En qué se diferencia la deflación de las rebajas

2/5/2014
Daniel Fuentes Castro
Si los productos de nueva temporada, y los que aún no se han fabricado, son más caros hoy que mañana... ¿para qué precipitarse a comprar?

Imagine por un momento que las rebajas comenzasen ahora mismo y que su duración fuese indefinida. Imagine también que, en lugar de limitarse a los productos de la temporada que termina, estas rebajas incluyesen los productos de nueva temporada. Puestos a pedir, las rebajas no estarían limitadas al stock de productos que almacenan los comerciantes sino también a los productos que aún no se han fabricado. Además de rebajar los bienes de consumo, se rebajarían también los servicios y, por qué no, los bienes de inversión (maquinaria, pisos, etc.). Y, por supuesto, se rebajarían las rebajas.

Pues bien, esas rebajas serían algo muy parecido a la deflación y, lejos de constituir una buena noticia, deprimirían la actividad económica y nos abocarían a una nueva recesión.

La deflación supone un estímulo al consumo, al menos en el corto plazo, pero sus efectos beneficiosos sobre la reactivación económica se diluyen en cuanto se tiene en cuenta el papel de las expectativas sobre la inversión y sobre el propio consumo, y los efectos de la deflación sobre el endeudamiento. La experiencia japonesa, consecutiva al boom inmobiliario de los años 90, constituye la experiencia más reciente (y temida) de lo que supone entrar en una espiral deflacionaria.

El hecho de que, a diferencia de las rebajas, la deflación no tenga una duración definida (o sí, pero no la conozcamos) tiene un efecto importante en nuestro comportamiento. Piense, por ejemplo, en la inversión inmobiliaria. Cuando el precio de la vivienda crecía desbocado, se trataba de comprar antes de que fuese todavía más caro (lo que, por otra parte, pensábamos que nos aseguraba una futura plusvalía). Ahora que los precios de la vivienda caen, sin expectativas de revaloración a corto plazo, la estrategia es esperar para comprar todavía más barato. Algo similar sucede con los proyectos de inversión empresarial, muchos de los cuales se pospondrían en caso de deflación.

Se están cargando la democracia y nadie dice nada

25/5/4/2014
Carlos Elordi

Los locutores de RTVE sonríen cuando cuentan que no se sabe si Arias Cañete será cesado en este Consejo de ministros o si la decisión se postergará una semana más. Las demás cadenas también se toman a broma el asunto, si es que se acuerdan del mismo. El atentado contra las normas democráticas que supone el hecho de que un candidato electoral siga siendo ministro ha sido ya aceptado como la cosa más natural de este mundo. Lo mismo que el linchamiento mediático del juez Elpidio Silvia. O que María Dolores de Cospedal se haya cargado el Tribunal de Cuentas de Castilla La Mancha en vísperas de una campaña electoral. O cincuenta cosas más, que confirman que si gravísima es la erosión sistemática de la democracia que está llevando a cabo este Gobierno, tal vez lo sea aún más la falta absoluta de reacción ante ese proceso por parte de las instituciones que deberían velar por la misma, empezando por la prensa.

La mayor parte de los hechos que jalonan la crónica política española hieren cualquier sensibilidad democrática. Asistimos, sin que lo denuncie ninguno de los muchos organismos, públicos y privados que podrían hacerlo, a una larga campaña publicitaria del Gobierno sobre la recuperación económica que está únicamente montada sobre la base de unos pronósticos que ese mismo Gobierno, o sus adláteres, elaboran y que unos meses más tarde quedan desmentidos por los datos fehacientes: como ha ocurrido con los del PIB del cuarto trimestre de 2013 y como seguramente ocurrirá con los del primero de este año, que ahora dicen que crecerá un 0,5%. Al tiempo, crecen la sospechas de que algunas estadísticas fundamentales están siendo manipuladas. Pero de ello se habla casi clandestinamente.

Rajoy y los suyos se siguen llenando la boca asegurando que quieren negociar con la Generalitat, pero un día tras otro confirman que no están dispuestos a ceder un ápice en sus posiciones, al tiempo que sus corifeos mediáticos pintan a Artur Mas como un fanático descerebrado que está jugando a aprendiz del diablo. Pero son muy pocos, y casi no se les oye, los que advierten de los peligros esa actitud. Porque no sólo es un engaño flagrante a la opinión o porque puede llevar a una enfrentamiento de consecuencias imprevisibles –y la primera tarea de un Gobierno de España sería evitarlas–, sino porque un día ese mismo procedimiento se podría aplicar en cualquier otro contexto. Sobre todo si hoy se aplica en medio de la pasividad general.

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer una interpretación torticera de sus propias normas que, autorizando el aval del Estado sus créditos fiscales, permitirá a los bancos ahorrarse cerca de 41.000 millones de euros de capital, un regalo aún más sustancioso que el del rescate bancario que figura en el debe del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Y cuando hasta hace poco los bancos eran la institución más denostada por la amplia mayoría de la opinión pública, ahora la noticia ha pasado prácticamente desapercibida. Y ninguna voz se ha alzado en el Congreso, al menos hasta ahora, contra ese desaguisado.

Desenmascarando el programa oculto del bipartidismo

29/4/2014

PP y PSOE han ido de la mano en los presupuestos de la UE, las actividades de la troika, la supervisión económica y presupuestaria de los Estados, la Política Agraria Común, el Tratado de Libre Comercio con EE UU, la privatización de nuestro sistema de pensiones y Venezuela

Javier Couso / Lara Hernández - Números 7 y 10 de la lista de IU-La Izquierda Plural a las europeas

La historia de esta crisis es la de la renovación del pacto entre las élites políticas y económicas que han provocado la situación odiosa en la que vivimos. En toda Europa, partidos políticos, cúpulas empresariales y una parte del liderazgo sindical se han venido esforzando para garantizar su posición de poder a costa de los intereses de las mayorías. Ellos también buscan una salida a la crisis: la de la recuperación de los negocios de la banca y del enriquecimiento de unos pocos a cambio de la destrucción de los planes de vida de la juventud, la clase trabajadora y los mayores.

