Por favor, no insulten a la clase trabajadora

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 26 de diciembre de 2013

Este artículo denuncia la constante discriminación en contra de la clase trabajadora al definírsela como clase media-baja o clase baja.

El movimiento antirracista ha señalado y denunciado el continuo insulto que se reproduce en el lenguaje cotidiano utilizado por la población hacia ciertas razas y grupos étnicos minoritarios. El término “negritos” para definir a personas de raza negra es un ejemplo de ello. Bajo este término se intenta ridiculizar a un colectivo, presentándolo como inmaduro e infantil. Un tanto semejante ocurre con los términos utilizados en nuestras sociedades, dominadas por los hombres, para referirse a las mujeres de forma estereotipada, tal como han documentado autoras de sensibilidad feminista. Las denuncias de las prácticas racistas y machistas que aparecen en el lenguaje han concienciado a la sociedad de la necesidad de que se eviten las palabras ofensivas a esos colectivos sociales, sujetos de abundante discriminación.

Ahora bien, hay una enorme discriminación –promovida por las élites políticas, mediáticas y culturales del país- contra un grupo social que es incluso mayoritario en nuestros países –la clase trabajadora–, que constantemente aparece definida en el lenguaje mediático como clase baja, lo que apenas ha despertado protesta.

Incluso una periodista tan sensible al lenguaje “políticamente correcto” (en cuanto a raza y género) como Soledad Gallego-Díaz, columnista de El País, continúa utilizando el término clase baja para definir lo que es clase trabajadora. En su artículo en la nueva revista económica, Alternativas Económicas, esta autora divide a los españoles en españoles de clase alta, de clase media y de clase baja (“Frenazo al ascensor social”, 12.12.13, nº 9). Su tesis es que el ciudadano medio español (que resulta ser –según ella- una mujer de unos 43 años) está descubriendo que está pasando “de la clase media a la clase baja”. Los datos que utiliza proceden en su mayoría de los estudios del analista, también de El País, José Juan Toharia, que ha presentado datos de la evolución de las clases sociales en España, dividiéndolas en clase alta, clase media-alta, clase media-baja y clase baja. Supongo que pronto van a añadir otra categoría, que van a llamar clase baja-baja o clase bajísima. Esta narrativa aparece también en círculos políticos e intelectuales de izquierdas. Uno de los intelectuales de izquierda más conocidos en España hacía referencia a las clases populares catalanas, compuestas de clases medias y bajas (le tengo demasiada estima para citar su nombre).

España (incluyendo Catalunya) no es un país de castas

Esta transformación de la estructura de clases, definiéndola de esta manera, transforma España en un país de castas, como ocurre en ciertos Estados de la India. Y así queda redefinida la clase trabajadora como clase media-baja, clase baja y, pronto, clase bajísima.

Yo no sé como usted, lector o lectora de este artículo, le respondería a un encuestador que le parara por la calle y le preguntara: ¿Es usted de clase baja? Yo tengo que admitirle que probablemente le miraría a la cara y le contestaría “Y su madre también”. No creo que a nadie le agrade ser definido como clase baja y, por lo tanto, se debería protestar porque dicho término se utilice constantemente. Cuando se utilizan tales términos, ¿no se dan cuenta de que están insultando a la clase trabajadora?

La necesaria segunda Transición

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 20 de diciembre de 2013

Este artículo define la situación existente en España y en Catalunya como el fin del periodo iniciado con la Transición española, mostrando nuevos movimientos que tienen un enorme potencial transformador.

España está viendo el final de un periodo que se inició en la Transición de la dictadura a la democracia, que ocurrió después de la muerte del dictador General Franco. Este lideró una de las dictaduras más crueles que han existido en Europa durante el siglo XX. Nunca debería olvidarse que por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el régimen fascista liderado por el General Franco cometió 10.000, tal como ha documentado el Profesor Malefakis, experto en fascismo europeo, de la Columbia University de Nueva York en EEUU. Esta dictadura se inició en 1939, cuando las fuerzas golpistas que se levantaron en el año 1936 contra un gobierno democráticamente elegido triunfaron con la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano, que proveyeron el material militar utilizado por el Ejército golpista del que la República carecía.

La brutalidad de aquella dictadura era necesaria para mantener un régimen impopular, que representaba los intereses de una minoría frente a una mayoría -las clases populares de los distintos pueblos y naciones que constituían España-. Era una dictadura totalitaria –y no solo autoritaria- que intentó imponer una ideología totalizante (es decir, que invadía todas las áreas más íntimas del ser humano, incluyendo el sexo y el lenguaje) conocida como nacionalcatolicismo, que era una mezcla de un nacionalismo imperialista asfixiante, que no reconocía la plurinacionalidad de España, y un catolicismo sumamente reaccionario, promovido por una jerarquía eclesiástica que formaba parte de aquel Estado dictatorial (los sacerdotes eran pagados por el Estado y el dictador nombraba a los obispos). No es cierto, pues, que la Iglesia se limitara a apoyar al Estado fascista. No, la Iglesia estaba mucho más involucrada en aquel régimen de lo que ahora admite. En realidad, la Iglesia era parte de aquel Estado y contribuyó a la represión, tanto ideológica como física, de aquel régimen. Muchos tribunales de la dictadura, encargados de la represión, tenían sacerdotes en su seno.

Aquel régimen fue enormemente represivo y responsable del enorme retraso económico y social de España (cuando el dictador murió, España tenía el gasto público social más bajo de Europa, con el mayor porcentaje de analfabetos en este continente). La resistencia a aquel régimen la lideró el movimiento obrero, convirtiendo a España -en los últimos años de la existencia de la dictadura- en el país europeo donde hubo más días laborales inactivos como consecuencia de huelgas, y más agitación social. Esta agitación político-social, ampliamente apoyada por las clases populares en España, fue determinante para que terminara aquel régimen dictatorial. Recordemos que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

El objetivo de los movimientos progresistas

El objetivo de aquella resistencia contra la dictadura era crear una España justa (la dictadura creó uno de los países con mayores desigualdades sociales existentes en Europa), democrática y plurinacional, en la que los distintos pueblos y naciones que constituyen España pudieran convivir voluntariamente en solidaridad, en un sistema federal. Todos los partidos de izquierda en España, desde el PSOE al Partido Comunista (que lideró la resistencia antifascista), incluyendo otros partidos, tales como los partidos anarco-sindicalistas, compartían también esta visión. Todos ellos siempre habían reconocido (y continuaron haciéndolo durante la clandestinidad) la necesidad de establecer un sistema democrático federal, en el que se incluía el derecho a decidir (que se llamaba, en sus documentos, “autodeterminación”) que tenía que tener cada nación en España (véase mi artículo “Por qué lo nacional está ocultando lo social”, en Pensamiento Crítico). Durante la dictadura, la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, y la lucha por la identidad y la autodeterminación nacional, fueron juntas, siendo las izquierdas las que lideraron estos movimientos.

La ignorada y ocultada discriminación contra los ancianos

14 diciembre 2013

Vicenç Navarro - Consejo Científico de ATTAC España

España es el país, de los muchos en los que he vivido en mi vida –Suecia, Gran Bretaña, EEUU y España-, donde hay más discriminación en contra de los ancianos, y donde hay menos conciencia generalizada de la existencia de dicha discriminación. Está ocurriendo con los ancianos una situación semejante a la que ha venido ocurriendo con la discriminación de las mujeres, discriminación que continúa existiendo pero que, por fin, se admite que existe. Con los ancianos existe, pero todavía no se percibe o reconoce como discriminación.

