La necesaria segunda Transición

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 20 de diciembre de 2013

Este artículo define la situación existente en España y en Catalunya como el fin del periodo iniciado con la Transición española, mostrando nuevos movimientos que tienen un enorme potencial transformador.

España está viendo el final de un periodo que se inició en la Transición de la dictadura a la democracia, que ocurrió después de la muerte del dictador General Franco. Este lideró una de las dictaduras más crueles que han existido en Europa durante el siglo XX. Nunca debería olvidarse que por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el régimen fascista liderado por el General Franco cometió 10.000, tal como ha documentado el Profesor Malefakis, experto en fascismo europeo, de la Columbia University de Nueva York en EEUU. Esta dictadura se inició en 1939, cuando las fuerzas golpistas que se levantaron en el año 1936 contra un gobierno democráticamente elegido triunfaron con la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano, que proveyeron el material militar utilizado por el Ejército golpista del que la República carecía.

La brutalidad de aquella dictadura era necesaria para mantener un régimen impopular, que representaba los intereses de una minoría frente a una mayoría -las clases populares de los distintos pueblos y naciones que constituían España-. Era una dictadura totalitaria –y no solo autoritaria- que intentó imponer una ideología totalizante (es decir, que invadía todas las áreas más íntimas del ser humano, incluyendo el sexo y el lenguaje) conocida como nacionalcatolicismo, que era una mezcla de un nacionalismo imperialista asfixiante, que no reconocía la plurinacionalidad de España, y un catolicismo sumamente reaccionario, promovido por una jerarquía eclesiástica que formaba parte de aquel Estado dictatorial (los sacerdotes eran pagados por el Estado y el dictador nombraba a los obispos). No es cierto, pues, que la Iglesia se limitara a apoyar al Estado fascista. No, la Iglesia estaba mucho más involucrada en aquel régimen de lo que ahora admite. En realidad, la Iglesia era parte de aquel Estado y contribuyó a la represión, tanto ideológica como física, de aquel régimen. Muchos tribunales de la dictadura, encargados de la represión, tenían sacerdotes en su seno.

Aquel régimen fue enormemente represivo y responsable del enorme retraso económico y social de España (cuando el dictador murió, España tenía el gasto público social más bajo de Europa, con el mayor porcentaje de analfabetos en este continente). La resistencia a aquel régimen la lideró el movimiento obrero, convirtiendo a España -en los últimos años de la existencia de la dictadura- en el país europeo donde hubo más días laborales inactivos como consecuencia de huelgas, y más agitación social. Esta agitación político-social, ampliamente apoyada por las clases populares en España, fue determinante para que terminara aquel régimen dictatorial. Recordemos que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

El objetivo de los movimientos progresistas

El objetivo de aquella resistencia contra la dictadura era crear una España justa (la dictadura creó uno de los países con mayores desigualdades sociales existentes en Europa), democrática y plurinacional, en la que los distintos pueblos y naciones que constituyen España pudieran convivir voluntariamente en solidaridad, en un sistema federal. Todos los partidos de izquierda en España, desde el PSOE al Partido Comunista (que lideró la resistencia antifascista), incluyendo otros partidos, tales como los partidos anarco-sindicalistas, compartían también esta visión. Todos ellos siempre habían reconocido (y continuaron haciéndolo durante la clandestinidad) la necesidad de establecer un sistema democrático federal, en el que se incluía el derecho a decidir (que se llamaba, en sus documentos, “autodeterminación”) que tenía que tener cada nación en España (véase mi artículo “Por qué lo nacional está ocultando lo social”, en Pensamiento Crítico). Durante la dictadura, la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, y la lucha por la identidad y la autodeterminación nacional, fueron juntas, siendo las izquierdas las que lideraron estos movimientos.

Max-Neef: “Necesitamos economistas cultos”

10 de diciembre de 2013

Reproduzco aquí una entrevista al economista chileno Manfred Max-Neef que me parece del máximo interés.