En los últimos años han logrado cumplir con una parte de su agenda. Gracias al FMI sabemos que España es el país de la UE en el que más se ha incrementado la desigualdad entre ricos y pobres desde 2007. Según la OCDE, los ingresos del 10% más pobre de nuestra población ha reducido sus ingresos en un 14% cada año, mientras que el 10% más rico se ha privado en apenas un 1%. Una cuarta parte de los trabajadores no tienen acceso al mercado de trabajo, casi el 60% de los jóvenes sufren el desempleo, más del 20% de la población está bajo el umbral de la pobreza y desde 2008 se han producido más de 200.000 desahucios. Quienes trabajan, además, lo hacen en condiciones cada vez más precarias. A la disminución de los salarios se añade una tasa de temporalidad superior al 25% (y de más del 60% en el caso de los jóvenes) y la desprotección ante las reformas laborales emprendidas por los gobiernos del PP y del PSOE, protectores institucionales de los grandes empresarios y banqueros.

La época más revolucionaria de la historia

19/4/2014

Bernardo Gutiérrez

Vivimos la era más agitada de la historia según el estudio World Protest 2006-2014, de Initiative for Policy Dialogue y Friedrich Ebert Stiftung New York: el mundo ha vivido 843 grandes protestas entre 2006 y mediados de 2013.

Las revueltas, a diferencia del concepto clásico de revolución, no son ya siempre sinónimo de toma del poder. Diferentes autores apuntan al nacimiento de una nueva era de carácter insurreccional.

Si Karl Marx levantara la cabeza estaría absolutamente desconcertado: las revueltas sacuden el mundo, renacen en los lugares más inesperados, pero casi ninguna toma el poder. Las condiciones objetivas para la rebelión son tan nítidas como en el siglo XIX: pero pocas protestas desembocan en el significado literal de revolución, ese "cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación". Además, el proletariado parece no tener la sartén revolucionaria por el mango. Ni la lucha de clases parece ser el leitmotiv de la oleada de estallidos sociales que se repiten desde la Primavera Árabe. Un nuevo sujeto político – más difuso, más heterogéneo, más inclasificable – desdibuja las definiciones y fronteras formales de las revoluciones.

Vivimos la era más agitada de la historia – más intensa que 1848, 1917 y 1968 – según el estudio World Protest 2006-2014, de Initiative for Policy Dialogue y Friedrich Ebert Stiftung New York. Navegamos en un océano político inestable, sobre ráfagas de protestas que estallan como pop ups inesperados en la pantalla global: 843 grandes protestas, según dicho estudio, entre 2006 y mediados de 2013. El periodista británico Paul Mason ve un fuerte paralelo entre la actualidad y las olas de descontento de 1848 y 1914. El filósofo Alain Badiou vislumbra incluso un "renacimiento de la historia" en una nueva edad de "revueltas y levantamiento" después de un largo intervalo revolucionario. Protestas, estallidos, pop ups de indignación y esperanza. Pero el stablishment, en la mayoría de los casos, apenas se despeina.

¿No os da vergüenza?

1/4/2014

Olga Rodríguez

¿Quién debe sentir vergüenza? ¿Una mujer que increpa a unos policías por quitarles la comida a los pobres? ¿O unos agentes que la toman con el escalafón más bajo de la sociedad?

Juegan con la falta de autoestima de tantos que no han aprendido aún algo fundamental: que todos merecemos una vida digna.

 El miedo y la vergüenza son malos compañeros de viaje, y más en estos tiempos. De ello se hablaba mucho en las Marchas de la Dignidad, en su camino hacia Madrid. 

“Cuando perdí el miedo y la vergüenza por no llegar a fin de mes fue cuando empecé a salir de la depresión”, contaba uno de tantos caminantes de las marchas. 

 “Recibí una orden de desahucio, me daba vergüenza contarlo, pero la perdí gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y eso me sacó del hoyo. Si no, no sé qué habría sido de mí, quizá no estaría vivo”, confesaba otro. 

Vivimos sometidos a un marco de valores equivocados, en el que se señala con el dedo de la vergüenza a quienes no tienen eso que se llama éxito. A quienes están desempleados, a los que son expulsados de sus casas, a quienes no llegan a fin de mes, a los que no disponen de comida suficiente para alimentar a su familia.

Y, sin embargo, la vergüenza la deberían tener los otros, los que montan negocios a costa de los contribuyentes, los que un año más aumentan sus sueldos multimillonarios mientras 5 millones de personas viven ya en situación de exclusión severa, los que sacan dinero de la chistera para rescatar las autopistas pero contribuyen con sus recortes a que casi doce millones de personas estén afectadas por distintos procesos de exclusión social. 

De eso trataron las Marchas de la Dignidad. De recolocar el concepto de la vergüenza. Porque ser un trabajador es algo digno, aunque eso no te permita escapar de la pobreza, como le ocurre ya al 12% de los españoles trabajadores. 

Porque ser un desempleado que lucha por sacar adelante a su familia es algo muy digno. Porque ser una persona que reivindica su derecho a la vivienda, a la salud y la educación gratuitas, a tener lo suficiente para vivir y no sobrevivir, es algo necesario. 

La revolución de los amateurs

28/3/2014

La tecnología, las redes sociales, la innovación, ayudaran a que la propia sociedad se organice para aportar soluciones a menor coste y con mayor eficiencia que la empresa privada y la burocracia pública.

Emergerán como productores de aquello que buscan, que deseen comprar o que quieran que suceda. Ya no serán más usuarios, ni lectores, ni súbditos de una democracia formal o consumidores de un mercado imperfecto. Serán verdaderos coproductores de lo público.Produusuarios que sustituirán al ciudadano como sujetos de derechos y, desde su nueva interfaz de amateurs, también de gobernanza.

Es lo que está sucediendo en el ámbito del periodismo, rompiendo los esquemas económicos que sustentaron hasta hoy a los medios, pero también introduciéndose en la esencia del discurso informativo y es lo que sucederá en otros campos de la mano de la tecnología, las redes y la interconexión permanente. Internet desparecerá, estará ahí, integrado en todos los procesos, pero será invisible. Física y culturalmente. 

