Un expolio que no tiene nombre

13/2/2016
Thilo Schäfer

La privatización de Endesa ha acabado en un fracaso rotundo del que los grandes partidos y medios no hablan

Imagínese que una empresa, pongamos que italiana, compra el Palacio Real en Madrid. Luego se lleva todos los cuadros, muebles y demás tesoros a un museo en Roma e invierte lo justo en mantener el edificio para seguir cobrando la entrada a los turistas que hacen la obligada visita al monumento. Todo esto ante el silencio absoluto del gobierno, el principal partido de la oposición y los grandes medios.

Vale, es una parábola un poco exagerada. Pero es en cierto sentido lo que ha ocurrido con Endesa, la antaño mayor empresa pública, la joya de la corona junto con Telefónica. Tras su privatización a finales del siglo pasado, la principal eléctrica del país acabó en manos de la italiana Enel, irónicamente de participación pública. La matriz se llevó todo el negocio de América Latina y buena parte de la tesorería de Endesa. En noviembre pasado, la empresa decidió que se dedicará al dividendo la totalidad del beneficio neto anual hasta 2019, que superará las inversiones, según las previsiones.

Endesa ha capeado mejor que la mayoría de las grandes empresas del Ibex-35 la tormenta que azotó a las bolsas en las primeras semanas del año. La eléctrica es lo que los inversores consideran un “puerto seguro” en la tempestad. “Ahora estamos recomendando una idea nicho: compañías que tengan prácticas monopolísticas y pricing power”, comenta Anna Garofano, analista de Diverinvest EAFI, en una entrevista con invertia.com en la que pone como ejemplo a Endesa.

Estas prácticas monopolísticas y la capacidad de subir precios sin que se resienta la demanda son obviamente muy interesantes para los inversores, pero el resultado lo pagan los consumidores. Los precios de la luz en España están entre los más altos de Europa, mientras el Estado todavía tiene que digerir el astronómico “déficit tarifario”, acumulado a lo largo de los años para compensar a las eléctricas, ya que éstas argumentaban que los precios al consumidor regulados no cubrían los costes. Mientras, millones de personas han sufrido cortes de luz porque ya no podían pagar el recibo.

“Lo que ha ocurrido con Endesa desde finales de los 80 se puede, sin ninguna duda, calificar de expolio. Endesa era en 1988, cuando empezó a privatizarse, la empresa con mayores beneficios de España, los cuales se revertían al Estado. Además permitía al sector público hacer política energética, decidiendo por ejemplo qué tipo de centrales eléctricas quería instalar, fijándose no sólo en satisfacer a sus accionistas sino en servir al interés general. A pesar de ello, se decidió venderla y ahora Endesa es parte de un oligopolio privado”, afirma José Luis Velasco, doctor en Física y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. “Una vez que alejas una empresa del control público ¿cómo impides que sus accionistas hagan lo que quieran? No es imposible, desde luego, pero es muy difícil”, añade este miembro del Círculo de Economía de Podemos.

Del control público a Enel

Rebobinamos. Endesa fue creada en 1944 y tuvo un papel fundamental en la reconstrucción económica y la electrificación del país después de la Guerra Civil. La privatización de la que en ese momento era la mayor empresa pública comenzó con el gobierno socialista de Felipe González, que sacó a bolsa un 25% del capital en 1988. El Partido Popular del presidente José María Aznar completó la privatización en dos pasos, entre los años 1997 y 1998.

Entonces, Endesa ya había empezado a invertir miles de millones en América Latina, donde “las políticas neoliberales y globales de los años 90 condujeron a la liberalización y desregulación del sector energético”, como recuerda en un artículo Rodolfo Rieznik, de Economistas Sin Fronteras. Bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se libró una batalla monumental y altamente politizada por el control de Endesa, en la que participaron la catalana Gas Natural y la alemana Eon. Finalmente, fue Enel quien, en 2009, se hizo con el 92% de la eléctrica española con la ayuda de Acciona, la empresa de servicios y construcción de la familia Entrecanales.