Manfred Max-Neef: “Necesitamos economistas cultos”

Por Amy Goodman

Manfred Max-Neef ganó en 1983 el Right Livelihood Award, dos años después de haber publicado su libro Economía descalza, señales desde el mundo invisible. El economista comienza por explicarnos el concepto de economía descalza.

– “Bueno, es una metáfora, pero es una metáfora que se originó en una experiencia concreta. Yo trabajé alrededor de diez años de mi vida en áreas de pobreza extrema en las sierras, en la jungla, en áreas urbanas en distintas partes de Latinoamérica.
Al comienzo de este periodo estaba un día en una aldea indígena en la sierra de Perú, era un día horrible, había estado lloviendo todo el tiempo. Era una zona muy pobre y frente a mí estaba otro hombre parado en el lodo (no en el barrio pobre sino en el lodo). Y bueno, nos miramos. Era de corta estatura, delgado, con hambre, desempleado, cinco hijos, una esposa y una abuela. Yo era el refinado economista de Berkeley, que enseñaba en Berkeley, etc. Nos mirábamos cara a cara y de pronto me di cuenta de que no tenía nada coherente que decirle en esas circunstancias a este hombre, que todo mi lenguaje de economista era inútil. ¿Debería decirle que se pusiera feliz porque el producto interno bruto había subido un 5% o algo así por el estilo?
Todo esto era completamente absurdo.
Entonces descubrí que no tenía un lenguaje para ese ambiente y que teníamos que inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de la metáfora ‘economía descalza’ que, en concreto, simboliza la economía que un economista debe usar cuando se atreve a meterse en los barrios bajos. El punto es que los economistas estudian y analizan la pobreza desde sus oficinas lujosas, poseen todas las estadísticas, desarrollan todos los modelos y están convencidos de que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza.
Pero ellos no entienden lo que es la pobreza, ese es el gran problema y es también el motivo por el cual la pobreza aún existe. Esto cambió completamente mi vida como economista: inventé un lenguaje coherente para esas condiciones de vida.

¿Qué crees que debamos cambiar?
¡Oh!, casi todo. Somos dramáticamente idiotas.
Actuamos sistemáticamente en contra de las evidencias que tenemos.
Sabemos exactamente qué no debemos hacer. No hay nadie que no sepa esto, especialmente los grandes políticos saben exactamente lo que no se debe hacer. Y aún así lo hacen. Después de lo que pasó en octubre del 2008, tú pensarías que van a cambiar porque se han dado cuenta de que el modelo económico no funciona, que incluso tiene un alto nivel de riesgo, dramáticamente riesgoso. Y uno se pregunta: ¿Cuál fue el resultado de la última reunión de la Comunidad Europea? Ahora son más fundamentalistas que antes. De tal modo que lo único de lo que se puede estar seguro es que ya viene la próxima crisis y que será el doble de fuerte que la actual. Pero para entonces ya no habrá suficiente dinero. Esas son las consecuencias de la sistemática estupidez humana.

El PP no es el único culpable

Rosa María Artal - 3/12/2013 

Cuesta creer que el PP de Rajoy haya llegado a colar una ley tan regresiva como la que ha llamado de Seguridad Ciudadana. No es que no estuviéramos avisados: cinco siglos de derecha española sin regenerar ni pagar ni uno solo de sus atropellos –algunos de desorbitada gravedad– terminan por desembocar en esta locura. Pero no resulta lógico que la cadena de desmanes emprendida por el PP no encuentre contestación efectiva de quienes pueden proporcionarla: políticos, Justicia, todos los estamentos de la vida social.

Sin freno alguno, los dirigentes del PP parecen entregados a una especie de lujuria represora sádica en la que cada miembro del Gobierno envida a ver si supera al anterior. Es el nuevo Código Penal de Gallardón, la reforma laboral de Bañez, la de Mato, la ley Wert, las medidas fiscales de Montoro, el Gobierno en pleno de Rajoy y Sáenz de Santamaría. Y las cacicadas de sus ayuntamientos y Gobiernos autonómicos. Y sus parlamentarios, que se pasaron por el arco del triunfo millón y medio de firmas para una ley justa de desahucios. Y como pregonera Andrea Fabra –la hija del condenado pero poco–, que ya anticipó cuánto nos iban a joder, según sus palabras textuales.