Como ocurre en el caso de la mujer, tal discriminación permanecía oculta bajo el caparazón de la caballerosidad, en que  siempre se prestaba especial atención en la cultura latina a las mujeres. Se las dejaba pasar abriéndoles la puerta, y los caballeros se quitaban el sombrero para saludarlas. Las buenas maneras caballerescas eran siempre indicador del supuesto trato diferencial y deferencial hacia la mujer, en teoría, el centro de atención, atención caballeresca detrás de la cual existía y continúa existiendo una brutal discriminación.

Algo semejante ocurre con los ancianos, a los que se trata, en teoría, con gran amabilidad. En realidad, el término ampliamente utilizado para definir a los ancianos es el de abuelos, que da la impresión de estima y cordialidad. Llamar a una persona anciana desconocida con el nombre deabuelo es, sin embargo, un término ofensivo y condescendiente en extremo cuando es utilizado por personas que no tienen ningún parentesco con el anciano. Cuando mi nieto me llama abuelo me gusta. Cuando una persona desconocida en la calle me llama abuelo, me molesta. Siempre recordaré a mi padre, una persona muy representativa de la generación de republicanos que perdieron la guerra, que siempre mantuvo su gran dignidad y el orgullo de su pasado, que cuando alguien desconocido le llamaba abuelo, le contestaba “Mire usted, yo no soy su abuelo ni deseo serlo. Llámeme Sr. o Don Vicente”. Esto es lo que me pasa a mí y a millones de ancianos en este país. Y ya no digamos cuando se refieren a los ancianos como viejos, lo cual todavía se utiliza ampliamente como insulto, como puede el lector atestiguar leyendo algunos comentarios hostiles a mis artículos que aparecen en los diarios digitales en los que publico.

Es fácil ver la discriminación hacia los ancianos diariamente. Pequeños detalles saltan aquí y allá. Y como ocurre con todas las discriminaciones, los que discriminan, en su gran mayoría, ni se dan cuenta de ello, pues reproducen una cultura que es altamente discriminatoria. En realidad, los ancianos raramente aparecen en los medios de mayor difusión en los países latinos. Siempre recordaré que una de las cosas que me impresionó más favorablemente cuando viví en Suecia (siendo yo joven) fue ver que la periodista que daba las noticias en la televisión pública de mayor difusión era una mujer de avanzada edad. Nunca lo había visto ni lo he visto en España. En los países latinos, en general, los presentadores son jóvenes, y si son mujeres (reflejando el machismo de la sociedad) tienen que llevar un escote muy amplio. Y raramente se ven películas o programas de televisión que se centren en personajes ancianos. Los ancianos están ya marginados, esperando que se vayan, y algunos incluso les empujarían para que lo hicieran lo antes posible. Como dijo un ministro de Economía y Finanzas del gobierno japonés, “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda” (es decir, lo más pronto posible). Muchos economistas neoliberales lo piensan, pero no lo dicen.

La necesidad de disminuir el tiempo de trabajo

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 14 de noviembre de 2013

Este artículo analiza la necesidad de reducir el tiempo de trabajo como parte de las políticas de creación de empleo, así como componente importante de las políticas familiares y culturales del país.

Una medida que ha sido propuesta para disminuir el elevado desempleo es la de compartir el tiempo de trabajo de manera que cada trabajador trabaje menos horas por día, necesitándose así un número mayor de puestos de trabajo para realizar la misma tarea. Esta medida ya se ha experimentado ampliamente en varios países, como en Alemania, y en varias empresas (como varias cooperativas del País Vasco), evitando el despido masivo de trabajadores cuando la necesidad de producción disminuye como consecuencia de la reducción de la demanda de los productos producidos.

Una de las causas de que no se haya implantado con mayor intensidad esta medida es el enorme dominio que la patronal, y muy en especial la gran patronal, tiene en los centros de trabajo. Una de las causas de la resistencia a compartir el trabajo es que el empresario quiere evitar los costes de formación de nuevos trabajadores, prefiriendo retener a los que ya tiene y conoce, adaptando el tiempo de trabajo a sus necesidades de producción. La gran flexibilidad del mercado de trabajo en España, muy favorable para el empresario, explica que este prefiera la reducción del número de trabajadores cuando baja la producción y aumentar las horas extra del trabajador que permanece en la empresa cuando aumenta la demanda de sus productos, y por lo tanto, la necesidad de que aumente la producción.

Es interesante subrayar que el trabajador puede también ser reacio a compartir el tiempo de trabajo si ello significa que sufrirá una reducción del salario. De ahí que en varios países, como en Alemania, el gobierno permita el acceso a fondos públicos (por regla general, del seguro de desempleo) para complementar esa reducción salarial, manteniendo así su nivel de ingresos. Para el Estado es más económico hacer este subsidio complementario al trabajador que ve reducido su salario al disminuir el tiempo de trabajo, que pagar el seguro de desempleo completo en caso de que el trabajador dejara el trabajo.

Ahora bien, estas medidas, seguidas en momentos de gran recesión y elevado desempleo, no deberían retrasar la muy necesaria reducción del tiempo de trabajo manteniendo el nivel salarial. Hay que darse cuenta de que el día laboral de ocho horas no ha cambiado desde el siglo XIX, cuando se consiguió por primera vez reducir el tiempo de trabajo diario a este número de horas. Es importante subrayar que los mismos economistas neoliberales (de los cuales hay una gran densidad en los fórums mediáticos del país) que se alarman de que la edad de jubilación no haya variado desde hace algo más de noventa años (desde 1919, con el Retiro Obrero Obligatorio, hasta 2012), deseando que se retrase la jubilación, no dicen ni pío sobre el horario laboral, que no ha variado desde el siglo XIX. En realidad, la productividad se ha incrementado enormemente, permitiendo que el PIB español sea 24 veces más grande ahora que en 1900. En cambio, los salarios no han cambiado en la misma proporción. Y el horario laboral tampoco. Esta falta de cambio del horario laboral frente al enorme aumento de la productividad es un indicador del enorme poder del mundo empresarial. En realidad, John Maynard Keynes había predicho que en 2030 la gente trabajaría solo 15 horas a la semana (“Economic Possibilities for our Grandchildren”, citado en “Work-Time Reduction: Possibilities and Problems”, de Herbert J. Gans), predicción que hizo basándose en su estimación del crecimiento de la productividad. Ahora bien, lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. La reducción del tiempo de trabajo se está haciendo a costa de la reducción del salario y del crecimiento del pluriempleo para sostener el nivel de ingresos. Ello ocurre como consecuencia de la debilidad del mundo del trabajo.

Bajar salarios no es bueno

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA y en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 1 de noviembre de 2013

Este artículo muestra la falsedad de los argumentos utilizados por los economistas liberales, que acentúan la necesidad de bajar los salarios como la mejor manera de salir de la crisis actual, mediante el aumento de la productividad y de la competitividad, incrementando las exportaciones.

La revista Social Europe Journal acaba de publicar un artículo, “How Quarterly Capitalism Stifles Investment And Wages”, escrito por George Tyler, que muestra la falsedad de los argumentos utilizados por los economistas liberales que acentúan la necesidad de bajar los salarios como la mejor manera de salir de la crisis actual, mediante el aumento de la productividad y de la competitividad, incrementando las exportaciones. El autor presenta evidencia del error de este supuesto.

