, pensábamos que nos aseguraba una futura plusvalía). Ahora que los precios de la vivienda caen, sin expectativas de revaloración a corto plazo, la estrategia es esperar para comprar todavía más barato. Algo similar sucede con los proyectos de inversión empresarial, muchos de los cuales se pospondrían en caso de deflación.

Dos escándalos eléctricos

3 mayo 2014 

Ladislao Martínez López – ATTAC Madrid. Miembro de la Asamblea del 15-M de Tetuán.

Entre la gente familiarizada con el funcionamiento del sistema eléctrico español circula el chiste de que “si te han explicado su funcionamiento, y crees que lo has entendido, es que te lo han explicado mal”. Se alude con ello a la deliberada complejidad con que se ha diseñado un modelo que ya de por sí tiene muchos elementos de difícil comprensión. Se pretende con este diseño hacer lo más opaco posible la forma en la que se ejerce el poder en el sector y los mecanismos concretos por los que se producen la reasignaciones de rentas desde los sectores débiles a los poderosos.

Querría hablar en lo que sigue de dos aspectos poco conocidos del sector que me parecen singularmente clarificadores y escandalosos.

El primero de ellos en que en nuestro país un usuario oficialmente reconocido como “necesitado de ayuda social” paga por la electricidad el doble que la gran industria.

Si se revisa el último boletín estadístico de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de febrero de este año se ve, que los usuarios del Bono Social pagan por cada kWH 13,40 céntimos. Es decir un 25% menos que un usuario doméstico del mismo tipo. La sorpresa surge al compararlo con lo que paga la gran industria a través de la tarifa AT4 que es 6,30 céntimos.

El citado boletín estima que en la actualidad hay poco más de 2,5 millones de usuarios del Bono Social con tendencia, sorprendentemente, a disminuir. De ellos 283.000 son pensionistas y 43.000 son desempleados. El grueso de la cifra son los usuarios que en su residencia tienen contratada una potencia inferior  a 3 kW, con más de 2 millones de usuarios. Dentro de esta categoría se encuentran muchos ciudadanos de bajo nivel de renta, pero también viviendas urbanas y rurales, que siendo primeras residencias, tienen  un bajo nivel de equipamiento eléctrico.

Históricamente siempre ha habido en el sector eléctrico una gran transferencia de rentas desde los usuarios domésticos, que pagan por la electricidad unos precios de los más altos de Europa, a la gran industria. ¿Es razonable que en situaciones de crisis las familias ayuden mucho más a este sector industrial, que a otras familias que lo necesitan perentoriamente?.

El segundo hecho poco conocido es que en nuestro país tanto los usuarios peninsulares, como los extrapeninsulares pagamos lo mismo por la electricidad. El coste de generar la electricidad, sin embargo, es muy superior fuera de la península. Si se paga igual es porque se  transfieren  unos 1.800 ME  anuales de los usuarios peninsulares a los extrapeninsulares.

En Canarias, por ejemplo, según datos de la CNMC, generar  cada MWH cuesta 165 Euros. La energía eólica en las islas es sin embargo ostensiblemente más barata que la media. Unos 85-90 Euros/MWH. En el año 2004 se anuló el primer concurso eólico de Canarias por presunta corrupción. Se deberían haber puesto en funcionamiento 600 MW eólicos: en aquel momento era Consejero de Industria Luis Soria. El segundo concurso eólico, de 2007, tampoco fue resuelto. Era vicepresidente del Gobierno Canario el actual Ministro de Industria y hermano del anterior, José Manuel Soria. De haberse puesto en funcionamiento los parques eólicos  que se anularon por los problemas “irregularidades” en la tramitación, hoy la electricidad podría ser entre 80-110 millones de euros anuales más barata. ¿Es exagerado afirmar que eso es lo que nos cuesta a todos los usuarios eléctricos la corrupción de los sucesivos gobiernos de Canarias?

 ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Vía:http://www.attac.es/2014/05/03/dos-escandalos-electricos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dos-escandalos-electricos

¿Donde dice que tenemos que pagar la deuda de los bancos?

27 abril, 2014

de ataquealpoder

El dinero entregado a los bancos de los fondos públicos, con un gran sacrificio por la ciudadanía, se lo han repartido unos truhanes en esplendorosos beneficios mientras el Sareb, el banco malo, pierde 42.000 millones de euros nada más empezar su trayectoria. Es evidente que no nos llevan por buen camino. La retórica grandilocuente empleada por la casta política de que la única solución para salir de la ciénaga era enchufar miles de millones a la banca ha resultado una gran mentira. El despropósito continúa, al hipotecado se le echa a la calle y su vivienda se agrupa en un lote que se vende a precio de chatarra a un fondo buitre. ¿Ésta es la maravillosa solución proporcionada por esas cabezas pensantes de la oligarquía europea. Se legisla conforme a los intereses de las grandes corporaciones donde el negocio bancario ha quedado retratado por un grupo de estudios afincado en Bruselas: Corporate Europe Observatory a través de un estudio titulado El poder de fuego del lobby financiero. Proporcionan un dato que corresponde con lo que luego sale legislado. En Bruselas circulan 1.700 lobbystas financieros, de los 6.000 en todas las ramas, en forma de Papa Noel que acaban convenciendo a políticos influyentes. El lobby financiero es el más numeroso y el más espléndido: traen bajo el brazo 120 millones de euros cada año para ablandar la resistencia de sus señorías. No es de extrañar entonces que los platos vengan listos para llevar a la mesa una vez que han sido cocinados con los ingredientes adecuados. La solución es indiscutible ya que es única. No obstante, la solución se encuentra en el lado opuesto a las ayudas indiscriminadas y sin tasa a la banca: las personas.

Se están cargando la democracia y nadie dice nada

25/5/4/2014
Carlos Elordi

Los locutores de RTVE sonríen cuando cuentan que no se sabe si Arias Cañete será cesado en este Consejo de ministros o si la decisión se postergará una semana más. Las demás cadenas también se toman a broma el asunto, si es que se acuerdan del mismo. El atentado contra las normas democráticas que supone el hecho de que un candidato electoral siga siendo ministro ha sido ya aceptado como la cosa más natural de este mundo. Lo mismo que el linchamiento mediático del juez Elpidio Silvia. O que María Dolores de Cospedal se haya cargado el Tribunal de Cuentas de Castilla La Mancha en vísperas de una campaña electoral. O cincuenta cosas más, que confirman que si gravísima es la erosión sistemática de la democracia que está llevando a cabo este Gobierno, tal vez lo sea aún más la falta absoluta de reacción ante ese proceso por parte de las instituciones que deberían velar por la misma, empezando por la prensa.

La mayor parte de los hechos que jalonan la crónica política española hieren cualquier sensibilidad democrática. Asistimos, sin que lo denuncie ninguno de los muchos organismos, públicos y privados que podrían hacerlo, a una larga campaña publicitaria del Gobierno sobre la recuperación económica que está únicamente montada sobre la base de unos pronósticos que ese mismo Gobierno, o sus adláteres, elaboran y que unos meses más tarde quedan desmentidos por los datos fehacientes: como ha ocurrido con los del PIB del cuarto trimestre de 2013 y como seguramente ocurrirá con los del primero de este año, que ahora dicen que crecerá un 0,5%. Al tiempo, crecen la sospechas de que algunas estadísticas fundamentales están siendo manipuladas. Pero de ello se habla casi clandestinamente.