Se da así la paradoja de que uno de los pueblos más castigados pero también más sufridos e incluso sumisos de Europa recibe la consigna adicional de que será duramente penado como se le ocurra protestar. Es que algunos lo hacen. Con extraordinaria mesura, por cierto. El 15M, como anticipo, fue calificado como el movimiento más serio y civilizado de aquellas primaveras de dignidad tan premonitorias, hace 2 años tan sólo. Así lo contaban los medios extranjeros. Asombrados. Porque en el resto del mundo nos conocen, conocen sobre todo cómo se las gasta la derecha local con poder. Se han alarmado ahora mucho. Creen algunos que con esta ley estamos en “camino a la dictadura”. No es previsible que nadie haga nada, sin embargo. Y eso es lo terrible.

Julio Anguita: "Con la Constitución en la mano, las políticas de Rajoy estarían fuera de la ley"

• "Los de la izquierda podemos hacer veinte manifestaciones al día, agitar cuarenta banderas republicanas, todo muy bonito... Pues con eso no nos comemos una rosca".
• "Para salir de la crisis hay que sacudirse el dogal del euro. Y no hay que irse de la Unión Europea, sino de la Eurozona".
• "En España hay que gobernar contra el poder. Contra Emilio Botín, contra Endesa, contra Gas Natural, contra esos".

Texto:DANIEL DEL PINO/ Foto: JAIRO VARGAS Madrid 06/12/2013 

Julio Anguita (Fuengirola, 1941) habla con la voz del político que, despojado de las ataduras del partido, de las presiones mediáticas, de la hipocresía que puede conllevar a veces ser un personaje público, parece capaz de remover la conciencia de todo un pueblo. Lo hace también con la voz de la experiencia, del haber sido siempre fiel a una idea de la izquierda, de la importancia de la mayoría social, del respeto por el valor y la necesidad de lo público.

En una más de las jornadas maratonianas que afronta desde el mes de noviembre para presentar su último libro, Contra la ceguera. Cuarenta años luchando por una utopía, atendió a Público el miércoles por la tarde en un hotel del centro de Madrid. El libro, editado por La esfera de los libros, es una especie de autobiografía con perfil de entrevista en la que ha trabajado codo con codo con el periodista Julio Flor.

En él se desgrana toda su carrera política y en él hace constar su visión de cómo debería ser la salida a la crisis. Sin tapujos, sin complejos. Con un lenguaje llano, porque como dice el que fuerasecretario general del PCE y coordinador federal de IU, "el discurso político es propuesta, es compromiso, lenguaje dulce y duro a la vez, acercarse al pueblo y a veces decirle al pueblo cosas que no le gusta escuchar". Como por ejemplo, que la Constitución se ha convertido en un papel mojado con el que PP y PSOE han hecho y deshecho a su antojo y que por eso ha perdido su sentido.

El decálogo (sarcástico) del perfecto político corrupto

José María Olmo - 8/12/2013

La corrupción ha contaminado hasta el último rincón de España, pero en los partidos políticos ha encontrado el mejor hábitat para instalarse, fortalecerse y expandirse. La crisis económica ha coincidido con el esplendor del fenómeno. Sin embargo, las acusaciones que surgen todos los días no terminan con las consecuencias penales que demanda la sociedad. Probablemente, ese sea uno de los motivos por los que, según Transparencia Internacional, ha empeorado la percepción de la corrupción y los ciudadanos consideran que esta lacra es el segundo mayor problema, según el CIS. Si alguna enseñanza está dejando la camorrización de la política es que sus máximos responsables manejan con destreza un manual que les permite escapar de la acción de la Justicia o limitar sus consecuencias. La crisis exacerbó el malestar de los votantes pero la economía va camino de la recuperación sin que se hayan producido cambios reales en la política española. Aquí va una propuesta de código anti-Justicia basado en experiencias reales. El sarcasmo como alternativa al enfado.

