10/10/2014
Olga Rodríguez
No conocemos aún los detalles de cómo una auxiliar de enfermería se ha contagiado del ébola en Madrid, pero lo que sí sabemos es que se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública española.
Trabajadores de La Paz piden la dimisión de Ana Mato e Ignacio González.
A más de 800.000 personas se les niega la tarjeta sanitaria por no tener papeles, por ser familiares reagrupados o por no contar con permiso de trabajo, anulando así la cobertura universal, con el consiguiente riesgo para la salud pública. El ébola no ha llegado a través de la valla, sino traído por el Gobierno, en avión. Mientras, las políticas que recortan becas, ayudas y servicios públicos expulsan a miles de jóvenes formados al extranjero y condenan a la exclusión social y a la depresión a un sector cada vez mayor de la población.
Tenemos grandes profesionales en la atención sanitaria pública, con amplia formación y con una entrega que, tal y como están las cosas, se ha convertido ya en heroísmo. No hay más que darse una vuelta por, por ejemplo, los hospitales madrileños.
No hace mucho tuve que hacer noche en urgencias de un centro sanitario público. Pasé la madrugada en una camilla en medio de un pasillo, al lado de una mujer que agonizaba y que susurraba continuamente “por favor, quitadme este dolor, quitádmelo”. No había personal para atenderla, no teníamos ni mantas, ni almohadas, ni agua. La buena voluntad y preparación de enfermeros y médicos no era suficiente ante la escasez de medios: al mediodía del día siguiente la mujer seguía en el mismo sitio, a la espera de un cirujano y un quirófano libres. Su hijo, un hombre de mediana edad que llegó al amanecer, murmuró: “Esta es la sanidad que nos están dejando a los pobres: morir con dolor y sin dignidad”.
Lo dijo alto y claro la actriz Candela Peña hace un año, al recoger su premio Goya: “He visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros…”.
La prestigiosa revista científica The Lancet ya lo advertía hace unos meses: los recortes del Gobierno español pueden tener “graves consecuencias para la salud de la población, especialmente en relación con la tuberculosis y la infección por el VIH”.
A la vista está lo ocurrido precisamente con el hospital Carlos III, el hospital de referencia en enfermedades altamente contagiosas –ébola incluido– parcialmente cerrado hace unos meses, y con el Instituto Carlos III -encargado de los análisis- que recibe 13 millones de euros menos en los presupuestos de 2015.
El personal sanitario tiene un mayor número de pacientes que atender y, por tanto, “una mayor posibilidad de cometer errores”, como señala la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En sólo tres años se han recortado 7.267 millones de euros en sanidad, y desde 2009 hay 53.000 efectivos menos trabajando, algo que afecta a las urgencias, a la atención primaria y a los quirófanos en los hospitales.
Mientras, el sector de salud privado se convierte en un próspero negocio. En su último ejercicio conocido, la sanidad privada ingresó 6.925 millones, y un 37% de ese dinero procedía de fondos públicos.
Desde agosto personal sanitario ha estado denunciando el modus operandi aplicado para atender a los dos españoles con ébola. A pesar de que la auxiliar de enfermería ahora infectada acudió con síntomas y malestar a hacerse una prueba, no se consideró necesario su aislamiento. Ahora Sanidad reconoce que podrían haberla aislado.
La falta de algunas medidas de precaución exige de por sí la asunción inmediata de responsabilidades por parte de la ministra de Sanidad, así como la respuesta de algunas preguntas:
¿Por qué el personal sanitario no dispuso del modelo más adecuado de trajes de protección para tratar al paciente con ébola y hubo cierta improvisación, tal y como denuncian los propios profesionales?
¿Por qué el personal que atendió al enfermo regresó después, sin periodo de reserva alguno, a trabajar al hospital de La Paz?
¿Por qué a pesar de que la auxiliar de enfermería ahora afectada presentaba malestar y síntomas –fue hasta tres veces al médico y sólo le dieron paracetamol– no se consideró necesario su aislamiento y tras ello estuvo una semana entera sin ser atendida?
¿Por qué después fue atendida en el hospital de Alcorcón sin medidas de seguridad, según denuncia el personal sanitario?
¿Por qué se decidió repatriar a los dos infectados de ébola en África, si aquí existía riesgo de no contar con todas las medidas e infraestructuras necesarias, poniendo en riesgo la salud pública, y sin embargo se niega tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas que viven en nuestro país?
Las políticas actuales nos están dejando desahucios, deuda y recortes que ponen en riesgo incluso nuestra salud. Hay mucho en juego. Merecemos una atención pública universal de calidad y con dignidad. Ya sufrimos diariamente las consecuencias de las políticas de privatización que buscan el enriquecimiento de unos pocos a costa de la salud de todos.
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