Este artículo critica el comportamiento de la industria farmacéutica, que crea unos precios artificialmente altos para sus productos basándose en el poder monopolista que le cede el Estado. El caso del tratamiento contra la hepatitis C es un claro ejemplo de ello.
España se gasta muchísimo en el capítulo de farmacia, un dato que es incluso más notorio y visible porque el gasto público sanitario es muy bajo. En realidad, nos encontramos con la situación paradójica de que España es uno de los países que se gasta menos en sanidad pública (mucho menos de lo que debería por su nivel de riqueza) y, a la vez, es uno de los que se gasta más en farmacia. El argumento que se utiliza con mayor frecuencia para explicar el elevado gasto en farmacia es que los pacientes, al no tener que pagar el coste de producir el fármaco, abusan del sistema, adquiriendo muchas más medicinas de las que en realidad necesitan.
Además de errar en este diagnóstico –pues la mayoría de la ciudadanía española tiene que pagar por los fármacos–, el hecho es que dicha explicación del elevado consumo farmacéutico ignora que el acceso a los fármacos no es tan fácil como se cree, pues aunque los precios de los productos farmacéuticos son inferiores a los de otros países, se olvida que el nivel de los salarios y/o transferencias públicas a las familias, ancianos y grupos sociales vulnerables es mucho más bajo que el que existe en la mayoría de países de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español.
Pero las consideraciones más importantes deberían hacerse sobre el comportamiento de la industria farmacéutica, una de las industrias con mayores beneficios en la economía, fenómeno que es generalizado en la mayoría de países desarrollados a los dos lados del Atlántico Norte. En EEUU, los beneficios empresariales de este sector económico –el farmacéutico– son de los más elevados de aquel país. Las diez empresas más importantes del sector tienen una tasa de beneficios (el porcentaje que representan sobre el total de ventas) del 17%, que es muchísimo mayor que el promedio (5%) de las 500 empresas más grandes de aquel país.
Estos enormes beneficios (que ocurren también en España) se basan en la protección que les ofrece el Estado, permitiéndoles dictar el precio de los productos farmacéuticos al nivel que deseen, a través de las patentes. Estas patentes son una manera de saltarse el mercado, asegurando a las empresas farmacéuticas el poder de controlar la producción y distribución, con un comportamiento claramente monopolístico. El caso más claro es el precio de un nuevo tratamiento para la hepatitis C, que cuesta nada menos que la friolera cantidad de 25.000 euros por paciente. En EEUU es 84.000 dólares (unos 63.000 euros) por paciente. Esta situación, por cierto, ha creado un problema enorme en el sistema penitenciario estadounidense. Paradójicamente, en un país donde el Estado no garantiza la accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de la población, sí que lo hace en el caso de los prisioneros en las cárceles estatales (1,3 millones de presos) y federales (200.000 presos). Estos sí que tienen el derecho a recibir los servicios sanitarios gratuitos, situación que, repito, no existe para la mayoría de la población estadounidense. Y un 17% de toda la población en prisión está infectada por el virus que causa la hepatitis C, que se transmite al compartir las jeringuillas entre los drogadictos. En realidad, un tercio de todas las personas infectadas con el virus está en prisión. El tratamiento de estos pacientes está suponiendo una crisis enorme del sistema penal de aquel país (ver Margot Sanger-Katz, “Why the Hepatitis Cure Sovaldi Is a Budgetary Disaster for Prisons”, The New Yor Times, 07.08.14).