Rajoy y los suyos se siguen llenando la boca asegurando que quieren negociar con la Generalitat, pero un día tras otro confirman que no están dispuestos a ceder un ápice en sus posiciones, al tiempo que sus corifeos mediáticos pintan a Artur Mas como un fanático descerebrado que está jugando a aprendiz del diablo. Pero son muy pocos, y casi no se les oye, los que advierten de los peligros esa actitud. Porque no sólo es un engaño flagrante a la opinión o porque puede llevar a una enfrentamiento de consecuencias imprevisibles –y la primera tarea de un Gobierno de España sería evitarlas–, sino porque un día ese mismo procedimiento se podría aplicar en cualquier otro contexto. Sobre todo si hoy se aplica en medio de la pasividad general.

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer una interpretación torticera de sus propias normas que, autorizando el aval del Estado sus créditos fiscales, permitirá a los bancos ahorrarse cerca de 41.000 millones de euros de capital, un regalo aún más sustancioso que el del rescate bancario que figura en el debe del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Y cuando hasta hace poco los bancos eran la institución más denostada por la amplia mayoría de la opinión pública, ahora la noticia ha pasado prácticamente desapercibida. Y ninguna voz se ha alzado en el Congreso, al menos hasta ahora, contra ese desaguisado.

Desenmascarando el programa oculto del bipartidismo

29/4/2014

PP y PSOE han ido de la mano en los presupuestos de la UE, las actividades de la troika, la supervisión económica y presupuestaria de los Estados, la Política Agraria Común, el Tratado de Libre Comercio con EE UU, la privatización de nuestro sistema de pensiones y Venezuela

Javier Couso / Lara Hernández - Números 7 y 10 de la lista de IU-La Izquierda Plural a las europeas

La historia de esta crisis es la de la renovación del pacto entre las élites políticas y económicas que han provocado la situación odiosa en la que vivimos. En toda Europa, partidos políticos, cúpulas empresariales y una parte del liderazgo sindical se han venido esforzando para garantizar su posición de poder a costa de los intereses de las mayorías. Ellos también buscan una salida a la crisis: la de la recuperación de los negocios de la banca y del enriquecimiento de unos pocos a cambio de la destrucción de los planes de vida de la juventud, la clase trabajadora y los mayores.

En los últimos años han logrado cumplir con una parte de su agenda. Gracias al FMI sabemos que España es el país de la UE en el que más se ha incrementado la desigualdad entre ricos y pobres desde 2007. Según la OCDE, los ingresos del 10% más pobre de nuestra población ha reducido sus ingresos en un 14% cada año, mientras que el 10% más rico se ha privado en apenas un 1%. Una cuarta parte de los trabajadores no tienen acceso al mercado de trabajo, casi el 60% de los jóvenes sufren el desempleo, más del 20% de la población está bajo el umbral de la pobreza y desde 2008 se han producido más de 200.000 desahucios. Quienes trabajan, además, lo hacen en condiciones cada vez más precarias. A la disminución de los salarios se añade una tasa de temporalidad superior al 25% (y de más del 60% en el caso de los jóvenes) y la desprotección ante las reformas laborales emprendidas por los gobiernos del PP y del PSOE, protectores institucionales de los grandes empresarios y banqueros.

Un régimen de opresión y saqueo llamado deuda

28, 2014 / XACATA

Medios de comunicación, portavoces gubernamentales y servidores de la élite económica en España pregonan el peligro de la cuantiosa deuda pública y la culpable responsabilidad colectiva en la misma: la estúpida falacia de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Tan es así que un Gobierno pretendidamente socialista reformó con alevosía la Constitución, sagrada e intocable para otras cuestiones, con un artículo 135 que proclama que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública (…) se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. ¡En la Constitución!

El endeudamiento público no ha sido por vivir por encima de nuestras posibilidades sino utilizado por el poder financiero para saquear recursos públicos. Pero el adormecedor mantra repetido una y otra vez es la relación de la deuda pública con la crisis. Y por eso presionan para reducirla con recortes sociales y más recortes. Pero la deuda pública no es causa de la crisis. En años anteriores a la misma, la deuda pública española era de las más bajas de Europa.