Y el escenario por excelencia de los cambios y de nuestras vidas serán las metrópolis. Las ciudades se convertirán en laboratorios de la autogestión social del espacio público. Frente al colapso de la burocracia oficial por la crisis y la corrupción, las grandes empresas prestadoras de servicios tendrán que seducir a los ciudadanos con una ración extra de transparencia si quieren seguir siendo relevantes y, a la vez, disputarse con ellos los espacios de actuación.

La tecnología, las redes sociales, la innovación, ayudarán a que la propia sociedad se organice para aportar soluciones a menor coste y con mayor eficiencia que la empresa privada y la burocracia pública. Y los ciudadanos, la gente, se movilizarán por su propio interés. La crisis financiera es la gran oportunidad que está haciendo germinar este nuevo ecosistema apoyado en el uso intensivo de la tecnología, pero incluso las administraciones en mejor situación económica se darán pronto cuenta de que es mucho mejor delegar determinados asuntos en la sociedad que seguir empeñados en una administración paternalista y controladora.

No todo será color de rosa en esta utopía. Las ciudades tendrán que enfrentarse a sus propios desafíos. El ciclo del carbono, del agua, los consumos energéticos crecientes. Y su inevitable vulnerabilidad ante una crisis global. Se fomentará la capacidad de adaptación a los cambios profundos. Crecerá el sentido de comunidad, una comunidad crítica que auditará, gracias de nuevo al uso intensivo de la tecnología y a la transparencia, el trabajo de políticos y grandes compañías al servicio de lo público.

Cuando un "gobierno" se convierte en "régimen"

27/2/2014 - Isaac Rosa

La delgada línea que marca que un país sea llamado “gobierno” o “régimen” por la prensa internacional, y sus consecuencias.

Foto EFE

¿En qué momento un país deja de tener “gobierno” para convertirse en un “régimen”? Pocas expresiones tan intencionadas en su uso como la de “régimen”. Una palabra que contiene todo un tratado de geopolítica entre sus siete letras, y cuyo uso dibuja una clara línea roja sobre el mapa mundial: hay gobiernos, y hay regímenes.

Por supuesto, régimen es la forma abreviada de “régimen autoritario”, aunque la segunda parte de la expresión se omita. Por sí mismo, régimen no tiene significado negativo, significa “sistema político”, sin más. Pero hoy se usa para dar a entender un país donde peligran o ni siquiera existen la democracia, las libertades y los derechos humanos. Aunque a veces su empleo parezca natural, tratándose de dictaduras incuestionables, en la mayoría de casos la línea es delgada, y países con idénticas zonas de sombra en democracia y derechos son llamados “gobierno” o “régimen” en función de la estima y los intereses de quien los nombra.

Algunos parecen incontestables: el régimen norcoreano, el régimen guineano, el sirio o el chino. En otros, la expresión está consolidada aunque responde más a alineamientos geopolíticos: el régimen de Putin, o el régimen cubano. A partir de ahí, el término se usa alegremente, sin mucho rigor pero con toda la intención: ahí está el régimen venezolano, que desde Chávez es la denominación natural en la prensa de medio planeta. Y luego están los casos inverosímiles: parece difícilmente imaginable que un día hablemos del régimen noruego o el régimen canadiense.

Para la mayoría de países, ser llamado régimen por la prensa y por otros dirigentes es como colocarles una cruz: ya estás marcado, y puede que acabes cayendo algún día. Régimen es todo gobierno cuyo derribo veríamos con buenos ojos, incluso alentaríamos, incluso derribaríamos nosotros directamente. Cuando un gobierno es llamado régimen puede acabar cayéndole cualquier cosa, lo mismo una primavera que una guerra humanitaria, pasando por sanciones económicas y resoluciones de la ONU. Lo que no quita para que haya regímenes que reciben trato de aliado.

Por qué la nueva ley del aborto es inaceptable

Es una reforma machista, degradante, injusta, incostitucional, insultante, paternalista y cruel.

28/12/2013 - Javier Gallego

Dejemos de lado el interminable debate ideológico, religioso, incluso metafísico sobre el aborto. Más allá de las cuestiones irreconciliables, hay razones incontrovertibles por las que la nueva ley del aborto es inaceptable en un estado de derecho. Veamos.

Porque es una ley machista y degradante. Esta ley fulmina cualquier derecho de decisión de la madre que ya no podrá abortar nunca cuando decida libremente sino solo cuando el Estado, médicos y jueces lo dictaminen y los supuestos de violación o riesgo para su salud decidan por ella. La mujer pierde toda libertad de elección sobre su propio cuerpo. Ahora es papá Estado y los padres en el caso de que la mujer sea menor de edad, los que toman el control de su organismo. La mujer aunque sea mayor de edad es reducida a la minoría de edad legal. Queda reducida a un recipiente para producir vida. La mujer será solo una incubadora del hombre.

Porque es una ley injusta y autoritaria. Le arrebata a la mujer todo derecho sobre su cuerpo para dárselo al no nacido. Primero es absurdo que un ser que depende de ella y que es parte de su cuerpo, tenga más control sobre la mujer que ella misma. Después es intolerable. En el cuerpo de la mujer ya no manda su cabeza sino su útero y sobre su útero, el Estado. Mujer, tu vientre no es tuyo, es del gobierno. Se debe buscar un equilibrio entre los derechos de ambos pero con esta ley pasamos a darle toda la protección al concebido quitándosela a la madre.

Porque es una ley ilegal y misógina. La mujer tendrá menos derechos que una criatura que aún no tiene personalidad jurídica según el artículo 30 del Código Civil que establece el nacimiento como el momento en el que nos convertimos legalmente en personas. Es una ley ilegal. Y es misógina. La mujer queda por debajo de un ente anterior a la ley. Es menos que un ser que aún no es. La mujer no es. La mujer no existe, luego no tiene derechos. Tiene menos derechos que una no persona. El gobierno no solo es machista y relega a la mujer, más aún, es misógino y la elimina.