En 2014, Enel compró Enersis, la filial de Endesa que concentraba todo el negocio en Latinoamérica, donde era líder del mercado, por 8.250 millones de euros. La empresa italiana recuperó este dinero en seguida y de paso un poco más para reducir su abultada deuda, al repartirse un dividendo extraordinario de 14.600 millones de euros, el mayor en la historia de España. Los analistas consideraban que Enel había vaciado su filial española. “Sin potencial de crecimiento y con una estructura financiera insuficiente, en nuestra opinión, la acción deja de tener interés”, comentaba Citibank.

Poco después, Enel hizo caja otra vez al colocar en el mercado un paquete de acciones, con lo cual redujo su participación al 70%. Un juez de Madrid obligó a Endesa a incluir una advertencia en la información para los compradores interesados de este 22% de las acciones: “Endesa está controlada en un 92% por el grupo semipúblico italiano Enel, cuyos intereses pueden entrar en conflicto con los de la empresa española. Éste y otros importantes factores de riesgo, como la reducción de su crecimiento potencial y una deuda con la que antes no contaba, se recogen en el Folleto informativo de la Oferta Pública de Venta de Acciones disponible en la página web de la CNMV”.

Y hoy continúa el expolio de la eléctrica con la mayor capacidad de generación instalada del país. El Plan Estratégico 2015-2019, actualizado en noviembre pasado, garantiza un payout anual del 100%, es decir, la totalidad del beneficio neto atribuido acaba en manos de los accionistas. A la cabeza, Enel, con su 70%. Las inversiones de 4.400 millones de euros presupuestadas para este quinquenio están muy por debajo del beneficio neto previsto, que superará ampliamente los 1.000 millones al año. Uno de los proyectos principales es la instalación de nuevos contadores de luz en los 11 millones de hogares que son clientes de Endesa. Más que invertir en energías renovables, la empresa apuesta por prolongar la vida útil de sus centrales nucleares y las de carbón.

Los dueños ni siquiera disimulan para qué les sirve su filial. “Está bien tener una máquina de generar cash. Otros ya quisieran”, dijo Francesco Starace, consejero delegado de Enel y vicepresidente de Endesa, en una entrevista con la agencia Reuters en diciembre. De momento, los italianos han rechazado ofertas de compra de los fondos buitres KKR y CVC. Una posible venta, según explicó Starace, depende de la creación de un mercado europeo de energía. Mientras tanto, Enel se asegura un suculento dividendo de al menos 800 millones de euros al año.

“La liberalización progresiva del sector eléctrico. en marcha desde 1997 y completada definitivamente en 2013 con la desregulación total de la tarifa eléctrica, no ha introducido ni eficiencia ni mejores precios de electricidad. Al revés, ha recogido en tarifa el expolio y la especulación a la que ha estado sometido el sector en las últimas décadas”, escribió el economista Rieznik.

Lo curioso de este expolio, totalmente legal pero expolio al fin y al cabo, es que no generó ninguna controversia en los grandes medios de comunicación. “El tratamiento de los asuntos relacionados con grandes empresas en general, y las eléctricas en particular, es desolador”, dice Velasco, del Observatorio Crítico de la Energía. “Igual nunca ha sido maravilloso pero sin duda ha ido a peor”, añade.

Alberto Garzón coincide en esta crítica de la prensa y resalta el papel de la publicidad. El diputado de Izquierda Unida llevó el asunto de Endesa al Congreso de los Diputados en la legislatura pasada. “El Gobierno no ha hecho absolutamente nada y ni siquiera ha respondido a mis preguntas”, cuenta a La Marea. En una sesión de febrero del año pasado echó en cara el “saqueo de Endesa” al presidente Mariano Rajoy. También se lo preguntó al ministro de Economía Luis de Guindos en la comisión de economía del Parlamento sin obtener contestación. “Al salir de aquella reunión un diputado relativamente joven del PP me dijo que era un escándalo y que el Gobierno estaba indignado pero que no iba a decir nada”, recuerda el dirigente de IU. “El PSOE tampoco ha hecho nada. Cuando un partido se calla ante semejante escándalo es porque tiene intereses”, explica y apunta al infame fenómeno de las puertas giratorias.

