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9 de agosto de 2012

La quiebra del Fondo de Garantía de Depósitos


8 agosto 2012
Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de ahorro y por una Banca Pública. Carlos Sánchez Mato

El Fondo de Garantía de Depósitos ha publicado el 3 de agosto los estados financieros correspondientes a 2011. Seguramente la pretensión del Gobierno y de los propios gestores del Fondo de Garantía era que su  situación pasara desapercibida. Nada mejor para ello que publicar con sordina su desesperada situación. 
La memoria arroja un espeluznante resultado: Sin tener en cuenta el deterioro producido por Unnim (que superó los 953 millones de euros sin tener en cuenta el esquema de protección de activos), el patrimonio neto del organismo encargado de garantizar los depósitos de los ciudadanos es negativo en 2.025 millones de euros. Es decir, para garantizar 1,2 billones de euros de depósitos, el Fondo de Garantía de Depósitos posee una cantidad negativa de patrimonio (-2025 millones) a lo que habría que restar los compromisos adquiridos en los esquemas de protección de activos vigentes (Caja Castilla la Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Unnim) y el deterioro por el regalo de Unnim al BBVA. Si se tuvieran en cuenta estos elementos que ya se han materializado en las fechas actuales, el desfase patrimonial superaría los 21 mil millones de euros.
Para solucionar esta situación el Fondo planteará a las entidades bancarias
una aportación extra durante 10 años.

En resumen, para arreglar una insolvencia flagrante de hoy, se plantea una
derrama que solventaría el desfase negativo en varios años. Al final de este
período estaría resuelto el agujero patrimonial (si no hay nuevos quebrantos
derivados de los Esquemas de Protección de Activos o alguna otra intervención en otra entidad) y el FGD tendría 0 euros para asegurar posibles quebrantos o pérdidas de 1,2 billones de euros de depósitos (de los que debido al máximo legalmente establecido, solamente se indemnizarían 792 mil millones de euros).

El modelo financiero de banca privada no es sostenible sin la conciencia
general de la ciudadanía de que el Estado afianza a los bancos. La quiebra
del Fondo de Garantía de Depósitos es exponente claro de la situación. Es
evidente que solo el aval del Estado permite que los ahorradores sigan
confiando en que sus depósitos están seguros y sigan financiando la operativa de estas entidades.

¿Qué coste tendrían que abonar al Estado las entidades financieras por la
formalización de un aval que nos garantizara a los ciudadanos la recuperación de nuestros ahorros?




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