Porque es una ley inconstitucional e insultante. La mujer embarazada no existe como sujeto de derecho durante la gestación, solo vuelve a serlo cuando es madre. Ya lo dijo Gallardón: “La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres”. El gobierno obliga a la mujer a ser madre para que sea libre. Un oxímoron en toda regla. Para este gobierno la mujer es un ser incompleto que solo llega a ser una ciudadana completa con derechos y libertades cuando se convierte en madre (como dios manda)  y por eso hay que obligarla porque sola no es capaz de llegar a ser alguien. Otros la completan: los hijos, el esposo, la familia, el jefe, el Estado. Esta ley es una vulneración flagrante del artículo 10 de la Constitución que defiende la dignidad de las personas.

Soy tu padre

Javier Gallego - 3/12/2013

Es extraño pero la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el Consejo de Ministros, me hizo darme cuenta de que tengo una edad. Casi 40 ya. No soy ningún niño, así que me resulta muy molesto que este gobierno me trate como si lo fuera y como si él fuera mi padre. De pronto, me asqueó la sensación de sentir que unos adultos a los que tengo en muy baja estima intelectual, tuvieran la desfachatez de tratarme con la condescendencia con la que algunos mayores tratan a los pequeños. Y con alivio y mala leche pensé: “Yo ya tengo padre y no tiene la cara de ninguno de estos”.

Perdonen la brusquedad pero me he dejado la paciencia entre las páginas del BOE. Ya basta, hombre, ya basta. Quiénes son estos señoritingos para limitar mis libertades como ciudadano recogidas en la Constitución y protegidas por las leyes. Que tienen mayoría absoluta, dicen. La mayoría absoluta es solo una herramienta, no un arma ni una coartada. Además, que no les ha votado ni el 30% del censo electoral. Relativicen. No son más que unos políticos que pasaban por aquí. Y no son ustedes señores del cortijo, solo son el administrador. Recuérdenlo, que se les olvida lo más obvio.

Recuerden también que no estamos en ninguna dictadura (se supone, aunque ya lo voy dudando), así que dejen de tutelarme como si no fuera capaz de regir mis propios actos. Conozco las leyes, mis derechos, los límites, mi responsabilidad. Sé que hay leyes, Código Penal y multas que se han demostrado eficaces para que en España no haya habido grandes algaradas en las calles a pesar de las miles de manifestaciones. No necesitamos ninguna nueva ley de Seguridad Ciudadana, excepto para protegernos de gobiernos autoritarios como el suyo y de banquerzuelos, financieritos y politicuchos. Para eso sí hace falta una ley de seguridad.

Pero no necesito ninguna ley que me proteja de ciudadanos cívicos como yo. Dejen de protegernos de nosotros mismos. No necesitamos que un gobierno cuide de nuestra seguridad en la calle poniéndonos multas como un padre castiga a su hijo cuando llega a casa tarde. Para eso tenemos a los jueces, para eso ya tuve a unos padres que me educaron bien. Dejen de insultarles. Dejen de insultarme tratándome como si fuera un delincuente. 

Ya sé que esta ley solo quiere protegerles a ustedes y a sus perros de presa, pero lo único que van a conseguir es que la gente tranquila perdamos los nervios y las formas. Hasta Alfonso XIII lo comprendió como recoge Josep Pla en “El advenimiento de la República”: “Podría resistir pero la fuerza material no puede emplearse cuando no se tiene la fuerza moral”. Tratan ustedes de imponer por la fuerza lo que no pueden conseguir con razones y cuando se actúa con violencia y sin razón, se cosechan tempestades.

Cuando arrasa la mayoría

Víctor Alonso Rocafort  - 29/11/2012
En apenas dos años el Gobierno ha barrido derechos sociales y, tras afanarse este tiempo en incrementar la represión policial, ahora acomete un recorte directo de libertades fundamentales

El jueves se aprobó la LOMCE. Sólo votó a favor el PP, evidenciando su soledad en este asunto. La comunidad educativa en su conjunto, de manera inédita, así como una amplia mayoría social, le ha hecho saber al Gobierno que estaba en contra. Pero ha dado igual.

Con su aprobación este viernes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPC) ya está lanzado. En apenas dos años, el Gobierno ha barrido derechos sociales y, tras afanarse este tiempo en incrementar la represión policial, ahora acomete un recorte directo de libertades fundamentales.

En el pack represivo se pretende, además, introducir una reforma del Código Penal y una ley de huelga que "regule" los servicios mínimos. Para todo ello se escuda en la mayoría parlamentaria que posee.

Frente a todo esto, es preciso recordar que la democracia representativa moderna se concibió, precisamente, para evitar este tipo de actuaciones.

El gran experimento político de la modernidad consistió en apostar por la representación, sí, pero a la vez se trataba de no renunciar del todo a la democracia. La caída del Antiguo Régimen en Francia y la liberación norteamericana del imperialismo británico exigían que no se dejaran de lado dos asuntos fundamentales: la protección de derechos y la inclusión de algún tipo de participación ciudadana, aunque fuera cada cierto tiempo.

En todo ello latía un miedo principal: la formación de una mayoría parlamentaria que pudiera comportarse despóticamente una vez conseguido el poder. Las grandes obras de ingeniería política levantadas entonces trataron de resolver esta cuestión y, con sus aciertos y errores, han influido de forma capital en nuestros regímenes políticos.

Cuando en 1978 nos quisimos dotar de una Constitución, en lugar de apostar por un proceso colectivo que partiera desde abajo nos inclinamos por el Gran Legislador rousseauniano: un sabio –en nuestro caso, siete– que propusiera los términos de una nueva legislación a los miembros de la comunidad política.