La deuda pública ha crecido por una política fiscal regresiva al servicio de la élite económica y por un gigantesco y continuo fraude fiscal de grandes empresas y capitales. Más el cuantioso rescate de una banca privada potencialmente quebrada. España es modélica en el saqueo que es convertir deudas privadas en deuda pública.

Elpidio Silva, un juicio inviable

28/4/2014

Gonzalo Boyet Tuset

Importantes sectores mediáticos están dedicando buena parte de sus energías no solo a analizar el proceso contra el juez Elpidio Silva, sino también a criticarle duramente por su actitud durante el mismo. Con ello, seguramente se están perdiendo de vista dos temas fundamentales. Primero, que con independencia de que sea un juez el enjuiciado, éste tiene derecho a defenderse en la mejor forma que pueda. Segundo, que el juicio, nos parezca o no un espectáculo, nunca debió celebrarse en las condiciones actuales.

Toda persona, incluso los magistrados que son acusados de prevaricar, tiene derecho a defenderse, a evitar su condena y a evitar, incluso, su propio juicio. Desde esa perspectiva, es evidente que el juez Silva -como cualquier otro acusado- tiene derecho a intentar evitar el juicio. Sobre todo, si no se brindan las condiciones para que éste se celebre con las garantías reales del debido proceso.

La vía que en su momento intentó Silva para retrasar el juicio no fue otra que la nulidad de las actuaciones practicadas por aquel tribunal cuya recusación fue admitida. Como ya expliqué en otro artículo, era lógico y natural que la misma se decretase. De hecho, esto hubiera impedido la celebración del juicio antes de las elecciones europeas a las que Silva concurre como candidato.

La sala que actualmente le enjuicia, sin respeto alguno por el derecho a un proceso debido o al juez imparcial, no sólo se negó a dictaminar en este sentido. Ha obligado a que el juicio se celebre, generando más que razonables dudas sobre su propia imparcialidad.

Llegados a este punto, el acusado tenía y tiene fundadas sospechas sobre el resultado final del pleito. Es ahí, y no antes, cuando comienzan las discrepancias entre su defensa técnica y él. Seguramente, lo más adecuado hubiese sido exponer esas discrepancias antes del comienzo del juicio. Pero la verdad es que tampoco se conocía cuál iba a ser el posicionamiento de la sala respecto a una nulidad evidente que conocían desde hace más de una semana y que habían dejado pendiente de resolver.

Si el tribunal hubiese actuado con corrección jurídica y democrática habría suspendido el juicio, decretando la nulidad y la consiguiente retroacción de las actuaciones. También lo podría haber suspendido cuando el abogado presentó su renuncia hasta la designación de otro letrado. El problema es que ello hubiese implicado su no celebración hasta después de las elecciones europeas y eso no parecía entrar en el guión. Muchos creen que la renuncia fue una estratagema, pero olvidan -juristas incluidos- que la renuncia de un abogado no requiere explicación. Es más, facilitarla podría atentar a los deberes de secreto y lealtad que se tiene respecto de los clientes.

Cinco datos que no hay que olvidar sobre el caso Blesa

16/12/2013

Ignacio Escolar

Ni Caja Madrid era una caja más ni Miguel Blesa es un banquero más. El amigo íntimo de Aznar, de nula experiencia financiera, fue uno de los que nos dejó en herencia la quiebra bancaria del país. No hay nadie en España que no sea afectado directo de su gestión.                                                                                                                                                                                 

1. Caja Madrid no era una caja más. Fue la primera de las siete novias agrupadas en Bankia, una boda que terminó en funeral. De herencia nos dejó el mayor agujero de la historia financiera española: un pufo de 22.000 millones de euros que provocó el rescate y la intervención de la troika. No hay un solo español –no sólo los de las preferentes– que no sea afectado directo de esta quiebra. Todos los ciudadanos, nuestros hijos, nuestros nietos, pagarán durante años por lo que allí sucedió.