1. Todo es mentira. Si te han pillado robando niégalo todo. Por evidentes que sean las pruebas y difícil que te sea conciliar el sueño, la base para toda estrategia de defensa es negar los hechos. Da una rueda de prensa rodeado de tus colaboradores para defender tu honorabilidad y amenaza con demandar a todo aquel que se atreva a airear tus trapos sucios. Incluso pon alguna. Así conseguirás mayor credibilidad. Lo importante es que rechaces con la máxima contundencia posible todas las acusaciones. Seguro que convences a alguien. Si montan una manifestación en tu apoyo, mejor. Y si te sientes acorralado por las acusaciones, échale la culpa a otro. La imagen de los tesoreros de los partidos no pasa por su mejor momento. Aprovéchalo.

2. Nunca abandones tu cargo. Bajo ningún concepto permitas que las presiones de los ciudadanos e incluso de tu propio partido te fuercen a renunciar a tus responsabilidades. Debes mantener tu escaño o tu puesto en el partido hasta el último segundo. Si desapareces de la vida pública, tus contactos con los dirigentes que pueden mejorar tu situación procesal se irán diluyendo. Además, dejarás de representar un problema para tu partido y, por tanto, dejará de preocuparse por lo que pueda ocurrirte. ¿Dimitir? Nunca. Sólo hay que echar un vistazo a las Cortes de la Comunidad Valenciana o atender del ejemplo de exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Blanco. Mantuvo su escaño en contra del criterio que él mismo había mantenido siempre con los cargos políticos de los partidos de la oposición. Finalmente fue absuelto, pero antes advirtió públicamente de que no dimitiría hasta que no se abriera la fase de juicio oral. Eso fue lo que hizo. Y sigue en el Congreso.

Emergencias Concretas y Constitución

Algunos de los artículos que nuestros representantes incumplen de su tan alabada Constitución.

La Constitución se merece un respeto que nuestros políticos no le tienen; fue lo mejor que se pudo hacer en su momento para mejorar nuestro país y que hoy queda obsoleta, pero si además la incumplen, el resultado es el que tenemos ahora mismo: Corrupción, Corrupción, y más Corrupción…

No leo en la Constitución ningún artículo que avale la corrupción.
Necesita cambios para adaptarla a los nuevos tiempos, pero simplemente haciendo valer los principios que en ella se recogieron en su día, serían suficientes para evitar el saqueo al que está sometida desde su inicio.
Y aquí sí que no podemos salvar a nadie; no valen los colores ni los ideales que tengamos si queremos ser justos, porque unos son culpables por incumplirla, pero los otros por permitirlo. Todos los que nos representan son participes del deterioro al que la han llevado.

La Corrupción es el cáncer de la política. La Constitución la quebrantan los poderes públicos y los mismos políticos. Por eso necesita una revisión urgente.

O la democracia acaba con la corrupción, o la corrupción acaba con la democracia. Y es una pena, que algo tan valioso para la convivencia en un país que se le dice democrático, no se le tenga el respeto que se merece.

Olvidan una cosa los que hablan con la boca llena de ella, creen que les pertenece sólo a ellos porque son los que se sientan en los sillones que nosotros les ponemos, pero es nuestra y de todos por igual, por eso merece el respeto que no le prestan.
Algunos no merecen ni hablar con la boca pequeña de ella.

Opinión: Luis Escamilla, articulo en: http://partidox.org/emergencias-concretas-y-constitucion/

Una evaluación de las instituciones españolas con vistas a la prevención y la lucha contra la corrupción

Manuel Villoria - 27/4/2013

• Las instituciones generadas durante la Transición dificultan el control y la accountability, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción.
• Las debilidades más notables de los partidos están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización, y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción.
• Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.

Cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional que habría de regir nuestro sistema político decidieron, probablemente de forma acertada para aquel momento, que las normas deberían incentivar la gobernabilidad y desincentivar la inestabilidad. El resultado ha sido bueno, en términos de prosperidad, convivencia y justicia. Pero ha llegado, muy posiblemente, a su punto de agotamiento. Las instituciones generadas dificultan el control y la accountability de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción. Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.