Perlas informativas de noviembre

Pascual Serrano - 2/12/2013

Recopilación de anécdotas, manipulaciones y curiosidades aparecidas en los medios de comunicación durante el pasado mes de noviembre 

Internacional

Antonio Banderas y Chávez

Con lo que les gustan los famosos a los medios y lo poco que han informado de las declaraciones de Antonio Banderas a Ana Pastor en CNN el 3 de noviembre. Este es un fragmento de la entrevista:

"Antonio Banderas: uno tiene la sensación de que no estamos siendo gobernados por los que hemos votado. Por encima de ellos están los mercados, los lobbys... Ana Pastor: ¿Cómo rompes esa inercia? Antonio Banderas: Tú lo puedes romper como lo rompió Chávez en su momento, yo agarro esas corporaciones y las nacionalizo".

Un olvido 

El País entrevista el 8 de noviembre al exjefe de la inteligencia israelí Avi Dichter, y habla sobre Irán, Hamas, Siria y Merkel, pero se olvidaron contar que la Audiencia Nacional española lo procesó por delitos contra la humanidad.

La república bananera

El mismo día, el 13 de noviembre, leemos en El País dos noticias. Que la justicia de “Ecuador impone una indemnización de 6.400 millones de euros por los vertidos de una petrolera estadounidense en la Amazonia” y que la Audiencia de A Coruña absuelve del delito medioambiental a todos los acusados del hundimiento del Prestige y de enfangar de petróleo 2.000 kilómetros de costa. Las bananas crecen en Ecuador, pero la república bananera creo que está en España.

Mil millones

Otra noticia de dónde va nuestro dinero que debemos leer en Venezuela para enterarnos. "La OTAN está construyendo una nueva sede en Bruselas que costarán 1.000 millones de dólares"(Correo del Orinoco, 14-11-2013) .

Dan lecciones de economía

Lo leemos en 233grados.com el 14 de noviembre: "Las pérdidas de Prisa han aumentado un 519% en lo que va de año". Pues no son muy listos en economía esta gente que se pasa los días publicando editoriales sobre cómo salir de la crisis.

La violencia institucional del Gobierno del PP

Alicia Miyares - Doctora en Filosofía y docente de Secundaria - 29/11/2013

Solemos atribuir los actos violentos a un Gobierno cuando éstos son teocráticos, totalitarios y dictatoriales y, por el mismo razonamiento, solemos eximir a los Gobiernos democráticos de ejercer violencia institucional. Pero lo cierto es que este axioma político, según se van consolidando las democracias, es cada vez menos pertinente.

  

Hoy en día, la medida de una democracia es otra democracia. Un Gobierno democrático se ha de comparar con otro Gobierno democrático por las leyes que elabora, por los derechos que hace suyos, por las actitudes que promueve, por los grupos de interés que favorece, por gobernar, en definitiva, de cara a la ciudadanía o contra ella.

Así, pues, para percibir la violencia ejercida en una democracia, no hay mejor registro que tomar a un grupo, clase social o colectivo sobre el que históricamente se ha ejercido violencia y comprobar cuánta de ella se ha resuelto con la práctica democrática. Las mujeres, desgraciadamente,  pertenecemos a ese grupo social de referencia.

En el fenómeno de la violencia se reconocen tres tipos: violencia estructural, violencia cultural y violencia directa, y esperamos de los Gobiernos democráticos rigor para abordarlas y leyes para combatirlas. A su vez, el grado de erradicación de las manifestaciones violentas nos sirve a todo efecto como indicador de calidad democrática y como medida evaluadora de la acción de un Gobierno. Por ello, si un Gobierno, por dejación u omisión (cuando no, beligerancia), no actúa decididamente en contra de los tres tipos de violencia, se puede afirmar de él que ejerce violencia institucional.

A la luz de estas premisas, repasemos nuestras leyes y la acción del Gobierno del PP.

La violencia estructural se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades como resultado de los procesos de estratificación o jerarquía social, y se concreta, precisamente, en la negación de estas necesidades. De las leyes hoy vigentes, y tomando como referente al grupo de las mujeres, la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres es la que más fielmente refleja el combate contra la violencia estructural.

En ella se abordan medidas para erradicar la estratificación social y jerárquica de un sexo sobre otro en la interpretación de las normas, en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, en la política, en la educación, en las empresas, en los medios de comunicación, etc. Determina, además, cuáles han de ser las actuaciones de los poderes públicos para erradicar las desigualdades y satisfacer así las necesidades de las mujeres.

La estafa financiera más grande de la historia de Europa

Francisco Jurado - 8/11/2013

Cómo explicar de manera sencilla qué significa que la Comisión Europea esté preparando sanciones económicas a seis gigantes financieros europeos y, lo más importante, cómo hemos llegado hasta aquí: no es que el euríbor haya sido manipulado, es que, según los requisitos de nuestra legislación, directamente no ha existido.

Todo empezó en junio de 2011, con las plazas aún calientes tras las acampadas del 15M. Durante esos días, el abogado Juan Moreno Yagüe (@hackbogado) andaba revolucionado por un caso en el que tenía que defender a un peluquero sevillano en una demanda en la que Cajasol le exigía unos intereses disparatados por una pequeña deuda contraída por despiste. La gran sorpresa, me contaba entonces @hackbogado, había sido examinar las tablas que publicaba el Banco de España sobre el índice interbancario español (míbor), que se utilizaba como referencia para préstamos antes de la entrada en vigor del euríbor.

 

En sus pesquisas, Juan descubrió que desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime había muchos días en los que el míbor quedaba "en blanco", lo que, según nos explicó el Banco de España, se debía a la ausencia de préstamos entre las entidades bancarias que lo conformaban. La pregunta consiguiente era, lógicamente, si los bancos europeos también habían dejado de prestarse dinero entre ellos, estando los tipos de interés del Banco Central Europeo por los suelos.

¿Por qué son importantes esas operaciones entre bancos? Porque la legislación española, materializada en circulares del Banco de España, definía el cálculo de los tipos de interés variable como la media de los intereses a los que una serie de bancos (primero los españoles, luego los miembros de la Federación Bancaria Europea) se hacen depósitos de un año entre sí (circular 5/1994 del 22 de julio, BOE 3 de agosto de 1994 del Banco de España, modificada por la 7/1999). Se utiliza el mercado interbancario con los siguientes objetivos:

a) Que no dependa exclusivamente de la propia entidad de crédito que redacta el contrato, ni sea susceptible de influencia por ella, en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.

b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Para la objetividad del dato y la conformación neutral de la referencia, la norma exige, además, que sean al menos 12 las entidades que realicen operaciones y comuniquen los datos, y que estas pertenezcan, como mínimo, a tres países diferentes.