Para ello compara los salarios por hora de los trabajadores en EEUU con los salarios por hora de los trabajadores de los países nórdicos de Europa, los cuales son mucho más elevados que los primeros. En realidad, los trabajadores del norte de Europa reciben por hora diez dólares más que los estadounidenses, lo cual es una cifra más que respetable. Y a pesar de ello, la productividad es mucho mayor en los países nórdicos que en EEUU.

George Tyler muestra las causas de este diferencial. Una de ellas es que las empresas nórdicas invierten mucho más que las estadounidenses. Y lo mismo ocurre en cuanto a investigación y desarrollo (I+D). Las nórdicas invierten más que las estadounidenses en dicha actividad.

Otra causa del diferencial de productividad es el mayor nivel educativo de la ciudadanía (resultado de tener mejores escuelas públicas en los países nórdicos) y, dato también importante, estos países tienen mayor inversión de las empresas en el propio trabajador y mejores relaciones laborales dentro de la empresa. La participación del trabajador (individual y colectivamente) en la gestión de las empresas es mucho mayor en las empresas nórdicas que en las estadounidenses, donde tal participación es casi nula. Previsiblemente, el trabajador se siente más cómodo e identificado con la empresa en los primeros que en EEUU. La estabilidad laboral en las empresas estadounidenses es mucho menor.

Añádase a ello que el empresariado estadounidense controla no solo los salarios, sino también el nivel de beneficios sanitarios que el trabajador y su familia tienen, con lo cual, cuando el primero despide al segundo, este pierde la cobertura sanitaria de él y/o ella y de su familia. Este es el mayor sistema de control que el empresariado de EEUU tiene sobre sus empleados. El impacto disciplinario de esta medida es enorme y explica que EEUU sea el país de la OCDE que tiene menos días perdidos como resultado de huelgas y paros laborales. Tal situación no ocurre en los países nórdicos, donde los servicios sanitarios son públicos, en lugar de privados.

¿Existen clases sociales? Y ¿hay conflicto entre ellas?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 17 de septiembre de 2013

Este artículo señala la enorme importancia que las categorías como clase social y conflicto de clases tienen para entender la realidad actual.

Una característica del tiempo que vivimos es la creencia, ampliamente extendida en los mayores fórums políticos y mediáticos del país, de que las clases sociales han dejado de existir. Aunque se acepta que en periodos anteriores las clases sociales hubieran existido, hoy se cree que han dejado de existir (o han dejado de ser relevantes en el estudio del comportamiento social) debido a los dramáticos cambios que ha sufrido la estructura social. En consecuencia, términos y conceptos como burguesía, pequeña burguesía y clase trabajadora han dejado de utilizarse para definir los distintos colectivos en los que la ciudadanía se ubica. En lugar de estos términos, la sabiduría convencional ha redefinido la estructura social catalogando a la población en tres categorías: los ricos, las clases medias y los pobres.

En esta categorización, a la mayoría de la población se la cataloga como perteneciente a las clases medias, tomando como característica definitoria el nivel de renta del individuo, independientemente del origen de tal renta o de la relación que tenga con los medios que producen esas rentas. Se incluyen así en estas clases medias un amplio abanico de rentas, que van desde los que son casi ricos a los que son casi pobres, abarcando de esta manera a la gran mayoría de la población. Para probar la veracidad y certeza de este análisis, los que presentan esta redefinición de la estructura social presentan encuestas que muestran que la mayoría de la ciudadanía se define como perteneciente a la clase media. Estas encuestas, sin embargo, son poco creíbles por la manera como se hace la pregunta en dichas encuestas: “¿Pertenece usted a la clase alta, a las clases medias, o a la clase baja?”. Puesto que se asume que la llamada clase alta son los ricos y la clase baja son los pobres, la identificación de la población con la clase media quiere decir (y solo quiere decir esto) que la mayoría de la población no se consideran ni ricos ni pobres, con lo cual tal identificación carece de relevancia y valor explicativo de comportamiento social.

Ahora bien, la definición de la mayoría de la población como clase media no es inocente. Por extraño que parezca, responde a un proyecto político profundamente conservador que intenta, por todos los medios, la desaparición de las categorías de clase social de los análisis sociales científicos (que derivan de todas las tradiciones sociológicas, desde Marx a Weber) y sobre todo de la categoría de lucha de clases, categorías definidas como “anticuadas” por la sabiduría convencional que se reproduce también  entre las izquierdas. Se quiere hacer olvidar cómo el poder se genera y reproduce, que continúa basándose primordialmente, aunque no exclusivamente, en la relación que la población tiene con los medios que generan y distribuyen riqueza y rentas, así como en el tipo y condiciones de su trabajo. Las categorías de Raza y Género continúan siendo categorías de poder que nos ayudan a entender también como se genera y reproduce el poder en nuestras sociedades. Pero la categoría clase social continúa jugando un papel fundamental para entender a nuestras sociedades, así como a sus instituciones. (En un artículo reciente he mostrado como el conflicto Capital-Trabajo ha jugado un papel determinante en la crisis financiera y económica actual -“Capital-Trabajo, el origen de la crisis actual”. Monde Diplomatique. Julio 2013-).

La próxima crisis financiera internacional

6/9/2013 

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 6 de septiembre de 2013

Este artículo analiza la extensión de la crisis financiera a nivel mundial, que se está gestionando como consecuencia del enorme dominio que el capital financiero tiene sobre las instituciones públicas, tanto internacionales como nacionales.

No existe plena conciencia a nivel de calle del enorme poder que el capital financiero (es decir, la banca, los hedge funds, las aseguradoras y otras instituciones e instrumentos financieros) tiene sobre el mal llamado orden internacional. Esta situación, que aparece con toda claridad en España, donde el gobierno español actual es un mero instrumento de la banca, se reproduce a nivel internacional. De ahí que, a no ser que se cambie el sistema financiero internacional y su control y/o regulación, estamos yendo hacia una expansión de la crisis financiera a nivel mundial.

Veamos los datos. Creo que (excepto los talibanes neoliberales que todavía dominan los fórums mediáticos del país) hay una creciente percepción de que la crisis financiera la creó el comportamiento especulativo de la banca, consecuencia de su desregulación. Pues bien, debido a la enorme influencia de la banca en los gobiernos de mayor poder a los dos lados del Atlántico Norte, así como en sus establishments políticos y mediáticos, no se ha hecho nada (repito, nada) para regular y controlar tal capital financiero. En realidad, los bancos centrales más importantes, tanto el Federal Reserve Board (FRB) como el Banco Central Europeo (BCE), han estado imprimiendo miles de millones de dólares y euros para ayudar a los bancos. Es lo que se llama en inglés quantitative easing (QE).

Hay una diferencia importante, sin embargo, entre lo que ha hecho el FRB en EEUU y lo que no ha hecho el BCE en Europa. Mientras que el primero ha ido comprando, con el dinero impreso, bonos públicos del Estado, garantizando unos intereses bajos para tales bonos (protegiendo a EEUU de la especulación de los mercados financieros), el BCE no lo ha hecho, desprotegiendo a los Estados miembros de la Eurozona, a los cuales, en el caso de los países periféricos de tal zona monetaria, se les ha estado exigiendo unos intereses en sus bonos públicos que alcanzaron niveles abusivos e impagables. Esta diferencia, en la que el BCE en la Eurozona se comporta como la ultraderecha estadounidense, el Tea Party, desearía que se comportara el FRB en EEUU, es de gran importancia, y señala que la banca es incluso más poderosa en la Unión Europea que en EEUU. Ahora bien, un elemento común es que ambos bancos centrales ofrecen dinero a los bancos en condiciones muy favorables (es decir, a unos intereses muy bajos).

