por Félix Martinez
Finalmente rompió el tabú. Pronunció a palabra mágica: “Rescate”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control del pasado miércoles, anunció los recortes que hoy aprobará el Consejo de Ministros, presidido excepcionalmente por el Rey. Sólo que su admisión de la situación llega cuando ya no es un rescate, sino de facto una intervención en toda regla. No muy diferente de las aplicadas en Portugal o en Irlanda, aunque la recesión que causará puede provocar que, al final, la intervención de España se parezca más a la de Grecia. En una Europa en la que sólo prima la apuesta por la austeridad de la canciller alemana Angla Merkel, la salvación del euro pasa por que España se recupere. A cualquier precio, aunque sea al de una intervención a la griega.
Si el 10 de mayo de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero cavó su propia tumba política al anunciar el mayor paquete de recortes de la historia de la democracia, está por ver qué le depara el futuro a Mariano Rajoy, que el pasado 11 de julio superó con creces los recortes anunciados por Zapatero. Ni uno ni el otro se atrevieron a intentar gravar, ni por una cuestión estética, la tributación de las grandes fortunas, como hizo en Francia el ya ex presidente conservador Nicolas Sarkozy. Eso sí, Zapatero levó el tipo marginal del IRPF hasta el 52%, Rajoy ni eso. No sólo mantiene su amnistía fiscal sino que las Sicav, los hedge funds o fondos de fortunas españoles siguen permitiendo a los millonarios tributar al 1% de su patrimonio, en lugar del 36% que les corresponde.
El semanario británico The
Economist tituló hace un mes, cuando el Consejo
de Europa aprobó recapitalizar a la banca española a través de ayudas directas
al Estado “No lo llame rescate, llámelo ‘tomate’”, en una de las más célebres
definiciones del arte del eufemismo en el que Rajoy cree ser un experto. A la
vista está que sólo él y sus acólitos del PP lo creen. Ahora llama rescate a
una intervención.
La prueba más evidente de que las medidas respondían a las
exigencias de la intervención es que el anuncio de los recortes realizado por
el presidente del Gobierno español se produjo al día siguiente de que la troika
compuesta por el Consejo de Europa, el Banco Central Europeo (BCE) que
dirige Mario Draghi,
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado porChristine Lagarde,
remitiera a España sus recomendacionespara que España
pueda acogerse a las ayudas del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE),
por un valor que el Gobierno ya ha estimado en 65.000 millones exclusivamente
para sanear el sector financiero. De momento, el MEDE aún no existe, se creará
cuando sea designado su supervisor, previsiblemente el presidente del BCE,
Mario Draghi, precisamente uno de los firmantes del documento que adelantó el
diario El País el mismo miércoles,
antes de que Rajoy iniciara su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El documento adjunto, redactado en
inglés, predecía casi punto por punto cuáles iban a ser los recortes anunciados
por Rajoy: incremento del IVA, recorte salarial a los empleados públicos –el
Gobierno los ha dejado sin paga de Navidad, o, lo que es lo mismo, les ha
vuelto a recortar el sueldo–, adelantar la aplicación del retraso en la edad de
jubilación a los 67 años, eliminación de la deducción por vivienda del IRPF,
recorte de prestaciones sociales como el subsidio de desempleo o las ayudas a
la dependencia…
Eso sí, el presidente español decidió ignorar las
recomendaciones de la troika de impulsar políticas de estímulo al crecimiento
económico. Tan sólo anunció que en 2013 las cotizaciones sociales se reducirán
en un 1% y que volverán a hacer lo propio en 2014.