Asalto al Estado

8/11/2013

Con “Piratas de lo público”, Antón Losada hace una defensa sin complejos de lo público y destapa los engaños del “neoliberalismo corsario”.

El libro,  que saldrá a la venta el próximo día 14, comienza con “Asalto al Estado”, que reproducimos a continuación.

 La historia solo es la repetición cansada de unas cuantas metáforas, sostenía Borges. La economía y la política, también. Economistas, politólogos y decisores recreamos continuamente un puñado de viejas historias con la pretensión de hacerlas parecer nuevas cada vez que las volvemos a contar. Los períodos de crisis económica y recesión vuelven siempre a la lista de sospechosos habituales. Siempre acaban resultando culpa de las empresas públicas, de los trabajadores públicos, del Estado del Bienestar, de lo público, de todos. Y lo que es de todos, habitualmente acaba siendo de nadie. Ésta vez no parece diferente.

La crisis actual no resulta muy distinta a las anteriores en su dimensión más decisiva: quién la paga. Para cargar con los costes y los sacrificios casi nunca existe cambio de modelo, ni emergencia de un nuevo paradigma. Siempre acaban perdiendo los mismos. Siempre acaban ganado los mismos. Ni siquiera resulta realmente tan novedosa esta nueva realidad virtual de un planeta globalizado, retransmitida veinticuatro horas, en directo y en diferido, a través de los medios y en las redes sociales. Es la historia más vieja del mundo, digitalizada y remasterizada. Lo público resulta muy productivo para los intereses privados. Siempre lo ha sido. Solo hay que saber apropiarse de los bienes públicos encontrando la manera de que no parezcan negocios privados.

En los años sesenta, el crecimiento "desmesurado" de los servicios públicos fue declarado culpable por los adalides de la ortodoxia económica liberal. Generaba inflación y amenazaba mortalmente el crecimiento de la economía. Por eso, era mejor dejarlo todo como estaba, contener la expansión de lo público para no poner en peligro la creación de riqueza. En los años setenta, los polemistas de la Escuela de Chicago dieron por fracasadas varias veces a las políticas públicas en su intento de generar más igualdad. El pensamiento neoliberal acusaba entonces al Estado de haber llenado nuestras sociedades, mercados y dormitorios de "rigideces" y burocracias. Por eso, lo mejor era permitir que fueran los proveedores privados quienes se hicieran cargo de todo. Para que el gasto público no aplastase los grandes avances sociales logrados o acabasen asfixiados bajo el peso de la burocracia.

Durante los años ochenta, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y la Revolución neoconservadora señalaron al "insostenible" Estado del Bienestar como el mayor creador de desempleo y el máximo causante de la estanflación. Era el responsable de haber sobrecargado con expectativas imposibles a gobiernos y administraciones, hasta convertirlas incluso en temibles "amenazas" para la libertad individual. Por eso, lo mejor era privatizar y bajar los impuestos. Para que la loable búsqueda del bienestar universal no acabase creando monstruos perversos, o ahogando a los emprendedores en un mar de colectivismo estéril.

El banco malo es malo de verdad

17/10/2013 – Isaac Rosa

Hicimos muchas bromas en su día cuando supimos que iban a crear un ‘banco malo’. Nos parecía una redundancia, un pleonasmo (como decir “capitalismo salvaje”), y nos preguntábamos: si los bancos “buenos” son lo que ya sabemos, ¿cómo será un banco que presume de malo?

Nos reíamos, sí, pero el banco malo cada vez tiene menos gracia. Ahora ya sabemos que no es malo: es peor. En poco tiempo, la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria, (conocida por sus siglas de SAREB, y en los bajos fondos por su apodo de banco malo) se ha convertido en el mayor granuja financiero de España. ¿Queríais banco malo? Pues ahí tenéis, un villano de película.

En pocas palabras, el papel que cumple la SAREB es salvar el culo de la banca sin que ésta se despeine. Y para variar, lo hace cumpliendo las dos condiciones propias del mundo financiero, especialmente en España: que la banca siempre gana; y que cuando pierde lo pagamos nosotros.

Se suponía que el banco malo iba a cumplir la función que instrumentos similares han tenido en otros países: comprar activos tóxicos a precio de mercado, y a cambio los bancos se ven obligados a dar crédito por el mismo importe de aquellos activos de que se desprenden.

Pero esto es España, y si llamamos malo a un banco es porque es malo malísimo. Hasta ahora, la SAREB ha permitido a los bancos “buenos” sacar de sus bodegas toda la mierda que no tenían donde colocar y que contaminaba sus cuentas. Miles de viviendas, acabadas y a medio construir, enormes cantidades de suelo, y también préstamos irrecuperables, han salido de las carteras maltrechas de la banca para acabar en el banco malo. Más del 40% de los activos tóxicos de la banca ya son suyos.

Sobre el papel, la SAREB lo compra todo a precios más bajos de lo que decían valer en los balances de los bancos. Pero hay dudas de que el descuento esté realmente al nivel del desplome que se ha producido en los precios desde la hinchazón de la burbuja en que fueron valorados esos activos. Sobra decir con qué dinero están comprando todo ese ladrillo ruinoso: con nuestro dinero, con los más de 2.000 millones aportados por el Estado al constituir la SAREB, pero sobre todo con más de 50.000 millones garantizado por deuda con garantía del Estado. Es decir, garantizados por todos nosotros.

La segundad maldad del banco malo llega con el uso de todas esas viviendas. En un país con un problema grave de vivienda como España, la enorme cartera inmobiliaria de la SAREB podría ser la base de una política de vivienda social. Pero nada de eso: lo que hace el banco malo es deshacerse de ellas, vendiéndolas a quien quiera comprar. O más bien malvendiéndolas.