Y, ¿qué es lo que hacen los bancos con este dinero? La retórica oficial, que intenta ofuscar la realidad, dice que dan crédito a la familias y a las empresas, ayudando a que se invierta en actividades de la economía productiva, creando riqueza y puestos de trabajo. Si usted se cree esto, ello indica que su nivel de ingenuidad ha llegado a un nivel peligroso para usted, y también para su comunidad. Esto no es lo que ocurre en la vida real. El crédito ni está ni se le espera.

El movimiento ecologista y la defensa del decrecimiento

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 29 de agosto de 2013

Este artículo aplaude el movimiento ecologista progresista (no malthusiano), pero alerta de voces anticrecimiento que pueden significar una evolución negativa en el desarrollo de los países. Una cosa es cambiar el tipo de crecimiento, lo cual es necesario, y otra ver como necesario eliminar el crecimiento.

Desde sus inicios, el movimiento ecologista ha tenido dos vertientes o versiones. Una asume que el mayor problema que tiene la humanidad debido al deterioro del medioambiente se debe al crecimiento demográfico que, al generar el consumo de más y más recursos, llegará a determinar un deterioro total del medioambiente, que será inhabitable.

El autor más conocido de esta versión (que fue homenajeado por el gobierno de la Generalitat en 2009), que podríamos llamar malthusiana, es Paul Ehrlich que terminaba su famoso libro The Population Bomb con este párrafo “La causa más importante del deterioro ambiental a nivel mundial es fácil de ver. La raíz del problema es que cada vez hay más coches, más fábricas, más detergentes, más pesticidas, menos agua, demasiado dióxido de carbono, resultado de que hay demasiada población en el mundo”.

De esta explicación de la crisis medioambiental, Paul Ehrlich deriva su propuesta de solucionarla centrándose en controlar el tamaño de las poblaciones e intentar reducir su crecimiento. Esta versión aparece de muchas maneras y con distintos matices. Suele ir acompañada de la teoría de las limitaciones de los recursos que se están consumiendo y, entre ellos, los recursos energéticos son un ejemplo claro. La futura limitación de las fuentes de energía no renovables tiende a ser el caso citado como causa de alarma y preocupación por los autores pertenecientes a esta tradición.

La otra versión del movimiento ecologista es la que centra la causa del deterioro ambiental, no tanto en el crecimiento de la población, sino en el crecimiento de la utilización de tecnologías o sustancias tóxicas y contaminantes, que pueden sustituirse, independientemente del crecimiento de la población. Su máximo exponente es Barry Commoner que fue el fundador del movimiento ecologista progresista en EEUU y que, diferenciándose de la versión conservadora –que se caracterizó por su determinismo demográfico-, centró sus propuestas en el cambio y sustitución de los recursos y tecnología utilizados, cuestionando la inevitabilidad del deterioro medioambiental que Ehrlich consideraba como consecuencia del crecimiento demográfico. Barry Commoner mostraba la reducción del dióxido de carbono (resultado de sustituir el tráfico de mercancías por carretera por el de tráfico ferroviario, basado en la electricidad) como ejemplo de la reversibilidad del daño medioambiental. Barry Commoner no ponía el énfasis en el crecimiento demográfico sino en la utilización de productos que afectan negativamente al medioambiente y, por lo tanto, a la humanidad. La solución es encontrar sustitutivos a los productos contaminantes. La sustitución de la energía nuclear por las energías renovables como la solar es un ejemplo de ello.

¿Por qué no hay crédito disponible?

jul19

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 19 de julio de 2013

Este artículo explica las causas de que no se facilite la oferta de crédito accesible a las empresas medianas y pequeñas, como consecuencia del enorme y excesivo poder del capital financiero sobre las instituciones públicas.

La respuesta que la banca da a esta pregunta es que no hay demanda de crédito. Es decir, las empresas medianas y pequeñas y las familias no están pidiendo dinero prestado. Esta es también la réplica que el gobierno español ha estado sosteniendo. Y para sostener tal explicación señalan la baja cantidad de solicitudes de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y por parte de las familias.

Dicha explicación, sin embargo, no se aguanta ni por los pelos. El hecho de que no haya más peticiones de crédito a la banca se debe a las condiciones económicas que ésta exige, con unos intereses elevadísimos. Y una de las razones de esta situación es que a la banca no le resulta rentable dar este tipo de préstamos, que además considera arriesgados porque sabe que la población está perdiendo capacidad adquisitiva, resultado del descenso de los salarios. La banca puede y hace muchísimo más dinero comprando deuda pública a unos intereses desorbitados, que ofreciendo crédito. Y todo ello cortesía del Banco Central Europeo, su lobby particular, que le presta dinero a los bancos a unos intereses bajísimos (menos de un 1%), dinero con el que compran bonos públicos que les dan unos intereses altísimos (algo más del 6% en 2012) en el caso de los bonos españoles. Hay que reconocer que es un negocio redondo. El hecho de que los intereses de la deuda pública sean tan altos se debe a que el BCE no hace lo que debería hacer, es decir, comprar bonos públicos, protegiendo a los Estados frente a la especulación de los mercados financieros (es decir, de los bancos). En consecuencia, el Estado está recortando ahora el gasto público (incluyendo el social, como sanidad, educación y un largo etcétera) para que pueda pagar los exuberantes intereses a los bancos, y así obtener crédito. Solo este año, el Estado español tendrá que pagar una cantidad equivalente al 3,86% del PIB en intereses a la banca por haberle prestado dinero.

Lo que es escandaloso es que todos estos recortes pudieran haberse evitado fácilmente, creando una banca pública con todo el dinero que se ha pagado a la privada. Sumando los intereses de la deuda pública, más los bonos que el Estado debe vender a la banca para conseguir dinero este año, resulta una cantidad nada menos que equivalente al 19% del PIB, que el estado pagará a la banca este año. Y que no se cree un banco público se debe a la oposición de la banca, y de sus lobbies, tanto el BCE como el Banco de España, a que ello ocurra.

El impacto de la crisis en la salud y bienestar de la población española

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 15 de julio de 2013

Este artículo presenta los resultados de dos estudios de investigación, publicados en revistas científicas extranjeras, que muestran con toda claridad y contundencia los efectos muy negativos en la salud y calidad de vida de la población española que están teniendo las políticas realizadas por los gobiernos central y mayoría de autonómicos.

Dos artículos que se han publicado en revistas científicas de gran credibilidad internacional que han tenido escasa visibilidad en los mayores medios de información (orales o escritos) españoles, tienen que ver con el impacto de la crisis económica y financiera en la salud de la población española. Uno de ellos es el detallado estudio de varios investigadores (Helena Legido-Quigley, Laura Otero, Daniel la Parra, Carlos Álvarez-Dardet, José María Martín-Moreno y Martin McKee), pertenecientes a varias universidades españolas, que han analizado el impacto de estas crisis tanto en los servicios sanitarios como en la salud de los españoles. Su título es claro y contundente: “Will Austerity Cuts Dismantle the Spanish Health Care System?”.El lugar de publicación es el British Medical Journal (03.06.13), una de las revistas científicas de mayor prestigio en el mundo anglosajón.