La clave para la estabilidad y previsibilidad de un sistema político se entendió que pasaba por asegurar un bipartidismo. Para ello, una normativa electoral que tomara la provincia como circunscripción electoral, unida a la Ley D’Hont y un número de diputados no muy elevado, generaba incentivos para ello. Por otra parte, el control interno de los partidos y la gobernación interna de los mismos se aseguraba con un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Con estos dos elementos ya se configuraban unas bases partidistas que permitirían  disfrutar, si sus dirigentes actuaban sensatamente, de la estabilidad necesaria como para consolidar una democracia sólida y previsible. A partir de la victoria electoral, máxime si era por mayoría absoluta, el líder del partido ganador podría controlar el legislativo y el ejecutivo, pero, además, con los diseños correspondientes, podría controlar los órganos constitucionales y, algunos nombramientos clave del poder judicial. Todo ello aseguraba la gobernabilidad, es decir, la capacidad de seleccionar problemas sociales, buscar soluciones para ellos e implantarlas. Pero no incentivaba ni la representatividad democrática, ni la gobernanza en sentido moderno, hecha de implicación cívica y de sistemas de controles mucho más sofisticados.

PGE 2014: unos presupuestos que empobrecen… aquí y allí

María Eugenia Callejón. Publicado en Zona Crítica (www.eldiario.es)  el 09/11/2013

Es cada vez más evidente que los recortes en inversión social no son solo ajustes temporales en tiempos de crisis, sino que el poder político y económico está estableciendo unas nuevas “reglas del juego”

Estos días se debate en el Parlamento el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. La propuesta de Presupuestos que presenta un Gobierno, lejos de ser una cuestión meramente técnica, constituye la manifestación más auténtica de las políticas públicas de ese Gobierno. En esa propuesta se plasman sus objetivos políticos para el año venidero, pero también nos muestra cuáles son las prioridades a medio y largo plazo, y qué asuntos no lo son.

El desarrollo de políticas sociales en las últimas décadas, que había permitido a España un acercamiento a los niveles de Estado de bienestar de los países europeos de nuestro entorno, se frenó en seco cuando comenzó la crisis. Y la tendencia actual es una reversión acelerada de dichas políticas sociales que, además de alejarnos de nuevo de los países europeos más avanzados, está produciendo pobreza y desigualdades, y destruyendo derechos económicos, sociales y laborales.

La excusa, “no hay dinero”, resulta cada vez menos creíble, pues la ciudadanía observa cómo la banca engulle recursos públicos sin problemas de escasez, las grandes empresas continúan beneficiándose de desgravaciones fiscales y el gran fraude fiscal, con sus necesarios paraísos fiscales, siguen sin ser combatidos. El denominador común de estos “beneficiarios” de las políticas públicas, por acción u omisión, es el poder económico que ostentan.

Resulta, pues, cada vez más evidente que los recortes en inversión social, en las políticas que benefician a sectores mayoritarios de la población, ahora y en el futuro, así como a los vulnerables y a los excluidos, no son ajustes temporales en tiempos de crisis, sino que el poder, político y económico, está estableciendo unas nuevas “reglas del juego” (en este juego que se llama sistema económico capitalista), similares a las que organismos como el FMI llevan años imponiendo en países del Sur, en especial en América Latina: se trata de realizar ajustes estructurales que responden a una ideología neoliberal, en la que priman los intereses de los mercados sobre los derechos de las personas, con evidentes beneficios para la élite económica, pero también con evidentes consecuencias negativas para la gran mayoría, que padece un aumento de las desigualdades y mayores niveles de pobreza. A pesar del fracaso de este tipo de políticas en términos de bienestar de la población —reconocido incluso por el propio FMI—, las clases dirigentes no cejan en su empeño.