Así funciona esto

Elisa Beni - 17/10/2013

A veces parece que, cuando discutimos teóricamente sobre la perversión del sistema que supone la politización del CGPJ, perdemos la dimensión real de por qué este reparto de cromos del sistema interesa a los partidos y, sobre todo, supone una agresión a los ciudadanos.

La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, de avocar a Pleno la resolución de los recursos presentados contra la privatización sanitaria es un ejemplo de manual de cómo funciona la manipulación que el poder quiere realizar de la Justicia, que no es tan burda como para pasar por la compra/presión de los jueces sino por la utilización de los resquicios del procedimiento para obtener los fines deseados.

La privatización de la Sanidad estaba siendo estudiada por los integrantes de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con los resultados que hasta ahora hemos visto. Unos resultados que al PP y a la Comunidad de Madrid les tenían muy satisfechos. Todo quieto en apariencia, pero no duden de que han estado buscando una grieta desesperadamente, un resquicio legal, algo que permitiera intentar cambiar las tornas. La situación se ha producido cuando un nuevo recurso, de un sindicato, ha entrado en la Sección Octava y ésta lo ha rechazado. ¡Vaya!, dicen, disparidad de criterios. ¡Vaya! les digo yo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se han llevado durante años recursos atinentes a miles de asuntos, algunos graves como los de extranjería, con resultados diversos e intentos de unificación de doctrina llevados a trancas y barrancas. Héteme aquí que un recurso volandero inadmitido por la presidenta de una Sección que, según cuentan, quiere ser votada por el CGPJ para el Tribunal Supremo, permite afirmar que hay disparidad de criterios.

Es verdad que el presidente de la Sala tiene potestad para elevar el asunto a Pleno si se dan esas condiciones. Obtenidas las condiciones, obtenida la potestad. Piénsenlo bien: si el asunto te lo lleva una sección de la que una vez tras otra obtienes los mismos resultados, ¿no supone ya una opción quitarles el caso y abrir el abanico a ver qué votan 50? Eso sin contar con la "cata" previa de opinión que Martínez-Tristán habrá realizado para ver si hay posibilidades de sacar adelante la opción que él defiende. No hay presidente de un pleno que no lo sopese antes, aunque el asunto no tenga índole política, sólo para ver si puede ganarlo, máxime en este caso.

Pasa que el presidente que anda sopesando y avocando está casado con una política del Partido Popular. Más aún, con un cargo público de un gobierno del PP. Y pasa que el presidente fue nombrado y reelegido con los votos de los vocales del CGPJ respaldados por el PP. La primera parte es rara. No hay muchos jueces casados con políticos ejercientes. La segunda parte es de manual.

Los favores a los poderosos que el Gobierno oculta

Carlos Elordi - 27/9/2013

Con el seguimiento entusiasta de los medios oficiales y oficiosos y la aquiescencia de la mayor parte de los que no lo son, el gobierno está intensificando su campaña de optimismo económico. De nuevo, el ministro Montoro lidera ese esfuerzo. Sus intervenciones en la rueda de prensa que tuvo lugar en La Moncloa tras el consejo ministros de este viernes rayaron el disparate. Aunque, sentado a su lado, el titular de economía, De Guindos, dijo que, en el mejor de los supuestos, el porcentaje de parados bajará únicamente un 0,1 % al final de 2014, Montoro no dejó de repetir que hemos entrado en una nueva era, en la era del crecimiento y que a partir de ahora todos los problemas de la economía se resolverán como por ensalmo. También pregonó como un éxito que la inflación no llegará este año al 1 %, cuando los expertos coinciden en que la caída de los precios confirma que la economía está entrando en un proceso de deflación, de caída de la actividad económica, una situación de la que se puede tardar más de una década en salir.

Montoro adujo todo eso, y algunas cosas más, no menos insostenibles, para justificar el recorte de pensiones que prepara el gobierno –que, según él, quedaría en “nada” gracias al descenso de los precios- y también el presupuesto para 2014, marcado, en todos sus capítulos, y no sólo el relativo a los sueldos de los funcionarios, por la más estricta austeridad: caen los gastos en todos los frentes y no se recortan un ápice los ya altos impuestos que pagan los ciudadanos corrientes. De esto último habló poco el ministro. Y tampoco hizo referencia alguna a algo que esa misma mañana contaba el Financial Times y que tiene que ver directamente con su departamento.

Aunque el asunto ya había sido citado con anterioridad por algún medio español –sin que tuviera mayor trascendencia, como suele ocurrir con este tipo de informaciones-, el diario británico desvelaba con toda suerte de detalles que desde 1996 en España se permite la creación y funcionamiento de un tipo de empresas, las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) que son lisa y llanamente instrumentos para la evasión de impuestos. Gigantes como Exxon, Hewlett Packard, Pepsi, Eli Lilly, Anheuser-Busch o Vodafone, llevan años utilizando las ETVE para transformar los beneficios obtenidos por sus filiales en todo el mundo en dinero libre de impuestos –de los países en los que se generaron y, por supuesto, de los españoles- que trasladan a sus casas matrices. Gracias a esa figura totalmente legal, no sólo España es, de hecho, un paraíso fiscal, sino que buena parte de los capitales que en nuestras macro-cuentas figuran como “inversiones extranjeras” y que, en la práctica, son dinero de paso que aquí no rinde un duro ni crea trabajo. En efecto, según el Financial Times, la mayoría de las ETVE tienen como mucho una pequeña sede, a lo más un despacho, y un solo empleado. Y, a veces, ni eso. En 2010, más del 50 % de la inversión extranjera fue a las ETVE.

La crisis como excusa para una doctrina del shock

Olga Rodriguez - 1/10/2013

El Gobierno se sirve de la crisis para abordar un tratamiento de choque económico que nos receta descargas eléctricas de forma continuada.

A pesar de que nos presentan los recortes como inevitables, organismos como el FMI están pendientes de la reacción ciudadana en España.