En este artículo los autores detallan las medidas más importantes tomadas por los gobiernos españole y de las CCAA en el área sanitaria (desde los recortes hasta los cambios de los programas de formación) y sus consecuencias para el bienestar de la población. Existen datos de gran interés, como el aumento sustancial de la población, desde el inicio de la crisis, en las listas de espera (un 43% en Catalunya), o en el número de intervenciones quirúrgicas que han dejado de hacerse (un 15%), así como en una larga lista de indicadores que muestran, sin ambigüedades, que el sistema público sanitario se está deteriorando y muy rápidamente. El artículo también señala los grupos que se están beneficiando de tales recortes, incluyendo en primer lugar la sanidad privada, que (como bien señalan los autores) no goza de mayor calidad que la sanidad publica.

Pero las cifras más impactantes son las que muestran el grave deterioro de la salud de la ciudadanía. Los autores, en su revisión bibliográfica y de las estadísticas vitales y sanitarias que presentan, concluyen que el número de pacientes con el cuadro clínico de la depresión ha aumentado (desde 2007 a 2012) casi un 20%. Y las personas más vulnerables para caer en una depresión son personas adultas en paro y personas desahuciadas por no poder pagar las hipotecas. Otro indicador es el incremento de los suicidios e incluso, más impactante, el enorme aumento de los intentos de suicidio. Solo en Catalunya el incremento ha elevado la cifra de 1.953 a 2.379, solo en el periodo 2010-2011.

Por qué la deuda pública no debería pagarse

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 8 de julio de 2013

Este artículo señala cómo se ha creado artificialmente una deuda que ha beneficiado exclusivamente al capital financiero y que no debería pagarse, y todavía menos a costa de los recortes de gasto público que se están realizando.

No hay plena conciencia a nivel popular de las causas de los recortes públicos, y ello como consecuencia de la timidez de los medios de mayor difusión a la hora de enfrentarse a la banca, a la cual deben gran cantidad de dinero. En el caso de que ustedes crean que estoy exagerando, les ruego que consideren los siguientes datos. Pero antes permítanme que explique que el argumento que se utiliza para recortar el gasto público es que el Estado (tanto central como autonómico) debe dinero a aquellas instituciones financieras que se lo han prestado.

La primera pregunta es ¿Por qué el Estado tiene que prestar dinero cuando en realidad podría imprimirlo y crearlo? Hay suficiente papel en el país para imprimir tanto dinero como el Estado necesite. Esto es lo que ocurre en los países que tienen su propio Banco Central. Pero España no tiene un Banco Central. Lo que se llama Banco Central Europeo (BCE) no es un Banco Central, en realidad es un lobby de la banca como  he indicado varias ocasiones. Lo que hace el BCE es imprimir dinero y se lo presta a intereses muy bajos (menos de un 1%) a la banca privada, en teoría para facilitar el crédito. Pero el crédito no existe ni se le espera. La banca privada tiene otras inversiones mucho más jugosas que le generan mucho más dinero, como es comprar bonos públicos del Estado español, que tienen unos intereses muy altos, del 5 al 6 y al 7%. Es el negocio del siglo. Y el Estado que necesita dinero queda endeudado hasta la médula. Como reflejaba el presupuesto para este año, el Estado español tiene que pagar en intereses nada menos que 38.590 millones de euros, que es el equivalente al 3,86% del PIB, una cantidad mayor que la de los recortes de gasto público en los servicios públicos del estado del bienestar (como sanidad y educación) que están haciendo tanto daño.

Pero la cosa es incluso peor. Las instituciones financieras poseen bonos públicos (que generan los intereses) y estos bonos tienen un periodo de expiración que el Estado tiene que pagar cuando termina el plazo. Pues bien, cuando se suman estas cifras (la de los bonos que expiran este años) a las anteriores, resulta que el Estado tiene que pagar este año un total equivalente a nada menos que un 19% del PIB. Esta es la cantidad que el estado tiene que pagar este año a las instituciones financieras (calculado por Eduardo Garzón en su blog).

¿Y quiénes son estas entidades? Pues la banca española es la que tiene el 38,74% de la deuda pública y la extranjera (en la que domina la alemana) tiene el 37,29%. Y a ellos va el dinero que se consigue a base de recortes. ¿Lo entienden? Naturalmente, la gente se enojaría si supiera esto. Y de ahí la creación de todo un aparato mediático para que la gente no se entere y acepte el argumento de que hay que recortar su sanidad, sus pensiones y una larga lista de transferencias y servicios públicos para que disminuyan el déficit y la deuda pública y así se dé confianza a los mercados financieros (es decir, a la banca) para que estos mercados les presten dinero al estado de nuevo. Hay toda una serie de instrumentos que promueven esta visión de la realidad, desde los mayores medios de desinformación a centros de estudios económicos como Fedea, financiada por la banca, la misma banca que aparece en los asuntos comerciales como la gran cuidadora del bienestar de la ciudadanía.

La ciudadanía comienza ya a ver que todo es una farsa, que se reproduce con la complicidad de la clase política gobernante y los medios. En realidad, es un problema de fácil solución, que consiste en que el Estado no tenga que pedir prestado a la banca privada, creando su propio Banco Central. De hecho, si España hubiera tenido su propio Banco Central, la deuda pública española sería en lugar del 84% del PIB, el 30%. ¿Se dan cuenta?

Vía:http://www.vnavarro.org/?p=9247

¿Quién promueve la bajada de salarios?

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 3 de julio de 2013

Este artículo señala que muchas de las fuerzas que han sido responsables de las crisis financieras y económicas que España está experimentando son las mismas que están promocionando la bajada de salarios.

Existe una avalancha ideológica, procedente de los mayores centros de reflexión próximos a la banca privada y a la gran patronal (tales como Fedea, financiada por grandes bancos y grandes empresas) que están presionando para que bajen los salarios como medida para incrementar la competitividad de la economía española, favoreciendo las exportaciones cuyo crecimiento sacará a España de la recesión. Este es también el mensaje que están promoviendo el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y, como no, el Banco Central Europeo y el Banco de España. Dicho mensaje es, predeciblemente, reproducido por los mayores medios de información del país, tanto públicos como privados, tanto orales como escritos.

Y también, como era de esperar, se reproduce en círculos económicos próximos a la socialdemocracia, aun cuando su presentación y narrativa tiende a variar. En estos círculos el mensaje que se transmite es que hay que ser valiente y atreverse a hacer las reformas que el canciller socialdemócrata Schröder hizo en Alemania, que permitieron a la economía alemana salir de su crisis a partir del aumento de sus exportaciones. El economista en esta órbita socialdemócrata que más ha enfatizado este mensaje es el profesor Josep Oliver, aunque no ha sido el único. En realidad, son muchos en esta órbita que lo piensan pero muchos no se atreven a decirlo.

Las consecuencias de esta política

He escrito críticamente y extensamente sobre las reformas que Schröder realizó en contra del parecer de su Ministro de Economía y Finanzas, el Sr. Oskar Lafontaine, quien (en contra de la postura adoptada por el primero, que quería basar la recuperación de la economía alemana en el crecimiento de las exportaciones) quería basar dicha recuperación en el aumento de la demanda doméstica. Perdió Lafontaine y ganó Schröder, el cual hizo unas reformas encaminadas a reducir los salarios, diluir la protección social y debilitar a los sindicatos. Las consecuencias en el bienestar de las clases populares fue devastador. Una cifra recoge esta situación: alrededor de la mitad de hogares alemanes no pagan impuestos sobre la renta por ser demasiado pobres para hacerlo. El mercado de trabajo alemán está claramente deteriorado. Y esto es lo que se está proponiendo para España, con el agravante (de una enorme importancia) de que los sindicatos en España son más débiles que los sindicatos alemanes, y como consecuencia no hay en España un sistema de cogestión en las empresas como el que ha jugado un papel determinante en el bajo desempleo en aquel país, resultado de la distribución y reducción del tiempo del trabajo, en lugar del despido.