Tampoco parece que en el histórico Consejo de Ministros de hoy
vaya adoptarse medida alguna que perjudique los intereses de los auténticos
responsables del deterioro de la situación económica española hasta el punto de
requerir ser intervenida: los administradores de las entidades financieras que
han puesto en jaque el sistema de pagos español. Una vez más,The Economist, en
su edición sólo para el Reino Unido, daba en el clavo al titular en portada
“Banksters”, en referencia al escándalo que azota la City londinense tras
descubrirse los manejos del Barclay’s
Bank para manipular
los tipos de interés del interbancario británico, el LIBOR –Gran Bretaña tiene
su propio sistema interbancario: al no haber adoptado el euro, es el Banco de
Inglaterra quien lo regula–. Es evidente que las autoridades británicas han
actuado ya penalmente de forma mucho más rápida que la Fiscalía española, que
no ha actuado hasta hace una semana contra los responsables del hundimiento de
Bankia, y ni siquiera lo ha hecho por iniciativa propia, se ha limitado a
adherirse a la querella presentada en la Audiencia Nacional por Unión Progreso
y Democracia (UPyD), que el pasado 4 de julio decidió admitir a
trámite el titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando
Andreu, en un auto durísimo que ponía en evidencia tanto la reacción timorata
del Fiscal y del Gobierno, como de los reguladores del sistema, el Banco de España. La pregunta es ¿aplicaría el mismo
calificativo The Economist a los responsables de la
administración de Bankia, hoy imputados en la Audiencia Nacional?
En cualquier caso, caben pocas dudas
respecto al efecto del hundimiento de banca sobre la economía española y sobre
su condición de detonante de la intervención. Los recortes anunciados por Rajoy
el miércoles y que hoy se aprobarán en el Consejo de Ministros sumarán al final
un total de 62.000 millones de euros. Una cifra muy próxima a los 65.000
millones que el ministro de Economía, Luis de Guindos, estima que precisa en
ayudas la banca española tras recibir las auditorías de las consultoras Oliver
Wyman y Roland Berger. Bankia fue la primera ficha en caer del dominó. Un
particular dominó en el que cada pieza pesa 100 toneladas.
En cualquier caso, Rajoy dejó muy claro que el mayor recorte del
Estado del bienestar en España no va a afectar a los más ricos. No fue una
afirmación, pero sí una omisión casi estruendosa. Especialmente porque al día
siguiente de la histórica comparecencia de Rajoy en el Congreso de los
Diputados sin que hubiera referencia alguna a recortes que afecten a los que
más ganan, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por el
dócil Julio Segura, que tendrá que aclarar el papel que jugó en la crisis de
Bankia cuando acuda a declarar a la Audiencia Nacional, de momento, como
testigo, hacía pública su memoria de gobierno corporativo de las empresas
cotizadas. Los datos que refleja el documento son escandalosos, a pesar de que
el país parece ya curado de espantos. En medio de una profunda recesión, los
miembros de los consejos de administración de las compañías que cotizan en la
bolsa española compensaron con creces el efecto que hubiera podido tener el
aumento de impuestos realizado por el último Gobierno de Zapatero. Durante 2011
incrementaron sus retribuciones en una media del 5%. Las empresas cotizadas,
entre las que se encuentran todos los bancos españoles, pagaron a sus
consejeros, en muchos casos sólo por acudir a unas cuantas reuniones y firmar,
19,5 millones de euros. El porcentaje baja ligeramente en el caso de las 35
empresas del Ibex. Sus consejeros sólo se aumentaron las retribuciones en un
4,4%, mientras la tasa de desempleo del país superaba el 24%, la más alta de la
Unión Europea con diferencia, equivalente a más de cinco millones de parados.
gran parte de los cuales ya no percibe prestación alguna por desempleo. Pero
los consejeros de las empresas cotizadas no tienen que preocuparse por ese
tipo de banalidades. En el
orden del día del Consejo de Ministros de hoy no parece figurar medida alguna
que perjudique sus intereses económicos ni su patrimonio.
Tampoco
figura en la agenda del Gobierno de Rajoy la reforma de la ley de sociedades.
Paul Krugman y otros economistas de prestigio vienen denunciando desde hace
años que España es un auténtico paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Las
sociedades limitadas ni deben ni pueden inscribir en el registro mercantil
cambio alguno en su accionariado. De manera que depende de la buena voluntad de
un accionista declarar que ha pasado a controlar una SL. Como esa sociedad
limitada puede ser a su vez accionista de una sociedad anónima, la legislación
permite en España tejer auténticas redes de sociedades que permiten la evasion
fiscal, porque además, permite también a las limitadas la emisión de acciones
al portador. Los recortes, subida del IVA incluida, suponen el enésimo
incumplimiento programático de Rajoy, y ponen en evidencia al ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que se ha hartado de
justificar su amnistía fiscal “para evitar tener que subir el IVA”.
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