Dice Naomi Klein que la estrategia de la doctrina del shock, ideada por el economista Milton Friedman y puesta en práctica por sus poderosos seguidores -desde presidentes estadounidenses hasta oligarcas rusos, pasando por dictadores del Tercer Mundo, catedráticos de universidad o directores del Fondo Monetario Internacional-, consiste en “esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las “reformas” sean permanentes”. 

El propio Friedman describió así la táctica del capitalismo contemporáneo:

“Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo depende de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. 

Chile se convirtió en el primer escenario donde se aplicó la doctrina del shock. Allí la “crisis aprovechable” fue el golpe de Estado de Pinochet y la represión impuesta por él. Aquello allanó el camino para imponer grandes transformaciones económicas en un breve periodo de tiempo. Friedman, que asesoró a Pinochet, predijo que las características de esos cambios económicos provocarían una serie de reacciones psicológicas en la gente que “facilitarían el proceso de ajuste”. A ese proceso lo llamó el “tratamiento de choque” económico. 

España: derechos humanos en retroceso y políticas neoinjustas

Economistas sin Fronteras - 25/9/2013

El autor cree que se quiere defender el interés común de la mayoría y conseguir una democracia real, es prioritario que tengamos capacidad para decidir e influir verdaderamente en las políticas que nos afectan. En este sentido, podemos aprender mucho de algunos países del llamado SUR, y comenzar una revolución ciudadana que transcienda las ideologías políticas partidistas que nos enfrentan y defienden intereses muy particulares.

A nadie le sorprende que se diga que los derechos humanos se incumplen en países como China, Corea del Norte o Siria. No causa estupor leer en prensa que gobiernos como el venezolano, el colombiano o, qué duda cabe, el cubano infringen una y otra vez las libertades de sus ciudadanos. Tampoco resulta extraño comprobar como el pueblo egipcio, el argelino o el marroquí se levantan contra sus gobiernos para reivindicar que se cumplan derechos humanos obviados durante décadas. Por el contrario, lo que sí nos resulta extraño y nos cuesta creer es escuchar que en el mundo considerado como desarrollado (en el cuál por supuesto se encuentra España) se incumplen derechos humanos esenciales para la vida de las personas. Sin embargo, en la actual España se dan multitud de atropellos contra los derechos humanos. Artículos fundamentales de nuestra Constitución que aluden directamente a derechos humanos de segunda generación (económicos, sociales y culturales) son incumplidos a diario sin que nada se haga para solucionarlo. Desgraciadamente, este fenómeno va en aumento y las autoridades públicas nada hacen para revertir la situación: más bien todo lo contrario.

Las medidas impulsadas por el actual gobierno, y por los gobiernos anteriores, están contribuyendo a que cada vez vivamos en una sociedad más desigual. Políticas presentadas como la única vía posible para crear empleo y crecer económicamente no sólo han conseguido todo lo contrario, sino que han ido aumentando la precarización de las condiciones laborales y empeorando paulatinamente la calidad de servicios públicos esenciales (educación, sanidad, prestaciones de desempleo, pensiones, etc.). Nuestros derechos humanos y nuestro bienestar social están sufriendo un grave retroceso.

Las desigualdades de riqueza no sólo se han traducido en desigualdades de acceso al empleo, rentas, formación o servicios básicos, sino que han supuesto y continúan suponiendo enormes diferencias de poder a la hora de influir en las políticas públicas. Los sectores con mayores ingresos ejercen sobre el Estado una presión decisiva a la hora de marcar el rumbo de las medidas que los gobiernos toman. Sólo así se puede explicar que leyes, impuestos, rescates, reformas fiscales, contracciones del gasto, subvenciones, privatizaciones y un largo etcétera depolíticas neoinjustas beneficien los intereses de colectivos muy particulares [i].

¿Podemos democratizar la economía?

Hagamos de la economía un espacio de empoderamiento en el cual seamos nosotros y nosotras quienes decidamos cómo queremos producir y consumir. Un espacio con una dimensión política, participativa y transformadora

Economistas Sin Fronteras - 19/8/2013

Sin duda, no es tarea fácil articular respuestas frente al ataque que las ciudadanas y ciudadanos estamos sufriendo en nuestros derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. Unos derechos y libertades a los que nos referimos en un sentido amplio, es decir, hablamos tanto de derechos y libertades individuales como de derechos económicos y sociales.

Algunas de estas respuestas se han concretado en el nacimiento y desarrollo de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las distintas mareas ciudadanas, que han realizado una labor importantísima de visibilización de aquellos puntos donde se desarrolla el conflicto: el derecho a una vivienda, la defensa de los servicios públicos, etc.

Por otro lado, en un clima en el cual se han revelado en toda su crudeza los obstáculos impuestos a la ciudadanía para acceder a espacios de participación políticos, muchas personas, colectivos y organizaciones han señalado con acierto al sistema de representación como uno de los "cooperantes necesarios" en la crisis actual. En este sentido, las respuestas pasan por conquistar esos espacios de participación, tanto a nivel estatal como, sobre todo, a nivel de la Unión Europea. Una construcción supranacional que, especialmente en materia de política económica, ha asumido importantes competencias que antes eran ejercidas por los Estados y que, en función de su arquitectura y las atribuciones correspondientes a sus distintos órganos (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia), puede adoptar decisiones sobre las cuales resulta difícil ejercer un adecuado control democrático.

Efectivamente, una de las frases más repetidas en las plazas, calles y manifestaciones es la de "lo llaman democracia y no lo es", y esta denuncia implica un debate sobre cómo hacer posible esa democracia real, esa participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre cuestiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana. En ocasiones, ese debate se establece desde planteamientos que pasan por la regeneración de las instituciones, y otras veces desde posturas que defienden un ejercicio de democracia directa con las mínimas delegaciones posibles.

Reconociendo la importancia de que exista un marco institucional desde el cual se impulsen, incentiven y doten de recursos a determinado tipo de políticas de contenido social, desde estas líneas queríamos hoy defender la importancia de la acción cotidiana de la ciudadanía como agente de cambio y, más específicamente, destacar algunas iniciativas que están alcanzando un considerable grado de desarrollo en el marco de la economía social y solidaria.