Los supuestos que apoyan esta postura

Fedea y los que sostienen la necesidad de bajar los salarios para aumentar la competitividad de la economía española y aumentar las exportaciones asumen que para que el consumidor alemán compre, por ejemplo, más vino o aceite español, hay que bajar el precio de estos productos a base de reducir los salarios de los trabajadores que los producen. Veamos la evidencia que apoya esta tesis.

¿Es España una democracia? El caso de las pensiones

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 12 de junio de 2013

Este artículo denuncia la avalancha ideológica que se reproduce en los medios de mayor difusión a favor de la reducción de las pensiones en España. El artículo documenta la falta de diversidad en los cinco rotativos de mayor difusión de España en su cobertura de la sostenibilidad de las pensiones públicas, promoviendo puntos de vista catastrofistas presentados por las instituciones financieras que favorecen la privatización de las pensiones.

A  primera vista esta pregunta parece una provocación. Dudar de que España sea una democracia parece reflejar una ignorancia acerca de lo que es una dictadura. Y los que hemos vivido y sufrido una dictadura podemos atestiguar que España hoy no es una dictadura. Ahora bien, tampoco es una democracia homologable a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tienen un desarrollo económico semejante al español. Y uno de los indicadores más significativos de lo que digo es lo limitadísimo que es el espectro ideológico en los medios de mayor difusión, sean estos públicos o privados. Veamos un ejemplo.

Hace unos días se publicó un informe de una Comisión llamada de Expertos, que fue nombrada por el gobierno del PP con el objetivo de hacer recomendaciones que, en teoría, pudieran garantizar la solvencia de las pensiones públicas en España. Esta Comisión estaba integrada en su mayoría por profesionales próximos a las Compañías de Seguros Privados y a la Banca (9 miembros de un total de 12), instituciones financieras que tienen un gran interés en privatizar las pensiones a base de reducir las pensiones públicas. En cualquier país con mayor cultura democrática, habría una protesta, expresada entre otros fórums, en los medios de mayor difusión, denunciando el claro conflicto de intereses entre dichos profesionales y el objetivo asignado a la Comisión, que era hacer un estudio objetivo de la situación, para mejorarla. Este objetivo estaba claramente en conflicto con los intereses de las Compañías de Seguros y de la Banca que aquellos miembros de la Comisión representaban. Ni que decir tiene que esta representatividad no era formal. Pero su dependencia de las instituciones que habían financiado sus trabajos les hacía vulnerables y sospechosos de una falta de neutralidad e imparcialidad. En realidad, todos ellos eran conocidos por sus posturas favorables a las tesis de las Compañías de Seguros y de la Banca, lo que explica que el informe pudiera haberlo escrito la propia asociación de Compañías de Seguros (de las cuales recibían dinero) o de la Banca (de la que también recibieron fondos). Todo era muy predecible.

En un país democrático esto hubiera sido objeto de denuncia en los medios de información. No ha sido así en nuestro país. Todos estos medios continuaron refiriéndose a la Comisión como “Comisión de Expertos”, ignorando que tales medios tienen entre sus objetivos (al menos en teoría) la vigilancia del Estado y crítica de sus comportamientos antidemocráticos. Referirse a tal Comisión como de Expertos, es darles una legitimidad que no se merecen.

¿Nos gastamos más de lo que tenemos?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 14 de junio de 2013

Este artículo cuestiona el argumento de que en España nos estamos gastando más de lo que tenemos, aportando datos que demuestran su poca credibilidad.

Una de las frases que los establishments políticos, financieros y mediáticos remarcan constantemente es que “nos estamos gastando más de lo que tenemos”. De ahí que se nos diga por parte de estos establishments que hay que ser más austeros, a fin de ahorrar y devolver el dinero que habíamos pedido prestado y gastado. Hasta aquí el dogma y la sabiduría convencional repetida día tras día en los mayores medios de difusión, dogma que se promueve para justificar los recortes de gasto público y, muy en particular, del gasto público social.

Este dogma, sin embargo, carece de credibilidad. Y los que lo están promoviendo son conscientes de ello. De ahí que tengan un gran temor a que aparezcan y se escuchen voces críticas en los medios de información de mayor difusión que muestren los datos que cuestionan sus argumentos, demostrando su falsedad. Y puesto que tienen una enorme influencia sobre tales medios de información, evitan que esas voces críticas aparezcan en esos medios. En realidad, la evidencia empírica existente permite muy fácilmente señalar no solo la falsedad de esos argumentos, sino también la motivación existente detrás de los recortes. Veamos los datos, comenzando por el argumento de que no tenemos dinero para gastarnos, por ejemplo, en nuestro ya subfinanciado Estado del Bienestar.

España, incluyendo Catalunya, no es pobre. Todo lo contrario. España es ya casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15, que es el grupo de países más ricos de la UE. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y Catalunya es incluso más rica: su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, tanto España como Catalunya se gastan mucho menos en su Estado del Bienestar que el promedio de la UE-15. El 74% en el caso de España, y el 72% en el caso de Catalunya. Es decir, el gasto público social (que incluye el gasto en transferencias públicas –como las pensiones- y en servicios públicos –como sanidad, educación, servicios sociales, entre otros-) por habitante en España y en Catalunya es sólo el 74% y el 72% del gasto público social por habitante promedio de la UE-15. En realidad, si España se gastara en su Estado del Bienestar lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene, España se gastaría 66.000 millones de euros más al año, y Catalunya 19.600 millones. Este dinero existe en España y en Catalunya. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. En realidad, tanto España como Catalunya tienen los ingresos al Estado (tanto central como autonómico) más bajos de la UE-15. Y ello como consecuencia de que tanto el Estado central como la Generalitat de Catalunya ingresan muy poco. Y ahí está el problema. No es, pues, que nos gastemos más de lo que, como país, tenemos, sino que ingresamos al Estado (central y Generalitat) menos de lo que tenemos. Y de esto casi nada aparece en los medios de mayor difusión. ¿Por qué?

Los recortes de las pensiones no son inevitables

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de junio de 2013

Este artículo critica los supuestos que sostienen la tesis de que el sistema de pensiones público necesita unas reducciones de sus beneficios a fin de garantizar su viabilidad. El artículo señala que no es la transición demográfica la que está cuestionando tal viabilidad, sino la distribución de las rentas a favor del capital y a costa de las rentas del trabajo que explica que aquellas actividades, como las pensiones, que derivan primordialmente de las rentas del trabajo estén experimentando una disminución de sus ingresos.

El mensaje que se está transmitiendo con gran intensidad en los medios de mayor difusión en Catalunya y otras partes de España es que los recortes de las pensiones son inevitables, mensaje que recuerda mucho al que se ha estado transmitiendo estos años sobre la inevitabilidad de los recortes. En la cultura económica dominante, los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social (sea este en forma de transferencias o de servicios públicos del Estado del Bienestar), son inevitables y necesarios para salir de la crisis y para “salvar” al Estado del Bienestar. El abanico de esta sabiduría convencional abarca desde los economistas ultraliberales (que todos sabemos quiénes son por su gran prominencia en los medios televisivos) a los socioliberales o socialdemócratas afines a la Tercera Vía, muy influyentes en el socialismo español y catalán. Incluso Josep Oliver, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, economista al cual tengo gran respeto y estima y que fue influyente en el diseño de las políticas económicas del Tripartito, ha estado escribiendo artículos de apoyo a las políticas de austeridad (negando incluso que existieran, refiriéndose al crecimiento de la deuda pública como muestra de su inexistencia) y de apoyo a los recortes de las pensiones en un artículo titulado significativamente “Los inevitables recortes en pensiones” en El Periódico. 08.06.13, el rotativo que publica el mismo día y en el mismo número un editorial, “La revisión de las pensiones del futuro”, de apoyo a la reducción de las pensiones. Este rotativo no ha publicado artículos que cuestionen las tesis catastrofistas que están detrás de la supuesta necesidad de recortar las pensiones.