2. Miguel Blesa tampoco es un banquero más. Su primer contacto con el sector financiero fue en septiembre de 1996, cuando llegó al consejo de Caja Madrid. Sólo dos meses después, ya estaba preparado para presidir la tercera entidad financiera del país, un sillón que ocupó durante casi 13 años. ¿Su única cualidad conocida para el puesto? ¿La mejor línea de su currículum? Ser amigo íntimo y leal del presidente del Gobierno José María Aznar.

3. Los emails de Blesa desde su buzón corporativo de Caja Madrid no son unos correos más. Son las pruebas que permitieron al juez Elpidio José Silva enviar a la cárcel al banquero, con razón. En ellos queda claro que la quiebra de esa caja con tres siglos de historia no fue culpa de una azarosa casualidad, sino que tuvo mucho que ver con su desastrosa dirección. Miguel Blesa gestionaba este banco casi público como si fuese un chiringuito de su propiedad. Repartía favores, créditos y enchufes con absoluta arbitrariedad. Un día era su sobrina, otro era el exministro José Barrionuevo, el siguiente era el hermano de Pío García Escudero, o Esperanza Aguirre, o José María Aznar.

4. Las conversaciones de Blesa con sus cuates son el mejor ejemplo del capitalismo de amiguetes que ha hundido a este país. Los correos explican cómo funciona el poder de la España cañí y dejan en evidencia la hipocresía de esos "liberales" que critican las "mamandurrias", hablan de "meritocracia" y dan lecciones de moral a los demás, mientras exprimen los recursos públicos para su uso y disfrute personal. La derecha española queda retratada, pero la izquierda también: vendida a cambio de un plato de consejo y una tarjeta de crédito "black".

5. Lo ocurrido en Caja Madrid no fue sólo feo, negligente o inmoral; va mucho más allá. Las tarjetas de crédito "black a efectos fiscales" y los generosos sueldos con los que Blesa premiaba a los dóciles consejeros en la caja del PSOE, de IU o de CCOO apuntan a varios delitos económicos. Las gestiones de algunos políticos ante Blesa entran de lleno en el terreno del tráfico de influencias. Las preferentes de las que tanto se alegraba Blesa van a ser juzgadas como estafa. Los créditos a dedo podrían violar las normativas bancarias y las compras negligentes –o los créditos al consejero Díaz Ferrán– son serios indicios de delitos societarios de extrema gravedad.

Por mucho que lo diga la Audiencia Provincial de Madrid o el fiscal, estos correos no afectan a "la intimidad" de Miguel Blesa, sino que justifican más que de sobra la reapertura inminente de esta investigación judicial. Es urgente, por salud democrática; porque no hacerlo es dar por buena la injusticia, el abuso de poder y la impunidad.

Vía:http://www.eldiario.es/escolar/datos-olvidar-caso-Blesa_6_207939233.html

El control del Tribunal de Cuentas sobre los partidos "es un paripé"

27/4/2014 - Alejandro Lopez de Miguel

Expertos y fuentes del organismo denuncian la parcialidad de la institución y su incapacidad para investigar y sacar a la luz casos como el de la contabilidad b del Partido Popular. "Ninguno de los casos de irregularidades en las cuentas de los partidos ha salido del Tribunal de Cuentas"

Sobre el papel, el Tribunal de Cuentas es el "supremo órgano fiscalizador contable"; un ente presuntamente autónomo, encargado de revisar las cuentas de las administraciones públicas, fundaciones y partidos políticos, pero según fuentes del propio Tribunal la realidad es otra.

"El Tribunal es un paripé", aseguran estos medios a Público. "No puede ser que el control sea únicamente una operación cosmética, tiene que haber un órgano que investigue", afirman, cuestionando el funcionamiento del organismo desde la cúspide de la pirámide, elegida por una comisión mixta del Senado y el Congreso, donde PP y PSOE tienen mayoría.