En este contexto de recortes generalizados, el gasto público destinado al Estado de bienestar ha retrocedido a niveles de hace más de una década, tal y como pone de manifiesto un revelador artículo de Ana M. Guillén y Marga León, publicado recientemente en el blog ‘Agenda Pública’ de este diario.

Y aún mayor está resultando la reversión de la política de cooperación española, que constituye también una política social del Estado, destinada en este caso a erradicar la pobreza, defender los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas en los países empobrecidos.

¿Democracia sin partidos?

7 noviembre 2013 

Antoni Aguiló – Público.es

                                         La democracia representativa como sistema de partidos competitivos en el poder se ha revelado completamente inútil para proteger y mejorar las condiciones de vida en términos de salud, educación, vivienda, trabajo y servicios públicos, lo que se ha traducido en la deslegitimación creciente del sistema de partidos debido a su complicidad con intereses económicos privados y a la adopción de políticas regresivas en lo político, social y ambiental.

Si algo tienen en común las actuales luchas por una democracia real es la reivindicación de nuevas formas de hacer política. Consignas coreadas masivamente en calles y plazas de todo el mundo, como “no nos representan”, “el pueblo unido avanza sin partido” o “no es democracia, es partidocracia” revelan un profundo malestar respecto a la democracia representativa y sus instituciones (Parlamentos, partidos, elecciones, etc.). Las primaveras árabes, Occupy Wall Street, el 15M, Que se Lixe a Troika en Portugal, el movimiento estudiantil chileno, Yo soy 132 en México y el Movimiento Passe Livre en Brasil son algunas de las expresiones más visibles de la búsqueda de  formatos participativos más allá de la política liberal. No es casual que buena parte de sus activistas repudie la presencia de banderas partidarias o rechace la vía electoral como la principal y única forma de promover la transformación social.

Si valoran la democracia, los partidos no pueden permanecer al margen de las lecciones de la calle; de lo contrario, serán superados por formas de asociación democrática más directas y horizontales. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, estas lecciones?

1) Ni apolítica ni antipolítica. Los movimientos por la democracia real no constituyen una forma de antipolítica ni una modalidad de apoliticismo. Aunque su aparición está estrechamente vinculada a la crisis y sus efectos, no se trata de un fenómeno coyuntural o de corta duración, sino del despertar gradual de un letargo político para ajustar cuentas pendientes con la democracia y el capitalismo. La crisis provoca pobreza y desigualdad, pero también genera luchas y radicalidad. La política surgida en las calles expresa la heterogeneidad de formas de lucha apartidarias que albergan la esperanza de un nuevo contrato democrático en sintonía con las necesidades y aspiraciones de la mayoría. Se trata, en este sentido, de luchas por la reinvención de la democracia.

Asalto al Estado

8/11/2013

Con “Piratas de lo público”, Antón Losada hace una defensa sin complejos de lo público y destapa los engaños del “neoliberalismo corsario”.

El libro,  que saldrá a la venta el próximo día 14, comienza con “Asalto al Estado”, que reproducimos a continuación.

 La historia solo es la repetición cansada de unas cuantas metáforas, sostenía Borges. La economía y la política, también. Economistas, politólogos y decisores recreamos continuamente un puñado de viejas historias con la pretensión de hacerlas parecer nuevas cada vez que las volvemos a contar. Los períodos de crisis económica y recesión vuelven siempre a la lista de sospechosos habituales. Siempre acaban resultando culpa de las empresas públicas, de los trabajadores públicos, del Estado del Bienestar, de lo público, de todos. Y lo que es de todos, habitualmente acaba siendo de nadie. Ésta vez no parece diferente.

La crisis actual no resulta muy distinta a las anteriores en su dimensión más decisiva: quién la paga. Para cargar con los costes y los sacrificios casi nunca existe cambio de modelo, ni emergencia de un nuevo paradigma. Siempre acaban perdiendo los mismos. Siempre acaban ganado los mismos. Ni siquiera resulta realmente tan novedosa esta nueva realidad virtual de un planeta globalizado, retransmitida veinticuatro horas, en directo y en diferido, a través de los medios y en las redes sociales. Es la historia más vieja del mundo, digitalizada y remasterizada. Lo público resulta muy productivo para los intereses privados. Siempre lo ha sido. Solo hay que saber apropiarse de los bienes públicos encontrando la manera de que no parezcan negocios privados.