Veamos primero los datos que se aportan para sostener la tesis de que las pensiones tienen que recortarse inevitablemente, tomando los que utiliza el Profesor Josep Oliver en su artículo. De una manera representativa de aquellos (la mayoría) que consideran que la raíz de la supuesta insostenibilidad es la transición demográfica, Josep Oliver (a partir de ahora J.O.) indica que el punto débil de la sostenibilidad es que el número de personas en edad de trabajar (16 a 64 años) bajará de los 30.7 millones actuales a 20.8 millones a mediados de siglo, es decir en 2052, mientas que la población anciana (más de 65 años) habrá aumentado de 8 a 15 millones en el mismo periodo. Y ello dentro de un contexto de disminución total de la población que caerá de 46 a 41,5 millones, con lo cual, el porcentaje de gente anciana (de más de 65 años) pasará a representar del 17,4% en el año 2012 a un 36,6% en el 2052, situando a España entre los países más envejecidos del mundo, sino el más envejecido. Creo haber resumido bien las tesis de J.O. y de los catastrofistas basadas en la transición demográfica, que todos ellos concluyen que hacen inevitables las reducciones de las pensiones, subrayando que los gobiernos –incluido el español y el catalán- puedan hacer muy poco, al menos a corto plazo, para evitarlas. Se llega así a un determinismo demográfico que anula la voluntad política.

La falta de autocrítica en el socialismo español

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 24 de mayo de 2013

Este artículo analiza las causas del declive electoral y popular del Partido Socialista Obrero Español que se basa en la continuidad en el equipo de dirección de tal partido de personas del gobierno socialista anterior, responsable de las políticas altamente impopulares de austeridad y recortes. El artículo indica que la continuidad de este equipo es responsable del continuo declive de tal partido.

El apoyo popular al PSOE ha decaído de una manera muy notable. Y continúa decayendo. Uno esperaría, por lo tanto, una reflexión colectiva dentro del Partido para encontrar las causas de este declive y poder tomar decisiones que permitan resolver el problema. En realidad, las causas del declive no son difíciles de encontrar. Se me dirá que son muchas las causas y que no siempre son fáciles de ver. Así se me ha dicho en repetidas ocasiones. Sí, es cierto, no es sólo una causa la que explica que el PSOE esté descendiendo, pero hay causas que son muy fáciles de ver, pues su importancia ha sido clave para explicar el descenso. Y estas causas son las políticas públicas de austeridad, que significaron un giro muy notable de las políticas sociales, con grandes recortes en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. Estas políticas respondieron a la incorporación en el ideario del PSOE del pensamiento liberal centrado en su equipo económico y que impuso unas decisiones fiscales, laborales y sociales que tuvieron un coste electoral elevadísimo. En realidad, los gobiernos Zapatero estaban saturados de economistas de conocida inclinación liberal (Pedro Solbes, Jordi Sevilla, Miguel Sebastián, David Taguas, Elena Salgado…) que habían expresado todos ellos su satisfacción de haber colocado a España como la discípula aventajada de la escuela liberal (en realidad neoliberal) que dominaba la gobernanza de la Unión Europea. La única diferencia entre ellos era el grado de neoliberalismo (ver mi crítica del pensamiento económico dominante en el gobierno Zapatero en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Editorial Anagrama. 2006). Esta realidad era conocida (y fue denunciada, en ocasiones, por los sindicatos) y sujeto de protesta (a muy baja voz) por parte de las izquierdas dentro del PSOE. La máxima expresión de este neoliberalismo en el gobierno Zapatero fue el cambio de la Constitución, hecho en cuestión de días, que obligaba al Estado a tener un déficit casi cero (lo cual condena a España a continuar a la cola de la Europa Social).

Como era de esperar, estas políticas se presentaron como las únicas posibles, argumento poco creíble a la luz de los datos. El gobierno Zapatero congeló las pensiones intentando ahorrar 1.200 millones de euros. En realidad, podría haber conseguido incluso más manteniendo el Impuesto de Patrimonio (2.100 millones de euros), o anulando las rebajas en el Impuesto de Sucesiones (2.552 millones de euros) o revirtiendo la bajada de impuestos a las rentas superiores que había ocurrido como una consecuencia de las rebajas de impuestos del 2006 (2.500 millones de euros) siguiendo el eslogan promovido por el Sr. Zapatero de que “bajar los impuestos es ser de izquierdas”. Había alternativas, tal como documentamos Juan Torres, Alberto Garzón y yo en el libro Hay alternativas: Propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Editorial Sequitur. 2011.

Lo que no se dice sobre Bangladesh

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Cuando usted vaya a comprarse una camisa o cualquier producto textil, mire donde está hecho el producto. Verá que la gran mayoría procede de países mal llamados pobres (en realidad tienen grandes cantidades de recursos, por lo general, controlados por intereses financieros y económicos extranjeros) donde los seres humanos que los producen viven y trabajan en condiciones misérrimas. Uno de ellos es Bangladesh. Este país es sumamente rico. Su tierra, extremadamente fértil, puede producir suficiente alimento para poder satisfacer las necesidades nutritivas de una población veinte veces superior a la actual. Y a pesar de ello, la mayoría de la población, y muy en particular la que vive en las zonas rurales (82%), que constituye la mayoría, está malnutrida, con amplios sectores experimentando hambre. En realidad, Bangladesh es considerado, junto con Haití, el país más pobre del mundo, lo cual quiere decir que es el país que tiene un mayor porcentaje de población pobre, a pesar de que los datos muestran que Bangladesh (así como Haití) tiene los recursos para salir de la pobreza (ver “Cólera en Haití”, El Plural, 16.12.12; y “Continúa el escándalo del cólera en Haití” Público, 27.02.13).

No es, pues, la falta de recursos la causa de su pobreza, sino el control de estos recursos. El 16% de los propietarios de tierra controlan el 60% de toda la tierra, la cual cultivan para producir alimento que se exporta a los países llamados “desarrollados”. Esta casta de terratenientes se alía y está al servicio de compañías agropecuarias extranjeras que dirigen la explotación de la tierra (es decir, lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye).

Esta estructura productiva es la que se reproduce por un sistema político que teóricamente se define como democrático y representativo: tiene incluso pluralidad de partidos políticos y elecciones parlamentarias. Este sistema, sin embargo, está influenciado enormemente por el bloque de poder financiero-económico-político constituido por los grandes terratenientes del sector agrícola, que son los que en realidad gobiernan aquel país. Esta enorme concentración de la propiedad de la tierra crea una enorme pobreza. Y la gran mayoría del alimento que se produce se consume fuera del país.

La insensibilidad moral de la Iglesia Católica

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 2 de mayo de 2013

Este artículo critica el silencio ensordecedor de la Iglesia Católica frente a las políticas seguidas por los gobiernos conservadores españoles (incluido el catalán), próximos históricamente a esta institución, que están dañando el bienestar de las clases populares. El artículo contrasta este comportamiento con el de la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña , que ha criticado duramente las políticas públicas del gobierno conservador británico.

