Las ONG suelen tener unos gastos de estructura y gestión muy elevados frente a los recursos que manejan. ¿Su objetivo es ayudar al prójimo o en muchos casos son una fuente de empleo para que se coloquen familiares, amigos y los mismos promotores de la idea? ¿Se utilizan por algunas personas para estar en el candelero y seguir teniendo relaciones al máximo nivel?
La mayoría del
dinero que reciben estas instituciones, que son fundaciones sin ánimo de lucro,
es público. Ya vimos qué sucede con algunas fundaciones, como Nóos de Iñaki
Urdangarin y que está siendo investigada por desvío de dinero público. ¿Cuántas
tapaderas lucrativas hay detrás de actividades supuestamente no lucrativas?
En
algunas ONG analizadas, los gastos de estructura consumen más del 40% de los
recursos que manejan: oficinas, viajes, personal. El personal directivo tiene
sueldos que nada tienen que envidiar a los del sector privado lucrativo: 60.000
euros y más. El nivel de comilonas, actos y demás saraos es elevado, y todo
ello al final es soportado en buena parte por fondos públicos. Algunas
fundaciones sin ánimo de lucro se dedican a las cosas más peregrinas, como
fomentar ideas, pero esas ideas al final se pagan con dinero de todos los
españoles aunque su interés sea sólo de los que las tienen, si es que las
tienen.
En
una España que está económicamente muy perjudicada, el Estado, las Comunidades
y los Ayuntamientos tienen múltiples programas en el extranjero gestionados a
través de las ONGs que cubren necesidades o problemáticas fuera que en nuestro
país apenas reciben atención. Se dan buenas cantidades de dinero para prevenir
la prostitución en países africanos, sin que en España haya verdaderos
programas locales que contribuyan al mismo fin, salvo repartir cuatro condones
con una camioneta. ¿Cuánto dinero finalmente llega a esas prostitutas
extranjeras, después de los viajes que hay que darse, los gastos locales de
alojamiento, los profesionales locales que hay que contratar para que el
proyecto sea aprobado y el coste de todo el papeleo? Eso, sin contar con la
corrupción local.
Fue
famoso el caso de la ONG Barcelona Acció Solidaria en el que resultaron
secuestrados 2 cooperantes. Más parecía un París-Dakar particular formado por
aventureros que una verdadera acción solidaria, por más que llevaran unos
camiones de rallye llenos de alimentos para repartir en el Sagel. ¿Era más un
pijo viaje de aventura o de solidaridad? ¿Cuánto consumió la logística frente a
la ayuda? ¿No había otras rutas alternativas menos peligrosas? ¿No había otros
medios para ayudar que pegarse un viaje de aventura por el desierto para
docenas de personas y vehículos todo terreno que apenas podían cargar nada?
Nunca tendremos respuesta a esta pregunta, pero lo que sí es seguro es que el
imprudente viaje de esta ONG le costó al Gobierno unos 10 millones de euros en
pago de rescate más otros gastos. ¿No se podrían fiscalizar más los programas
para que fueran racionales y evitar estos riesgos? ¿Tienen las administraciones
que sufragar los viajes pijos de unos cuantos llamados cooperantes que de paso,
o quizás como fin principal, hacen turismo de aventura?
Las
ONGs a veces intentan sustituir el papel del Estado en competencias o
actividades que le son propias. Un ejemplo es la FAD (Fundación de Ayuda a la
Drogadicción), en la que figuran tal número de personalidades, desde la misma
Reina de España sin ir más lejos, que más parece una relación de financieros y
empresarios que una ONE contra la droga. Resulta que realiza múltiples
programas en centros de educación, cuando la prevención en el uso de drogas
debería formar parte de las enseñanzas que recibe cualquier joven que se esté
educando. Si las administraciones destinan recursos a esas actividades tan básicas,
los ciudadanos están pagando el doble por algo que ya debería estarse enseñando
en las escuelas. Por otra parte, el Estado tiene expertos en la materia más que
sobrados y los programas de prevención sin duda deberían ser competencia de las
Comunidades Autónomas que tienen transferida la salud pública. Desarrollar
estos programas a través de terceros es muestra de la ineficacia de la
Administración y de que ésta paga estructuras añadidas sin tener por qué.
De
esta forma, incluso los fines más loables pueden suponer un despilfarro ya que
muchas ONGs no aportan realmente nada que el Estado no tenga ya la obligación
de realizar.
Los
programas en el Extranjero son otra buena excusa para mover dinero que al final
se ve mermado por múltiples gastos de viaje, gestión y estructurales. A
excepción de los voluntarios que algunas de las ONGs movilizan, muchos de los
que dedican su tiempo a estas actividades lo hacen cobrando por ello, y, como
hemos dicho, no precisamente cantidades pequeñas. Cuando se pone un pozo de
extracción de agua en un pueblo de Sudamérica, el pozo podría haber sido pagado
varias veces de todo lo que puede llegar a quedarse por el camino en
tramitaciones, viajes y personal que gestiona los proyectos.
No
vamos a relatar los casos de fraude que han saltado a la luz en los últimos
años, puesto que algunas de estas organizaciones funcionan con tan poca
transparencia que acaban siendo chiringuitos en los que puede llegar a
estafarse a los que donan cantidades e incluso con programas perfectamente ante
la Administración, pues el papel lo aguanta todo. La escasa actividad
inspectora y fiscalizadora que se ejerce hace que sean los papeles los que
sustentan las justificaciones y hay expertos en que los papeles digan lo que
deben decir para que los evaluadores den su visto bueno.
Urge
una nueva regulación de las ONG y fundaciones sin ánimo de lucro que sea mucho
más exigente con su funcionamiento, como fijar un porcentaje mínimo de gastos
estructurales y de gestión sobre el total de los recursos públicos que se
manejan y establecer unos máximos honorarios y dietas para sus órganos de
gestión y dirección. Y urge limitar los programas a actividades que realmente
tengan utilidad para el conjunto de los ciudadanos. De nada sirve poner dinero
en un congreso minoritario o en acciones que no lleguen al gran público, por
más que unos organizadores cobren por ello, se embolsen el dinero de las
ponencias o justifiquen viajar a un hotel estupendo para pasar unos días a
costa del contribuyente, y, eso sí, sacando conclusiones peregrinas cuya
utilidad no deja rastro por ninguna parte. Más rigor y más vigilancia. Si no,
el mundo de las ONGs se desprestigiará hasta que los ciudadanos sólo veamos en
ellas una fuente de mamandurria más.
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