En los años sesenta, el crecimiento "desmesurado" de los servicios públicos fue declarado culpable por los adalides de la ortodoxia económica liberal. Generaba inflación y amenazaba mortalmente el crecimiento de la economía. Por eso, era mejor dejarlo todo como estaba, contener la expansión de lo público para no poner en peligro la creación de riqueza. En los años setenta, los polemistas de la Escuela de Chicago dieron por fracasadas varias veces a las políticas públicas en su intento de generar más igualdad. El pensamiento neoliberal acusaba entonces al Estado de haber llenado nuestras sociedades, mercados y dormitorios de "rigideces" y burocracias. Por eso, lo mejor era permitir que fueran los proveedores privados quienes se hicieran cargo de todo. Para que el gasto público no aplastase los grandes avances sociales logrados o acabasen asfixiados bajo el peso de la burocracia.

Durante los años ochenta, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y la Revolución neoconservadora señalaron al "insostenible" Estado del Bienestar como el mayor creador de desempleo y el máximo causante de la estanflación. Era el responsable de haber sobrecargado con expectativas imposibles a gobiernos y administraciones, hasta convertirlas incluso en temibles "amenazas" para la libertad individual. Por eso, lo mejor era privatizar y bajar los impuestos. Para que la loable búsqueda del bienestar universal no acabase creando monstruos perversos, o ahogando a los emprendedores en un mar de colectivismo estéril.

La urraca ladrona

Quieren que el mundo sea el negocio de unos pocos, desde la sanidad y la educación, al cementerio, incluyendo la basura, y el aire quizá, quién sabe

Justo Navarro – 27/9/2013

Stephen King, inventor de historias de miedo, publica Dr. Sleep, segunda parte de El resplandor, una novela de 1977 que Stanley Kubrick, en su película de 1980, convirtió en fábula sobre el miedo que los niños tienen a un padre alcohólico. En la película el momento que desencadena el terror final llega cuando Wendy, mujer del escritor Jack Torrance, pobre dipsómano, descubre la novela en la que su marido lleva trabajando muchos días y noches: 500 páginas y una sola frase,“All work and no play makes Jack a dull boy” (“Sólo trabajar y nunca jugar han vuelto a Jack un tostón”), repetida maniáticamente página tras página muchas veces. No es una novela. Es un engaño amenazador.

Lo que repiten maniáticamente los gobernantes de la derecha desde hace años es que los servicios públicos son un desastre y que hay que privatizarlos en beneficio de los usuarios. Al usuario lo llaman cliente, porque el objetivo político es transformar a los ciudadanos en clientes forzosos de empresarios gestores de servicios tan imprescindibles como el agua. Quieren que el mundo sea el negocio de unos pocos, desde la sanidad y la educación, al cementerio, incluyendo la basura, y el aire quizá, quién sabe, convenientemente depurado o analizado. José Miguel Muñoz informaba hace unos días en estas páginas de cómo la vía privatizadora es dominante en los municipios andaluces en poder del PP.

El objetivo político es transformar a los ciudadanos en clientes forzosos de empresarios

Los administradores de Renfe, dependientes del Ministerio de Fomento, han decidido privatizar la gestión de parte de los aseos de la estación madrileña de Atocha. Creen que así mejorará el servicio, y lo explican: “Se pretende que el cliente perciba la importancia que tiene el cuidado de un bien público, valorándolo y haciendo un uso responsable”. Siendo palabras que parecen meditadas, medidas y razonables, demuestran una rotundidad autoritaria. La superioridad absoluta de los señores que las lanzan da por sentado que el cliente no percibe la importancia de las cosas, no sabe lo que es cuidar un bien público, no lo valora y, para colmo, lo usa irresponsablemente. La inteligencia superior del gobernante tiene que condescender a explicarse ante individuos infantilizados.