No existe plena conciencia en España del enorme conservadurismo de las máximas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica en nuestro país, resultado de su histórica alianza con las fuerzas ultraconservadoras que han dominado al Estado español en los últimos setenta y cinco años. Y quisiera aclarar que cuando hablo de la  jerarquía española, incluyo también a  la catalana y a la vasca que, aún siendo más sensibles hacia el carácter plurinacional del Estado español, continúan siendo insensibles hacia el bienestar social de las clases populares, limitando su acción a la labor asistencial de carácter caritativo, la cual, sin desmerecer su valor para sectores muy vulnerables de la población, no afecta al bienestar general de la mayoría de la población, seriamente afectada por las políticas públicas de austeridad del gasto público del Estado español (tanto el central como las CCAA). Los recortes de gasto público social  que caracterizan a estas políticas públicas de austeridad contribuyen  en gran medida al deterioro de la calidad de vida de la población. La falta de crítica de la Iglesia Católica hacia estas políticas públicas promovidas ahora por los gobiernos conservadores que están debilitando enormemente las transferencias (como las pensiones) y los servicios públicos (como sanidad, educación y servicios sociales del Estado del Bienestar) es sorprendente en una institución –como la Iglesia Católica- que se presenta como promotora de la moral individual y colectiva de una sociedad. El énfasis en la caridad, en ausencia de una preocupación por la justicia y la equidad, suena a una incoherencia próxima al escapismo y cercana al oportunismo.

Su aparente preocupación por los síntomas –la pobreza-  con deliberado olvido de sus causas –la injusticia y explotación social- es una muestra de una moral oportunista, afín a las estructuras de poder responsables de la pobreza. Hoy el deterioro del bienestar de la población se está generando mediante unas intervenciones públicas que sistemáticamente apoyan a unos sectores y clases sociales a costa de otros. La evidencia de ello es abrumadora.

De ahí que, comparando el silencio ensordecedor de las autoridades eclesiásticas frente a estas políticas públicas con la protesta activa y contundente frente a las políticas que facilitan el aborto y permiten la homosexualidad, parezca lógico concluir que la jerarquía eclesiástica tiene una gran preocupación (que alcanza niveles casi de obsesión) por los derechos de los que no han nacido todavía (en su lucha, por ejemplo, contra el aborto) y en cambio muestra una desatención hacia los derechos de los que ya han nacido.

El desastre económico actual era predecible

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL y en el diario PÚBLICO, 26 de abril de 2013

Este artículo señala que la crisis tan profunda de la economía española (incluyendo la catalana), con el des empleo mayor que haya existido hasta ahora, era fácilmente predecible, como alertamos algunos autores ya desde el inicio de la crisis. Las políticas neoliberales con recortes del gasto público, incluyendo el social, y disminución de los salarios, están creando un problema enorme de falta de demanda doméstica, que no puede resolverse a base de mayor endeudamiento, resultado de la carencia de crédito, este último consecuencia, a su vez, de la enorme concentración de las rentas de capital y su excesivo crecimiento a base de inversiones especulativas.

Unos pocos hemos estado diciendo desde que se inició la crisis que las políticas públicas que se están aplicando durante estos años de recesión son profundamente erróneas y están llevando a los países de la Unión Europea (y muy en especial a los países de la periferia de la Eurozona) al desastre. Como era predecible, los hechos que están ocurriendo, con el mayor incremento del desempleo conocido hasta ahora, están mostrando que, por desgracia, llevábamos razón.

En realidad, el problema con el que nos enfrentamos es fácil de entender y de resolver. Hoy el sector privado de la economía está paralizado o en declive debido a la falta de demanda y a la escasez de crédito para que las empresas y las familias puedan invertir y/o consumir. La evidencia de ello es clara, robusta y abrumadora. Ante esta situación, el único sector que puede estimular y hacer crecer de nuevo a la economía es el sector público. Así se salió de la Gran Depresión a principios del siglo XX en EEUU y en Europa. En EEUU, la Administración Roosevelt aumentó la inversión y el gasto público de una manera muy notable, acentuándose incluso más con el inicio y posterior desarrollo de la II Guerra Mundial. En Europa fue este mismo conflicto el que creó un gran aumento del gasto e inversión públicos, que resolvió el problema de la Gran Depresión.

Algo parecido ocurrió después de la II Guerra Mundial cuando se creó una Gran Recesión que fue resuelta mediante una gran inversión y crecimiento del gasto público, estimulados por el Plan Marshall. Y ahora, cuando estamos ya en Recesión, camino de la Depresión, en lugar de aumentar la inversión y el gasto público, los gobiernos de los países de la Unión Europea, y muy en particular los periféricos de la Eurozona (incluyendo España), que tienen mayores dificultades, están recortando el gasto público, lo cual es una enorme estupidez (y no hay otra manera de definirlo).

Fraude en el pensamiento económico dominante

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 19 de abril de 2013

Este artículo señala el fraude en el trabajo de investigación económica que ha tenido mayor influencia en los establishments financieros de la Unión Europea y de Estados Unidos en la configuración de sus políticas de austeridad y recortes de gasto.

La enorme y excesiva influencia de la industria farmacéutica en la cultura médica es un hecho ampliamente conocido que explica las medidas tomadas por la sociedad, a través de sus Estados, para proteger al ciudadano del impacto que tiene tal influencia en las prácticas prescriptivas de los médicos. Así, los médicos deben indicar explícitamente si reciben dinero o no de las empresas farmacéuticas, exigencia que adquiere especial importancia cuando tales médicos y/o investigadores sanitarios publican artículos en revistas científicas, señalando el posible conflicto de intereses entre la objetividad científica que se espera de cualquier científico y los intereses económicos de la empresa farmacéutica que financia al investigador y que intenta beneficiarse del sesgo de trabajo científico de su investigación. El programa de la Sexta, Salvados, de Jordi Évole, detalló recientemente el peligro que tal influencia tiene para el ciudadano.

Pues bien, una situación casi idéntica ocurre en el conocimiento económico. La banca tiene una enorme y excesiva influencia en la comunidad académica y/o investigadora económica, pues es, de mucho, la entidad que financia más estudios, conferencias, revistas y encuentros económicos. En realidad, la cultura hegemónica económica está configurada en gran manera por la banca en España. La evidencia de ello es abrumadora.

Como resultado de ello, las creencias existentes en los mayores fórums económicos reflejan los intereses de la banca, aún cuando nunca se presente en estos términos. Se ha desarrollado en el conocimiento económico una narrativa que habla de la santidad de la estabilidad financiera, de la rectitud de la disciplina fiscal, de la urgencia e importancia de reducir el déficit y la deuda pública, y así un largo etcétera de creencias y ortodoxias basadas en fe y no en evidencia científica. Ni que decir tiene que la realización de tales principios favorece claramente los intereses de lo que se llama el capital financiero.

Esta influencia, por cierto, no requiere que sea directa. Es decir, no hace falta que el investigador esté financiado directamente por la banca o por las compañías de seguro o por los distintos componentes del capital financiero. Es suficiente para merecer la promoción de su investigación si ésta encaja dentro de la ideología generada y promovida por tales intereses, es decir, la ideología neoliberal. La creencia neoliberal, es distribuida por las enormes cajas de resonancia –las revistas y diarios supuestamente “serios” y “respetados”- que configuran la sabiduría convencional y que dependen en gran medida para su solvencia de los préstamos de la banca.