Endesa ha sido, junto con Telefónica, el principal refugio para políticos que buscaban una jubilación dorada después de pasar por el gobierno. Entre otros cargos, por parte del PP han trabajado para la empresa Aznar, como asesor, y De Guindos, como consejero, antes de que fuera ministro. Del lado socialista destacan Elena Salgado, ministra de Economía con Zapatero, que fue consejera de la filial chilena Enersis, y su antecesor en el ministerio, Pedro Solbes, que pasó a ser consejero de la matriz Enel. Endesa también fichó a exdirigentes de Convergència i Unió, como Miquel Roca.

La disfunción del sector de la energía tras su liberalización ahora está muy cuestionada por la pobreza energética, los millones de hogares a las que las empresas dejaron sin luz por impago. Según la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), en 2012 Endesa cortó la electricidad a más de medio millón de hogares. Desde entonces, la empresa se ha empeñado en firmar convenios y protocolos con docenas de municipios y otras administraciones públicas para garantizar el suministro a los hogares con problemas financieros. La presión de la calle y la llegada a muchos ayuntamientos de las nuevas fuerzas políticas, como Barcelona en Comú o Ahora Madrid, ha acelerado estos esfuerzos. “Llevamos año y medio con todo tipo de acciones de protesta”, cuenta Mar Macías, de la APE en Granollers (Barcelona). “Finalmente, el otro día vino un gerente de Endesa. Nos dijo que le llamáramos en cuanto supiéramos de un caso y nos dejó su tarjeta”.

La pobreza energética, una de las facetas más graves de la crisis económica, fue uno de los asuntos destacados en los programas electorales de los partidos de centroizquierda en las generales del 20 de diciembre. Podemos presentó en enero su Ley 25 de Emergencia Social en el nuevo Congreso de los Diputados para garantizar el acceso a la luz, entre otras medidas. También IU propone una serie de actuaciones en este sentido. Ambas formaciones, al igual que el PSOE, abogan además por una reforma profunda del sector de la energía. IU es el único de estos tres partidos que exige la nacionalización de empresas como Endesa.

Intranquilos ante el auge de Podemos

Los inversores ya se ponen nerviosos. “Mientras que el posible pacto PP-C’s no esperábamos [sic] que tuviera un impacto muy relevante en la regulación del sector energético, el ascenso de Podemos y su eventual capacidad para decidir en la política energética podrían ser negativo para el sector en general y para Endesa (MANTENER) en particular que no tiene prácticamente exposición internacional, está expuesta a nuclear y no tiene componente de producción renovable destacada”, comentaron los analistas de Ahorro Corporación en una nota al día siguiente a las elecciones del 20-D.

Pese a la doctrina oficial que se ha implantado en España en las últimas décadas, un mayor control público de un sector clave como la energía no es cosa de radicales de izquierda. “Por ejemplo, el mercado eléctrico francés está copado por EDF y sus filiales, que pertenecen mayoritariamente al Estado, y esto hace más fácil que Francia avance hacia la transición energética, llevando a cabo las políticas adecuadas que el mercado nunca haría”, afirma Velasco, autor de Crónicas Eléctricas (Foca, 2015). En este libro, el autor recuerda unas palabras que en 1993 pronunció el fallecido Feliciano Fuster, presidente ejecutivo de Endesa entre 1984 y 1997, cuando el PP le sustituyó por el exministro de UCD Rodolfo Martín Villa: “Cuanto más elevada sea la participación privada en el sector público, mejor será, pero siempre que la titularidad y la gestión conserven el carácter público”. Los políticos no le hicieron mucho caso.

Vía: http://www.lamarea.com/2016/02/13/81862/