Entre los consejeros, el hermano de José María Aznar, y entre los trabajadores varios familiares de Javier Medina, presidente de la Sección de Fiscalización

De hecho, entre los 12 consejeros que durante 9 años estarán a los mandos de la institución se encuentra el hermano del expresidente del Gobierno José María Aznar, Manuel Aznar, y entre sus trabajadores, varios familiares del presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina -su mujer, un hermano y una hermana-, como han confirmado las mismas fuentes a este diario.

"Se tendrían que reforzar los órganos de supervisión independientes a través de criterios de imposibilidad de control político ", asegura el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que pide que incrementar el número de técnicos "fijos e inamovibles", para "impedir que puedan ser instrumentalizados por parte del poder político". A su juicio, "se dan problemas de credibilidad tanto formales, por el modo en que son elegidos sus integrantes, como por el funcionamiento de la institución, que no ha sido capaz de fiscalizar los partidos de manera efectiva", afirma.

Crónica de una recuperación inventada

26/4/2014

Ayer en mi columna de El País analizaba los datos revisados de la EPA. En el artículo también analizaba la estimación del PIB del Banco de España y su composición. El blog permite editar gráficos que siempre ayudan a que las afirmaciones de un economista no sean dogmas de fe. Más importante es hacerlo cuando estás criticando a un gobierno y contradiciendo la opinión general en los medios de comunicación que mayoritariamente controla directamente o por coacción el gobierno.

  

El banco dice que el consumo creció en el primer trimestre y que la inversión se mantuvo estancada. En el gráfico volvemos a usar datos de la Agencia Tributaria de ventas declaradas en el IVA corregidas de estacionalidad y de precios para que sean comparables con la contabilidad nacional y para que los datos mensuales sean homogéneos.

El consumo privado se ha desplomado un 5% anualizado en enero y febrero versus el 1% de crecimiento que estima el banco. Los datos de la Agencia incluyen el gasto de los turistas y el buen año turístico explica el repunte del pasado verano de las ventas de las empresas. Pero el gasto de consumo en diciembre y en el inició del año se ha desplomado.

"Aunque pongan barreras al autoconsumo, el desarrollo de las renovables es inexorable, la gente no es tonta"

18/4/2014

Alex Fernández Muerza

Jorge Morales, experto en el sistema eléctrico español y en renovables.
- Imagen: Geoatlanter -

Jorge Morales es uno de los primeros expertos que levantó la voz contra el actual sistema eléctrico español, que condena a los consumidores a pagar cada vez más por su recibo de la luz y frena el desarrollo de las renovables o el autoconsumo doméstico de energía. Morales, director de la comercializadora de electricidad GeoAtlanter, señala a las cinco grandes empresas eléctricas, "que controlan más que el Ministerio" (de Industria, Energía y Turismo), y apela a un nuevo cambio de modelo energético en el que los ciudadanos sean los principales protagonistas y beneficiarios. En esta entrevista explica qué pueden hacer los consumidores para pagar menos por la electricidad y asegura que los recientes cambios en el sistema regulatorio de la electricidad son en realidad una "distracción".

¿Los cambios realizados por el Gobierno en el sistema regulatorio de la electricidad evitarán que siga subiendo el recibo de la luz?

"Las cinco grandes empresas eléctricas controlan más que el Gobierno, haga lo que haga"

Nadie lo sabe. El problema es que el mercado eléctrico lo controla un oligopolio sin transparencia. Las cinco grandes empresas eléctricas, integradas en Unesa, controlan más que el Ministerio, haga lo que haga. Si no se cambia la formación de precios del mercado mayorista, todas estas medidas son parches que no pueden garantizar ahorros en el precio de la luz. Nos llevan a un mercado de una volatilidad muy enorme.

¿Las empresas controlan más que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo?

El Ministerio hace las normas, pero las empresas siempre encuentran la forma de aplicarlas para mantener sus beneficios. Las principales eléctricas en España tienen 6.000 millones de beneficios desde la crisis hasta ahora. Sus beneficios no han crecido, pero tampoco han disminuido. Es algo atípico en un país donde ha bajado la demanda eléctrica.